Esteban gonzález pons

EL SUPREMO ANULA LA CONCESIÓN DE LAS TDT ADJUDICADAS POR GONZÁLEZ PONS

La mayoría de las 42 frecuencias locales fueron entregadas a empresas afines al PP, 13 de ellas a Mediamed, la empresa del imputado Ulibarri

La sala tercera del Tribunal Supremo ha resuelto anular todas las adjudicaciones locales de Televisión Digital Terrestre (TDT) otorgadas por el Consell el 30 de diciembre de 2005. Se trata de 42 licencias privadas concedidas en 14 demarcaciones, cada una de las cuales, además, abría la posibilidad de poner en marcha un canal público tras la constitución de un consorcio entre los Ayuntamientos que la conformaban. La sentencia es consecuencia del recurso de casación presentado por Tele Elx, la primera televisión local que emitió en la Comunidad Valenciana, que se quedó fuera del reparto. Aunque perdió ante el Tribunal Superior de Justicia el 18 de julio de 2008, el Supremo ahora le ha dado la razón en una sentencia que deviene firme y definitiva.
La razón principal de la anulación radica en que el Consell delegó la ponderación y valoración de las ofertas presentadas (un total de 71 empresas) a la empresa Doxa Consulting, que “carece de las notas de objetividad e imparcialidad que es propia de los órganos técnicos d ela Administración”, mientras “el artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2000, como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que constituye la ley del concurso, imponían a la Mesa de Contratación ponderar o valorar las ofertas presentadas”, según el fallo del Supremo. El Alto Tribunal recuerda también que en la resolución dictada el 30 de enero de 2006 por el Conseller de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana [González Pons] por la que se adjudican las concesiones (…) no refleja la valoración hecha por Doxa Consulting”.
Además, el Supremo entiende que la resolución de González Pons “no permite conocer al recurrente [Tele Elx] las razones por las que su oferta no fue seleccionada, a pesar de que el artículo 88 del TRLCAP exige a la Administración motivar la resolución de la adjudicación (…) con referencia a los criterios de adjudicación de los criterios del concurso que figuren en el pliego”.
El resultado es que “declaramos la nulidad de la resolución de 30 de enero de 2006 (…) por la que se adjudican las concesiones para la explotación de programas de televisión digital terrestre con cobertura local y contra la resolución de 12 de abril de 2006 de la Subsecretaria de la Presidencia por delegación del Presidente que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra aquella”.
La Generalitat Valenciana fue la tercera comunidad en convocar el concurso el 1 de julio de 2005, cuyo resultado fue anunciado el 30 de diciembre de 2005, por el entonces portavoz del Consell, Esteban González Pons. El Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Local dividió la Comunidad Valenciana en 18 demarcaciones, que podían disponer cada una de un múltiplex con cuatro canales, tres privados y uno público. En un primer momento solo se adjudicaron 14, ya que en esa fecha el Ministerio de Industria ni siquiera había adjudicado las frecuencias de La Vall d’Uixò-Segorbe, Gandía, Utiel-Requena y Dénia.
Los 42 canales privados finalmente adjudicados fueron a parar en su mayor parte a medios de comunicación afines al PP. La empresa más beneficiada fue Mediamed Comunicación Digital, de José Luis Ulibarri, que fue constituida meses antes de resolverse el concurso y acabó recibiendo adjudicaciones en 13 de las 14 demarcaciones. La empresa ha acabado en concurso de acreedores y el empresario leonés imputado en el caso Gürtel.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/13/valencia/1347529913_840506.html

EL JUEZ INVESTIGA LA EMPRESA DE LA GENERALITAT QUE PRESIDIÓ PONS

Pide a Hacienda que analice si la sociedad que, por orden de Camps, firmó un convenio de seis millones con la ONG de Urdangarin hizo pagos a "entidades pantalla o interpuestas"

