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EE.UU.: El frente legal contra el veto migratorio de Trump crece con tecnológicas y ex altos cargos



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EE.UU.: El frente legal contra el veto migratorio de Trump crece con tecnológicas y ex altos cargos


El frente legal contra el veto migratorio de Donald Trump crece en el último día para presentar alegaciones. En Silicon Valley, la capital tecnológica del mundo, la rebelión va más allá de pancartas o discursos. Casi un centenar de firmas, como Apple, Google, Facebook, Twitter, Snap y otras tecnológicas se han sumado al frente legal y presentado al juez un documento de alegaciones contra el decreto, ahora paralizado por un tribunal. También lo han hecho ex altos cargos de Seguridad Nacional. Mientras, la Casa Blanca busca nuevos argumentos para desbloquearlo.

En un documento conjunto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, condenan el decreto que veta temporalmente la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana —Siria, Irak, Irán, Yemen, Libia, Somalia y Sudán— a pesar de contar previamente con los visados y permisos de rigor, aduciendo el riesgo terrorismo. La medida, que supuso revocar unos 60.000 visados, según cifras oficiales, está ahora en suspenso por la decisión de un juez federal de Seattle, James Robart, como medida cautelar a raíz de la denuncia presentada por los estados de Washington y Minnesota. Robart la suspendió mientras se resuelve el caso, sin entrar en el fondo del asunto.

El departamento de Justicia, encargado de defender el decreto, presentó también sus alegaciones ante la Corte de Apelaciones que lleva el asunto en San Francisco y debe decidir si mantiene la paralización o desbloquea el veto. Este programó una vista oral para este martes día 7, según Retuers. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se mostró confiado en ganar: "Está claro que la ley está de parte del presidente (...) Tiene amplias competencias para hacer lo que sea necesario por el interés de nuestra nación, para proteger a nuestro pueblo", dijo.

Y mientras el domingo por la tarde la mayor parte del país estaba paralizado siguiendo la final de Super Bowl, el acontecimiento deportivo más global e importante del año, en la Bahía de San Francisco se fraguaba una alianza sin par para frenar unos planes del Gobierno que, atentan contra sus principios y dañan sus negocios. “La orden ejecutiva viola la ley y la Constitución", apuntan las compañías, y alertan también de la factura económica que esta limitación trae consigo, pues la norma limita los mercados en las que este tipo firmas, altamente internacionalizadas, pueden pescar a sus profesionales. Según Silicon Valley Index, en 2016, el 37,4% de los empleados de estas empresas eran extranjeros.

Las tecnológicas se suman así a la demanda contra Trump tramitada por el Estado de Washington, donde está Seattle, y que cuenta con el apoyo de Microsoft, Amazon y Expedia, las líderes de la economía digital en la zona.

Elon Musk, asesor de Trump, se suma


La lista de las tecnológicas en esta batalla abarca a los grandes de la tecnología –como lo ya mencionados Google, Facebook, Twitter y Snap-, pero cuenta con nombres inesperados, como el fabricante de vaqueros Levi’s, empresa centenaria y emblema de los primeros pioneros en la zona. También llamada la atención la adhesión, conocida a media tarde de este lunes, de las empresas de Elon Musk, Tesla y SpaceX, ya que Musk es el único directivo de nuevo cuño que sigue en el consejo económico del presidente. También participan Netflix, Square, Salesforce, Airbnb, Uber, Pinterest, AppNexus, Twitter, Yelp, Reddit, Kickstarter, GitHub, Glassdoor, Box, Mozilla, Dropbox, Twilio, Zynga y Medium.

Las ausencias son tan notables como polémicas. No ha firmado WeWork, cuyas oficinas compartidas son muy populares en la zona, pero se han expandido por todo el mundo, así como cuatro veteranas que ya están sufriendo críticas y rechazo en redes sociales: HP, el embrión de Silicon Valley con su garaje de Palo Alto, IBM, Yahoo y Oracle. Hay quien ha tenido que rectificar en su apoyo a Trump, como Travis Kalanick, el máximo ejecutivo de Uber, el jueves dejó de colaborar con el Gobierno como consejero tras una avalancha de críticas.

El decreto de Trump, explican las empresas, supone "un cambio súbito de las normas que regulan la entrada en Estados Unidos, lo que supone un daño significativo a las empresas estadounidenses. Perjudica la capacidad de las empresas de atraer buen talento, aumenta los costes asociados a las empresas; y hace más difícil que las compañías puedan competir en los mercados internacionales; y da a las empresas globales un nuevo y significativo incentivo para que creen operaciones -y contraten nuevos empleados- fuera de Estados Unidos".

El conflicto está completamente judicializado , pero los temores entre los extranjeros no se han disipado. Muchas escuelas de idiomas en Nueva York aconsejan a sus estudiantes de países afectados —e incluso del resto, en muchos casos— a que no viajen a sus países de origen por si no pueden regresar en medio de esta incertidumbre. Y algunos abogados aconsejan que si tenían viajes pendientes a Estados Unidos en breve, se realicen lo más rápido posible, aprovechando la ventana de oportunidad que supone la medida cautelar del juez que la bloquea, mientras se resuelve el caso.



Varias encuestas han mostrado el rechazo de buena parte de la población estadounidense al decreto de Trump, así como su percepción de que este puede, de retruque, acabar generando más peligros terroristas para Estados Unidos. El presidente se refirió a ellas en Twitter y las tachó de "informaciones falsas", recalcan que "la gente quiere fronteras y control extremo"

Kerry y Albright, contra el veto


John Kerry Madeleine Albright, ambos secretarios de Estados durante los gobiernos demócratas de Barack Obama y Bill Clinton, respectivamente, se han unido a un grupo de ex altos cargos del departamento de Seguridad Nacional (el exjefe de la CIA Leon Panetta o Janet Napolitano, exresponsable de Seguridad Nacional) en una declaración conjunta contra el veto migratorio de la Administración de Trump. El escrito, presentado ante la corte de Apelaciones del noveno distrito, con sede en San Francisco, plantea que la medida supone un peligro para las tropas estadounidenses desplegadas por todo el mundo y alimenta “la narrativa de que Estados Unidos está en guerra con el Islam”.

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