En el proceso de envejecimiento de las personas con discapacidad
parte, al menos, un médico, un psicólogo, y un trabajador social que actua-
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parte, al menos, un médico, un psicólogo, y un trabajador social que actua- rán conforme a criterios interdisciplinares. Los Equipos de Valoración deben contar con especialistas propios o de referencia de Centros reconocidos para que intervengan en aquellos casos que lo requieran, dentro de su respectiva especialidad. Uno de los objetivos fundamentales del Real Decreto 1971/1999 es garantizar la uniformidad de criterios de aplicación de los baremos en todo el territorio del Estado, para ello se ha creado, en junio de 2001, una Co- misión Estatal integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas las competencias en esta materia 264 PILAR PACHECO URÍA En los artículos 9.° y 10.° del Real Decreto se establecen las normas
El órgano técnico emitirá «Dictamen Propuesta», en el que deberá figu- rar el diagnóstico, tipo y Grado de Minusvalía y, en su caso, los puntos obtenidos en la valoración de la necesidad de concurso de otra persona así como las dificultades de movilidad para utilizar transportes públicos co- lectivos. A continuación, los responsables de los órganos competentes de valora- ción «deberán dictar resolución expresa sobre el reconocimiento del grado», expresando la puntuación obtenida en los citados baremos acerca de la necesidad de ayuda de otra persona y de la movilidad reducida, si procede. En dicha resolución deberá figurar necesariamente la fecha en que ten- drá lugar la revisión, señalando que procederá la revisión «siempre que se prevea una mejoría razonable», fijando una fecha concreta de revisión. En los demás casos sólo se podrá «instar la revisión por agravamiento o mejoría cuando haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde que se dictó la resolución», salvo que se acredite error de diagnóstico o cambios sustan- ciales de las circunstancias del afectado. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Disposición transitoria única, según la cual: «quienes hubieran sido declarados minusvá- lidos en un grado igual o superior al 33 por 100 con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto no precisarán de un nuevo reconocimiento». Aunque, de hecho, su minusvalía puede ser revisada de oficio en cualquier momento, lo que puede plantear graves problemas de restricción o perdida de derechos adquiridos con arreglo a la legislación anterior. CONTENIDO Y CONCEPTOS BÁSICOS: LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA El nuevo baremo ha sido elaborado por profesionales del IMSERSO (área de valoración), especialistas en Medicina y expertos en valoración de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta los criterios de la Organi- zación Mundial de la Salud. El anterior baremo se basaba, por el contrario, en las tablas de la Asociación Médica Americana, y ha sido utilizado por el antiguo Servicio de Minusválidos desde sus inicios hasta la aprobación del nuevo baremo por el RD 1971/1999. En las Normas generales que preceden al ANEXO I se hacen algunas afirmaciones que es interesante destacar. Así, en el apartado 2.° se dice que LA NUEVA VALORACIÓN DE LA MINUSVALÍA... 265 «El diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración en sí
Este criterio se remarca en el apartado 4.°, en el que se dice que «Las deficiencias permanentes... se evalúan... mediante parámetros objetivos. Sin embargo, las pautas de valoración no se fundamentan en el alcance de la deficiencia sino en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA». Aquí nos encontramos con uno de los conceptos básicos del RD, el parámetro utilizado por el nuevo baremo para medir el Grado de Minusvalía. que afecta a una persona es el que ésta pueda realizar o no las denominadas «ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA» (AVD), entendiéndose por tales, aquellas comunes a todos los ciudadanos. En la introducción del Anexo I del Real Decreto se emplea la definición de discapacidad formulada por la OMS entendiendo como tal «la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano». Siendo la seve- ridad de las limitaciones para realizar esas actividades el criterio fundamen- tal que se ha utilizado en la-elaboración de estos baremos. Se utiliza, a este respecto, la propuesta de la Asociación Médica Ame- ricana de 1994, según la cual, se entienden por actividades de la vida diaria:
Sin embargo, entendemos que esta es una concepción demasiado limita- da y que no refleja adecuadamente la realidad, por lo que también deberían entenderse como AVD otras actividades que consideramos esenciales en la vida diaria de una persona, por ejemplo la actividad laboral. La minusvalía coloca al individuo en una situación de desventaja frente a la «normalidad», una desventaja que afecta de forma directa al desempeño normal de un trabajo, siendo este un elemento determinante de inclusión so- cial y normalización. Tener o no tener trabajo marca diferencias esenciales entre personas empleadas y desempleadas, que se convierten así en personas integradas o excluidas de la sociedad en razón de esa circunstancia. 266 PILAR PACHECO URÍA En este sentido, cuando el RD 1971/1999 mide el grado de minusvalía en
De igual manera deben considerarse también como AVD las actividades que integran el denominado «trabajo doméstico», cuya realización es nece- saria para cualquier persona en condiciones normales. Limpiar la casa, hacer la cama, comprar, etc., son actividades que, por su cotidianeidad y aparente falta de importancia, olvidamos con frecuencia, pero que son imprescindi- bles para que cualquier persona y, por lo tanto la persona con discapacidad, lleve una vida lo más normal e integrada posible. Es evidente que no todas las personas cuentan con medios económicos para contratar la realización de este trabajo a otras personas y sin embargo es esta una de las cuestiones más importantes para medir la integración normalizada en la sociedad y la inde- pendencia de una persona con discapacidad. Por eso entendemos que deben ser tenidas en cuenta, y valorada la imposibilidad de su realización a causa de la discapacidad, a efectos de establecer el grado de minusvalía. OTRAS CUESTIONES A DESTACAR EN LA REGULACIÓN. EL RD 1971/1999 El sistema de valoración establecido por la nueva normativa, según el cual el porcentaje mínimo de valoración de la discapacidad que se debe obtener en el apartado médico funcional debe ser del 25 por 100 y la va- loración social, como máximo, de 15 puntos, determina que sólo se valoren los factores sociales si se ha obtenido un mínimo de 25 puntos en los factores médico funcionales. Esto deja automáticamente fuera de la valora- ción de los factores sociales y de la posibilidad de obtener la calificación de minusvalía a todas las personas que obtengan «sólo» 24 puntos, sobre todo teniendo en cuenta que es difícil llegar a dichos 24 puntos, al valorarse exclusivamente las discapacidades en relación a las AVD. Existen otras tres cuestiones que es interesante destacar, la primera es el de la discapacidad ocasionada por enfermedades que se manifiestan en bro- tes, en este caso se dice que se evaluarán los periodos intercríticos, aunque la frecuencia y duración de los brotes son factores a tener en cuenta, en razón de «las interferencias que producen en la realización de las AVD». Para valorar las consecuencias de estas enfermedades se aplican criterios de frecuencia y duración de las fases agudas», entendemos que se deben valo- rar también los factores de riesgo y la complejidad de mantener medidas de control. La segunda cuestión a destacar es el tratamiento de las discapacidades asociadas, respecto del cual se dice en las Normas Generales que «cuando LA NUEVA VALORACIÓN DE LA MINUSVALÍA... 267 coexistan dos o más deficiencias en una misma persona —incluida en las
Como vemos, se emplean términos que indican posibilidad: «podrán», «pueden potenciarse», y que indican una posibilidad de reconocimiento del plus de discapacidad, pero siempre que realmente exista una «mayor inter- ferencia en la realización de las AVD», sin que se produzca una suma automática de las deficiencias y un reconocimiento de sus efectos en la valoración del Grado de Minusvalía. Esto supone «un claro endurecimiento en el reconocimiento de las minusvalías (sobre todo las de tipo asociado), que hasta ahora estaban primadas», así se afirma en el Informe del CERMI de 4 de febrero de 2000, en el que además se dice que «se constata un claro endurecimiento también en el reconocimiento del Grado de Minusvalía de las personas mayores de 50/55 años, en especial mujeres sin derecho a pensión». Por último, se debe destacar la forma en que se valora la discapacidad debida a retraso mental, se dice que «El capítulo en el que se definen los criterios para la evaluación de la discapacidad debida a retraso mental cons- tituye una excepción a esta regla general (se refiere a las reglas generales de determinación del grado de la discapacidad) debido a que las deficiencias intelectuales, por leves que sean, ocasionan siempre un cierto grado de interferencia con la realización de las AVD». Es evidente que ese mismo criterio debe ser mantenido respecto del resto de las discapacidades, ya que, por muy leve que sea