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4 Conclusión

La evolución de las aplicaciones de Internet al desarrollo ha sido diversa y dinámica en los pocos años desde que Internet está disponible en la mayoría de los países en desarrollo. Los progresos han sido notables en América Latina, Asia Oriental y Sudoriental y África, con un nivel sustancial de apoyo internacional, así como en otros numerosos países de regiones y subregiones en desarrollo. Como se desprende del presente estudio, estas aplicaciones se han basado en gran medida en la constitución de asociaciones, no sólo con organismos públicos, sino también con organizaciones no gubernamentales, la comunidad internacional y, cada vez más, el sector privado. Con todo, las aplicaciones que se han definido con frecuencia se encuentran en una etapa experimental o de planificación, y en general están muy rezagadas con respecto a los países industrializados en lo que respecta a complejidad e interactividad. Por otra parte, muchas de estas aplicaciones han mostrado que se pueden obtener efectos mucho más ventajosos con Internet si se utilizan instrumentos relativamente sencillos como el correo electrónico o los sitios básico en la web.

Si bien es difícil definir con precisión qué se entiende por «contenido local», o medir los efectos de las aplicaciones de Internet de servicio público, resulta claro que la adaptación del contenido y las aplicaciones, para atender a las necesidades locales de instituciones locales, es un criterio fundamental para la aplicación satisfactoria de Internet al desarrollo.

Con todo, las instituciones de servicio público de los países en desarrollo (por ejemplo, universidades, centros de investigación, bibliotecas, museos, organizaciones no gubernamentales, comunidades locales y organismos gubernamentales) que, por su propia índole, son agentes esenciales en la innovación y la creación de capacidad para la sociedad de la información, tienen muchas dificultades para participar en la revolución de la información debido a obstáculos económicos y reglamentarios, particularmente en los casos en que Internet se ha desarrollado exclusivamente sobre una base comercial. A diferencia de la situación en los países industrializados, en que la justificación original de Internet era servir a las comunidades académicas de investigación y utilizar sus servicios en interés del público, la realidad económica y de la práctica reglamentaria en muchos países en desarrollo no alienta el desarrollo de aplicaciones de Internet de servicio público y sin fines lucrativos, que potenciarían y favorecerían los programas nacionales de desarrollo y promoverían la autonomía de las poblaciones excluidas y menos favorecidas.

4.1 Obstáculos económicos

El principal problema que encuentran los posibles creadores y usuarios de aplicaciones de servicio público en los países en desarrollo es la disponibilidad limitada y los elevados costos de acceso a Internet, particularmente en las comunidades más pequeñas, desfavorecidas y rurales. Con excepción de relativamente pocas instituciones importantes en los países en desarrollo, como los centros de investigación, las universidades y las bibliotecas, la necesidad inmediata del servicio público es, no el acceso a la banda ancha, ni una mayor fiabilidad y seguridad, ni otras características técnicas perfeccionadas, sino el acceso universal a los servicios básicos Internet, que constituyen el primer paso para reducir la brecha digital.

El problema de los costos de acceso está determinado en gran parte por las tarifas de las tele­comunicaciones subyacentes y tasas de conexión a Internet, que siguen siendo elevadas en los países

en desarrollo; en efecto, en esos países la percepción de Internet con frecuencia es más en términos de simple ocupación de canal, que de un segmento competitivo del mercado, e Internet se considera un servicio para elites, sin tenerse en cuenta sus vastas posibilidades de mercado. Otro problema específico es que, aunque en la última Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones se aprobó una Recomendación en que se estipulaba el principio de acuerdos bilaterales entre proveedores de servicio a Internet acerca de la compartición de los costos de circuitos internacionales³⁵⁰, los proveedores de servicio Internet de los países en desarrollo normalmente deben pagar íntegramente el costo del circuito arrendado para lograr la conectividad internacional. Si se desean alcanzar los efectos previstos de Internet en el desarrollo, las autoridades públicas, los usuarios, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicio Internet deben trabajar juntos, en su interés común por reducir los costos y aumentar la disponibilidad de Internet, particularmente para los principales agentes del desarrollo y usuarios en las zonas rurales y desfavorecidas, tal como se prevé en el estudio El Derecho a Comunicar - ¿A qué precio? publicado por la UIT-UNESCO en 1995³⁵¹. En esta lucha por el acceso universal es fundamental que se reconozca a Internet como parte integrante de la infraestructura de servicio público de la sociedad y como un servicio público básico de información.

Las autoridades públicas y otros agentes del desarrollo deben también considerar muchos otros obstáculos económicos al desarrollo de Internet y el acceso a la red. Aun cuando las instalaciones para el acceso y la creación de contenido estén ampliamente disponibles, es probable que los posibles usuarios más desfavorecidos no puedan aprovecharlos, porque no tienen el dinero para pagar un abono a Internet, comprar un ordenador o adquirir la capacitación necesaria, o incluso aunque haya un servicio Internet público disponible, por no tener el tiempo para acceder a él. Los incentivos económicos, por ejemplo, la exoneración de tasas o derechos de aduanas para el equipo y redes informáticos, puede ser un posible enfoque útil en este contexto.

4.2 Creación de contenido y aplicaciones, y acceso a los mismos

En muchos países en desarrollo, y en particular los países menos adelantados, que serían los más beneficiados con la creación de contenido local y la potenciación de los usuarios, la elaboración de contenido local, ha recibido poca prioridad en relación con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y la industria de las TIC. Resulta fundamental que todas las poblaciones puedan disponer de contenido local y alcanzar la autonomía en materia de TIC, y que estos factores reflejen todas las especificidades idiomáticas y culturales, como uno de los principios más importantes en el desarrollo de una sociedad justa de la información.

La información de dominio público es esencial para la investigación, la educación, la innovación, la inclusión social y económica, el desarrollo nacional y la promoción de la diversidad cultural, y es la base fundamental para una sociedad de la información mundial, instruida y participativa. Las autoridades públicas en todos los niveles en la actualidad son la fuente más importante de información del sector público, y tienen ante el ciudadano la responsabilidad de:

 identificar y preservar los recursos existentes de información de dominio público;

 ampliar la proporción y mejorar la calidad de los recursos de conocimiento disponibles para el público, en particular, alentando su digitalización;

 promover un acceso equitativo a esta información, sobre todo a través de Internet y el desarrollo de redes y servicios de información.

Las bases y metas de los derechos de propiedad intelectual son, por una parte, alentar la creación, al otorgar al creador derechos exclusivos por un periodo limitado y, por la otra, apoyar y reglamentar la difusión de los bienes culturales, conocimientos e ideas. La evolución reciente de la propiedad intelectual, especialmente en el ámbito del derecho de autor y derechos conexos, parece poner en peligro este equilibrio, al mismo tiempo que las nuevas tecnologías representan una amenaza para el aprovechamiento normal de las obras protegidas por el derecho de autor. Es preciso reafirmar en el entorno digital el equilibrio entre los intereses legítimos de los titulares de derecho y los intereses igualmente legítimos de los usuarios, a tener acceso a la información y a la cultura y, en particular, las excepciones establecidas al derecho de autor, cuando se trata de un «uso leal».