Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el martes díA 12 de mayo de 2015

En esto estamos de acuerdo, en el preámbulo y en los planteamientos generales, pero no estamos al 100% de acuerdo en alguno de los puntos y en la forma de alcanzar estos objetivos. Decía antes que en mi grupo parlamentario tenemos una posición y le agradezco al señor Vázquez que le parezcan bien los puntos que nosotros planteamos porque en definitiva se trata de nuestra manera de abordar esta situación.

Quisiera hacer referencia al punto cuatro de nuestra enmienda, que es donde probablemente se marcan las diferencias respecto a la moción que usted plantea. En dicho punto decimos que hay que replantear las estrategias de actuación de la Agencia Tributaria orientadas a mejorar su eficiencia y aceptación social en el marco de la reforma de la Ley general tributaria. Y continúa: Habrá que facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los que ya pagan sus tributos y concentrar las actuaciones en los que no los pagan, sobre la base de modelos de buenas prácticas de otros países europeos avaladas por la propia Comisión Europea. Entre ellas, hay que normalizar la publicación de la identidad de aquellas personas y entidades condenadas por delitos contra la Hacienda Pública por sentencia firme, excepto en aquellos casos en los que se llegue a una conformidad. Este sería el punto en el que vemos más discrepancia respecto a la moción que usted plantea y, por otro lado, estamos de acuerdo en que la agencia requiere recursos, pero yo creo que el planteamiento que estamos haciendo nosotros es más aceptable teniendo en cuenta la situación de crisis en la que nos encontramos en relación con los recursos humanos. Es cierto que seguramente hace falta más, pero sería un objetivo realmente muy difícil en un plazo determinado. Por lo tanto, entendemos su posicionamiento y nos vamos a abstener.

Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador y proponente señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

La portavoz del Grupo Popular, la senadora Angulo, imitando al ministro vuelve a escudarse detrás de los funcionarios. Lo hemos repetido muchas veces: no son los funcionarios de la agencia los que cometen los errores. ¡Pues claro que son unos trabajadores y unos profesionales a lo que nosotros damos nuestro reconocimiento, pero no se escuden detrás de ellos! Son los responsables políticos nombrados por ustedes los que tienen a la agencia con tal nivel de escándalos y que han generado la poca confianza de los ciudadanos que estamos viendo, y no lo decimos nosotros, lo dice el CIS, las encuestas a todos los españoles. Hablan de la tasa de reposición como que ha sido un mérito que de cada diez personas que se iban de la agencia permitían que entrase una. ¡Pues vaya mérito y vaya voluntad política en este tema!

Luego hablan de la ley que a finales del 2012 introdujo algunas medidas positivas -nosotros no votamos en contra- de lucha contra el fraude, pero la consideramos absolutamente insuficiente y además mantenía la excusa absolutoria, lo cual hoy día para nosotros es totalmente inaceptable, porque eso significa, para que sus señorías los comprendan rápidamente, que si la Inspección de Hacienda coge a un defraudador, le abre un expediente, le manda al fiscal y le imputa, en el momento en que un juez decida que está imputado, puede ir, pagar y quedar totalmente libre de pisar la cárcel. Eso es lo que ha hecho esa reforma y esa excusa absolutoria, con lo cual, el que tenga dinero sabe, en primer lugar, que es muy difícil que lo cojan, y que si lo cogen, pagando, simplemente, evita cualquier otro daño. Muy mal, muy mal, señora Angulo, todo esto.

Yo no voy a darle más datos –otros portavoces lo han hecho−, simplemente le voy a leer la opinión de un inspector de Hacienda, desde dentro, para que podamos entender qué sienten ellos. Se llama José María Peláez y dice, poniendo un ejemplo, que las empleadas de hogar, a las que se hace cotizar recientemente y que trabajan por horas, cobraban pequeños sueldos, nunca llegaban al mínimo para declarar y declaraban conjuntamente con su marido o su pareja. La Agencia Tributaria ha lanzado miles de requerimientos que les obligan a tributar por esos fabulosos sueldos. ¿Es legal? Sí. Pero de alguna forma el principio de eficacia y el sentido común nos dicen que habría que dedicar menos medios a estos pequeños fraudes o errores y más y mejores a los grandes defraudadores que se escapan por falta de medios humanos y materiales, o quizá darles el mismo trato que a estos últimos, invitándoles a regularizar su situación. Lo mismo les pasó -y lo hemos debatido en esta Cámara varias veces- a los jubilados que recibían pensiones del extranjero. En definitiva, esa nefasta política de utilización de los recursos humanos llevaba a dedicar mucho tiempo, muchos recursos, a los pequeños, a los controlados, y poco tiempo a los que exigen una gran dedicación.

