Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el martes díA 12 de mayo de 2015
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Dimita, ministro. No le aguantan los españoles, su partido a voces dice que dimita. Lo dicen los de su partido. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que es una actitud negligente. Exija responsabilidades en la Comunidad Valenciana, exija responsabilidades a los autores de tal felonía, y mientras tanto no mire a otro lado, no acuse a quien no se lo merece y asuma sus responsabilidades gubernamentales. Se lo agradeceremos los valencianos y se lo agradecerán los españoles si presenta usted su dimisión. Muchísimas gracias, ministro. (Fuertes aplausos).
Tiene la palabra el señor ministro. El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias. Señor presidente, señorías, como se dice en sentido clásico, y desde luego en mi pueblo, vuelta la burra al trigo. Es decir, da igual la materia que se aborde, lo importante es que me vaya. (Protestas). Déjeme que le explique algo. ¿O no me deja? Ustedes no escuchan porque están en su letanía. Si ustedes estuvieron gobernando ocho años en España, ¿por qué permitieron determinadas prácticas? ¿Por qué no pagaron las facturas de proveedores de tantas comunidades autónomas, de tantos ayuntamientos y del propio Gobierno de España? (Fuertes aplausos). No eran ustedes, no era la señora Salgado, no era el señor Solbes, no era el presidente Zapatero. (Rumores). El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Le voy a leer algo relativo a la posición del Gobierno: en el caso de la Comunidad Valenciana, la comisión llega a hablar de negligencia pero descarta que hubiera intencionalidad. (Rumores). Por lo tanto, aunque el importe de la multa sea casi testimonial, el Gobierno no comparte que se imponga cualquier tipo de sanción a España. Por ese motivo, el Gobierno, que ya ha presentado un recurso, ahora recurrirá la sanción porque, a su juicio, no se han cumplido los procedimientos sancionadores de la Unión Europea. En este caso se está aplicando de forma retroactiva un reglamento que había entrado en vigor el 13 de diciembre de 2011 y que se pretende aplicar a unos hechos producidos con anterioridad, momento en que dichos hechos no eran susceptibles de sanción. Este es el motivo por el cual el Gobierno de España va a recurrir la sanción. Por cierto, señoría, señor senador, le digo que podía haberlo hecho un Gobierno socialista antes. Gracias, señor presidente. (Aplausos.- Protestas). El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. 2.8. Pregunta sobre la valoración de la Vicepresidenta del Gobierno, en su función de coordinación de la acción del Gobierno, de que éste tenga entre sus prioridades el objetivo de segregar la sociedad catalana en dos comunidades lingüísticas diferentes desde la infancia. (Núm. exp. 680/001072) Autor: JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU) El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte. Pregunta de don José Luis Cleries. Tiene la palabra su señoría.
En primer lugar, quiero decir que lamento no poder controlar al Gobierno en libertad. En Cataluña hay un gran consenso social en que el modelo lingüístico de enseñanza ha sido y es un modelo de éxito y de cohesión social. Se ha evitado la división de alumnos según la lengua materna y se ha conseguido que al final de la escolarización obligatoria el nivel de catalán y castellano de los alumnos sea el mismo. ¿Dónde está el problema? El problema no existe en Cataluña, está en el Gobierno del Partido Popular, el único Gobierno del mundo que crea problemas donde no los hay. Ustedes buscan segregar la nación catalana en dos comunidades lingüísticas. El último recurso que el Gobierno ha presentado es un disparate administrativamente, y políticamente es una ofensa. Va más allá de una cuestión educativa, se enmarca en la voluntad de no querer reconocer la realidad nacional, cultural, política y lingüística de Cataluña. Este nuevo ataque a la lengua catalana, que es el alma de nuestra convivencia, es un nuevo intento de querer dividir a la sociedad catalana por razón lingüística, y una vez más un recurso con una clara intención electoralista que llega justo en el inicio de una campaña electoral para captación de votos en el conjunto del Estado. Lo que ustedes son incapaces de conseguir democráticamente con los votos en el Parlament de Catalunya, donde se aprobó la Llei d’educació, lo intentan conseguir con los tribunales. Esta es su incapacidad política. Si treinta y dos años después de aplicar el modelo lingüístico en Cataluña los alumnos obtienen los mismos resultados en las dos lenguas, ¿por qué siguen empeñados en dividirnos? Moltes gràcies. