La creciente criminalización

TORUTURAS ESTILO MILITAR

Gloria Leticia Díaz

Golpes, asfixia, descargas eléctricas y hasta tortura sicológica su frieron policías municipales de Tijuana a manos de personal mi litar en instalaciones del 28° Batallón de Infantería, adscrito a la II Zona Militar en Baja California, donde las víctimas fueron conducidas entre el 21 y 27 de marzo pasado sin orden de presentación ni mucho menos de aprehensión.

Según los testimonios escritos por algunos de los 25 policías municipales, los responsables de la privación de su libertad son el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzao la Pérez, y el director general de Policía y Tránsito Municipal, capitán Gustavo Huerta Martínez.

Las narraciones proporcionadas a Pro ceso detallan las torturas para arrancarles declaraciones autoincriminatorias a los policías, a partir de las cuales la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Humberto Velásquez Villalvazo, tramitó su arraigo. Esas declaraciones habrían sido utilizadas para conseguir una orden de aprehensión en su contra, librada por el Juzgado V de Distrito, por estar presuntamente vinculados con el narcotráfico cante Teodoro García Simental, El Teo.

Los testimonios son crudos:

Me entaiparon los ojos y las manos; el tape me cortaba la piel de las manos, mis dedos no los sentía. Luego me envolvieron en una cobija todo completo y entre seis me empezaron a golpear en todo el cuerpo por horas, perdía la noción del tiempo; en seis ocasiones me desmayé. Como no firmaba lo que ellos querían me siguieron golpeando, no sé por cuánto tiempo.

(...) me quitaron las botas y mis pies los metieron a una vasja con agua, luego pusieron cables de electricidad y eso si guió por horas (. . .) me pusieron cables con electricidad en mis testículos (...) yo sentía que me iban a matar (...) ya no podía más, firmé con los ojos enteipados. Hoy no sien to los dedos de mi mano derecha.

Las descripciones de las torturas tienen en general el mismo patrón e incluyen golpes de asfixia con bolsas de plástico y toques eléctricos en pies y genitales. Cuando se desmayaban los despertaban a cubetazos de agua, pero en algunos casos tuvieron que recurrir a técnicas de resucitación.

El sábado 30 de mayo, familiares de los agentes municipales interpusieron una denuncia por privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad, tortura, lesiones y lo que resulte, en contra del delegado Ve lásquez Villalvazo; del director de Sanidad del cuartel militar —supuesto encarga do de resucitación durante los tormentos—, teniente Fernando Coaxin Hernández; de los funcionarios municipales de seguridad Leyzaola y Huerta, así como en contra de dos personas, apodadas como Tortas y Matute, a quienes los policías señalan como los torturadores.

De este asunto tienen conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Hu manos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la senadora

Rosario Ibarra de Piedra, ante quienes acudieron familiares y las organizaciones que los representan: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y el Consejo de Alianzas Ciudadanas de Baja California A.C.

Morosidad

El 24 abril, las familias de los 25 agentes interpusieron una queja conjunta en la de legación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Tijuana; algunas esposas lo hicieron antes de manera individual. Sin embargo, personal de la segunda visitaduría de la CNDH se entrevistó con los torturados entre el 18 y el 20 de mayo.

Para entonces, los policías ya estaban en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Tepic, Nayarit, a donde fueron trasladados 24 de ellos el 7 de mayo, en tanto que una mujer policía fue llevada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de esa ciudad.

La tardía actuación de la CNDH impidió documentar las torturas dentro del cuartel con peritos especializados, resaltan Mayra López, abogada de la CMDPDH, y Alberto Entebi, presidente del Consejo de Alianzas Ciudadanas de Baja California.

El 29 de mayo, López, Entebi y dos es-

posas de policías (Carolina Burgara Sar miento y Delia López Salgado) se entre vistaron con el responsable del caso, el visitador adjunto Carlos Villaseñor, quien justificó al delegado de Tijuana, Heriberto García García, por no acudir al cuartel mi ‘litar, “porque su especialidad es de atención a emigrantes, y que por eso envió la documentación a la segunda visitaduría”, cuenta Mayra López.