El juez que investiga los manejos del Instituto Nóos con dinero público ha ordenado a Hacienda que analice todos los datos mercantiles y contables de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana. Esa es la empresa pública en cuyo nombre y "a propuesta" de Francisco Camps el hoy vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, estampó su firma la víspera de la Nochebuena de 2005 sobre un convenio que garantizaba seis millones a la ONG de Iñaki Urdangarin para "diseñar" unos inexistentes Juegos Europeos cuya celebración ni siquiera se daba por segura. El magistrado da instrucciones a la Agencia Tributaria para que sus técnicos elaboren un informe sobre posibles pagos de esa sociedad pública a "entidades pantalla o interpuestas".
En relación a ese convenio, que no llegó a ejecutarse pero reportó a la asociación del duque 382.000 euros abonados con cargo a los fondos de la Presidencia de la Generalitat, Pons debe declarar como testigo el próximo 15 de mayo. Como ya informó Público, la mayor parte del trabajo supuestamente hecho fue subcontratado por Nóos a una empresa valenciana, Lobby Comunicación, cuyo propietario acaba de ser imputado por el juez. Anticorrupción sospecha que Lobby cuyos datos también pide el juez a Hacienda cruzó facturas falsas con empresas de la trama Nóos. Entre las compañías del conglomerado que recibieron pagos de Lobby figura Aizoon SL, donde el duque y su esposa se reparten la propiedad al 50%.
Nóos cobró 382.000 euros pese a que el convenio de los Juegos no se ejecutó
Aquel pacto de diciembre de 2005, el último de la serie valenciana de convenios que engrosó en total las cuentas del Instituto Nóos con 3,5 millones gracias a eventos turístico-deportivos de corta duración y largo aliento económico, fue aprobado por el Consell el mismo día de su firma. Y lo rubricó en primer término Víctor Campos, entonces vicepresident del Consell y quien el pasado verano aceptó una condena para librarse del banquillo en el caso de los trajes.
"No proporcional"
Fechada el pasado 23 de noviembre, la providencia del juez da instrucciones precisas a la Agencia Tributaria sobre qué debe facilitarle respecto a la citada empresa pública valenciana: "Las operaciones con terceros [pagos y cobros], cuantos datos consten sobre sus administradores o apoderados, las cuentas corrientes de que sean titulares e informe relativo a aquellos proveedores o entidades que en general recibieron pagos y que desde el punto de vista técnico presenten características que los hagan poder ser considerados como entidades pantalla o interpuestas". El juez explica qué significa eso último: "Que no tengan la estructura organizativa para prestar el servicio por el que están cobrando o, aun teniéndola, pueda apreciarse a simple vista que la contraprestación recibida no es proporcional al servicio prestado".
Que Camps propusiera firmar el acuerdo fue "una rareza", dicen en el PP
Ayer, González Pons no atendió las llamadas de Público ni desveló si finalmente acudirá el 15 de mayo a los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla o si hará uso de las prerrogativas que le asisten como diputado para comparecer en su despacho del Congreso o declarar por escrito.
Fuentes de la dirección nacional del PP adujeron que Pons ni siquiera ha recibido aún la citación judicial. Y remacharon que el papel desempeñado en ese convenio por el hoy portavoz del partido y entonces conseller valenciano de Relaciones Institucionales fue accesorio. "Se limitó sostiene el PP a firmar como le indicaron que hiciera porque si los Juegos se celebraban tendría que intervenir la empresa pública que presidía, pero ni autorizó ni pagó un solo euro", sostiene el PP. Pons permaneció al frente de la Sociedad Gestora entre diciembre de 2005 y junio de 2006. Dos años después, la sociedad adjudicó a dedo 445.000 euros a la trama Gürtel. En la recta final de su mandato, Camps ordenó disolver la empresa.
El acuerdo del Consell que dio vía libre a la suscripción de aquel convenio ofrece dos singularidades: la más evidente, la fecha, porque se adoptó el mismo día que fue firmado el texto que garantizaba seis millones a la asociación sin ánimo de lucro del yerno del rey.
La segunda peculiaridad estriba en el redactado. Porque aquel acuerdo se adoptó "a iniciativa del Vicepresidente del Consell, a propuesta del Presidente de la Generalitat". "Que una decisión del Consell se adoptara a propuesta de Camps es una rareza", asegura un alto dirigente del PP valenciano. "Lo normal es que sean los consellers quienes eleven propuestas, no el president", añade la fuente, que pidió expresamente no ser identificada.
www.publico.es 11.01.12