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries. Tiene la palabra el señor ministro. El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Cleries. En rigor, lo que ha dicho su señoría es cabalmente lo contrario de lo que pretende el recurso. En primer lugar tengo que decirle que en democracia resulta incomprensible que se considere que el utilizar un instrumento jurídico, como es en este caso el recurso a la Sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pueda suponer un ataque político. No. La democracia se defiende, por supuesto, con iniciativas políticas pero se defiende también con iniciativas jurídicas porque la democracia se enmarca en una realidad que es el Estado de derecho. En segundo lugar, habla su señoría de segregación. Pues precisamente en una sentencia de 28 de abril próximo pasado, el Tribunal Supremo lo ha dicho exactamente en términos contrarios a los que usted acaba de decir. El Tribunal Supremo, al convalidar autos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que establecían la necesidad de implantar alguna asignatura troncal como vehicular en castellano −además del castellano, obviamente− para dar cumplimiento no solo a la Ley educativa sino a la Constitución tal y como la interpreta el Tribunal Constitucional en su Sentencia 31/2010, en la que dice que la condición vehicular del catalán solo es conforme a la Constitución cuando no es exclusiva, es decir, cuando es compatible con la utilización también vehicular del castellano, digo, cuando el Tribunal Supremo acaba de decir exactamente lo mismo que pide en su recurso el Gobierno frente a la resolución sobre preinscripción y matrícula en los centros sostenidos con fondos públicos, es evidente el lado del que está la segregación y el lado del que está la separación. Y no intenten ustedes confundir a la opinión pública. Aquí no se trata en absoluto de segregar dos comunidades en razón de la lengua; se trata de que todo el derecho que tiene el catalán a ser utilizado como lengua vehicular en la enseñanza, sea un derecho, en una proporción razonable, que asista también al castellano, como lengua oficial y lengua común de todo el Estado, a ser también lengua vehicular. (Aplausos).
Tiene la palabra el senador Cleries. El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, presidente. No nos darán lecciones de democracia los que presentan listas fantasma en Cataluña, en primer lugar. (Rumores.- Protestas). Hemos comprobado que en los últimos informes de la defensora del pueblo presentados en esta Cámara no hay ninguna queja por el tema lingüístico en las escuelas catalanas. Las pruebas generales de diagnóstico del Gobierno del Estado constatan que el nivel de castellano de los alumnos catalanes está dentro de la media española y por encima de ocho comunidades autónomas, buena parte de ellas gobernadas por su partido. Preocúpense de estas. En treinta y dos años la inmersión lingüística ha sido constitucional. Con su llegada al Gobierno han empezado los problemas; debe ser casualidad, señor ministro. Suerte que la Constitución dice que el conjunto de lenguas que se hablan en el Estado serán objeto de respeto y protección. Ni en su Gobierno ni en el Partido Popular hemos visto el respeto y la protección que deben ustedes a la lengua catalana. Se tendrían que avergonzar de atacar una lengua de cohesión, de convivencia, de paz, con voluntad de dividir una sociedad acogedora y cohesionada. Qué penoso, un Gobierno cuyo objetivo es dividir y romper la convivencia. Dejen alumnos, maestros, escuelas y familias en paz... El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ...que lo que quieren es poder trabajar, y no creen inestabilidad en el mundo educativo. Dedíquense al paro, a las personas que están esperando ser atendidas en la dependencia, etcétera. Nosotros haremos nuestro camino. Hasta hoy hemos hecho una Cataluña de convivencia, de paz y de civismo. Moltes gràcies. