Esteban gonzález pons

GONZÁLEZ PONS: “FABRA ERA MUY IMPORTANTE, PODÍA ACUDIR A LOS MINISTROS”

"Fabra era entonces una persona muy importante en el PP y no necesitaba dirigirse a mí, podía hablar directamente con los ministros". El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha negado este miércoles que el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, le pidiera gestiones para agilizar los productos fitosanitarios de Vicente Vilar, el empresario que le denunció, ni para incluir enmiendas en la ley de sanidad vegetal que reclamaba Vicente Vilar y la patronal de los fitosanitarios.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción, quien fuera portavoz popular en el Senado durante aquella época, ha negado en todo momento la posible intermediación de Fabra. "Él tenía acceso a los ministros si lo solicitaba", ha indicado. Preguntado de nuevo sobre si hizo alguna gestión para interceder por Naranjax, la empresa de Vilar, ha dicho: "No, pero tampoco habría sido nada raro porque tras muchos años de parlamentario, cada vez que se tramita una ley los presidentes provinciales y otros colectivos hacen gestiones para intentar influir y es libertad de la Cámara aceptar enmiendas o no". "Todos intentan beneficiar a empresas de su región", ha añadido.
Pons ha dicho no recordar, no obstante, el fax que Juan José Ortiz, entonces diputado popular, envió a Vicente Vilar en el que decía que Pons se pondría en contacto con Carlos Fabra para informarle de las últimas noticias sobre las enmiendas a la ley de sanidad vegetal. "No lo recuerdo, no era una ley que me inquietara".
El exministro de Ciencia y Tecnología y exsecretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, también ha desvinculado a Fabra de cualquier mediación. "De ninguna manera", ha dicho a preguntas del abogado del exdirigente. Costa, que ha empezado a declarar recalcando su "respeto profesional y personal" por Fabra, ha hablado de la reunión de 1999 en el Ministerio de Agricultura a la que acudió también el expresiente de la Diputación. "Fue una reunión amplia y fundamentalmente institucional", ha declarado. Costa ha dicho que el tema de los fitosanitarios de Naranjax sí salió en la reunión pero que el motivo principal fue el de la creación de un punto de inspección fronteriza en el puerto de Castellón.
En la sexta sesión del juicio por el caso Fabra también ha declarado el exionspector de la Agencia Tributaria en la Comunidad Valenciana, Florentino Pellejero, a propuesta del abogado de Fabra. Este testigo ha destacado la "mínima colaboración" del expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, en un proceso de investigación administrativo sobre su patrimonio y ejercicio fiscal abierto a instancias de una queja de la delegación de Tarragona. En este sentido, Pellejero ha asegurado que se remitió a la Fiscalía el ejercicio de 1999 de Carlos Fabra porque se concluyó que había "posibles indicios de delito".
Esta investigación fiscal de las cuentas de Fabra y de su exmujer se realizó de forma paralela a la investigación judicial abierta por el llamado caso Fabra y a raíz de la denuncia del empresario Vicente Vilar. El exinspector de Hacienda ha destacado que se investigaron años posteriores pero que o bien no se superó el límite de 120.000 euros o no se hallaron indicios de delito. No obstante, y a preguntas de la fiscal y de la abogada del Estado, este testigo aseguró que Carlos Fabra tuvo una "colaboración mínima" en esta investigación y que "no se aportó con carácter general una explicación razonable de los múltiples ingresos en efectivo" registrados en 1999 (que la abogada del Estado ha cifrado en 146).
Este testigo ha apuntado que "evidentemente" podrían haber concluido otra cosa si hubieran tenido acceso a otros documentos o pruebas como sí pudo tener la investigación penal abierta y por la que se han estimado, tal y como consta en el escrito del fiscal Anticorrupción, ingresos no declarados de Fabra por 1,9 millones.
http://politica.elpais.com/politica/2013/10/16/actualidad/1381923525_727058.html

DOS PARTICIPANTES EN EL ESCRACHE A PONS SERÁN JUZGADAS POR UNA FALTA

El juzgado rechaza que cometieran un delito de coacciones en la protesta ante la vivienda

Dos participantes en el escrache ante la vivienda en Valencia del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, serán juzgadas por una supuesta falta de coacciones. Así lo ha decidido la juez que ha instruido la denuncia del dirigente popular, que acusó a miembros y simpatizantes de la plataforma de afectados por las hipotecas (PAH) de aporrear la puerta de su casa y asustar a sus hijos, que se encontraban en la vivienda, durante la protesta realizada el pasado marzo. La PAH rechazó las acusaciones de González Pons y le demandó por injurias.
El auto del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia considera que la concentración fue pacífica y "no se alteró el orden público", por lo que se centra en la actuación de dos participantes que subieron al rellano de la vivienda de González Pons, según la PAH, para hacer entrega de una carta en la que se pedía su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para modificar la ley hipotecaria. La juez concluye que no cometieron ningún delito, pero sí una presunta falta de coacciones.
Según recuerda el auto, entre 25 y 30 personas se concentraron el pasado 20 de marzo ante el domicilio familiar de González Pons, "discurriendo de forma pacífica dicha concentración", con la pegada de carteles pequeños en la fachada y "algún grito con el lema 'sí se puede". Ana María B. G y Yolanda P. D. accedieron al rellano del piso de González Pons y durante algo más de 10 minutos "estuvieron llamando al timbre y golpeando la puerta con la mano".
La juez estima que este comportamiento fue "más allá del simple ejercicio del derecho a la libertad de expresión, no resultando legítimo el mismo, en cuanto que supone una vulneración del derecho de la familia del señor González Pons" a gozar en su domicilio de "tranquilidad y seguridad". Según el auto, la actuación de las denunciadas produjo "una situación de angustia en los moradores de la vivienda".
No obstante, la magistrada considera que no quedan "debidamente justificados los elementos de gravedad que cabría exigir" para considerar que los hechos fueron constitutivos de un delito de coacción, ya que las denunciadas llamaron varias veces al timbre y golpearon la puerta, pero no hubo amenazas ni insultos, "hasta el punto de que los vecinos del inmueble no advirtieron la presencia" de las dos mujeres.
Por todo ello, el auto acuerda la celebración de un juicio de faltas contra las participantes en el escrache.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/12/valencia/1378990466_252203.html