Esta Moción es desestimada por mayoría, por once votos en contra y seis votos a favor.
Votan a favor: D. Francisco Javier Rodríguez Ruiz, Dñª Mª del Carmen Cabrera Benito, D. Florián Alonso Vicente, Dñª Mª Teresa Prieto Cuadrado, Dñª Mª Asunción Barandiarán Múgica y D. Jesús Santos Corral.
Votan en contra: D. Javier Cascante Roy, Dª Marta Labrador Gutiérrez, D. David Mingo Pérez, D. Ignacio Galán Gallego, Dª Isabel María de la Torre Olvera, D. Manuel Tomás Conde Santiago, Dª María Cruz Gacho Conde, Dª Blanca Francisco Valiente, Dª María José García Fraile, D. Francisco Redondo Soriano y D. Miguel ángel Moreno Valle.
2.2.4.- MOCIÓN PRESENTADA EL DÍA 15 DE MAYO DE 2013 POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA A LA DEFENSA DEL DERECHO A LA LIBRE DECISIÓN DE LAS MUJERES.
Por Secretaría se da lectura a la parte dispositiva de la Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista relativa a la defensa del derecho a la libre decisión de las mujeres.
El Sr. Alcalde – Presidente abre un turno de intervenciones donde se producen las siguientes, concediéndole la palabra al Portavoz del Grupo que presenta la Moción:
Sr. Rodríguez Ruiz
Por parte del Grupo Socialista la va a defender Dª Carmen Cabrera.
Sra. Cabrera Benito
Hola a todos de nuevo.
Desde nuestro Grupo solicitamos el respaldo de esta Corporación para reconocer el derecho a una maternidad libremente decidida y que, por lo tanto, se respete la decisión de las mujeres sobre su embarazo. Igualmente instamos a este Pleno a manifestar el rechazo más absoluto a la reforma de la Ley anunciada por el Ministro Gallardón y el rechazo a cualquier paso atrás en los derechos de las mujeres que se recogen en la señalada reforma legislativa.
Según las propias declaraciones efectuadas por Alberto Ruiz Gallardón, esta nueva regulación tendrá sus puntos clave en:
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La vuelta a una Ley de indicaciones mucho más restrictiva que la Ley de 1985, en la que las mujeres no podrán decidir, sino que serán los médicos quienes decidan por ellas.
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Eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal.
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Fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, mostrando un claro desprecio y desconfianza hacia las mujeres, a las cuales, no las deja decidir y en cambio serán profesionales externos los que decidan por ella.
Esta reforma propuesta, amenaza el derecho de las mujeres a elegir libremente sobre cuestiones relativas a su sexualidad y maternidad, al mismo tiempo que afecta a la garantía en el acceso a la prestación sanitaria y a la seguridad jurídica de los profesionales del sistema público de salud, suponiendo una regresión que nos llevaría a la cola de Europa, a una regulación que estará a la altura de Malta, Andorra o Polonia, los países más restrictivos y conservadores en sus normativas, con un retorno al Código Penal del aborto como delito con pena de cárcel, eliminando el sistema de plazos y también las indicaciones de peligro de la madre y de malformación.
Pretende, además dañar a todas las mujeres pero especialmente a aquellas que tienen menor poder adquisitivo, pues mucho nos tememos que esta cuestión se va a convertir en una cuestión monetaria donde las ricas podrán abortar en buenas clínicas y las pobres en la clandestinidad.
Las mujeres en nuestro país nos quedamos prácticamente sin alternativas ante un embarazo no deseado, o tenemos dinero para salir al extranjero o se nos empuja al aborto clandestino e inseguro, con el consiguiente riesgo para nuestra salud y nuestra vida.
En pocas palabras, significa un retroceso más allá de la legislación de los años Ochenta, y me pregunto incluso, como muchas otras personas también se lo preguntan, si no se estará planteando una abolición encubierta del aborto en España.