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries. Señor ministro. El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Gracias, señor presidente. Señor Cleries, a ver si le he entendido bien. Usted sostiene que el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional coincidan en decir que el sistema que ustedes siguen no respeta la Constitución, que coincidan en admitir... (Denegaciones de los señores Cleries i Gonzàlez, Sendra Vellvè y Bagué Roura). No, perdón, es lo que dice el Tribunal Constitucional y es lo que están diciendo el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia, que todo el mundo coincide en que la utilización del castellano como lengua vehicular es condición en proporción razonable, naturalmente, y sin que eso suponga en modo alguno un ataque al catalán para que el catalán pueda ser utilizado también como lengua vehicular. ¿Es eso un ataque al catalán? Yo no lo creo, señor Cleries. El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro. El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Termino en un instante, señor presidente. No lo cree el Tribunal Superior de Justicia, no lo cree el Tribunal Supremo, no lo cree el Constitucional y no lo creen los españoles. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. 2.9. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO INSISTE EN IMPONER LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTERNA EN EL TERCER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. (Núm. exp. 680/001085) AUTOR: EMILIO ÁLVAREZ VILLAZÁN (GPS)
Señor ministro. El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvarez Villazán, yo ni insisto ni dejo de insistir. Yo, como ministro del Gobierno tengo una obligación y es hacer que la ley se cumpla. La ley, expresión de la voluntad popular, dice que en 3º de Primaria tiene que hacerse una prueba de carácter censal, externa y estandarizada, cuyas características generales define el Gobierno, pero cuyos criterios y cuya aplicación deciden las comunidades autónomas. Lo dice la ley y, por tanto, no es una cuestión ni de insistencia mía ni de insistencia de nadie. Es una cuestión de cumplimiento de la ley. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Senador Álvarez Villazán, tiene la palabra. El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Señor ministro, yo creo que también su obligación como ministro del Gobierno es escuchar a la gente, a la comunidad educativa y cambiar las leyes cuando la mayoría de la comunidad lo pide. Van ustedes a aplicar una prueba externa de nivel que aunque solo tiene un carácter diagnóstico y orientativo ha reabierto un debate sobre las medidas que trata de implantar la LOMCE. Una ley impuesta sin diálogo, sin consenso, y que cuenta con el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa. Una prueba que muestra una vez más las contradicciones que usted mismo tiene como ministro, porque no es normal que diga primero que hay que implantar un aprendizaje por competencias, como preconiza PISA, y luego diseñe usted una prueba en la que para nada se valoran las competencias, una prueba final de tipo test en la que prima todo lo contrario de lo que usted dice. Una prueba, lo dijimos en su día y usted lo sabe, señor ministro, que no servirá para realizar una evaluación cualitativa del nivel del alumnado, sino que para lo único que servirá es para conformar un ranking de centros según los resultados obtenidos. No le gusta a usted admitir, señor ministro, pero lo sabe perfectamente, que esta evaluación externa de los alumnos, como las demás pruebas de evaluación previstas en la LOMCE, son reválidas más o menos encubiertas que pretenden ir segregando a los alumnos desde los primeros años. Es una prueba, y usted lo sabe también, innecesaria, puesto que ya se hacen evaluaciones a lo largo del curso. Una prueba hecha, además, con personal externo que menosprecia el trabajo de profesores, de tutores, que día tras día, año tras año, vienen intentando ver el nivel de evaluación de los alumnos. Una prueba que, incluso, menosprecia la labor de la propia inspección educativa, que desconfía de las propias leyes que ustedes han aprobado y que, por otra parte, causa incertidumbre hasta en los padres, que no saben cómo quedará recogido el resultado de esta prueba en el libro escolar de sus propios hijos o si influirá para evaluar o para promocionar después. Señor ministro, nadie pone en duda que un sistema educativo de calidad necesita una evaluación, pero una evaluación también de calidad para saber en qué falla el sistema y qué medidas hay que adoptar para mejorarlo. Lógicamente, nadie entiende que esta prueba sirva para ello, y máxime cuando no hay previstos recursos para mejorar aquellos fallos que se detecten o para reforzar aquellos centros que se encuentran en zonas más desfavorecidas. Por último, señor ministro, es una prueba que no tiene sentido realizarla a niños de 8 años, en una edad tan temprana, es un sinsentido realizarla cuando la LOMCE está en su primer año de aplicación... El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando. El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Termino, señor presidente. ...o cuando está a menos de un año de su derogación si se cumplen las perspectivas que todos tenemos en mente. No prueba más que el desbarajuste de esta implantación precipitada de una ley que se ha elaborado sin acuerdo, sin consenso con la comunidad educativa ni con la mayoría de la sociedad que no tiene por qué corresponder con la mayoría parlamentaria que ustedes tienen. Muchas gracias. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor ministro. El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvarez Villazán, usted sabe que le tengo respeto, y más que respeto le tengo aprecio, pero no puedo compartir nada de lo que ha dicho hoy, porque nada de lo que ha dicho hoy tiene ninguna relación con las características de esta prueba. Para empezar, dice usted que la comunidad educativa se opone. Señoría, esta prueba ha sido diseñada a través de un proceso en el que han participado todas las comunidades autónomas, en el que se ha llegado a un consenso en la definición de las características generales y que se está aplicando en su inmensa mayoría por todas las comunidades autónomas de manera pacífica y no controvertida. En segundo lugar, me habla usted de una reválida. Señor Álvarez Villazán, ¿cómo puede pensar en términos de reválida una prueba que se realiza cuando a los estudiantes todavía les quedan ocho años para acabar el período de enseñanza obligatoria, que carece absoluta, total y radicalmente de efectos económicos, cuando la información de la prueba que se va a obtener va a ser únicamente un instrumento destinado a dos objetivos muy importantes: el primero, proporcionar a la familia y al propio estudiante, al propio niño y a la propia niña una información contrastada del progreso que está teniendo en las dos competencias básicas, no conocimientos, señor Álvarez Villazán, en la competencia matemática y en la competencia lingüística? Y, en segundo lugar, porque es un instrumento fundamental para que tanto las familias y los alumnos en primer lugar, pero también los centros, las administraciones educativas y toda la sociedad tengan un conocimiento transparente de cuál es el grado de adquisición de esas destrezas y competencias por parte de los alumnos, cómo compara ese grado con su entorno próximo, su entorno remoto, pero jamás con la intención de hacer esos rankings a los que ustedes se refieren, sino únicamente para proporcionar una información anonimizada, una información calibrada en función del contexto socioeconómico y sociocultural del centro, en definitiva, una información que va a enriquecer el conocimiento de todos los agentes del sistema educativo, y sobre todo va a permitir detectar esas insuficiencias, establecer los mecanismos de mejora y ayudar a quienes se estén quedando atrás a que no lo hagan de forma irreversible. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
(Núm. exp. 680/001081) AUTOR: JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)
Tiene la palabra su señoría. El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente. Señora Báñez, ¿qué opinión le merece a usted la simulación contractual en las relaciones laborales? Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra. La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente. Señor Aldama, lo importante, lo verdaderamente relevante es lo que determinen las instituciones legalmente competentes para actuar en esta materia: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los tribunales de Justicia. A ellos les compete valorar, juzgar y, en su caso, sancionar las actuaciones fraudulentas si así se producen, y siempre aplican la ley con independencia, con autonomía y con profesionalidad. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Tiene la palabra el senador Martínez−Aldama. El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente. Señora Báñez, la semana pasada conocíamos que hubo un apaño entre el Partido Popular, su partido, y el señor Bárcenas, el exgerente de su partido, fruto del cual ustedes le pagaban un sueldo al señor Bárcenas pese a estar despedido. La justicia ha dicho que estamos ante un presunto fraude, es más, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho que estamos ante una falsa relación laboral, y esto es inaceptable, tanto que el propio tribunal ha remitido el auto a diferentes instituciones, entre ellas la propia Fiscalía. Producto de esta falsa relación laboral, señora Báñez, el señor Bárcenas recibió del Partido Popular 719 500 euros en el tiempo que va del 16 de abril