En el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad
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| 4.2. Hacia una ciudadanía plena
A lo largo de la pasada década, organizaciones de personas con disca- pacidad de todo el mundo han venido trabajando en favor de un nuevo concepto de la discapacidad, inscrito en el marco más amplio de los dere- chos humanos y de la ciudadanía. Las políticas en materia de discapacidad están evolucionando hacia una nueva perspectiva que ya no considera las limitaciones físicas o psíquicas de un individuo el problema principal, sino que se centra más bien en su potencial de cara a la participación en la vida social y en el mercado de trabajo y en el respeto de sus derechos. Actual- mente, por consiguiente, la percepción de la ciudadanía de las personas con discapacidad se basa en el compromiso de las administraciones públicas en favor de la lucha contra la discriminación y la exclusión social. Este com- promiso ha de materializarse en una legislación que consagre, con carácter vinculante, la lucha contra la discriminación. Este concepto de ciudadanía exige asimismo el compromiso de los poderes públicos a todos los niveles, incluida la Unión Europea, en favor de la elaboración y aplicación de pro- gramas y políticas que contribuyan a la efectiva participación de todos los ciudadanos en las corrientes económicas y sociales dominantes. Este nuevo planteamiento ha madurado en un contexto internacional que asistió en 1993 a la adopción de las «Normas Uniformes» sobre la iguala- ción de oportunidades de las personas con minusvalías» de las Naciones Unidas. Esta misma lógica de cara a la discapacidad fue refrendada oficial- mente por el Consejo en 1996 como modelo para la política en materia de discapacidad de la Unión en su Resolución de 20 de diciembre de 1996 sobre la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalíasl7. 1 DO C 186 de 2.7.1999, p. 3. EL IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO... 253 Este concepto de la discapacidad basado en los derechos humanos se vio
La mencionada Directiva establece un marco legislativo para los derechos en materia de empleo jurídicamente vinculantes e incluye disposiciones sobre una serie de cuestiones fundamentales, tales como la protección contra el acoso, la posibilidad de adoptar acciones positivas, vías de recurso apropia- das y medidas de ejecución. Mayor importancia aún reviste el hecho de que la Directiva impone a los empresarios la obligación de realizar los ajustes razo- nables necesarios para adaptar el lugar de trabajo a las necesidades de las personas con discapacidad. El programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación prevé medidas de apoyo tendentes a reforzar las ac- ciones prácticas necesarias para sensibilizar a la opinión pública y contribuir sobre el terreno al cambio de las actitudes y los comportamientos discrimina- torios. Gracias a este programa, la Comunidad podrá estudiar los fenómenos discriminatorios, evaluar la eficacia de los métodos utilizados para combatir- los y apoyar la cooperación entre gobiernos, ONG, autoridades locales y re- gionales, centros de investigación e interlocutores sociales. El cumplimiento del compromiso asumido en favor de la ciudadanía obliga asimismo a la Unión Europea a redoblar sus esfuerzos en favor de la integración de las personas con discapacidad y a defender sus derechos e intereses en todos los programas y actividades generales pertinentes. En este sentido, la Comisión adoptó el 12 de mayo de 2000 la Comunicación titu- lada «Hacia una Europa sin barreras para las personas con discapacidad» 20, en la que se compromete a poner a punto y a apoyar una estrategia general e integrada para abordar los obstáculos sociales, arquitectónicos y de diseño que limitan innecesariamente el acceso de las personas con discapacidad a las oportunidades de orden social y económico. También en los Estados miembros se puede constatar una evolución positiva similar, que se refleja no sólo en la actualización de disposiciones legislativas vigentes y en la adopción de otras nuevas, sino también y sobre todo en la incorporación de nuevos planteamientos, medidas y métodos y en el reconocimiento de nuevos derechos. 1 DO L 303 de 2.12.2000, p. 1.6. 19 DO L 303 de 2.12.2000, p. 23. 20 COM (2000) 284 final. 254 MIGUEL ÁNGEL CABRA DE LUNA Yüklə 2,46 Mb. Dostları ilə paylaş:
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