Historia de la Ley

Este problema de la concentración de capitales, que no se aborda en este proyecto, tampoco lo ha abordado el Gobierno, en manera alguna, en otros proyectos que puedan engarzarse, como dijo el señor Diputado informante, a causa de las dificúltales inherentes al sistema capitalista. Tenemos que reconocer la existencia de las sociedades anónimas, con sus ventajas, que son muchas. También, desgraciadamente, tenemos que aceptar sus defectos, pero tratar de perfeccionar las disposiciones que las rigen, para eliminar los vicios del sistema imperante en esta materia.

Se ha pretendido, como una manera de atenuar algunos de estos defectos de las sociedades anónimas, establecer una composición determinada de los directorios, a fin de que no haya una persona que pertenezca a más de cinco directorios y que éstos sean renovables en su totalidad. Creemos que ella significa un avance; pero que puede traer, también, una consecuencia desfavorable, por lo menos, en los primeros tiempos, ya que no es fácil substituir a las personas que hacen de ejecutivos de empresas de esta importancia, de un momento a otro.

Por las razones expuestas, hemos contribuido al estudio del proyecto y, de la

gran cantidad de modificaciones propuestas por el Ejecutivo, y le daremos nuestra aprobación al texto aprobado por la Comisión, sin perjuicio de discrepar, en parte, con algunas de sus disposiciones.

Es necesario hacer constar que hay ciertos hechos, ciertas acciones del Ejecutivo, de la Administración de este Gobierno, que están entrabando el desarrollo de la empresa privada en Chile. Y, muy al contrario de lo sostenido por el Honorable señor Maíra, no son factores exclusivamente subjetivos los que detienen el desarrollo y crecimiento de la empresa privada en nuestro país, sino que son factores de tipo objetivo. Entre ellos, tenemos, por ejemplo, que las sociedades anónimas, que son las empresas que en forma principal están sosteniendo la actividad privada han tenido a su disposición, en los dos últimos años, o en cada uno de los dos últimos años, créditos no superiores al 13%, en circunstancias que al Estado, al Gobierno de la Democracia Cristiana, se le han entregado colocaciones de un volumen del 27%.

Se ha dicho acá -por lo menos lo dice el Mensaje y lo dice el proyecto- que hay interés en fomentar las sociedades anónimas y que, para eso, se están dictando nuevas normas a fin de que haya interés entre los pequeños inversionistas. Pero, en esta forma, el Estado ha entrado en un campo competitivo, en una competencia desleal con la empresa privada, puesto que está ofreciendo, a través del Banco del Estado de Chile, depósitos reajustables, como asimismo, a través de los certificados de ahorro del Banco Central, también depósitos reajustables, con intereses y compensaciones, por la pérdida del valor de esos ahorros, muy superiores a los que puede ofrecer una sociedad anónima.

Nosotros sabemos que, tanto los certificados de ahorro como los depósitos de ahorro, tienen el beneficio de exención tributaria, mientras las sociedades anónimas deben entrar a esta competencia sin otra posibilidad que ofrecer al pequeño inversor, una utilidad, su participación en las ganancias, que -como sabemos- toman el nombre de dividendos.

Ahora bien, ¿cómo podrían las sociedades anónimas distribuir dividendos en una proporción mayor que la actual si no cuentan, como ya hemos visto, con el crédito bancario, porque lo absorbe en su mayor parte el Estado, y si no puede aumentar su capital recurriendo a nuevas emisiones, porque para ello tienen la competencia del Estado, que ofrece a los ahorrantes, reajustes y mayores intereses que los que pueden entregar las sociedades anónimas, las cuales han debido destinar gran parte de su utilidad -de un 75%, en los dos últimos años- a capitalización. Esta política es evidentemente contradictoria.

En una parte del informe se dice: "En nuestro país, esta forma de sociedad ha adquirido especial incremento y, de acuerdo con antecedentes oficiales, al 31 de diciembre de 1965, existen en Chile 1. 707 sociedades anónimas, que representan un patrimonio aproximado de 7 mil millones de escudos.