En los últimos veintiocho años, treinta y seis países han liberalizado sus Leyes de aborto pero ninguno ha retrocedido. La inmensa mayoría de los países europeos permiten la interrupción voluntaria del embarazo sin justificación hasta la semana catorce, oscilando entre la semana diez de Portugal y las veinticuatro semanas de Holanda.
De prosperar esta reforma se convertiría en una de las Leyes del aborto más restrictivas del mundo occidental y, así, España sería el primer país de que cuando legisla sobre el aborto, retrocede.
Estamos convencidos de que no se puede legislar a espaldas de la realidad, y la mayor realidad es que las mujeres en todas las partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no. Por ello, la mejor forma de reducir este número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros para las mujeres, sino en darles el derecho innegable de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Porque las Leyes restrictivas del aborto no reducen el número de abortos, solamente incrementan el número de mujeres muertas o que pierden su salud porque abortan en la clandestinidad, como ya he dicho y en condiciones insalubres.
Si esta anunciadísima reforma sale adelante, es seguro que se estarán quitando dos derechos a las mujeres:
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El de la libre decisión y
Además, es preciso recordar la aconfesionalidad del Estado proclamada en la Constitución y, en este sentido, ya hemos dicho que rechazamos cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa y esperamos que con esta Ley, no se trate de legislar según los criterios que marque la jerarquía eclesiástica de este país, y no pensando nunca en la libertad de las mujeres y sus necesidades.
La Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, es similar a la práctica totalidad de Leyes europeas, basada en las recomendaciones de organismos internacionales. Respeta rigurosamente la jurisprudencia constitucional, y además ha sido avalada por el Consejo del Estado, que en aquel momento, argumentaba que era necesario reformar la regulación para adecuarla a la realidad y además destacaba la plena constitucionalidad de su articulado, siendo aprobada con amplio consenso político y social.
Esta Ley reconoce:
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Los derechos sexuales y reproductivos.
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Da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios.
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Proporciona garantías y equidad sanitaria.
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Incide en la prevención de los embarazos no deseados y
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Otorga la debida protección prenatal.
Durante todo el tiempo que lleva en vigor, algo más de tres años, no se ha hecho un uso abusivo de la misma, no ha generado nunca alarma social ni ha generado ningún problema. Por eso no creemos que existan razones objetivas para su eliminación, salvo que la única pretensión sea limitar los derechos de las mujeres.
Nos gustaría recordar, de paso, que el Tribunal Constitucional en 1985, dejó claro que, en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí, son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.
En el 2008, ya el Consejo de Europa aprobó una recomendación a sus cuarenta y siete países donde consagra el derecho al aborto legal y sin riesgos garantizados por el Estado que convierta esta práctica en accesible y segura, y además invita a despenalizar el aborto allá donde sea delito, y lo más importante para nuestra situación actual.
Se muestra a favor de una Ley de plazos y reclama clases de educación sexual obligatorias para los jóvenes, porque sólo con una educación sexual adecuada y con la mejora en el acceso a los métodos anticonceptivos, podemos prevenir de manera más efectiva, especialmente en personas jóvenes, las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados y por tanto el número de interrupciones voluntarias de embarazo.
Con esta Moción seguimos, además, la reciente recomendaciones que Naciones Unidas está realizando en España, con la ocasión y revisión de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde reconoce los derechos al trabajo, educación, seguridad social y el derecho a garantizar el más alto nivel posible de salud, incluyendo la salud mental, sexual y reproductiva sin discriminación alguna, en ellas.
Naciones Unidas recomienda a nuestro Estado: España, garantizar la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo de 2010, en todo el territorio nacional y la adopción de un procedimiento básico común, a todas las Comunidades para garantizar un acceso equitativo a la interrupción voluntaria del embarazo, para asegurar que el ejercicio de la objeción de conciencia por parte de médicos y de otros miembros del personal sanitario, no constituya un obstáculo para las mujeres que quieran poner fin a un embarazo.