Este mismo inspector decía que la agencia tiene tres problemas, a ver si les suena a algo de lo que hemos dichos nosotros. El primero es la inestabilidad organizativa: cuatro directores en estos últimos cinco años, cascada de ceses, descabezamiento de los grandes contribuyentes en estos últimos años. El segundo problema es el inmovilismo para acometer reformas necesarias, esa inercia que existe y que es muy difícil de romper, pero que es indispensable hacer. Y el tercer problema se refiere a los criterios políticos en su funcionamiento, en los que siempre predomina una visión a corto plazo. Esto es lo que hemos denunciado también, tiene que haber un estatuto que permita esa independencia, esa autonomía real de la agencia. Y dice que estos problemas podrían tener solución con la aprobación de ese estatuto.

Le voy a decir más con respecto a lo que decía sobre los avances en recursos. El dato es muy sencillo. ¿Queremos ser como los países de nuestro entorno? Pues tengamos los recursos para tener lo mismo y con eso, posiblemente, tengamos también los ingresos que tienen esos países, y, repito –lo han dicho otros portavoces−, simplemente con que nos pusiéramos a su nivel recaudaríamos más de 35 000 millones de euros al año. ¿No es motivo suficiente para poder aprobar todo esto? ¿Tan difícil es reconocer que se puede mejorar la agencia mucho más y recaudar mucho más y ser más justa, más equitativa, más imparcial? ¿Tan difícil es reconocer que se podría hacer con voluntad política? Yo creo que deben reconocerlo.

En cuanto al portavoz de CiU, repito que estamos de acuerdo. Nosotros pensamos que a los defraudadores hay que darles más, porque ese derecho al honor para mí se pierde cuando se defrauda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, cierra el debate la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Nuestro rechazo frontal a esas afirmaciones de utilización partidista. He de decirle, senador de la Entesa, que las instituciones funcionan, le pese a quien le pese. Funciona la Agencia Tributaria: profesionalidad, eficacia e independencia; funciona la Administración de Justicia y no pueden gratuitamente, porque es una irresponsabilidad tremenda, además de una frivolidad, hacer esas acusaciones, como hacen constantemente a unos profesionales, en este caso a más de 26 000 profesionales. O se cree en la función pública o no se cree, y nosotros creemos en la función púbica.

Regularización extraordinaria, lo ha dicho el señor Iglesias. No fue una amnistía, a ver si a él sí le escuchan y no lo vuelven a repetir. Amnistías fiscales las aprobó Miguel Boyer con el Gobierno socialista; las aprobó el señor Solchaga con el Gobierno socialista. Esas sí fueron amnistías fiscales, con dos gobiernos socialistas. Esta ha sido una regularización donde, a diferencia de lo que hacían ustedes, las personas que se acogieron pagaron un 10%. Esa es la diferencia.

Medios al servicio de la Agencia Tributaria, senador Vázquez. Vuelvo a insistir. Por supuesto que nosotros también somos partidarios de reforzar con más medios materiales y humanos, y así lo estamos haciendo con esas ofertas de empleo a las que me he referido, pero también es importante dotarla de los medios jurídicos y normativos necesarios. Estamos hablando de una normativa que establece un tratamiento especialmente riguroso para los paraísos fiscales. Me refiero a las dos directivas que hemos aprobado en la lucha contra el fraude fiscal, especialmente orientadas hacia esos grandes defraudadores. Ustedes hablan de voluntad política, pero ¿quién ha propuesto la limitación del uso de efectivo en este país? El Partido Popular. ¿Quién ha propuesto la obligación de informar sobre cuentas, sobre bienes, sobre todo tipo de derechos en el extranjero? ¿Quién ha aprobado que eso sea imprescriptible? El Gobierno del Partido Popular. ¿Dónde estaban ustedes todos los años anteriores? ¿Quién ha aprobado medidas que garanticen el cobro de deudas tributarias y un endurecimiento importante de las sanciones, tanto de carácter administrativo como el endurecimiento de las penas en el Código Penal? ¿Quién ha aprobado eso, senador Vázquez? Un Gobierno del Partido Popular, porque ustedes, como su señoría ha dicho, no votaron en contra, pero tampoco votaron a favor. ¿Quién ha aprobado las medidas para que Hacienda pueda investigar y embargar cuentas en otros países de la Unión Europea? Un Gobierno del Partido Popular, señorías de la izquierda, y ustedes no estuvieron, no lo propusieron cuando gobernaron y no votaron a favor cuando lo propusimos nosotros. Por eso ahora la agencia tiene más capacidad, tiene más recursos y tiene también una ley que le otorga unas capacidades que antes no tenía. Por eso, si, como ustedes dicen, los que más tienen contribuyen poco, antes, con ustedes en el Gobierno, no contribuían nada. Por lo tanto, no nos pueden dar ustedes lecciones de voluntad política.