la deficiencia, es claro que siempre interfiere en la realización de las AVD. Considerar que la discapacidad ocasionada por retraso mental, siempre, por el mero hecho de existir y por leve que sea, interfiere con la realización de las AVD, es, además de una excepción a las reglas generales muy importante, un autén- tico agravio comparativo en relación con la valoración de los efectos de la discapacidad física y orgánica, en las que no basta que existan, sino que es necesario que efectivamente impidan la realización de las AVD para que pueda calificarse la minusvalía. En el capítulo 15 del Baremo, referente al retraso mental, efectivamente se establece ese criterio excepcional, que favorece claramente la calificación de la minusvalía derivada del retraso mental, cuando se dice que «será el criterio profesional el que determine la puntuación a otorgar teniendo en cuenta que la no posibilidad de sociabilidad, formación y adaptación con- dicionarán la posible minusvalía. La no posibilidad de desempeñar un tra- 268 PILAR PACHECO URÍA bajo competitivo llevará a la percepción del Subsidio de Garantía de Ingre-
En la valoración de la discapacidad física u orgánica no se tienen en cuenta esos mismos criterios ni las dificultades que la misma ocasiona para que la persona pueda acceder a la formación, para conseguir y conservar un empleo adecuado y, en definitiva, para desarrollar una vida normal, con una integración normalizada en la sociedad. En la valoración de las deficiencias y enfermedades físicas u orgánicas estas cuestiones sólo se miden en los llamados «factores sociales» (con la estrechez con la que los mismos se contemplan en el RD) pero para poder llegar a esta valoración es necesario que se haya obtenido un mínimo de 25 puntos en la valoración de los factores médico-funcionales. CONCLUSIONES CRÍTICAS ACERCA DEL REAL DECRETO 1971/1999 Se trata de una norma necesaria, ya que era fundamental realizar una actualización en los haremos que miden la discapacidad y para aplicar en la valoración los avances médicos y técnicos en la prevención, tratamiento y corrección de enfermedades y deficiencias. Sin embargo, se trata de una valoración que prima los aspectos puramente médicos y funcionales y valora exclusivamente los efectos sociales y laborales como un factor colateral, sin tener en cuenta la inevitable interrelation entre los mismos. Se trata de una norma muy mecanicista en la que todo se centra en la posibilidad o imposibilidad de realizar las AVD, sin que en la descripción de las mismas se recojan de manera adecuada todas las actividades que integran las AVD. Ya se ha puesto suficientemente de manifiesto en este capítulo que en las AVD no contemplan de forma adecuada cuestiones tan importantes como las actividades necesarias para seguir una formación regular, ni para conse- guir acceder y conservar un empleo adecuado, ni tampoco las que integran las actividades que constituyen el denominado «trabajo doméstico». Todas estas cuestiones no se consideran como un efecto directo de la discapacidad, y por lo tanto sólo se miden en los factores sociales. Pero, como sabemos, para llegar a valorar estos factores es preciso obtener un mínimo de 25 puntos en la valoración médico funcional, lo que priva de valoración directa a elementos esenciales en la vida diaria de cualquier persona, y priva a muchas personas de obtener una valoración que refleje de forma adecuada su situación. El RD sólo mide y valora el aspecto médico funcional y desconoce los efectos que las enfermedades y/o discapacidades tienen para una integración social normalizada. No obstante, también en este aspecto existen muchas LA NUEVA VALORACIÓN DE LA MINUSVALÍA... 269 carencias, ya que si hay un grupo que se haya visto afectado negativamente
En estos casos, al aplicar un criterio mecánico consistente en medir si la persona puede o no realizar las AVD, nos encontramos con que objetiva- mente muchas enfermedades crónicas u orgánicas no afectan continuamente a la normal realización de muchas AVD. Además, el RD prima, de alguna forma, las actitudes pasivas frente a las activas, de manera que si la persona, enfermo o afectado por una discapacidad, tiene una actitud positiva y activa y pone empeño en realizar las AVD, aún cuando esto le cueste un gran esfuerzo, entonces puede verse perjudicado y obtener una puntuación infe- rior a la de otra persona, con igual diagnóstico o en idéntica situación pero que, por carácter o falta de estímulos sociales, no «se atreve» a realizar por sí sólo muchas de las AVD, obteniendo entonces un «premio» a su pasivi- dad, con un grado superior de minusvalía. Así, observamos que en el nuevo baremo, de hecho, se