Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el martes díA 12 de mayo de 2015

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda, que es de adición, propone que se incorpore un punto en el que se plantee la modificación del Plan de control tributario 2015, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de marzo. En este plan se establece como prioridad el seguimiento de las transacciones de fabricantes o proveedores de productos o servicios que los comercialicen a través de Internet, y también el seguimiento del arrendamiento de viviendas con fines turísticos. No dudo de la importancia de acabar con el fraude fiscal en estos dos sectores, pero resulta llamativo que 10 o 12 días más tarde la entidad Oxfam presentara un informe en el que se destacaba que, de las 35 empresas que configuran el IBEX 35, 34 contaban con 810 filiales en paraísos fiscales a finales de 2013, y con un incremento, además, exponencial, pues un año antes solo tenían 561 filiales. Es decir, de 2012 a 2013 se produjo un incremento del 44,4%. De esas 35 empresas que conforman el IBEX 35, solo la empresa pública Indra carece de filiales en paraísos fiscales.

El debate sobre si se debe perseguir o no de forma especial el pequeño fraude es viejo. Insisto en que es necesario hacerlo, aunque solo sea desde la perspectiva de que se trata de una práctica social, expresión de una conciencia colectiva rechazable, pues esta acaba entrando en ámbitos de mayor envergadura en cuanto a permisividad. Que nuestra sociedad en los momentos de euforia económica haya expresado de forma reiterada su comprensión frente a los defraudadores merece una reflexión y una intervención desde las administraciones públicas. Pero ello no puede ser óbice para entender que aunque sea cierto que es más fácil acudir al fraude del menudeo porque es localizable, sobre todo a través de las posibilidades que, como apunta el propio plan, ofrecen en este momento las nuevas tecnologías y los medios de comunicación digital, no lo es menos que la mayor parte del fraude está en la actividad desarrollada por las grandes empresas. Y resulta absolutamente sospechoso que precisamente la flor y nata de nuestras empresas, las que aparecen cotizando en el IBEX 35, tengan un interés tan desaforado por incrementar su presencia en los paraísos fiscales. Yo sé que no toda actividad desarrollada en un paraíso fiscal es ilegal, y que es posible que algunas de estas filiales se muevan en el marco de la legalidad española y de la, en ocasiones, demasiado permisiva legalidad internacional. Pero es incuestionable que, aunque solo sea a través del conocimiento cotidiano que nuestra sociedad va adquiriendo sobre los fenómenos de corrupción, una constante en cada uno de los grandes escándalos que hemos ido conociendo ha sido la utilización de los paraísos fiscales para desarrollar transacciones y movimientos de capital con el ánimo de ocultar a la Hacienda pública española, a la Agencia Tributaria determinadas actuaciones y movimientos. No hay que ser muy mal pensado para llegar a la conclusión de que algunas de estas filiales en paraísos fiscales de estas grandes empresas cumplirán finalidades semejantes, tendrán objetivos parejos a los que hemos conocido a través de la investigación de estos casos de corrupción.

Por lo tanto, debiera de ser una de las prioridades más destacadas de este plan de trabajo de la Agencia Tributaria el seguimiento de las mismas.

Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución en la línea de la coherencia, podríamos decir, con otros posicionamientos que hemos tenido en relación con todo lo que respecta a la moción que nos ocupa y, por lo tanto, corresponde de un modo u otro a una moción que en reiteradas ocasiones hemos planteado tanto en el Congreso de los Diputados como aquí. Nuestro grupo parlamentario tiene un posicionamiento respecto a la Agencia Tributaria, respecto a la economía sumergida y en relación con lo que sería el fraude fiscal.

Esta enmienda que presentamos no es nueva, pero sí fija nuestra posición, y quiero destacar algunos puntos.

En primer lugar, es importante, como han hecho la mayoría de los países de la Unión Europea, implementar unos indicadores oficiales que permitan estimar el volumen de la economía sumergida, habida cuenta de que ahora mismo no tenemos esos indicadores oficiales que nos permitan hacerlo. También podríamos, así, evaluar las pérdidas que se originan de recaudación y, sobre la base de estos indicadores, podríamos hacer una evaluación año tras año para ver cuál es el resultado de esta lucha contra la economía sumergida.