Soy consciente de las discrepancias con respecto a este tema que existen en el propio Partido Popular y pregunto, sobre todo a las Concejalas del Partido Popular, si están de acuerdo ellas con esta reforma que desde su Partido se quiere implantar, a la vez que invito a todos los aquí presentes a votar a favor de esta Moción, para pedir enérgicamente su retirada inmediata por amenazar contra los derechos de las mujeres y para garantizarnos, de nuevo, el derecho a nuestra maternidad libre.
Muchas gracias.
Sr. Moreno Valle
En primer lugar explicar, para empezar, que UPyD presentó en el año 2010 en el Congreso de los Diputados, una enmienda a la totalidad a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que en su momento presentó el Gobierno Socialista, y en consecuencia votó en contra de esta Ley de 2010.
La Moción del Grupo Socialista propone ahora en el Punto 2 de los acuerdos, exactamente: “Exigir al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. Evidentemente, si hace más de tres años UPyD presentó una enmienda a la totalidad y votó en contra en el Congreso de los Diputados, hoy este Concejal no va a votar a favor de esta Moción tal y como se ha presentado, independientemente de lo que se diga en los otros dos de los puntos de los acuerdos.
Y mire, UPyD, no está en contra de la Ley del Aborto o la Interrupción Voluntaria del Embarazo, hay un documento que si ustedes quieren se lo puedo proporcionar a todos los Grupos, a todos los Concejales y vecinos sobre la posición de UPyD en este sentido y UPyD, tiene otras propuestas diferentes a lo que se recogía en la Ley 2/2010, puesto creo que esto es una cuestión de política nacional, voy a hacer un breve resumen de cuáles son los puntos más importantes de ese documento.
Son diez minutos los que tengo ¿no, Sr. Alcalde?.
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Desde UPyD defendemos una Ley de plazos, no de supuestos, de plazos, en consonancia con la mayoría de los países de nuestro entorno. Una Ley de supuestos, entendemos que supone retroceder en el tiempo.
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Desde UPyD, mantenemos que lo progresista es atenerse al principio de que todo lo que la Ley no prohíbe expresamente se atiene a derecho y por tanto las condiciones para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo deben ser objetivas para poder garantizar la seguridad jurídica y respetar la autonomía de las mujeres, no es cuestión de interpretación de la Ley, es cuestión de un mes.
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El supuesto conflicto entre los derechos de la mujer y los derechos del no nacido, al que nuestro Tribunal Constitucional no considera persona sino bien jurídicamente protegido, se pueden armonizar.
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Desde UPyD, consideramos que la educación sexual y reproductiva tiene un importante papel preventivo de los embarazos no deseados. Ahora bien, la legislación que despenaliza determinados supuestos o plazos para el aborto voluntario no puede servir de puerta abierta para convertirlo en un procedimiento anticonceptivo habitual.
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Desde UPyD, consideramos que la despenalización del aborto debería de abordarse como una cuestión estrechamente vinculada a la educación y formación en todos los ámbitos.
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Desde UPyD consideramos que eliminar el Artículo que afecta al aborto de las menores de edad, debe ser modificado. UPyD en su enmienda a la totalidad de la Ley del 2010, esgrimió múltiples argumentaciones:
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Da a las menores a partir de 16 años el derecho a decidir la interrupción de su embarazo sin necesidad de recabar el consentimiento de sus padres o tutores y sin ni siquiera informarles.
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Permitir el aborto desde los 16 años es una incongruencia con el resto de la legislación: Las mismas menores de edad a las que se le prohíbe consumir bebidas alcohólicas en un bar, votar en las elecciones, abrir una cuenta corriente, firmar un contrato o casarse sin permiso paterno o del tutor legal porque no se considera que disponen de la suficiente madurez personal ni autonomía ética podrán, en cambio, decidir si quieren interrumpir su embarazo o no, sin informar a sus padres o tutores.
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Y por último desde UPyD y desde el punto de vista jurídico, eliminar el supuesto sobre graves anomalías y enfermedades graves o incurables podría contravenir lo dispuesto en el Art. 10 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por España el 21 de mayo de 2008, que establece el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos. En cualquier caso, resulta hipócrita y chocante eliminar este supuesto al mismo tiempo que se producen recortes sociales brutales, tanto en discapacidad como en dependencia.