priman criterios de asistencia médico-hospitalaria, cuando es un importante avance científico que haya muchas patologías crónicas en las que los pacientes realizan autotrata- miento domiciliario con una mínima supervisión médica, penalizando, nue- vamente, a quienes hacen del autocuidado su norma de vida asumiendo dicha responsabilidad. Además no se valoran las situaciones de riesgo originadas por la propia enfermedad o por la medicación ni tampoco los daños psicoló- gicos, ni físicos colaterales causados por una enfermedad crónica o por la necesidad de la toma de medicación constante. No hay tampoco referencia alguna al número de años que una persona ha permanecido enferma, ni a la edad que tenía cuando se manifestó la enfermedad, con las nefastas conse- cuencias que de esas circunstancias se derivan para los propios afectados. Uno de los aspectos más relevantes de la actual normativa es la desapa- rición de la «condición legal de minusválido». El nuevo RD otorga exclu- sivamente la calificación del «Grado de Minusvalía», desapareciendo las referencias al 33 por ciento que determinaba la legislación anterior como porcentaje mínimo imprescindible para obtener la calificación de minusva- lía. Sorprende que en todo el Real Decreto no se haga referencia al porcen- taje mínimo para ser considerado como minusválido. Entendemos que no es coherente que se siga considerando como porcentaje mínimo el del 33%, tal y como lo hacía la legislación anterior. Lo lógico sería que, en base a la nueva regulación, se pudiera acceder a determinadas prestaciones (sanita- rias, ortoprotésicas y de rehabilitación) a partir de porcentajes distintos al anteriormente requerido. Es evidente que no existe un derecho a la calificación de la minusvalía, ni a que el procedimiento y los criterios que se apliquen para evaluar una determinada enfermedad o deficiencia sea uno concreto. Pero sí existe el 270 PILAR PACHECO URÍA derecho a que el procedimiento que se establezca para medir y determinar
Existe el derecho a que se valoren, de manera objetiva y justa, los efectos físicos, psicológicos y sociales que produce una discapacidad, in- cluidas las orgánicas, de manera que, aunque la persona con discapacidad pueda realizar las AVD normalmente, salvo en los períodos de crisis, sin embargo deben valorarse las interferencias que la discapacidad causa, (me- dicaciones, efectos secundarios, etc.) y que realmente impiden a la persona el normal desenvolvimiento de su vida, el acceso a la formación y la posi- bilidad de conseguir y mantener un empleo adecuado, que es el medio por excelencia para conseguir la integración normalizada. Respecto a las personas mayores discapacitadas, creemos que es necesa- rio también hacer algunas consideraciones críticas en relación con la nueva valoración de las minusvalías. Ya hemos visto, al principio de este capítulo, como la nueva normativa, en su afán por controlar la inflación de califica- ciones de minusvalía, establece unos criterios supuestamente moderadores. Pero que, precisamente estos criterios de valoración, centrados exclusiva- mente en la posibilidad o imposibilidad de realizar las AVD, podrían pro- ducir, respecto del colectivo de personas mayores, precisamente el efecto contrario, ya que es en este grupo donde se da un mayor porcentaje de factores determinantes de minusvalía (siempre de acuerdo con los criterios establecidos en el nuevo baremo). Es evidente que existen muchas personas mayores que son enfermos cró- nicos, que sufren enfermedades orgánicas, o que, por agravamiento de disca- pacidades físicas o psíquicas, se ven imposibilitados de realizar las AVD. Si éste es el único criterio y no se introducen factores moderadores, no sólo para limitar o evitar que un gran número de personas mayores sean calificados como minusválidos, nos encontraremos, en primer lugar con el efecto contrario al pretendido por el RD 1971/1999, de limitar el número de calificaciones de minusvalía a las personas que realmente lo requieran, ya que sería absurdo, además de injusto, pretender ir a una sociedad de min- usválidos. Finalidad muy loable, por otra parte, ya que es base para una adecuada distribución de los recursos sociales. En segundo lugar nos encon- traremos, como de hecho ya está ocurriendo, con una percepción generali- zada de injusticia en la forma de valorar la discapacidad. Es necesario establecer algunos criterios o normas correctoras, que per- mitan una valoración más flexible y adecuada de determinadas situaciones. LA NUEVA VALORACIÓN DE LA MINUSVALÍA... 271 A continuación se proponen algunos puntos que pueden servir como apor-
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