B I region de tarapaca b. 1 Visión General

- Miguel CUEVAS PINCHEIRA, 41 años, zapatero y militante del Partido Socialista.
- José Mariano GODOY ACUÑA, 25 años, obrero agrícola y dirigente del sindicato del asentamiento del Fundo El Huache.

- José Domingo GODOY ACUÑA, 20 años, obrero agrícola y dirigente del sindicato del asentamiento.

- José Nazario GODOY ACUÑA, 22 años, obrero agrícola y dirigente del sindicato del asentamiento.
- Julio César GODOY GODOY, 56 años, obrero agrícola y miembro del sindicato del asentamiento.
- Manuel SALAMANCA MELLA, 38 años, comerciante en ganado.
En la Unidad de Santa Bárbara Carabineros se informó a los familiares que los detenidos habían sido trasladados al Regimiento de Los Angeles. Según declaraciones aportadas a esta Comisión los detenidos fueron muertos y lanzados a las aguas del río Bío Bío desde el puente que cruza Quilaco. Sin embargo, desde la detención se desconoce su paradero y suerte.
En directa relación con estos hechos y tras las denuncias de las familiares se instruyó un proceso judicial ante la Fiscalía Militar de Los Angeles, rol 25 73, en esta causa se establece que en los días posteriores al 11 de septiembre de 1973 operó en Santa Bárbara una "patrulla" formada por carabineros de Santa Bárbara y por civiles llamados para colaborar con los efectivos policiales. Esta fuerza es llamada de "colaboración voluntaria a Carabineros de Chile". La Fiscalía en definitiva condenó a los reos a 180 días de presidio menor en su grado mínimo, a uno como autor del delito de porte de arma de fuego sin permiso y de celebrar actos jurídicos sobre dichas armas, sin autorización competente; y al otro a 61 días de presidio menor en su grado mínimo como autor del delito de porte ilegal de arma de fuego sin remisión de la pena. El 18 de mayo de 1979 el Comandante en Jefe de la III División de Ejército sobreseyó definitivamente a los reos. La Fiscalía Militar no se pronunció acerca de la desaparición de las personas.
La Comisión, por los antecedentes narrados, por el carácter colectivo de la situación, por lo que se desprende del proceso judicial mencionado y por la reiterada ocurrencia de casos similares en la provincia, se ha formado convicción que en la desaparición y probable muerte de estas siete personas hubo una grave violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado y de los civiles que actuaron en conjunto con aquellos.
El día 22 de septiembre Héctor Jaime NUÑEZ MUÑOZ, de 27 años de edad, comerciante, se presentó en forma voluntaria a Carabineros de Santa Bárbara. Previamente había sido citado para que presentara sus documentos ya que se encontraba de paso en esa localidad. En este recinto policial se le informó a la familia que había quedado en libertad de inmediato. Desde la fecha de su presentación nada se sabe de su paradero y suerte.
Por los antecedentes reunidos esta Comisión ha llegado a la convicción que Héctor Jaime Núñez fue víctima de violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, toda vez que las explicaciones de las autoridades policiales son contradictorias e inverosímiles y que desde la fecha de su desaparición no ha habido noticias de él.
En la madrugada del día 23 de octubre fueron detenidos en su domicilio por carabineros y civiles de Santa Bárbara:
- Carlos Jacinto DAPOLLONIO ZAPATA, 22 años, mozo. y

- Sergio DAPOLLONIO PETERMAN, 48 años, obrero agrícola.

Testigos presenciaron cuando los ejecutaron en el puente del Río Bío Bío y lanzaron sus cuerpos a las aguas. El cadáver de Carlos Jacinto Dapollonio Zapata fue rescatado por sus familiares y cuando era velado en su domicilio, una patrulla de carabineros lo secuestró y presumiblemente lo arrojó al río en el puente Piulo.

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse convicción que Carlos Jacinto y Sergio Dapollonio fueron víctimas de grave violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado y civiles que colaboraron con ellos, quienes les dieron muerte y privaron a sus familias del legítimo derecho a sepultar sus cuerpos.