“Villaseñor argumentó que él tampoco pudo trasladarse al cuartel militar porque le autorizaron y le liberaron viáticos para Tijuana hasta después de que se llevarón a los policías a Nayarit”. El funcionario les informó que integró la queja CNDH/

En el encuentro con Villaseñor, indican los activistas, se les informó que un detenido tiene todavía secuelas físicas de la tortura y los demás sufren los efectos sicológicos, al grado de que uno de ellos in tentó suicidarse, además de que dentro del penal continuaron las torturas.

Entre las irregularidades denunciadas, los defensores destacan la violación a la garantía del debido proceso, pues fueron detenidos del 21 al 27 de marzo sin orden de aprehensión ni presentación, los tras ladaron a Nayarit sin notificación previa y sus abogados aún no tienen acceso al expediente.

“Una vez que los policías fueron lleva dos a Nayarit, los abogados fueron al Juz gado III de Distrito, donde se les dictó el auto de formal prisión. Ahí les dijeron que el expediente se había enviado a Tijuana, al Juzgado V de Distrito, donde alegaron que aún no lo recibían. El 1 de junio les avisa ron que ya había llegado, fueron a buscar lo y resulta que nuevamente les informaron que ya lo habían enviado de regreso a Na yarit”, cuenta Alberto Entebi.

Abogado de profesión, el presidente del Consejo de Alianzas Ciudadanas de Baja California considera que el caso contra los

policías tiene serias irregularidades: “El 15 de marzo se llevan a cuatro policías al cuar tel militar, los torturan, les rompen las costi llas, salen libres días después, se reintegran al trabajo, y no sabemos qué fue lo que di jeron. Después se integra una sola averigua ción (AP/PGRIBCITIJ/7 17/09/M-II) en la que incluyen a los 25 policías con base en señalamientos que hizo un expolicía, Enri que Carrillo Osorio, aprehendido con anterioridad, a quien le ponen enfrente un álbum de fotografías del personal de la Policía Municipal y le obligan a que señale gente al azar”.

De acuerdo con la Agencia Fronteriza de Noticias, Carrillo Osorio fue detenido el 19 de marzo por elementos del Ejército Mexicano a bordo de un automóvil con reporte de robo: llevaba un anna calibre .9 milímetros, cartuchos útiles y 40 envoltorios de crystal.

El 8 de mayo, la PGR informó del tras lado a Nayarit de los 25 policías, así como de Carrillo Osorio y José Raymundo Sote lo González, procesados por delincuencia organizada y contra la salud, en la modalidad de fomento. El boletín les atribuye ha ber declarado que “estaban bajo las órdenes de El Teo (Teodoro García Simental), que opera en Tijuana”.

Los policías municipales procesados son Artemio Duarte Martínez, Blanca Berenice Huizar Murguía, Carlos Cervantes Alvarez, Gerardo Garduño Escobar, Jaime Berumen Borrallo, Jaime Avila Flores, Jorge Sánchez Reyes, Jorge Pérez Avendaño, José Alber to Castillo Ortiz, José Alfredo Cuevas Hi guera, José Carlos Avalos Luis, Luis Alber to Toledo Coello, Manuel Guerrero Flores, Manuel Adelmo Olivas Coss, Miguel Angel Mesmas López, Maximino García Luna, Omar Medida Ricardo, Raúl Delgado Rive ra, René Huante Mondragón, Roberto Zara goza Martínez, Rodolfo Ismael Nava, Ro lando Saldaña Chacón, Salvador Bolaños Sánchez, Samuel Alonso Ureña Varo y Víc tor Manuel González Meléndez.

Testimonios

De acuerdo con Entebi, los testimonios de los policías fueron elaborados durante su confinamiento en el cuartel militar. Ahí permanecieron incomunicados al menos cinco días, hasta que se les impuso el arraigo por 40 días. Una vez que sus familiares consiguieron verlos, les autorizaron tres visitas a la semana, cada una de solamente cinco minutos de duración y bajo vigilancia militar.

Amenazados con ser golpeados e incluso asesinados si informaban de la tortura, algunos policías relataron su tragedia por escrito. Uno de los documentos concluye con la siguiente advertencia:

Hago responsable al teniente Leyzaola y al capitán Gustavo Huerta como al 280 Batallón si algo me pasa por pasársele la mano en caso de más tortura.