En cuanto a la publicación de los datos, lo saben ustedes muy bien, senador de la Entesa: artículo 95 de la Ley general tributaria, donde se establece la confidencialidad o el carácter reservado de los datos tributarios, excepto en el caso de la comunicación a la Fiscalía en los términos que señale la ley. Por tanto, es una garantía de los derechos de los contribuyentes, pero también es una garantía de la eficacia de la Administración tributaria, por cuanto la publicidad de las actuaciones pueda repercutir negativamente en el buen fin de las mismas. En todo caso, ¿quién ha propuesto una reforma de ese artículo de la Ley general tributaria? También ha sido el Gobierno del Partido Popular, que en ese proyecto de ley –que tendremos ocasión de debatir− establece la posibilidad de armonizar la protección del derecho a la intimidad con la necesidad de potenciar la eficacia en el sistema tributario para que puedan ser objeto de publicidad aquellas conductas tributarias socialmente reprobables desde el punto de vista cualitativo, porque haya una sentencia penal desfavorable o porque desde el punto de vista cuantitativo generen un mayor perjuicio a la Hacienda pública. Ha sido también el Partido Popular el que ha propuesto esa reforma que permita conocer los nombres de los más grandes defraudadores o de quienes tengan ya una sentencia penal desfavorable, porque ustedes tampoco tuvieron la voluntad política para hacerlo. Esa es la realidad.

Termino señorías.

Hablan ustedes de cuantías y el senador Vázquez daba unos datos. Decía que se están perdiendo 35 000 millones. Hablan mucho de lo que se está perdiendo, pero son ustedes quienes apoyaron a un Gobierno que, sin hacer nada en este sentido –quitaron incluso hasta la expresión “lucha contra el fraude” del título de la ley que aprobaron en 2006−, permitió una caída de los ingresos tributarios de cerca de 70 000 millones de euros. ¿Y saben cómo lo hicieron?
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, finalice.
La señora ANGULO MARTÍNEZ: A costa de las pequeñas y medianas empresas y dejando que no pagaran nada las grandes empresas y los grupos consolidados. No vuelvan a repetir esa historia porque una mentira, por mucho que se repita mil veces, nunca se convierte en verdad, señorías de la izquierda.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora Angulo.

Llamen a votación. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 199; votos emitidos, 199; a favor, 64; en contra, 123; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL.

(Núm. exp. 671/000170)

AUTOR: GPS
El señor presidente da lectura al punto 4.3.
El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado cinco enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Iglesias y Mariscal. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de moción, tiene la palabra la senadora Llinares cuando haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Guarden silencio, por favor. (Pausa).

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la defensa de la moción consecuencia de interpelación que se debatió en el anterior Pleno con relación a si el Gobierno se plantea modificar su política social en el más amplio sentido de la palabra. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, por favor, senadora Llinares.

Guarden silencio, señorías, por favor. (Pausa).

Continúe, señoría.
La señora LLINARES CUESTA: Es una moción consecuencia de interpelación en la que exigimos al Gobierno que devuelva a los ciudadanos y a las ciudadanas los derechos y las libertades perdidos en estos casi cuatro años de mentiras, promesas incumplidas y recortes sociales del Partido Popular; una moción estructurada en 12 grandes áreas, con 105 medidas en materia de política fiscal, política sanitaria, laboral, educativa, avances en derechos sociales, en política cultural, medioambiental, I+D+i, justicia, medidas para luchar contra la pobreza, también contra la pobreza energética; en definitiva, una enmienda a la totalidad de la política del Gobierno del Partido Popular.