Repito, si nosotros no estábamos de acuerdo con la Ley 2/2010, en el Congreso de los Diputados, este Concejal votará en contra de esta Moción, porque no estamos en contra de volver a mantener tal y como se explica en la Moción, que retire, que mantenga la Ley Orgánica 2/2010.
Muchas gracias.
Sr. Santos Corral
Izquierda Unida apoya esta Moción por estar en total sintonía con lo que en ella se plantea.
Para nuestra formación, la igualdad de todas las personas sin distinción de género, ni otras, es una cuestión de primerísimo orden, tanto en el terreno teórico, como en el práctico.
No haremos un relato de todas las iniciativas que hemos traído a Plenos, pero si nos gustaría resaltar la mención que hacíamos sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y sobre propio cuerpo, sobre el derecho al aborto libre y gratuito, dentro de una Moción que presentamos en febrero del pasado año: 2012, relativa a la igualdad de género.
El pasado mes de septiembre, el área de mujer de IU hizo público un comunicado que este Grupo Municipal hace suyo y del que extractamos lo que nos parece más importante:
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“Las mujeres, después de décadas de “democracia”, siguen siendo ciudadanas de segunda clase, donde derechos fundamentales, como el derecho a decidir sobre su vida, siguen tutelados y siendo objeto de reproche penal.
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No se puede permitir que se siga ahondando en propuestas que atentan contra la libertad de las mujeres y que restrinjan a golpe de Decretos y Leyes los espacios que ellas han ido conquistando.
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Desde el comienzo de la mal denominada: “crisis”, hasta ahora, las mujeres, son conscientes de que en este proceso de regresión social y económica que afecta a quienes menos tienen, sus conquistas y derechos son, con mucho, las que más peligro corren, no sólo por la fragilidad que impregna las políticas patriarcales dominantes, en momentos generales de regresión, sus derechos específicos, pasan a un plano inexistente.
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Desde Izquierda Unida no podemos permitir que la historia se repita en contra de las mujeres. De ahí que ante la constante ofensiva conservadora del Partido Popular contra los derechos de la mujer, la voz de Izquierda Unida, va a ser rotunda y clara:
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Fuera el aborto del código penal.
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Autonomía y libertad para interrumpir el embarazo en la sanidad pública.
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Desde Izquierda Unida apoyamos al movimiento de mujeres y al movimiento feminista en su oposición a políticas paternalistas y protectoras y en su lucha por políticas sociales públicas que reconozcan la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad.
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Por todo ello, reivindicamos:
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La despenalización total del aborto voluntario, eliminando su actual penalización en el Código Penal.
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Asegurar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas.
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Asegurar a las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular, total prestación sanitaria también para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
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Un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial que asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios.
Nada más y votaremos a favor.
Sr. Alcalde
¿Hay réplica?, si no hacen ustedes uso de la réplica procederemos a la votación.
Sr. Rodríguez Ruiz
Si, si, si. Voy a ser muy rápido Sr. Alcalde.
Miren, yo creo que solamente desde el desconocimiento y sobre todo estoy convencido sin conocer a ninguna mujer que haya tenido que sufrir por el problema que trae consigo el tener un aborto, se puede decir que el aborto se puede utilizar como método anticonceptivo. No hay que conocer ni a las mujeres, ni sobre todo a aquella mujer que haya tenido que tener que sufrir un proceso de embarazo, es decir, es muy fácil esa crítica clerical, mientras por otro lado se daban abundantes casos desgraciados de pederastia, pero es así.
Pero mire, yo le voy a decir, porque hoy por la mañana es una noticia mundial, en que los Tribunales de Ecuador, los Tribunales de Justicia, deniegan el aborto a una niña, a una jovencita de 22 años en el que los informes médicos dicen que hay grave riesgo para su vida y que el niño que va a nacer, que viene sin cerebro, va a morir a las pocas horas.