En las notificaciones enviadas por la CMDPDH y la CCD}-IN a los organismos internacionales, se aclara que los testimonios “son presentados de manera anónima por el temor a represalias por parte de los elementos encargados de su custodia”.

En las quejas enviadas al secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, y al relator especial sobre la Tortura de la ONU, Manfred Nowak, se anexaron 12 testimonios que tienen coincidencias sobre la forma en que fueron privados de su libertad y torturados, aunque no todos se conocían ni fueron ingresados al cuartel del 28° Batallón el mismo día.

Los policías relatan que fueron requeridos a las oficinas centrales de la policía por el titular de la SSP municipal, el tenien te coronel Julián Leyzaola Pérez, y por el director general de Policía y Tránsito, capitán Gustavo Huerta Martínez. Ya ahí, los despojaron de sus insignias, armas y pertenencias, y los condujeron en patrullas a las instalaciones del 28° Batallón de Infantería, conocido como Aguaje de la Tuna.

En algunos casos, los propios altos funcionarios de seguridad y de policía habrían realizado los traslados. Uno de los policías dice haber escuchado cuando Huerta Mar tínez les decía a los militares “ahí se los encargo”, al momento de entregarlo junto con otros de sus compañeros.

Esa declaración está incluida en las denuncias presentadas a organismos internacionales. Identificado como “Testimonio 1”, narra que el policía denunciante fue en tregado a los soldados el 25 de marzo por preguntar a Huerta Martínez la razón del arresto de sus compañeros en días anteriores. Y detalla las torturas:

Eran tres sujetos, uno sentado en mis pies, otro sobre mi estómago y uno más, que era el de la voz, quien me colocaba el plástico en la cara hasta que dejaba de respirar Creo que en el primer interrogatorio perdí el conocimiento; recuerdo que cuando volví en mí sentí cónw me daban masaje en el pecho

y al venne que ya estaba otra vez listo escuche: “ya volvió “, y nuevamente el mismo de la voz me colocaba el plástico en la cara con violencia en repetidas ocasiones (...) me golpearon los pies, las rodillas, me lastima ron a más no poder la costilla, se ensañaron; en dos ocasiones me resucitaron nada más para seguir torturándome, y más porque no contestaba lo que ellos querían (...) me sentaron en una silla metálica y yo desnudo y otra vez amarrado, nuevamente el de la voz dijo: “bienvenido a la silla eléctrica “.

El “Testimonio 4” asegura que el se cretario Julián Leyzaola Pérez estuvo pre sente durante la sesión en que el denunciante fue torturado y en la que negó estar involucrado con el narcotráfico

Me quitaron el teip de los pies y me pararon, cuando escuché la voz del secretario Julián Leyzaola Pérez que dijo. “muy bien, te creo” (...) me quitaron el lazo de las manos y me llevaron a otro cuarto, ahípermanecí como dos días enteipado de los ojos.

De la intervención médica para reanimar a los torturados —atribuida en las de nuncias al personal de sanidad militar—, destaca el “Testimonio 12” de un policía que también asegura haber sido interroga do en presencia del Leyzaola y que se ne gó a firmar las declaraciones ministeria les que le indicaba el agente del Ministerio Público Federal, Marco Antonio Zepeda:

Fue entones cuando sufrí un infarto; en ese momento procedieron rápidamente a desatarme y quitarme todos los tapes. Después de eso las torturas que recibí no fue ron Jl’sicas sino psicológicas, donde me de cían que yo no valía.

Otro testimonio hace referencia a la “resucitación”. Aunque no está incluido entre los enviados a los organismos internacionales, se integrará al expediente abierto por la CNDH:

Cuando desperté, me estaban dando fuertes cachetadas en la cara y me estaban echando aire en mi boca y nariz con lo que parecía un resucitador que usan los para- médicos. Me dejaron en paz unos minutos y nuevamente me colocaron el plástico en mi rostro (...) me pude percatar que los sujetos que me torturaron estaban vestidos de civil, pero era obvio que los militares los conocían (...) al día siguiente vino por mí personal de la PGR, y a bordo de una panel azul me sacaron para llevarme a tomar unas radio grafías a una clínica particular; y al otro día abordo de una ambulancia me volvieron a llevar a esa clínicaparapracti carme lo que creo era un ultrasonido.