El Supremo Gobierno, consciente de la necesidad de capitalizar el país, ha iniciado una política de protección al mediano y pequeño ahorrante a través de diversos mecanismos que comprenden, entre otros, el reajuste automático de las cuentas de ahorro del Banco del Estado de Chile y la creación de los bonos reajustables del Banco Central, medidas que se estima necesario complementar llevando los ahorros populares hacia la inversión también en acciones de sociedades anónimas". Pues bien, esto lo estimamos una contradicción, porque el Estado, con su política económica, ha hecho imposible que las sociedades anónimas puedan aumentar su capital sobre la base de nuevos ahorrantes y nuevos inversores, por lo cual han tenido que recurrir, lamentablemente, a no entregar ganancias, a no entregar dividendos, y con ello alejan, como posibles inversores, al mediano y al pequeño ahorrantes, porque éstos no pretenden llegar

al directorio de la sociedad, no pretenden sentirse los dueños de parte del capital, sino que sólo ven en la acción que poseen, la posibilidad de obtener un dividendo. Y, como el Estado les está entregando una posibilidad mejor, ha quitado, del terreno que antes tenían las sociedades anónimas para aumentar sus capitales, a todo este sector de pequeños ahorrantes, a fin de que accedan al ahorro que está pidiendo el Estado.

Nosotros estaríamos de acuerdo con esta política estatal, siempre que esos ahorros fueran a servir a la capitalización del Estado. Pero creemos, desgraciadamente -no sé si estaremos equivocados, pero lo pensamos de buena fe- que no se está invirtiendo este ahorro, en bienes de capital, y no se le está llevando a bienes del sector público, sino que se está destinando a pagar gastos de administración de empresas estatales y a absorber las cuantiosas pérdidas de estas empresas.

Así, ha sucedido por ejemplo -como lo revela el informe de la Contraloría General de la República- con la Empresa de Comercio Agrícola (ECA). En efecto, esta empresa estatal ha perdido millones de pesos en cada negocio realizado, y los ha perdido olímpicamente, porque sus ejecutivos creen que, para contener la inflación y el alza en ciertos precios, como los de las verduras y hortalizas, debe intervenir el capital estatal. Y así es como han comprado hortalizas por 80 millones de pesos, por ejemplo, para venderlas a mucho menor precio, con el fin de contener el alza que ellas han tenido, porque pueden influir en los índices de precios.

El señor SOTA. -Eso, desde el punto de vista económico, no sería censurable en sí.
El señor NAUDON. -No sería censurable en realidad; pero es así, porque está en el informe de la Contraloría, con cifras, que daremos a conocer más tarde; ahora no.
El señor SOTA. -Pero, aunque fuera así, no sería censurable el criterio del Ejecutivo.
El señor NAUDON. -Desde un punto de vista simplemente económico, nosotros aceptaríamos la intervención del capital del Estado, aun con pérdidas, cuando hubiera escasez de un artículo en e¡ mercado. Pero ocurre que la ECA interviene cuando hay sobreproducción de determinados artículos, como sucedió con las cebollas.
El señor DAIBER. -En años anteriores también se ha hecho esto.
El señor SIVORI (Vicepresidente). - Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
El señor NAUDON. -Señor Presidente, estimo, y estimamos nosotros, que el Gobierno debe actuar a través de estas empresas estatales, que indiscutiblemente, son reguladoras de la comercialización interna, en casos de déficit en la producción, a fin de evitar la especulación. Pero no debe intervenir cuando hay sobreproducción, porque, entonces, lo único que van a hacer esas empresas, como lo hicieron en el negocio de las cebollas, es salvar el capital invertido por los comerciantes o intermediarios y no por el productor de cebollas.

A los Honorables colegas que duden de esto, les ruego que pidan el informe a la Contraloría; ahí lo verán en detalle.

Me acota un colega que ocurrió lo mismo con el negocio de las papas. Efectivamente también sabemos que en Talca, la ECA remató papas, un día viernes, en 6 millones 400 mil escudos; y, al día siguiente, fueron recompradas por la ECA, dejando a aquéllos que se las adjudicaron, una utilidad de más de un millón de escudos.

Esto figura también en el informe de la Contraloría.

El señor FUENTES (don Samuel). - Sin sacar las papas de bodega.
El señor TUMA. -Ahora importaron cien mil toneladas de papas de Bélgica...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SIVORI (Vicepresidente). -- Honorable señor Turna, Honorable señor Ansieta, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor NAUDON. -Insistimos en que el crecimiento de las sociedades anónimas no va a depender de estas medidas de resguardo que contiene el proyecto, porque las causas del estancamiento de la empresa privada, ya sea de personas individuales, colectivas o sociedades anónimas, se debe a la política económica estatal, que está absorbiendo la capitalización nacional, sin orientarla hacia la formación de bienes de capital.