En segundo lugar, también sería necesario establecer unos objetivos plurianuales de reducción del volumen de la economía sumergida en España, como mínimo hasta los niveles medios de la Unión Europea. Está claro que la media europea respecto al volumen de la economía sumergida es de un 10% del PIB, mientras que en España está por encima del 20%, es decir, un diferencial de 13 puntos. Entendemos que estos instrumentos que no cuestan dinero, en definitiva, lo que sí hacen es permitir que podamos avanzar y que podamos incrementar unas recaudaciones en los próximos años superiores a los 20 000 millones de euros, sin aumentar los impuestos.

La enmienda también plantea que en el marco de una futura reforma fiscal tendríamos que revisar las normativas con el objetivo de simplificarlas porque a menudo las sanciones de las actuaciones de la Agencia Tributaria están orientadas a castigar errores de los contribuyentes originados por la complejidad de la misma normativa.

También habría que replantear las estrategias de actuación de la Agencia Tributaria orientadas a mejorar su eficiencia y su aceptación social en el marco de una reforma de la Ley general tributaria, y sería conveniente también elaborar un informe sobre las posibilidades de hacer aflorar economía informal, como la derivada de la realización de pequeños trabajos o tareas, siguiendo la pauta de la normativa francesa, que en este sentido está teniendo mucho éxito.

Por último, también se tendrían que establecer unas compensaciones para las comunidades autónomas por las pérdidas de ingresos que les supongan como consecuencia de la falta de eficiencia del sistema tributario y de la Agencia Tributaria cuando no se obtengan los objetivos de eficiencia fijados por la reducción de la economía sumergida y de la gestión tributaria.

Por lo tanto, en cierto modo esta enmienda define la posición respecto a este tema de Convergència i Unió y, en definitiva, la planteamos porque el senador que ha presentado la moción en cuestión puede aceptarla.

Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, autor de la moción originaria, para indicar si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y que ha expuesto el senador Iglesias, quiero decir que la aceptamos como un nuevo punto al final de los tres que nosotros contemplamos en nuestra moción, porque es una enmienda de adición.

Sin embargo, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán no podemos aceptarla y no porque no estemos de acuerdo en el Grupo Socialista con lo que en ella plantean, aceptaríamos sin quitar una coma los seis puntos de la misma, sino porque piden que sustituya a la nuestra. Sustituir a la nuestra significa que deberíamos renunciar nosotros a algunos puntos importantes que tenemos. Evidentemente, nos es imposible aceptarla como enmienda de sustitución, repitiendo que si hubiese sido de adición, la hubiésemos aceptado en su integridad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Angulo.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Popular para manifestar que votaremos en contra de esta moción, senador Vázquez, en contra de una moción que, como usted ha dicho, han presentado ya varias veces en esta Cámara. Incluso varias veces antes de que se hayan adoptado medidas, siguen proponiendo ustedes lo mismo, como si nada hubiera existido.

Plantean ustedes reforzar la independencia respecto del Gobierno. El Grupo Popular quiere dejar una vez más bien claro su reconocimiento a la Agencia de Administración Tributaria, a la profesionalidad, a la eficiencia y al compromiso de los profesionales, algo que siempre ha recalcado el Grupo Popular. Lo recalcaba también el ministro Montoro en el debate de la interpelación. Lo hemos señalado varias veces, estamos hablando de uno de los organismos que mejor gestionan y aplican la legislación tributaria del mundo. Por eso, no se pueden sembrar dudas constantemente, lanzar piedras constantemente a la labor de unos profesionales que es del todo reconocida y que viene avalada por resultados, por unos resultados que en la lucha contra el fraude triplican los que se conseguían en el año 2004, unos resultados que en ese momento, inferiores a 5000 millones, ustedes calificaban de extraordinarios. Sin embargo, ustedes se empeñan, como digo, en sembrar dudas y en empañar esa labor.