El drama

Las familias de los agentes también son víctimas de las acciones de las fuerzas fe derales contra los policías municipales.

Carolina Burgara Sarmiento y Delia López Salgado, esposas de Raúl Delgado

Rivera y José Carlos Ávalos Luis, viajaron a la Ciudad de México el viernes 29 de ma yo gracias a una colecta que hicieron los fa miliares de todos los detenidos.

En la capital del país se entrevistaron con la CMDPDH, la CNDH y la senadora Ibarra de Piedra, y contaron cómo el arres to de sus maridos cambió su vida por completo y las dejó desprotegidas.

Al igual que muchas otras familias, durante cinco días estas mujeres no supieron dónde se encontraban sus esposos. Cuan do finalmente los localizaron, contrataron abogados que les cobraron entre 8 mil y 25 mil dólares.

Carolina, de 20 años, cinco de casa da y una hija de dos años, narra: “Duran te tres días no comí. Perdí mi casa, porque mi marido estaba pagando la hipoteca; tu ve que vender mis muebles, mi carro y to do lo que tenía para pagarle al abogado. Yo nunca he trabajado y ahora vivimos con Delia, y mi niña llora todos los días bus cando a su papá”.

Delia, de 31 años, y siete de casada, di ce que tuvo que enviar a sus dos hijos, de 12 y nueve años, con su madre a Sinaloa “porque nomás me veían llorar todo el día, me preguntaban dónde estaba su papá y yo no sabía que decirles; además no los podía llevar a la escuela porque me dediqué a buscar la forma de sacar a mi marido”.

Según ellas, las esposas de los otros poli cías “tienen problemas económicos muy serios, porque la mayoría tiene más de tres hijos y son amas de casa, hace dos o tres meses que no pagan renta, están a punto de que las echen. Por eso decimos que si nuestros maridos estuvieran con el narco, por lo menos tendríamos casa propia, pero no es así, tenemos apuros muy fuertes”, acota Delia.

El drama unió a los familiares de los policías. Así, hace dos semanas consiguieron que las visitas se extendieran de cinco a 15 minutos, se ufana Carolina. La primera muestra de cohesión se dio el 7 de mayo, justo cuando los policías iban a ser trasladados a Tepic.

“Ese día me llamó mi esposo —dice Delia— y me dio una serie de números para comunicarme con las demás familias. Nos organizamos: unas se fueron al cuartel, otras a la PGR, donde un agente nos dijo en voz baja que nos fuéramos al aeropuerto; ahí había policías y soldados apuntándonos con sus armas, pero aun así tumbamos las puertas del aeropuerto, to das teníamos mucho coraje. Una señora y yo nos desmayamos cuando vimos que se elevaba el avión con nuestros maridos.”

Carolina resume: “Para todas es lo peor que nos pudo haber pasado. Los soldados, los de la PGR, no se fijan a quién afectan. Detrás de cada policía hay una familia, hay niños que todas las noches preguntan por su papá, y mujeres como nosotras que no sabemos qué decir”.

Presuntos militares han secuestrado en Piedras Negras y otros municipios de Coahuila a varias personas por as que exigen millonarios rescates. La dernora o negativa a pagar se ttaduc.e en la ejecución del plagiada Así le ocurrió a Iván ZuI km González, cuya farni.ha sólo recuperó sus restos cakinados, Las autoridades locales se niegan a r cibir las denuncias tras los .levantones y .sÓio las aceptan cuando ya apareció

el cadáver.

Ricardo Ravelo

E l 3 de abril pasado, Arturo Nava- no López, coronel de infantería del Estado Mayor Presidencial, cumplía 19 días como director de la Policía Municipal de Piedras Negras, Coahuila. Había aceptado el cargo con una finalidad: terminar con el narcotráfico en la región.

Al tomar posesión lanzó varias advertencias a los policías bajo su mando: el que se relacione con el narco será dado de baja y procesado. También dijo: “Yo vengo a lim piar de narcos a esta zona, no vengo a jugar. El que no se ajuste a estas reglas se puede ir”. A los tres días renunciaron 37 policías y una semana después Navarro López fue eje cutado. Doce impactos de AR- 15 terminaron con su vida y con el proyecto de erradi car el tráfico de drogas.