En cuanto a lo dicho por el Honorable señor Maira, debo rectificarle, porque, a nuestro juicio, la industria pesada no va a comenzar hoy en Chile. Positivamente, los economistas chilenos y los que se han preocupado de nuestros problemas en otros países reconocen que la industrialización comenzó en Chile con el Gobierno del Presidente don Pedro Aguirre Cerda, un Gobierno de extracción netamente popular, que ha entregado a los regímenes posteriores la posibilidad de adelantar en el terreno de la industrialización. Y si hoy es posible que se puedan crear o instalar las empresas indicadas por el Honorable colega Maira, es porque el Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda y otros posteriores entregaron al de la Democracia Cristiana la electricidad, el acero, el petróleo, las plantas refinadoras de cobre. Por eso, estamos en este momento en la etapa de la industria pesada, que nosotros creamos y que no ha avanzado mayormente durante los dos años de la actual Administración, pese a que el Gobierno democratacristiano ha contado -y lo digo a la luz de los antecedentes del Banco Central y de la Corporación de Fomento de la Producción, que tuve en mis manos- con 500 millones de dólares, en préstamos del extranjero, y cuenta en este instante con un presupuesto que es un 80% superior al del último año de la Administración Alessandri.

A pesar de estas cifras, nosotros no hemos visto la industrialización en Chile, aunque pudieron haberla hecho, porque estaba en su programa y porque un Gobierno progresista, como se le ha llamado, debió abordarla de inmediato.

Llevamos muchos meses de este Gobierno. Creemos que se ha perdido mucho tiempo y que es difícil que se rectifiquen algunos errores, como es la pérdida de recursos que debió destinar a capitalización y no a gastos que no sabemos positivamente en qué se traducen.

Estimamos que este proyecto es de tipo y corte netamente jurídicos y que mejora en muchos aspectos la legislación existente sobre sociedades anónimas. Por eso, en la Comisión trabajamos juntos con los Honorables colegas de la Democracia Cristiana, y logramos que se incorporaran al proyecto algunas disposiciones que estimamos elementales, y que se eliminaran otras que habrían significado un perjuicio para el país.

Así, por ejemplo, obtuvimos que los colegas del Partido de Gobierno eliminaran aquella facultad que se concedía a la Superintendencia de Sociedades Anónimas para fijar un número mínimo de accionistas. Hicimos un análisis sobre los proyecto y llegamos a la conclusión de que no habría tranquilidad entre la gente que forma parte de una empresa si se entregaba esta facultad a la Superintendencia, porque en la ley no es posible establecer el criterio que deberá seguir el Superintendente ni asegurar que sus decisiones no serán arbitrarias. Esto fue aceptado por los colegas y creo que hemos evitado un error.

Hemos presentado algunas indicaciones que tienen por objeto corregir injusticias de tipo laboral, como la que establece una reglamentación para los productores o colocadores de seguros.

Esperamos que los colegas de la Democracia Cristiana, cuando se traten estas indicaciones, no vean en ellas una intención demagógica, sino un propósito serio de dar a los colocadores de seguro la misma previsión que tienen todos los empleados y asalariados del país.

En el proyecto se contienen situaciones discriminatorias en perjuicio de estos trabajadores y en beneficio exclusivo de los empresarios de las compañías de seguros, que obtienen fuertes utilidades.

Por estas razones, pedimos que sean aceptadas las indicaciones que hemos presentado. Anunciamos, desde ya, los votos favorables a la idea de legislar sobre esta materia. En su oportunidad, analizaremos algunas disposiciones que nos merecen dudas.

Nada más.
El señor FUENTEALBA. -Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). - Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA. -Señor Presidente, el Honorable señor Naudon ha hecho presente a la Sala los puntos de vista del Partido Radical con respecto a este proyecto.

Yo creo que es necesario complementar las observaciones que se han formulado, porque el proyecto no soluciona totalmente el problema de las sociedades anónimas. Las modificaciones a su organización y funcionamiento constituyen sólo un factor en el proceloso mar de nuestros problemas económicos que no cambiarán, por cierto, la estructura económica. Nadie pretende eso. En este proyecto, que se originó en una moción de algunos señores Diputados de la Democracia Cristiana y que indudablemente también contó con el concurso del Ejecutivo, hemos notado una sustancial diferencia con otros. En otros proyectos ha existido el ánimo de que participe el pueblo en la configuración económica, social y política del país. La verdad es que en éste no se toca ni se advierte una participación de las clases laborales, de los

trabajadores, en circunstancias de que trata de las grandes empresas, de los empresarios, que tienen en sus manos el poder económico. En este aspecto de la economía es donde radica toda la transformación que el país espera que se lleve a cabo.

Hemos dicho en muchas ocasiones -y no sólo nosotros, sino que los economistas- que la evolución de la sociedad se explica en virtud de factores exclusivamente económicos. De manera que vale la pena referirse a lo que es nuestra economía, aunque sea en forma sucinta.