Yo no quisiera que dentro de unos años con la legislación que se pretende cambiar, algo parecido pasase en España, pero no por el Gobierno de España y no por lo que significa, o que podría significar de crédito a este país, sino por aquellas jóvenes que lo tuvieran que sufrir.
Nada más.
Concluidas las intervenciones el Sr. Alcalde-Presidente somete a votación plenaria la siguiente Moción:
“La reforma de la Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo que prepara el Ministro de Justicia, en términos claramente restrictivos, implicará una regresión a tiempos que creíamos superados y, de acuerdo con la Conferencia Episcopal, eliminará el derecho a decidir de las mujeres, poniendo en riesgo su salud, su vida y su libertad.
El Anteproyecto de Ley que contempla el PP recoge que sean los médicos los que decidan por las mujeres, suprime la eliminación de la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando exista malformación fetal y supone una fiscalización intolerable respecto al supuesto de riesgo para la salud de la madre, quedando la decisión en manos de terceros.
Esta medida situará a España a la cola en lo que a derechos y libertades de las mujeres se refiere y devolverá a las mujeres que necesiten abortar a la situación de clandestinidad que se vivía antes de la primera Ley del aborto fechada en 1985.
El Tribunal Constitucional en 1985, dejó claro que en relación al aborto, no estamos ante un conflicto entre dos derechos fundamentales, porque los únicos derechos fundamentales implicados aquí son los derechos de las mujeres, siendo el no nacido un bien jurídico que queda debidamente protegido por la legislación actual.
Asimismo, es importante tener presente que la actual Ley, aprobada en el año 2010, fue avalada plenamente por el Consejo de Estado, que en aquel momento, argumentaba la plena constitucionalidad de su articulado.
Pese a todo ello, el Partido Popular presentó un Recurso de Inconstitucionalidad contra la actual Ley, que todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional. Aun así, Gallardón prefiere no esperar al dictamen del Tribunal Constitucional y con ello, se somete, una vez más, a las demandas de los sectores más ultraconservadores de nuestra sociedad.
Desde nuestro Grupo Municipal entendemos que no se puede legislar a espaldas de la realidad y la mayor realidad es que las mujeres en todas partes del mundo tienen abortos, estén legalizados o no.
La mejor forma de reducir el número de abortos no es negar el acceso a procedimientos legales y seguros a las mujeres, sino darles el poder de controlar su fecundidad y de prevenir los embarazos no deseados.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento que adopte los siguientes:
ACUERDOS:
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El Ayuntamiento de Santa Marta reconoce el derecho a una maternidad libremente decidida, lo que implica, entre otras cosas, que las mujeres decidan sobre su embarazo y que esa decisión consciente y responsable sea respetada.
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Exigir al Gobierno de la Nación el mantenimiento de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y que no tramite la reforma anunciada por el Ministro Gallardón, rechazando la regresión que ello supondría.
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El Pleno del Ayuntamiento de Santa Marta recuerda al Gobierno de España la a confesionalidad proclamada en la Constitución y en este sentido, rechaza cualquier injerencia en el derecho a una maternidad libremente decidida al dictado de ninguna moral religiosa”.
Esta Moción es desestimada por mayoría, por once votos en contra y seis votos a favor.
Votan a favor: D. Francisco Javier Rodríguez Ruiz, Dñª Mª del Carmen Cabrera Benito, D. Florián Alonso Vicente, Dñª Mª Teresa Prieto Cuadrado, Dñª Mª Asunción Barandiarán Múgica y D. Jesús Santos Corral.
Votan en contra: D. Javier Cascante Roy, Dª Marta Labrador Gutiérrez, D. David Mingo Pérez, D. Ignacio Galán Gallego, Dª Isabel María de la Torre Olvera, D. Manuel Tomás Conde Santiago, Dª María Cruz Gacho Conde, Dª Blanca Francisco Valiente, Dª María José García Fraile, D. Francisco Redondo Soriano y D. Miguel Ángel Moreno Valle.
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