Esteban gonzález pons

LOS POPULARES CRITICAN AL FISCAL

El portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, del PP, arremetió ayer contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, al ser interpelado por los escándalos de corrupción relacionados con el Ayuntamiento de Orihuela, que gobiernan los populares con mayoría absoluta.González Pons, consejero de Relaciones Institucionales, acusó al fiscal de parcialidad por estar casado con una diputada del PSOE por Alicante, y le recriminó porque "curiosamente sólo persigue las imputaciones que afectan al PP".

La secretaria regional del PP, Adela Pedrosa, también instó a la fiscalía a actuar con imparcialidad y reclamó que se investigue a los socialistas.El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Fernando Alandete, pidió respeto a la independencia del fiscal jefe, cuya trayectoria calificó de "intachable".La oposición por su parte criticó la actitud de los populares. El portavoz del PSPV, Manuel Mata, calificó de lamentables las críticas al fiscal y señaló que el PP no logrará desviar la atención de los casos de corrupción. Esquerra Unida pidió a Camps que aborde el problema.
PP Y EMPRESARIOS INTENTAN DESPRESTIGIAR LA INSPECCIÓN EUROPEA AL URBANISMO VALENCIANO
El PP, así como empresarios turísticos y promotores urbanísticos, reaccionaron en bloque contra el grupo de eurodiputados llegados a España para comprobar in situ las denuncias de los ciudadanos sobre posibles abusos urbanísticos en varios municipios valencianos. El vicepresidente de la Comisión de Peticiones europeo, el popular Carlos Iturgaiz, calificó esta visita de "persecución inaceptable" y mezcló urbanismo con terrorismo. El consejero de Territorio, Esteban González Pons, la consideró "una agresión" y culpó a la izquierda europea de estar detrás de las denuncias de los afectados.
Los populares recibieron a la delegación de eurodiputados con cajas destempladas. A diferencia de las dos visitas anteriores, el presidente Francisco Camps se rodeó del vicepresidente del Comité de Peticiones, Carlos Iturgaiz, del eurodiputado del PP José Manuel García Margallo, y del consejero de Territorio, Esteban González Pons, con el propósito de desprestigiar la misión de los parlamentarios europeos, que inspeccionarán esta semana el urbanismo de varios municipios valencianos.
El titular de Territorio comenzó por descalificar la agenda de la delegación, que, según sus palabras, no incluye localidades gobernadas por los socialistas. "Bigastro, el Puig, Torrent, Estivella, Elda, Alfahuir...", enumeró González Pons, quien obvió que, si bien son una minoría con respecto al total, sí está previsto el paso de los eurodiputados por localidades en manos del PSPV-PSOE como Catral o Xàbia.
El consejero se quejó además de que esta inspección, la tercera, coincida con el inicio de la campaña turística y se produzca a pocas semanas de las autonómicas y municipales. Incluso apuntó hacia un gran fondo de inversión europeo -que no quiso identificar- como parte interesada en reavivar el conflicto urbanístico con vistas a desviar sus inversiones a Europa del Este, Croacia o el norte de África. En su diatriba contra los eurodiputados, el consejero anunció su intención de que promotores urbanísticos y empresarios hosteleros estén presentes en su entrevista con los eurodiputados si estos no los reciben.
El eurodiputado José Manuel García Margallo calificó de disparate el Informe Fourtou aprobado hace más de un año por el Parlamento Europeo -donde se recomendó indemnizar a los afectados o una moratoria urbanística-, y suscribió unas declaraciones del eurodiputado de CiU Ignasi Guardans -"nada sospechoso, por cierto, de ser del PP", dijo-. "Es una mezcla de populismo poco responsable por parte de diputados que quieren satisfacer a toda cosa a sus conciudadanos residentes en España y por parte de diputados españoles que han decidido hacer política local o regional desde el PE", leyó el eurodiputado del PP.
El vicepresidente de la Comisión de Peticiones del PE, el popular Carlos Iturgaiz, reconoció desde el principio su esfuerzo por evitar esta tercera visita, que tachó de persecución política sin precedentes en el PE. "Esto no ha ocurrido ni en Laponia, ni Sicilia ni la Toscana. Nunca en una legislatura se ha hecho esto", se quejó el parlamentario, quien sugirió a la delegación que se interese también por lo que está sucediendo en municipios como Marbella, Seseña o Ciempozuelos. A Iturgaiz no le dolieron prendas en mezclar el urbanismo con el terrorismo. "Es evidente que hablan [el Gobierno del PSOE] de urbanismo para tratar de esconder su negociación con ETA", dijo.
El eurodiputado reconoció, a preguntas de un periodista, que no se opuso en el PE al Informe Fourtou -se abstuvo-, porque "existía un pacto entre caballeros para cerrar" la polémica urbanística. "Y no lo han cumplido", agregó en referencia a esta tercera visita de los eurodiputados. El Grupo Popular Europeo no participará en esta misión como protesta.
Iturgaiz y González Pons convinieron en que la culpable de todo este desaguisado es la izquierda europea. "Lamento que hayan utilizado al Comité de Peticiones para esta cuestión", agregó el primero. Ambos ignoraron que el presidente de este órgano pertenezca a una formación conservadora polaca.
(28/02/07)

GONZÁLEZ PONS ASUME HABER ASISTIDO A UNA REUNIÓN CON FABRA SOBRE FITOSANITARIOS

El consejero de Territorio, Esteban González Pons, declaró ayer, en calidad de testigo, en el procedimiento abierto contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal. Las imputaciones tuvieron su origen en la denuncia del empresario Vicente Vilar, que acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de mediar ante las administraciones para tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. González Pons admitió ayer ante la juez haber participado, cuando era portavoz del Grupo Popular en el Senado, en uno de los encuentros que reunió a cargos del PP y a empresarios.

El consejero se acogió al derecho de declarar en su despacho

Según declaró el consejero, en la reunión estuvieron presentes, entre otros, el propio Carlos Fabra y el entonces diputado por Castellón Miguel Prim. Sin embargo, llegó tarde a la cita y durante el tiempo que él estuvo presente no se decidió nada.

Su inclusión en el amplio sumario del llamado caso Fabra se produjo cuando Vilar aseguró haber contactado con él para transmitirle los reparos que el Ministerio de Agricultura ponía a productos de pequeñas empresas, sobre todo frente a las multinacionales. De hecho, el nombre de González Pons aparece en una de las notas con las que los diputados del PP transmitían a Vicente Vilar las gestiones que iban realizando sobre las autorizaciones de fitosanitarios y la legislación específica. Así, el empresario estaba al corriente de las enmiendas que el Grupo Popular presentaba, ante los proyectos que se debatían, en este caso, en el Senado. Ayer, ante la juez, González Pons también recordó esta etapa pero insistió en que se limitó a hacer su trabajo como parlamentario y que nunca fue sometido a presiones.
La declaración de ayer tuvo un escenario inusual. El consejero se acogió al derecho, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los miembros de los gobiernos autonómicos el privilegio de declarar en su despacho, sin necesidad de acudir a los juzgados. Así, en la sede de la Consejería de Territorio se presentaron la titular del juzgado número 1 de Nules, que instruye la causa, el secretario judicial, el fiscal anticorrupción (que no participó en el interrogatorio) y los letrados de los imputados, entre otros, de Carlos Fabra. La abogada de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, que ejerce de acusación, hubo de esperar cerca de 45 minutos hasta que, finalmente, se permitió su acceso.
http://elpais.com/diario/2006/10/21/cvalenciana/1161458283_850215.html