Nosotros estamos de acuerdo con la Democracia Cristiana, y también con el FRAP, en aquella afirmación de que el sistema liberal-capitalista, que tantos beneficios ha traído al mundo -justo es reconocerlo y decirlo- desde el siglo XVIII, está tocando a su fin. Ya este sistema capitalista no es capaz de desarrollarse, de proyectarse en forma de solucionar los problemas económicos de la ciudadanía, de la humanidad; no es capaz de solucionar el problema integral de la economía de los diferentes países. Creemos que este sistema liberal-capitalista que se basa a la libre empresa y que predica que el orden económico se debe a la acción divina de una mano invisible que actúa sobre la demanda, toca a su fin, y estamos de acuerdo en que debe desterrarse de cualquiera actividad económica de los países que hoy se inquietan por esta situación. Las doctrinas económicas modernas tienden a transformar la economía de los países.

No vamos a analizar aquí los otros diferentes sistemas económicos, con los cuales tenemos ciertas discrepancias, como los sistemas socialista y comunista; la verdad es que difieren un poco del sistema socialistas de la social democracia que suscribe nuestro Partido Radical. Pero queremos hacer un análisis, aunque sea breve, de este sistema comunitario de que tanto habla la Democracia Cristiana.

Precisamente anoche, en un foro televisado, en el Canal 9 de la Universidad de Chile, el Presidente de la Democracia Cristiana, señor Patricio Aylwin, explicaba, a grandes rasgos, en qué consistía el sistema comunitario que trata de hacer participar en todas las actividades a las organizaciones funcionales. Entre otras cosas, decía que la participación de la comunidad radicaba en que las Juntas de Vecinos, los gremios, los Centros de Madres y otros organismos, deberían tener participación activa en la economía, en la política y en el aspecto social del desarrollo de un país.

La verdad es que nosotros no entendemos bien esto, ya que estos elementos, estas instituciones, no tienen intervención directa en el aspecto económico de la vida de un país. Son instituciones de generación espontánea; necesarias, indiscutiblemente; pero que, prácticamente, no alteran ni alterarán en absoluto la economía del país. Son las empresas las que tienen en sus manos la transformación social, política y económica del país.

Decía el señor Aylwin que las empresas también van a ser sometidas a esta organización comunitaria. No entendemos bien esto aún. Tendríamos que profundizar más en ello, para saber cómo se van a nivelar las participaciones de las diferentes empresas, es decir, las prósperas, que están dando una utilidad extraordinaria, por la forma como están actuando en la producción, con las que obtienen utilidades muy menguadas.

Nosotros pensamos que, siendo el capital y el trabajo factores tan importantes en la producción, éstos deben conciliarse. Por eso, al hacer un análisis de este proyecto, creemos que difiere de los otros que han llegado a la Cámara. En éste no se ha llamado a los representantes de los sectores populares como en los otros que nos ha tocado conocer. Hemos tenido en nuestras manos el estudio de proyectos como el de sindicación campesina, de la inamovilidad de los trabajadores, de la formación de las Juntas de Vecinos, el de reforma agraria, y en la discusión de todos ellos se ha llamado a los representantes

de los sectores populares para conocer sus opiniones. Pero en esta ocasión no sé por qué la Democracia Cristiana no ha hecho lo mismo. ¿Es que no quiere darle participación, en esta actividad tan importante de las sociedades anónimas, al pueblo, como se ha dicho?

La verdad es que el proyecto cambia solamente algunos aspectos de la constitución de las sociedades anónimas: composición de los directorios; incompatibilidades en los cargos de Director; aseguramiento a los accionistas del 30% de las utilidades; prohibición de que una persona puede ser Director de más de cinco sociedades anónimas y de siete filiales; renovación total del directorio cada tres años; pero, prácticamente, se continúa con el mismo sistema.

Nosotros habríamos querido que el pueblo tuviera participación en las sociedades anónimas, porque es la única forma de conseguir la redistribución de los ingresos.

El Honorable señor Maira nos hablaba de la economía social del pueblo. Entonces, ¿por qué no se obliga a las empresas a que distribuyan parte de sus utilidades entre sus propios obreros y empleados, a que éstos sean accionistas, a que formen parte de las empresas, como se hace en Estados "Unidos, por ejemplo? Pensamos que la política de este país no puede servir de modelo para economías subdesarrolladas como las de los países latinoamericanos, porque Estados Unidos es un país rico, que progresa cada día más a costa precisamente de los países subdesarrollados.