Quilaco
El día 13 de septiembre fue detenido en su domicilio, Cristino Humberto CID FUENTEALBA, obrero agrícola, por carabineros y civiles de Quilaco que lo llevaron hasta el recinto policial de esa localidad. En este lugar se les informó a los familiares que había sido trasladado a Mulchén, lugar en el cual se les dijo que había sido llevado al Regimiento de Los Angeles, allí nunca se reconoció su detención. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Por las circunstancias narradas esta Comisión se ha formado convicción que la desaparición de Cristino Cid constituye una violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del estado.
El día 20 de septiembre una patrulla de carabineros, militares y civiles armados, procedieron a detener en la localidad de Loncopangue a tres personas:
- Luis Alberto BASTIAS SANDOVAL, 28 años, obrero agrícola, militante del Partido Comunista.
- Luis Alberto CID CID, 47 años, obrero agrícola.
- Raimundo SALAZAR MUÑOZ, 46 años, agricultor, inválido.

Los aprehensores se movilizaban en una camioneta de la Municipalidad y llevaron a los detenidos en dirección a las dependencias de Carabineros de Quilaco. En este recinto se le informó a la familia que los detenidos habían sido entregados a militares de Chillán. Desde su detención no hubo más información acerca de su paradero.

Estando plenamente acreditada la detención a esta Comisión le asiste la convicción que Luis Bastías, Luis Cid y Raimundo Salazar fueron víctimas de grave violación de los derechos humanos con responsabilidad de agentes del Estado y civiles que colaboraban con ellos, quienes luego de detenerlos los hicieron desaparecer.

El mismo día 20 de septiembre fueron detenidos, por Carabineros del Retén Quilaco y civiles armados, en el Fundo Huinquén (hoy Campo Lindo), otras dos personas:

- José Felidor PINTO PINTO, obrero agrícola y Presidente del asentamiento "Campo Lindo".
- Segundo Marcial SOTO QUIJON, 32 años, trabajador ocasional.

Testimonios verosímiles allegados a esta Comisión señalan que luego de su detención fueron trasladados en dirección al puente Piulo sobre el río Bío Bío, lugar donde habrían sido ejecutados. No hay certificación oficial de sus muertes.

Las circunstancias particulares narradas y los antecedentes generales del procedimiento empleado en esta localidad, permiten a esta Comisión llegar a la convicción que en la desaparición y probable muerte de José Felidor y Segundo Soto hubo grave violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado y de los civiles que actuaron en conjunto con ellos.
El día 3 de noviembre son detenidos en su domicilios por carabineros de Quilaco y dos civiles de la localidad:

- José Roberto MOLINA QUEZADA, 51 años, agricultor y

- Gabriel José VIVEROS FLORES, 29 años, obrero agrícola. Sus familias recorrieron diversos centros de detención, en todos ellos les fue negada su presencia. Hasta la fecha se desconoce su paradero.
Los antecedentes particulares y los generales del procedimiento empleado en esta localidad, hacen a esta Comisión formarse convicción que la detención y posterior desaparición de José Roberto Molina y José Viveros son de responsabilidad de agentes del Estado y civiles que colaboraban con ellos quienes, así violaron sus derechos humanos.