El funcionamiento independiente de la Agencia Tributaria no requiere de una moción, por más que ustedes la presenten, está garantizada esa independencia por la pertenencia a la función pública y la profesionalidad de su personal y también por la sujeción a la aplicación de las leyes, en concreto de nuestro sistema tributario. Por lo tanto, es la lucha contra el fraude y contra la corrupción, el respeto a la ley y el interés general lo que está por encima de todo, y ese es nuestro reconocimiento.

Además, está desarrollando una gran labor en la lucha contra el fraude. Ustedes constantemente se refieren a la falta de eficacia de la agencia y se refieren continuamente a la necesidad de poner 5000 empleados públicos en la agencia y se olvidan –esto lo presentaban ustedes ya en el año 2013− de las medidas que se han ido acometiendo y olvidan que respecto a la tasa de reposición en el control de efectivos, en los controles en la incorporación al sector público de nuevo personal se mantuvieron unas excepciones para una serie de sectores y administraciones respecto de los cuales se admitía una tasa de reposición del 10 por ciento. ¿Por qué esos sectores? Porque entendemos que son fundamentales para el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y como servicio público esencial se consideró, junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las plazas de personal investigador o a otras muchas, que el personal encargado del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral o de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social contara con esa tasa de reposición. Es más, en el año 2014 se aprobó una oferta de empleo público extraordinaria, con un notable incremento de la cuantía, precisamente para manifestar eso que dicen ustedes que no existe, y es la voluntad política del Partido Popular en la lucha contra el fraude, no solo en la prevención, como hacían ustedes, sino también en la lucha contra el fraude. Y ahí está ese Real Decreto Ley 5/2014, que permitió una oferta complementaria de 166 plazas para los cuerpos adscritos a la Agencia Tributaria. Y al final, pasó lo mismo; en 2015, Decreto Ley 5/2015. Se aprobó una oferta de la misma manera, extraordinaria y adicional, para luchar contra el fraude de los servicios públicos, y aparte de permitir en el presupuesto para 2015 esa tasa de reposición, como ustedes saben, ya en el 50 por ciento, esa oferta de empleo extraordinaria, repito, se aprobó, y ha permitido complementar otras 254 plazas destinadas a la Agencia Tributaria.

En definitiva, señorías, ese refuerzo de medios que siempre consideramos necesario se ha ido aplicando, pero ustedes siguen insistiendo en la moción. Y yo quiero repetir algo que digo siempre: la Agencia Tributaria no solo se refuerza con recursos materiales, no solo con dinero público, sino que también se ha reforzado de manera importante con legislación, con los medios normativos y jurídicos que han permitido que hoy la Agencia Tributaria cuente con la ley más combativa y ambiciosa en la lucha contra el fraude y evasión de toda la democracia. Una ley, señorías, del Grupo Parlamentario Socialista, señorías de la izquierda, que tuvimos que aprobar sin ustedes porque ustedes no estuvieron para aprobar esa limitación en la utilización de efectivos, esa obligación de declarar los bienes y derechos en el extranjero que hoy permiten, como explicaba en la interpelación el ministro Montoro, que tengamos información tributaria equivalente a 124 000 millones de euros y que permitió, senador Vázquez, que ya en 2013 se declararan por primera vez 28 000 millones de euros...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya acabando.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Decía, senador Vázquez, que eso permitió que se declararan por vez primera 28 000 millones de euros, cantidad que cuando gobernaban ustedes estaba fuera del control de la Hacienda pública y hoy están bajo el cristal de la Hacienda pública española a pesar de ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Angulo.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Desgraciadamente, a lo largo de la legislatura la Agencia Tributaria ha sido noticia por contenidos que no han contribuido precisamente a incrementar su credibilidad, la imagen de independencia que ha de trasladar al conjunto de la sociedad española y la visión que esta ha de tener respecto de ella como garante del cumplimiento de las obligaciones fiscales por igual de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. En ese sentido y desde esa perspectiva compartimos la moción, más aún después de que haya sido asumida nuestra enmienda. Creemos que es necesario reforzar la consideración social de la agencia y su independencia. Esto supondría un gran avance si el nombramiento de su director se realizara en el Congreso de los Diputados por mayoría cualificada.