Nos dirán que no son propuestas nuevas. Es verdad, no son propuestas nuevas, no venimos aquí a presentar propuestas imaginativas. Son propuestas que hemos ido presentando a lo largo de estos casi cuatro años, que, en definitiva, suponen un compromiso real del Partido Socialista para mejorar la calidad de vida de los hombres y las mujeres que con las políticas del Partido Popular lo están pasando realmente mal. Sí, señorías, ustedes dirán que no, como hemos visto a lo largo de toda la tarde, pero el Gobierno de Rajoy ha sido con el que más ha crecido la desigualdad y la pobreza en España. Una derecha y un Gobierno que han aprobado una reforma laboral que convierte trabajos indefinidos en trabajos temporales. Esa España de la que presumen tiene más de dos millones de menores de 34 años que están en paro –otro récord europeo−, y más de 400 000 han abandonado nuestro país buscando un futuro mejor. Nueve de cada diez contratos de trabajo celebrados el año pasado fueron temporales. Y, si hablamos de las mujeres, la situación es mucho más dramática: la brecha salarial entre mujeres y hombres es de un 24%. En esta España happy del señor Rajoy en la que todo va perfectamente, cuando una mujer se jubila cobra una pensión media que es un 40% inferior a la de los hombres.

Las políticas aplicadas por el Partido Popular –otra vez batimos el récord− hacen que ocupemos el puesto 29 en el último informe de 2014 sobre la brecha global de género, cuando en el año 2011 ocupábamos el duodécimo. Han encarecido la vida de los pensionistas. Me gustaría que cuando salieran aquí no fueran capaces de decir que todo va bien. Algunos de nuestros pensionistas tienen que decidir entre comer o pagarse las medicinas, se lo he dicho muchas veces y se lo continuaré diciendo. Prometieron no recortar la educación ni la sanidad ni las pensiones, y ha sido una legislatura de copagos, copagos y copagos. Han subido hasta 50 impuestos. Dijeron que el IVA no lo subirían, pero lo han subido. A esto hay que añadir el Real Decreto 16/2012 de copagos, de recortes, de pérdida de la universalidad de la sanidad pública en nuestro país. Ante esto, presentamos una moción, que es una enmienda a la totalidad de la gestión del Gobierno, en la que pedimos una profunda reforma fiscal con modificaciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pedimos que se derogue ese real decreto por ser injusto. También pedimos que se derogue la reforma laboral, el decreto Wert, que se recuperen las ayudas a los dependientes y que se refuerce la protección a los deudores hipotecarios, así como que se reduzca el IVA cultural y que se aborden por fin la regulación del mecenazgo y la reforma de la Ley de propiedad intelectual.

Señorías, sin educación, sin investigación, sin I+D+i no tenemos futuro. En nuestra moción presentamos medidas concretas, serias y rigurosas para mejorar la calidad de vida de las españolas y los españoles. Por eso les pedimos que aprueben nuestra moción.

Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Efectivamente, se trata de una moción muy amplia en la que se abordan prácticamente la totalidad de los aspectos de la política social. Aunque el senador Mariscal y yo mismo hemos formulado un bloque de enmiendas, también hemos hecho un esfuerzo de contención y no hemos, en términos coloquiales, disparado a todo el prao, como decimos en mi tierra, sino que hemos preferido centrar las enmiendas en algunas de las cuestiones que nos parecían más identitarias.

En primer lugar, en materia laboral y prestaciones por desempleo, en el apartado de reforma del Estatuto de los Trabajadores que plantea la moción, queremos que se añada que una de las reformas a desarrollar es reforzar la motivación suficiente y justificada en los casos de despidos colectivos. Igualmente, que se recuperen la regulación previa a la reforma de los despidos nulos −la reforma prácticamente ha ventilado los despidos nulos− y la redacción previa del Estatuto de los Trabajadores en relación con el pago de los salarios de tramitación.

En materia educativa nuestra enmienda intenta que se refleje expresamente la necesidad de derogar la LOMCE.

Igualmente, en materia de servicios sociales planteamos que aparezca nítidamente la necesidad de derogar la reforma del régimen local en tanto en cuanto priva de competencias en esta materia a las corporaciones locales.

