EL VICEPRESIDENTE DEL EJECUTIVO VALENCIANO Y MÁS DE MIL PERSONAS HOMENAJEAN A FABRA
Más de un millar de personas se reunieron ayer en un restaurante de la playa de Castellón para rendir homenaje al presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, que es investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública y por un presunto delito fiscal.
El local en el que se celebró el homenaje no tiene la licencia de actividad en regla y carece del aforo suficiente para albergar al millar de comensales. De hecho, el Ayuntamiento de Castellón inició un expediente sancionador, que no ha sido ejecutado, que imponía una multa, el cierre de la actividad e incluso el derribo de parte del establecimiento. Todo eso no fue obstáculo para que en el acto de desagravio a Fabra se encontrara presente el alcalde de la capital castellonense, Alberto Fabra.
El Gobierno valenciano estuvo representado por su vicepresidente, Víctor Campos, y el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, ambos castellonenses y deudores a Fabra de buena parte de su carrera política. No acudió, sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Aunque estaba de acuerdo con la convocatoria, prefirió inaugurar un parque dedicado a los animales cerca de Terra Mítica y asistir, en Alicante, a la gala de las Artes Plásticas. Con motivos similares o de índole "personal", los demás miembros del Gobierno valenciano también excusaron su ausencia.
El portavoz del Consell, Esteban González Pons, calificó de "natural" la presencia del vicepresidente y consideró "poco democrático" que se juzgue a quien "no está imputado", aunque Fabra lo está por dos motivos.
La base del PP de Castellón estuvo ampliamente representada. Alcaldes y concejales acudieron a arropar a su presidente. Numerosos militantes de base también asistieron. Algunos explicaron que iban porque "hoy se señala más a quien no está que a quien está".
El País.16.07.05
SEIS NUEVOS IMPUTADOS EN EL 'CASO FABRA'
Tres ex altos cargos de los ministerios de Sanidad y Agricultura, una de la Generalitat Valenciana, el anterior subdelegado del Gobierno y un ex diputado del PP en el Congreso han sido imputados por la Audiencia de Castellón en el caso Fabra, en el que se investiga un supuesto delito de tráfico de influencias. En ese sumario estaban ya imputados el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su esposa, junto al empresario que le denunció y su ex mujer.
Fabra, líder del PP castellonense, está siendo investigado por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública en un proceso en el que interviene la Fiscalía Anticorrupción. Fabra fue denunciado por el empresario Vicente Vilar, que le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de tratar de agilizar autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.
Los que en el momento de los hechos denunciados (1999-2002) eran director general del Ministerio de Agricultura, Rafael Milián; directora general de Salud Pública, Dolores Flores; secretario general de Gestión Sanitaria, Rubén Moreno, ambos del del Ministerio de Sanidad; subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, y directora general de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Pilar Máñez (actualmente subsecretaria de la Consejería de Bienestar Social), además del ex diputado por Castellón en el Congreso Miguel Prim, serán llamados próximamente a declarar en calidad de imputados por la titular del juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso. Con esta decisión, la Audiencia admite la petición de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), personada como acción popular, en una providencia que anula la decisión de la juez de Nules, que había desestimado la solicitud.
Con esta providencia, la Audiencia admite, parcialmente, el recurso presentado por la UCE y califica de "pertinente y necesaria" la declaración en calidad de imputados de los seis ex altos cargos del PP. Todos ellos aparecen en los documentos aportados por Vilar con los que pretende probar el supuesto tráfico de influencias propiciado por Fabra.
El auto de la Audiencia de Castellón acepta también la declaración de varios testigos. Algunos, como el chófer de Fabra o el diputado autonómico del PP Ricardo Costa, ya han prestado declaración. Entre los que la juez ha de llamar ahora se encuentran los guardaespaldas del presidente de la Diputación; el subdirector general de Promoción Agrícola, Juan José Guitián; el entonces diputado y hoy senador del PP por Castellón Juan José Ortiz y el entonces portavoz del PP en el Senado y actualmente consejero portavoz de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons. La Audiencia rechaza de momento que testifiquen los ex ministros de Agricultura Jesús Posada y Miguel Arias Cañete; de Sanidad Celia Villalobos, y de Ciencia y Tecnología Juan Costa, así como Alfredo Timmermans, entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno José María Aznar.(*) Publicado en El País.12.02.05
IMPUTADOS DOS CONCEJALES DEL PP DE TURÍS POR COMPRAR VOTOS A 50 EUROS EN 2003
Dos concejales del PP del Ayuntamiento de Turís y otros tres militantes populares de esta localidad han sido imputados por comprar votos a 50 euros en las elecciones municipales de 2003. El portavoz del Consell, Esteban González Pons, expresó su confianza en la inocencia de los ediles populares imputados por el juzgado número 1 de Requena y arremetió contra los socialistas.
El miembro de la dirección provincial del PP de Valencia Juan José Medina, en declaraciones a Efe, indicó: "No vamos a convertirnos en jueces por encima de los tribunales. Hasta que estos no se pronuncien, nadie es quien para sentenciar a nadie".
Los cinco miembros del PP de Turís están citados a declarar los próximos 23 y 24 de enero como imputados en los juzgados de lo penal de Valencia, tras las diligencias abiertas a raíz de una denuncia de tres de los sobornados.
Según los denunciantes, el dinero se les abonó a condición de que votaran por correo en las últimas elecciones municipales. Turís un municipio con menos de 5.000 habitantes registró en los citados comicios una cifra inusual de votos por correo, casi todos ellos procedentes de una barriada en la que vive mayoritariamente población de etnia gitana.
Los socialistas, a través del portavoz de la ejecutiva del PSPV, Manuel Mata, señaló que esta información, publicada ayer por el diario El Mundo, revela que tras diez años de gobierno del PP "afloran casos de corrupción por todas partes que colapsan los juzgados".
Mata indicó que espera que el juicio aclare "si los votos de las elecciones autonómicas estaban también incluidos en los 50 euros".
El País.17.12.05
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