Quilleco y Mulchén
En Mulchén El día 18 de septiembre fue detenido Manuel Jesús AEDO LANDEROS, 24 años, carpintero. Ese día salió de su casa en compañía de dos amigos, se separó de ellos aproximadamente a las 23.00 horas, desde ese momento se pierde toda noticia de su paradero. En el proceso judicial por presunta desgracia Carabineros de la 2ª Comisaría reconoce su detención don fecha 19 de septiembre a las 03:00 hrs. y agregan que fue puesto en libertad ese mismo día a las 6:30 hrs. Sin embargo, nunca más regresó a su hogar, realizó gestión alguna ante organismos del Estado, ni registra salida del país.
La Comisión ha podido llegar a la convicción de que se trata de una víctima de violación de los derechos humanos, por la circunstancia de que desde su detención nada más se sabe acerca de su paradero y que resulta inverosímil que después de tantos años no se haya comunicado con su familia.
El día 22 de septiembre Gabriel Valentín LARA ESPINOZA, 18 años, estudiante de enseñanza media y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en su domicilio por un grupo de civiles armados y efectivos de Carabineros y posteriormente llevado a la 2ª Comisaría. Las autoridades policiales señalaron a la familia que había sido trasladado al Regimiento de Los Angeles, sin embargo, en este recinto no se reconoció la detención.
Posteriormente en virtud del recurso de Amparo interpuesto por la familia, la 2ª Comisaría informó a la Corte que: "al ocurrir los hechos del 11 de septiembre de l973, el afectado se dio a la fuga de esa localidad por estar vinculado al MIR, por consiguiente no puede registrar detención en esta Unidad ni en la fecha señalada ni en ninguna otra".
Estando acreditada su detención y considerando las contradictorias declaraciones de las autoridades policiales, a esta Comisión le asiste la convicción que Gabriel Valentín Lara fue aprehendido y hecho desaparecer por agentes del Estado que violaron gravemente sus derechos humanos.
El día 23 de septiembre estando en su domicilio de Mulchén, José del Carmen ORELLANA GATICA, 23 años, obrero agrícola del Fundo El Verdún y dirigente sindical campesino, fue detenido por civiles y llevado a un lugar desconocido. Hasta la fecha se ignora su suerte y paradero.
La Comisión, por los testimonios recibidos y por la reiteración de casos similares en la zona que afectaron a campesinos, especialmente cuando eran dirigentes sindicales, se formó convicción que en la detención y desaparecimiento de José Orellana hubo, violación de los derechos humanos de responsabilidad de civiles que actuaron al amparo de agentes del Estado.
El día 27 de septiembre Nibaldo Cayetano SEGUEL MUÑOZ, Obrero Municipal, 32 años, Regidor de Mulchén, dirigente de la Central Unica de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Comunista, se presentó voluntariamente ,acompañado por un ex alcalde de la misma localidad, a la Comisaría de Mulchén, quedando detenido. Dos meses después de la detención, las autoridades policiales señalaron al abogado de la familia que no lo buscaran más. Hasta la fecha nada se sabe acerca de su suerte o paradero.
Por los antecedentes expuestos, la Comisión se formó convicción que el desaparecimiento de Nibaldo Seguel constituye una violación a los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, toda vez que está suficientemente acreditada su detención en el recinto policial y no hubo explicación verosímil sobre su suerte posterior.
El 28 de septiembre fue detenido Jorge Patricio NARVAEZ SALAMANCA, 15 años, estudiante de enseñanza media y militante del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER MIR). Fue aprehendido por civiles armados en su domicilio y llevado presumiblemente a la Comisaría de Mulchén. Se desconoce su paradero y suerte. La autoridad policial y militar negó haber arrestado o mandado arrestar al afectado y la Comisaría de Mulchén, ante un requerimiento judicial, señaló que Narvaez había huido hacia Argentina, de acuerdo con otros "extremistas".
Estando acreditada su detención y considerando que después de esa fecha Jorge Narváez no tomó contacto con su familia, realizó gestión alguna ante organismos del Estado ni registra salida del país, a esta Comisión le asiste la convicción que su desaparición constituye una violación de los derechos humanos de responsabilidad de civiles que actuaron amparados por agentes del Estado.
En la localidad de Quilleco, ubicada hacia el nor oriente de Los Angeles, el día 1º de octubre, una patrulla de carabineros de esa localidad detuvo en su domicilio a José Abraham HERNANDEZ HERNANDEZ, 51 años, obrero agrícola y dirigente del asentamiento Campesino. En la unidad policial de Quilleco, recinto al cual presumiblemente lo condujeron, se le negó a la familia la presencia del detenido y se le señaló que lo buscaran en Los Angeles. Desde la detención se desconoce su paradero.
La Comisión ha llegado a la convicción que José Abraham Hernández fue víctima de violación de los derechos humanos, de responsabilidad de agentes del Estado dado que no resulta verosímil que después de tantos años no haya mantenido contacto con su familia y las declaraciones de las autoridades policiales resultan contradictorias, ya que la detención ha sido acreditada por numerosos testimonios.

Entre los días 5, 6 y 7 de octubre de l973 en los fundos cordilleranos llamados El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue, ubicados al oriente de Mulchén, fueron ultimados 18 campesinos del sector, todos ellos sin militancia política.