El señor ROSALES. -¡ Muy bien!
El señor FUENTEALBA. - Pero, en todo caso, de alguna parte hay que sacar el ejemplo cuando éste es útil.

En Estados Unidos se han desarrollado extraordinariamente todas las formas de empresas de sociedades anónimas; hay 18 millones de accionistas en las diversas ciudades de Norteamérica; un número superior a 50 millones de personas participan en las sociedades anónimas, sobre todo en las de tipo social. También hay sociedades anónimas que están formadas por 2 millones 500 mil accionistas, más. De manera que, si se quiere innovar, hay que dar una mayor participación a las clases laborales, a los sectores populares.

Mis observaciones van dirigidas en ese sentido; mientras no se innove profundamente en este aspecto, no se podrá conseguir un claro progreso en el aspecto económico del país.

Nada más, señor Presidente.

El señor SIVORI (Vicepresidente). - Tiene la palabra el Honorable señor Millas.
El señor MILLAS. - Señor Presidente, los parlamentarios comunistas, queremos dejar constancia, en primer término, al entrar en este debate, que a acerca de dos años de haber asumido el actual Gobierno, por primera vez se plantea en un proyecto de ley de las fuerzas que detentan el poder actualmente, un tema que pudiera relacionarse con la modificación del régimen de las empresas.

Esto fue un asunto bastante debatido en la campaña presidencial y en los "antecedentes" de esa campaña, por ejemplo, en las ediciones de la Revista Mensaje, de los Jesuitas, en que se abordaban problemas de las reformas revolucionarias en Chile, y en una serie de estudios, incluso del propio Presidente de la República y de otros dirigentes de la Democracia Cristiana.

Ahora, precisamente, se aborda el tema de las sociedades anónimas. Las más grandes empresas en Chile, naturalmente, son aquéllas regidas por el sistema de la sociedad anónima. Y el proyecto tiene, como su primera y sugestiva norma, el hecho de que mantiene absolutamente intangible el régimen de empresa capitalista tradicional, el régimen de empresa que rigió bajo el Gobierno del señor Alessandri o que pueden proponernos los parlamentarios del Partido Nacional. Este es un hecho real, y esto le asigna determinadas características a este proyecto.

Ahora bien, ¿es que acaso las disposiciones de este proyecto son efectivamente útiles para contener las demandas de la oligarquía financiera, del sector monopólico del gran capital? A nosotros nos parece extraño que se comience por retocar algunas disposiciones jurídicas para perfeccionar el funcionamiento formal de la sociedad anónima. Ya que, hasta el momento, el Partido de Gobierno no toca la empresa, ya que considera, según parece, que en los seis años de Gobierno del señor Frei, corresponde mantener intangible la empresa capitalista en su forma clásica, entonces siquiera podría abordar de alguna manera el problema de la concentración del poder económico y de la oligarquía financiera, comenzando por donde se tiene, ineludiblemente, que comenzar en este terreno, que es reformando la legislación bancaria, el sistema del crédito en el país. Esto no se hace.

Entonces, cualquier modificación del régimen jurídico de la sociedad anónima parte, en este momento, de la intangibilidad de poderosos intereses concentrados en los grandes clanes, en los grandes núcleos financieros dirigidos por determinados Bancos.

En la Comisión Investigadora designada por esta Corporación respecto de MADECO, hemos observado una serie de cosas interesantes, que en el próximo mes, al considerar el informe de esta Comisión, tendremos oportunidad de exponer más ampliamente ante la Cámara.

Pero, por tener relación, precisamente, con el tema de las sociedades anónimas, quiero, brevemente, hacer siquiera referencia al hecho de que una empresa poderosa de la industria nacional, como MADECO, que se ha beneficiado de grandes créditos del sector público, que ha sido gestada sobre la base de estos créditos, en los hechos es dirigida, como si se tratase de su propiedad, por un grupo de directores del Banco de Chile.

Pero el Banco de Chile no tiene acciones de MADECO. Estos Directores de MADECO no lo son del Banco de Chile. Tampoco tienen, personalmente, más que una pequeñísima cantidad de acciones de MADECO. Pero el poder económico del Banco de Chile es aprovechado inescrupulosamente por esos Directores, los cuales, para otorgar créditos del Banco de Chile, a sus clientes les exigen poderes para las juntas de accionistas de MADECO. El Banco de Chile, en muchas oportunidades, ha establecido como condición para determinados préstamos, cuando se aproxima una junta de accionistas de MADECO, que se le entreguen en garantía acciones de MADECO. De esta manera, ha controlado la empresa.