En cuanto al libre acceso al servicio público de justicia, nuestro planteamiento, como hemos tenido oportunidad de defender en anteriores ocasiones en esta misma tribuna, es que el Registro Civil se mantenga dentro del ámbito de la Administración de Justicia.

Asimismo, planteamos un nuevo capítulo, que no aparecía reflejado en la moción, sobre pensiones públicas. Nuestra posición es que se derogue la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

Insisto en que, al ser una moción tan amplia, y que prácticamente toca todos los contenidos del Estado de bienestar, podíamos haber planteado más reformas. No tengo inconveniente en reflejar que mis dudas fundamentales afectan al capítulo de política fiscal en tanto en cuanto que para poder hacer una valoración más atinada de la modificación del impuesto sobre la renta que se plantea necesitaría más información y mayor concreción, porque no estoy muy seguro de si no sería preferible mantener el tratamiento específico del gravamen sobre el impuesto del patrimonio o incrementar el gravamen de las Sicav o de las SOCIMI.

En materia de impuesto sobre sociedades, como también tuvimos oportunidad de someter a la consideración de sus señorías en el debate de la reforma fiscal, nuestro planteamiento en relación con el tipo mínimo efectivo supone un porcentaje superior al que se refleja en esta moción.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Tiene la palabra la senadora Llinares para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Sí aceptamos las enmiendas porque mejoran el texto. Además, se lo agradecemos porque vemos que se lo ha mirado, estudiado y mejorado, y eso siempre es de agradecer. No podemos olvidar que la moción que hemos presentado es un memorial de agravios del Gobierno del Partido Popular e intentamos darle respuesta. Por tanto, las vamos a aceptar.

Es verdad que con 105 medidas en cinco minutos es muy difícil priorizar, pero una de las cuestiones fundamentales por la que pedimos derogar la reforma laboral es recuperar el convenio colectivo como fuente normativa. Eso es fundamental y no me ha dado tiempo a hablar de ello.

En cuanto a que los registros civiles vuelvan al ámbito de la Administración de Justicia, por supuestísimo. Nuestro grupo también ha presentado diversas iniciativas en ese sentido.

Por mi parte acepto las enmiendas. Muchas gracias por haber mejorado el texto. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

En turno en contra tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, a una interpelación como la que tuvimos ocasión de asistir en el pasado Pleno, que era pobre en su contenido, que simplemente estaba fundamentada en unos cuantos apartados y al final terminaba en una especie de delirio fantasmagórico en el que Gobierno no solamente lo había hecho mal, sino que aparentemente estaba rectificando en los últimos meses −esa era la conclusión final de la interpelación−, a esa interpelación, repito, sigue una moción que, ciertamente, es ambiciosa por la cantidad de temas que trata pero absolutamente incoherente en todos ellos, como ahora tendré ocasión de comentar. No me va a dar tiempo a hablar de todos, pero sí de algunos. Desde luego, hablaré de más temas de los que ha comentado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que defendiendo su moción apenas ha mencionado su contenido.

En esta iniciativa salpican multitud de cuestiones que, como digo, no guardan coherencia argumental y que, como ya hemos oído a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, constituye una especie de memorial de agravios. Los memoriales de agravios son para otras ocasiones, son para procedimientos judiciales; en definitiva, suponen declaraciones no solo de principios, sino de hechos. Así entiendo yo el concepto de memorial de agravios, mientras que una moción pretende aunar voluntades para tomar decisiones e impulsar políticas que puedan ser útiles para el común de los ciudadanos. Por tanto, mal asunto cuando la propia portavoz socialista califica lo que ha presentado, que ciertamente es una moción extraña, como un simple –nada más y nada menos− memorial de agravios.

Efectivamente, hay 105 medidas. Yo no las había contado. Sí había contado los capítulos en los que esas medidas estaban incluidas, que son 12. Son medidas relativas a política fiscal, política sanitaria, política laboral, política educativa, servicios sociales, de atención a situaciones de insolvencia de deudores hipotecarios, política cultural, políticas de I+D+i, investigación, desarrollo e innovación; también se trata la cuestión de la pobreza energética, políticas europeas para el crecimiento y el empleo, política medioambiental y políticas de orden público y de justicia. (Rumores).