Igualmente, consideramos razonable el planteamiento que realiza la moción en el sentido de incrementar los efectivos de la agencia. Hoy esta cuenta con 1869 trabajadores menos que en 2011. Si comparamos su plantilla con el resto de sus homólogos y homólogas en la Unión Europea, podemos comprobar que mientras que en Alemania hay un trabajador de la Agencia Tributaria por cada 740 contribuyentes o en Francia hay uno por cada 942, en Portugal uno por cada 1048, en Grecia uno por cada 1216, en Italia uno por cada 1849 ciudadanos con una media en la Unión Europea de uno por cada 970 habitantes, resulta que en nuestro país la Agencia Tributaria tiene un trabajador por cada 1958 habitantes, lo que la sitúa a la cola de la Unión Europea.

Por otro lado, la moción plantea que se dé publicidad a algo que creo que todos los grupos de la oposición hemos reclamado en diferentes ocasiones y a través de variados mecanismos, que sepamos qué entidades, qué personas físicas y jurídicas se han acogido a la amnistía fiscal o proceso de regularización fiscal. Decía el señor ministro en la interpelación que él cumplía la legalidad, que no había habido una amnistía fiscal porque amnistía significaba perdonar. No habrá habido una amnistía, pero la regularización fiscal ha significado un indulto parcial, puesto que quienes habían incumplido sus obligaciones con la Administración Tributaria regularizaron su situación pagando mucho menos de lo que hubieran tenido que pagar de haber sufrido un procedimiento de inspección con las sanciones y recargos correspondientes.

Además, teniendo en cuenta la desgraciada experiencia de nuestro país en relación con las filtraciones, mucho me temo que la insistencia en velar por el secreto del listado de personas, físicas o jurídicas, que se han acogido a este proceso de regularización fiscal, amnistía o indulto, acabará de una forma parcial siendo conocido a través de los medios de comunicación mediante filtraciones siempre interesadas, porque esa es una de las características generales de las filtraciones.

Finalmente, el señor ministro en esa interpelación anunciaba de nuevo que la reforma de la Ley general tributaria permitirá dar publicidad de quienes hayan sido condenados mediante condena firme por delito fiscal. Ayer el Consejo General del Poder Judicial, si bien es cierto que no de forma unánime, sino, por el contrario, mediante el voto de calidad del presidente, asumió el planteamiento del proyecto del Gobierno en este sentido. A mí más que esto me preocupa otro contenido, pues según el señor Montoro también se va a dar publicidad de los deudores a la Hacienda pública. En ese concepto van a entrar quienes hayan aplazado conforme a la legalidad la deuda tributaria. Mientras no la hayan liquidado serán deudores de esos pagos fraccionados y aplazados. Con lo cual, no vamos a conocer los que incumplieron sus obligaciones fiscales y se acogieron a la amnistía, indulto o regularización fiscal, y sí vamos a conocer quiénes están cumpliendo a través de aplazamientos y pagos fraccionados, lo cual, desde luego, no es justo.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario va a votar a favor de esta moción porque queremos aplicar en este caso el mismo principio que aplicamos en las agencias tributarias de las instituciones donde nosotros gobernamos. Nuestro compromiso con la lucha contra el fraude tiene que ir acompañado tanto de nuestro apoyo a las medidas legales que puedan ser precisas para garantizarlo, como de los recursos suficientes –sean estos humanos o económicos− para que las inspecciones de Trabajo puedan realizar su labor.

Reiteramos así nuestro compromiso con la transparencia en todos y cada uno de los ámbitos de la gestión pública siempre, particularmente, en los tiempos que corren hoy en día. Más aún tras conocer la coincidencia del posicionamiento del Consejo General del Poder Judicial, del que ayer tuvimos noticia, que entendemos que lo que viene a hacer es avalar el que ha tenido mi grupo parlamentario durante todo el tiempo respecto a esta cuestión.

Por lo tanto, voto favorable para la moción del Grupo Socialista.

Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Socialista presentada por el senador Vázquez denuncia dos circunstancias preocupantes. En primer lugar, un fraude fiscal elevadísimo −entre el 23 y el 25% aproximadamente, según las fuentes, así, el Sindicato Gestha considera que es mayor−. Uno de los fraudes fiscales más elevados a nivel mundial, de hecho, estaríamos en el punto décimo del ranking. Y, en segundo lugar, hay una actitud partidista de una institución que por definición debería ser neutral.

Históricamente, la Hacienda pública ha sido uno de los pilares del Estado, y lo sigue siendo en el origen del Estado moderno. Por lo tanto, es todavía más preocupante que se haya instalado hoy una profunda desconfianza en la ciudadanía respecto al organismo que se ocupa de la recaudación, como es la Agencia Tributaria. Esta desconfianza de la opinión pública proviene de este elevadísimo fraude fiscal, superior al 23%, derivado en buena parte de la falta de recursos humanos —el senador Iglesias ha hecho referencia a ello— en comparación con los demás países europeos: una media de un técnico por cada 970 habitantes, prácticamente el doble que en España, inferior en cualquier caso a la realidad española. Por lo tanto, estos recursos humanos son insuficientes para atender un fraude fiscal que no solo es sumamente importante, sino que además es creciente.

En segundo lugar, hay un uso partidista de la institución, de la Agencia Tributaria, un uso partidista que hemos podido ver recientemente con la filtración del informe que comparaba la financiación del Partido Popular con una organización no gubernamental, y se ponía el ejemplo de Cáritas, lo que levantó una ola de indignación colectiva por esta comparación. Pero lo grave ya no es el atrevimiento de la comparación en sí, sino el hecho de que se hiciera una filtración del informe de la Agencia Tributaria antes de comunicarlo al juez responsable del caso por un interés partidista de justificar una situación más que preocupante de la financiación del Partido Popular, el partido que apoya al Gobierno.

Además, otro caso reciente que ha levantado preocupación por la falta de imparcialidad y por el uso partidista de la institución ha sido la demanda de la Agencia Tributaria al Servicio de Vigilancia Aduanera para que hiciera un registro en el domicilio del señor Rodrigo Rato y su detención. Por las informaciones de prensa, todo apunta a que ha sido precisamente a iniciativa de una parte del Gobierno en un intento de dar una apariencia de ejemplaridad en el trato del fraude fiscal. En cualquier caso, instala todavía muchas más dudas respecto a esta falta de imparcialidad y el uso partidario de este organismo que, por definición, debería ser neutral, como es la Agencia Tributaria. Hay una desconfianza por parte de los ciudadanos que, si cabe, se ve empeorada por la negativa a abordar reformas legislativas que permitan publicar el nombre de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal y que precisamente se encuentra en el origen de una situación más que preocupante, no solo por el elevado grado de fraude, no solo porque se han ido de rositas pagando poco dinero, sino porque, además, existe la sospecha de que estamos hablando de una situación de blanqueo de dinero y, evidentemente, la opinión pública tiene derecho a saber quiénes son los defraudadores y cuáles son las circunstancias que rodean su situación. Probablemente la legislación vigente no permita hacer esta publicación, pero sí estamos en condiciones, como dice el texto de la moción del senador Vázquez, de intentar modificar la legislación para que sea posible, como en otros países, hacer públicos los nombres de estos defraudadores acogidos a la amnistía fiscal. Compartimos, pues, la necesidad de medidas para reformar la independencia de la Agencia Tributaria, para aumentar sus recursos humanos y llevar a cabo los cambios legislativos que permitan hacer públicos los nombres de los defraudadores acogidos a la amnistía.

Por lo tanto, vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador señor Alturo.
El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros estamos de acuerdo con los temas que se exponen en el preámbulo de la moción que se ha presentado y en que hay un aumento muy grande de deuda como consecuencia de la gestión del cobro. Tenemos una situación muy problemática por la cantidad de litigios que se están produciendo en los tribunales, de los que, después de grandes esfuerzos, buena parte se acaban anulando. Esto representa, en cierto modo, un esfuerzo del que no sacamos ningún fruto, así como la falta de eficacia recaudadora de la Agencia.