Una patrulla de aproximadamente 30 personas, compuesta por carabineros, militares y civiles de Mulchén fue hasta los fundos mencionados, portando una lista previamente confeccionada de las personas que debían ser detenidas y que fueron posteriormente ultimadas.
La patrulla, que se transportaba en caballos, llegó al Fundo El Morro el 5 de octubre en la tarde. Procedieron a detener a cinco campesinos en sus domicilios y los condujeron a orillas del Río Renaico:
- Juan de Dios LAUBRA BREVIS, 26 años, obrero agrícola.
- Domingo Antonio SEPULVEDA CASTILLO, 29 años, mozo de casa patronal.
- José Edmundo VIDAL AEDO, 20 años, obrero agrícola.
- Celsio Nicasio VIVANCO CARRASCO, 26 años, obrero agrícola.
- José Florencio YAÑEZ DURAN, 34 años, obrero agrícola.
Testigos escucharon disparos. En el mes de diciembre vecinos y familiares encontraron en el sector "La playita" los cuerpos con impactos de balas y las manos atadas a la espalda con alambres.
El grupo de uniformados y civiles continuó hacia arriba hasta llegar al Fundo Carmen y Maitenes, detuvieron a los ocho campesinos en sus domicilios, los condujeron a la casa patronal y allí los golpearon y los hicieron golpearse entre si:
- Miguel del Carmen ALBORNOZ ACUÑA, 20 años, obrero agrícola.
- Daniel Alfonso ALBORNOZ GONZALEZ, 28 años, obrero agrícola.
- Alejandro ALBORNOZ GONZALEZ, 48 años, obrero agrícola.
- José Guillermo ALBORNOZ GONZALEZ, 32 años, obrero agrícola.
- Luis Alberto GODOY SANDOVAL, 23 años, obrero agrícola.
- Manuel Florencio RUBILAR GUTIERREZ, 25 años, obrero agrícola.
- José Liborio RUBILAR GUTIERREZ, 28 años, obrero agrícola.
- José Lorenzo RUBILAR GUTIERREZ, 33 años, obrero agrícola.
Cerca de las 23:00 horas testigos escucharon ráfagas de metralleta. Al día siguiente los miembros de la patrulla sepultaron siete cuerpos en una fosa cavada en una pampa cercana al sector de las casas, cubriéndolos con césped. Ese mismo día 7 de octubre iniciaron viaje hacia Pemehue, llevándose detenido y en mal estado físico a Guillermo Albornoz, cuyo cuerpo apareció posteriormente aguas abajo del Río Renaico.
En el fundo Pemehue, nuevamente procedieron a detener en su domicilio a cinco campesinos:
- Alberto ALBORNOZ GONZALEZ, 41 años, obrero agrícola.
- Felidor Exequiel ALBORNOZ GONZALEZ,33 años, obrero agrícola.
- José Fernando GUTIERREZ ASCENCIO, 25 años, obrero agrícola.
- Jerónimo Humberto SANDOVAL MEDINA, 22 años, obrero agrícola.
- Juan de Dios ROA RIQUELME, 35 años, obrero agrícola.
En horas de la noche se escucharon repetidas ráfagas. Familiares encontraron luego sus cuerpos con las manos atadas, los rostros destrozados y numerosos impactos de bala.
Todos ellos fueron sepultados en los mismos lugares en que fueron encontrados.
El 21 de noviembre de 1979 se presentó querella criminal en el Juzgado de Mulchén, rol Nº 20.595, por los delitos de allanamiento de morada, secuestro, apremios ilegítimos, lesiones y homicidio calificado de 18 campesinos de Mulchén. La acción se presentó en contra de los participantes de la "patrulla". La I. Corte de Apelaciones de Concepción nombró un Ministro en Visita quien procedió a la investigación del caso.

El Ministro después de una exhaustiva investigación llegó a la conclusión que la patrulla de militares, carabineros y civiles que concurrió a los fundos mencionados fueron los autores de las muertes de las víctimas y de su posterior inhumación o desaparición de los cuerpos, en algunos casos.