Tras la muerte del coronel, la ciudad de Piedras Negras comenzó a vivir una pesa dilla. Familiares de personas desaparecidas exigen justicia, pero “nadie les hace caso”, dice la abogada Beverly Ritchie Ríos, quien el 28 de mayo presentó tres quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Huma nos (CNDH) por la desaparición y muerte de Iván Zulkin González Ramos, Jesús Monreal Briones y Rodolfo Rivas Soriano.

Los tres, asegura, fueron levantados por un comando militar entre el 26 y 27 de abril de este año. Del primero sólo encontraron un montón de ceniza y huesos calcinados; de los demás nada se sabe.

Esta es la historia: Eran las 3:00 de la mañana del 26 de abril. En la casa ubicada sobre la calle Siena de la Encantada 721, en Piedras Negras, Coahuila, la familia Hernández Rodríguez fue despertada por un golpe que casi derribó la puerta principal de la vivienda.

Se escucharon voces y los culatazos que terminaron por romper el cerrojo de la puerta. Unos 80 soldados, apoyados por agentes federales, ingresaron en tropel y comenzaron a revisar las habitaciones; re volvieron todo: televisores, mesas, sillas. Mientras algunos militares escrutaban el inmueble, otros abrían los clósets y se robaban los objetos de valor: relojes, dinero en efectivo, ropa.

estílo mil

“ está José Fonseca?”, preguntaban algunos soldados y policías encapuchados con sus armas empuñadas. Ningu no de los moradores respondió. Cruzaron el patio de la casa y entraron a una recáma ra donde aún dormían Iván Zulkin Gon zález Ramos y su novia Dellanira Lizbeth Hernández Rodríguez.

Iván, jefe de José Fonseca en un negocio de ropa, fue sacado en vilo de la habitación ylo subieron a un vehículo, en tanto que Dellanira fue llevada a una de las tres camionetas Hummers que permanecían en la calle con el motor encendido junto con otra docena de autos. “Llévanos a la casa de José Fonseca”, le dijeron a la muchacha, quien guió a los convoyes hasta una vecindad localizada en la calle Jalisco 3015 de la colonia Central.

Al llegar a ese domicilio soldados y policías repitieron la operación: a golpes abrieron las puertas de todos los departamentos, rompieron los cristales, sacaron a las personas a la calle y realizaron los cateos sin orden judicial. Dos horas después se marcharon, dejando a Dellanira en la calle.

Ella caminó varias cuadras y avisó a sus familiares que los soldados se habían llevado a su novio Iván. Respecto a José Fonseca, había sido detenido la tarde anterior al operativo.

Las amenazas

Eva Ramos de González, madre de Iván, inició la búsqueda de su hijo: fue a las instalaciones de la PFP y le dijeron que ahí no estaba; acudió a la PGR y la respuesta fue:

“Aquí no sabemos nada, vaya a preguntar al cuartel militar”. En las instalaciones del Ejército ni siquiera la recibieron.

Doña Eva comenzó a angustiarse, sobre todo porque se enteró de que otras dos personas, Rodolfo Rivas y Jesús Monreal, también fueron levantados por presuntos militares, algunos adscritos al área de inteligencia militar de Torreón, Coahuila, y otros más de la Sexta Zona Militar de Saltillo, del 14 Regimiento de Melchor Múz quiz y de la Guarnición Militar de Piedras Negras.

La madre de Iván contrató los servicios de la abogada Ritchie Ríos, quien comen zó a buscar a los tres desaparecidos. Entre vistada por Proceso, la litigante cuenta que acudió al Ministerio Público a presentar la denuncia. Las autoridades le respondieron que no eran “competentes para ese caso”.

Cuenta: “Estamos en total indefensión y con el temor de que nos asesinen a todos por denunciar los hechos”.

La situación la llevó a organizar marchas y plantones. “Colocamos mantas en las que denunciamos los casos y para exhibir a las autoridades no sólo por su silencio, sino porque pensamos que protegían al Ejército”, dice.

“A esta causa se unió la sociedad, siempre nos acompañaban en las marchas y exigíamos justicia, pero la justicia por desgracia aún no llega.”