del año 2010, cuando deja de ser senador de esta Casa, hasta el día 31 de enero del año 2013, cuando qué casualidad se conocen los famosos papeles de Bárcenas, la contabilidad B del PP que existió durante lustros, como ya ha acreditado la justicia. Señorías, el señor Bárcenas recibió del Partido Popular cada mes durante casi tres años 21 300 euros, más chófer y más secretaria, igual que cualquier español que es despedido, al que por no ir a trabajar le dan 21 300 euros, le ponen un chófer y le dan secretaria. Esto es un escándalo mayúsculo, señora Báñez. Le recuerdo que en ese tiempo el señor Rajoy era presidente del Gobierno, también era presidente del Partido Popular, y tiene la obligación ética y moral de dar explicaciones. Yo aquí le hago dos preguntas: ¿por qué esto, señora Báñez, por qué el Partido Popular estaba pagando al señor Bárcenas por no hacer nada para el partido? Tanto es así, que el propio tribunal dice literalmente: no puede aceptarse como mínimamente razonable que una empresa, el Partido Popular, se permita pagar a un trabajador, al señor Bárcenas, durante casi tres años su salario sin recibir contraprestación por ello, y más si el salario asciende a 21 300 euros. Y la segunda pregunta, señora Báñez: ¿para qué esta falsa simulación laboral? Aunque esa se la respondo yo, ¿sabe para qué? Para tapar la boca al señor Bárcenas, para comprar su silencio, sí, para que no cantara, pero este apaño entre el Partido Popular y el señor Bárcenas lo ha pillado la justicia, les han pillado a los dos, al Partido Popular y a Bárcenas, y hoy los españoles ya dan sentido a esos famosos mensajes del señor Rajoy, de Luis se fuerte, aguanta, hacemos lo que podemos. Acabo, señor presidente. Le he dicho aquí cosas muy graves, le he hablado aquí de financiación B del Partido Popular, de un presidente del Gobierno que envía mensajes a un preso como el señor Bárcenas, y también de un partido político que hace un falso contrato con el exgerente de su partido. El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría. El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Son cosas tremendamente graves por sí mismas, pero juntas, son todo un escándalo. Son impropias de un Gobierno decente y, por tanto, solo tienen una salida digna que es presentar la dimisión. Sé que no lo harán, no se preocupen, dentro de poco tiempo lo harán los españoles, le darán dos puntapiés: uno dentro de quince días y el definitivo en las elecciones generales de final de año. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos). El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez−Aldama. Tiene la palabra la señora ministra. La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente. Señor Aldama, en este país solo hay dos cosas meridianamente claras, la primera que el único partido que ha tenido financiación ilegal probada por los tribunales es el Partido Socialista, y le hablo de Filesa, Malesa y Time Export (Aplausos.- Rumores). La segunda que el juez Ruz ha dejado claro que no ha habido financiación ilegal del Partido Popular en las actuaciones que se han llevado a cabo y a las que usted se refería. Y mire, señor Aldama, le voy a decir algo más, yo no voy a entrar en el y tú más porque le podría preguntar a usted si es simulación laboral incorporar intrusos de manera fraudulenta en los ERE de Andalucía en los que están implicados el Gobierno de la Junta de Andalucía, y sino pregunte a sus compañeros de Andalucía. Mire, señor Aldama, este Ministerio de Empleo es muy respetuoso con la legalidad, con la independencia de la Inspección de Trabajo y de los tribunales de Justicia. Yo le pido respeto para una institución centenaria como es la Inspección de Trabajo, que actúa con objetividad y neutralidad, bien bajo denuncia o bien de oficio y por propia iniciativa, y además es un cuerpo que respeta la legalidad vigente y que opera con absoluta confidencialidad. No hablaré de empresas ni personas concretas. Es mi obligación exigir confidencialidad, como la inspección de Trabajo que pide la Constitución. Nosotros sabemos que las instituciones en España funcionan, que la ley se aplica en todos los casos y en todo el territorio nacional. Lo que tienen que explicar ustedes es por qué dicen lo contrario y opinan lo contrario cuando gobiernan y cuando están en la oposición. Nosotros respetamos la independencia, la autonomía, la profesionalidad de la inspección de trabajo y de los tribunales de justicia. Parece que ustedes no hacen lo mismo. Yüklə 463,96 Kb. Dostları ilə paylaş:
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