Los cuerpos fueron ilegalmente exhumados, presumiblemente en el mes de marzo de 1979, antes de que se practicara la investigación judicial, no obstante se pudieron hacer numerosas pericias tendientes a la identificación de los cadáveres por los restos que de ellos quedaban y por encontrarse algunos de ellos sepultados aún.
El Ministro se declara incompetente para seguir conociendo de la causa y remite los autos a la Fiscalía Militar de Concepción. El día 07 de enero de 1983 el Juez Militar del 3er Juzgado Militar dictó sobreseimiento definitivo en el caso y aplicó la ley de amnistía a los inculpados. El 18 de diciembre de 1983 la Corte Marcial anuló la aplicación de amnistía y cambió el carácter del sobreseimiento a temporal.

Los antecedentes expuestos permiten a esta Comisión formarse convicción que la ejecución y posterior ocultamiento de los cuerpos de los 18 campesinos de los Fundos El Morro, Carmen y Maitenes y Pemehue constituye una grave violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado y de los civiles que participaban con ellos.

El día 3 de Noviembre fue detenido Segundo Hernán REYES GONZALEZ, 28 años, garzón. Fue aprehendido por carabineros de Mulchén en su domicilio y trasladado a la Comisaría de Mulchén. Las autoridades policiales reconocen la detención, pero más tarde la niegan a los familiares. Desde esa fecha se encuentra desaparecido.
Estando acreditada la detención y en razón de las contradictorias versiones de la autoridad policial, a esta Comisión le asiste la convicción que Segundo Hernán Reyes fue hecho desaparecer por agentes del Estado quienes violaron sus derechos humanos.
El 5 de noviembre Juan Darío PINCHEIRA CHAVES, 28 años, obrero Agrícola, ex Subdelegado de Santa Bárbara, fue detenido por carabineros de Mulchén y conducido a la Comisaría de esa localidad. A su familia se le informó en ese recinto que habría sido trasladado al Regimiento de Los Angeles, lugar donde nunca fue reconocida su detención. Por el contrario, testigos declararon que fue muerto en la Comisaría por sus captores. No hay certificación oficial de su muerte y su cuerpo se encuentra desaparecido.
La Comisión ha llegado a la convicción que Juan Darío Pincheira fue víctima de violación a los derechos humanos de responsabilidad del Estado por acción de sus agentes.
Villa Los Canelos
En la localidad de Villa Los Canelos, ubicada en la zona cordillerana cercana a Antuco, existen numerosos casos de personas que se encuentran actualmente desaparecidas y cuya desaparición se vincula a la actuación de carabineros de Antuco y de El Abanico, como también a la actuación de efectivos militares pertenecientes al Regimiento de Los Angeles y civiles de la zona.
El día 17 de septiembre de l973 fue detenido por carabineros de Antuco, Mario Samuel OLIVARES PEREZ, 27 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), militante del Partido Socialista y dirigente vecinal.
Luego de aprehendido fue trasladado al recinto de carabineros del lugar en el cual testigos lo vieron en las caballerizas y en muy mal estado físico. Los familiares declaran que allí se les informó que había sido trasladado al Regimiento de Los Angeles dos días después de su arresto, lo cual fue negado en este recinto militar. La prensa local del día 14 de Enero de l977 informa que habría sido fusilado junto a otras dos personas. Hasta la fecha no hay certificación oficial de su muerte ni entrega de su cuerpo.
El mismo día 17 de septiembre se presentó voluntariamente a carabineros de Antuco, Luis Leopoldo SEPULVEDA NUÑEZ, 27 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), central El Toro y militante del Partido Comunista. Las autoridades policiales señalaron a los familiares que había sido trasladado al Regimiento de Los Angeles, en este recinto se negó su detención.
La Comisión se formó convicción que en los dos casos precedentes, las desapariciones de Manuel Olivares y Luis Sepúlveda son de responsabilidad de agentes del Estado, dado que sus detenciones deben estimarse como verdaderas, que la falta de explicaciones razonables de las distintas autoridades acerca del destino y suerte de los arrestados no son aceptables y que días después se producen otras detenciones y desaparecimientos de iguales características en relación con el mismo cuartel policial.
El día 21 de septiembre fue detenido por carabineros y militares en Antuco, Plutarco Enrique COUSSY BENAVIDES, 32 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), delegado sindical y militante del Partido Comunista. Cuando viajaba en un bus con destino a su trabajo, fue obligado a descender frente a la unidad policial.
Posteriormente, según declara la familia, carabineros les informó que había sido trasladado al Regimiento de Los Angeles. De la misma manera testigos señalan que habían estado con él en dicho Regimiento hasta el 27 de septiembre y que se encontraba en muy mal estado físico.
El 6 de octubre la prensa local informa que estaba desaparecido junto a otras cuatro personas, luego de haber sido puestos en libertad "condicional" mientras se completaban diligencias, agregando que no se habían presentado ante un nuevo requerimiento y que debían atenerse a las consecuencias, en caso de ser habidos. Las cinco personas se encuentran desaparecidas hasta la fecha.
A esta Comisión le asiste la convicción que la desaparición de Plutarco Coussy constituye una violación de los derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado, por encontrarse acreditado su arresto y por la falta de verosimilitud de la versión oficial acerca de la liberación de las cinco personas mencionadas, dado que no resulta creíble que ninguno de ellos haya tomado contacto con sus familiares.
El día 22 de septiembre fue detenido Víctor JEREZ MEZA, 31 años, minero y chofer de la Empresa Nacional de Electricidad, central El Toro, dirigente sindical y militante del Partido Socialista.
Fue detenido por militares y carabineros de El Abanico en la sede sindical, luego de habérsele buscado desde el mismo día 11 de septiembre. El afectado estuvo recluído junto a otros obreros de ENDESA  Plutarco Coussy, Mario Olivares y Wilfredo Quiroz . La información dada por las autoridades policiales a los familiares fue que se le había trasladado al Regimiento en Los Angeles. Al igual que en el caso precedente la prensa local del día 6 de octubre informó que se encontraba desaparecido, luego de haber sido puesto en libertad "condicional" mientras se completaban diligencias, agregando, que no se había presentado ante un nuevo requerimiento y que debían atenerse a las consecuencias, de ser habidos.
Acreditada su detención, a esta Comisión le asiste la convicción que Víctor Jeréz fue víctima de violación de sus derechos humanos de parte de agentes del Estado, quienes lo hicieron desaparecer forzadamente.
El día 27 de septiembre fueron detenidos en su respectivos domicilios de Villa Los Canelos por carabineros de Antuco y militares del Regimiento de Los Angeles:

- Manuel Antonio AGUILERA AGUILERA, 45 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Central El Toro.

- Abel José CARRASCO VARGAS, 39 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Central El Toro y militante del Partido Socialista.
Ambos fueron llevados al recinto policial de Antuco, lugar en el cual, según declaran sus familiares, se les informó que fueron trasladados al Regimiento de Los Angeles. Testigos declararon haber visto en este Recinto a Abel Carrasco. Hasta la fecha se desconoce la suerte y paradero de ambos.
Es convicción de la Comisión que las personas mencionadas fueron efectivamente arrestadas por agentes del Estado, que son los responsables de su desaparecimiento posterior. Se funda ese convencimiento en los antecedentes aportados por familiares y testigos y en la existencia de otras situaciones similares debidamente comprobadas en el mismo sector geográfico.
El día 6 de noviembre fueron detenidos:

- Exequiel del Carmen VERDEJO VERDEJO, 49 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) Central El Toro, miembro del sindicato y militante del Partido Comunista

- Manuel SEPULVEDA CERDA, 26 años, comerciante.

- José Oscar BADILLO GARCIA, 49 años, obrero de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).

Las detenciones fueron practicadas por efectivos de carabineros y militares en la Central El Toro. En el primer momento la autoridad policial reconoció la detención a los familiares, indicándoles que los afectados habían sido trasladados el Regimiento en Los Angeles. En este recinto militar se negó la presencia de las víctimas. Posteriormente, Carabineros de Antuco las negó cuando fue requerida por los Tribunales de Justicia. Tras las detenciones no se ha tenido antecedentes sobre el paradero de los mismos.
Acreditada las detenciones y considerando los antecedentes acerca del procedimiento empleado en esta localidad, a esta Comisión le asiste convicción que Exequiel Verdejo, Manuel Sepúlveda y José Badillo fueron hechos desaparecer por la acción de agentes del Estado que violaron sus derechos humanos.