Un día después de la desaparición de Iván Zulkin, su hermano Adonis comenzó a recibir mensajes que provenían del celular de su pariente, algunos eran amenazas di rectas. “Todo fue una tortura, una pesadilla

—afirma la entrevistada—, pues pedían 1 millón de dólares por entregar vivo (a Iván):

decían que si (la familia) no pagaba lo matarían y mandarían su cuerpo en cachitos”.

Para documentar su denuncia, la abogada transcribió algunos de los mensajes enviados por los presuntos militares desde

el celular de Iván a su hermano Adonis. El primero decía: “Cuánto quieren (dar) por la libertad de su Iván”, y fue recibido el 27 de abril a las 9:45 horas. Media hora después llegó otro: “Te paso (a tu herma no Iván), pero dime cuánto estás dispues to a dar para ver si por lo menos conviene pasártelo”.

A las 4:40 de la tarde de ese mismo día, los presuntos militares enviaron un tercer mensaje, pero en tono amenazante:

“Lo quieren vivo o muerto, porque creo que más vale muerto porque los vivos ha blan... Dime exactamente cómo lo quieren, pon la primera cantidad”.

El 28 de abril, continuaron los mensajes. A las 10 de la mañana, Adonis leyó: “No pe dimos mucho, un melón de dólares. Dime si aceptas, si no, para qué hablamos”.

Al enterarse de que los plagiarios exigían 1 millón de dólares, los familiares de Iván rompieron en llanto. Se preguntaban de dónde sacarían ese dinero. “Todos pensamos lo peor”, relata Ritchie Ríos.

Dos horas después Adonis recibió otrc mensaje: “Qué pasó, compa. Se (va) hacei o qué pedo... Si no, díganlo y no hay trato”. Luego llegó otro. Decía: “El comps está bien, necesito saldo (para que el celular siga funcionando) para seguirte informando de él”. La novia de Iván deposití 150 pesos de saldo para no perder la comunicación con los presuntos militares.

La pesadilla siguió. “Lo acaban de sacar en las camionetas y ya no te puedo de cir más... bye”. Más tarde llegó otro mensaje: “No diste nada —le decían a Adonis— ya te dije dónde anda ahorita. Lo traemo en la troca, pero está bien, que ahí quedc Me hiciste perder el tiempo, no diste nada sólo una maldita tarjeta”...

Adonis no soltaba el celular, relata 1 entrevistada. Los mensajes no cesaban. Pese a la tensión, las autoridades seguían negándose a recibir la denuncia.

Negociación tortuosa

En la lista de 42 mensajes hay algunos que se refieren a presuntos negocios realizados por Iván Zulkin, pero no se especifican los giros. Dicen: “Y lo que dijo su hermana que se cuide y que lo proteja su madre santa, hasta nunca... Iba hacer un negocio con un tal Flacote, una camioneta, es una prueba más, si no me das una esperanza de hacer un buen negocio, mejor ni mandes mensajes, espero una buena respuesta”.

Y el 29 de abril: “Cuánto estás dispuesto a poner ahorita, sin que pase de las tres de la tarde; yo te prometo (que) te lo entregamos, ya no quiero saber quién eres y tampoco (que) nos conozcamos, sólo quiero que lo deposites. Dime si puedes”.

La abogada Beverly Ritchie, presen te durante la negociación, propuso que se pagaran 300 mil pesos. Al principio la res puesta de los presuntos militares fue: “ poco vale?” Más tarde aceptaron: “En dónde me los vas a depositar, urge para poder arreglar eso, contéstame rápido...”, le de cían a Adonis.

Luego le escribieron; “Confía en noso tros, te lo vamos a dar. (El) no quiere decir nada de su hija, piensa que le vamos hacer algo, dice que lo dejemos ir y la verdad ya le dije todo, aquí lo traemos y el jefe se enojó y hasta se está desanimando del trato. Dime a qué hora depositas (el dinero), en la noche lo soltamos

La negociación siguió: “Te voy a dar un número de cuenta y ahí lo depositas, confía en nosotros, no queda de otra; es seguro”. Ante la indecisión de los familiares para pagar el rescate, el tono de los presuntos militares cambió: “Por qué no se ponen de acuerdo y luego hablamos... Por lo que veo va a valer yerga su compa, después no lo lamenten”.

Las amenazas aumentaron: “Fíjate bien, no estoy jugando... ahora sube la cuenta a 50 mil dólares, si quieren, y para mañana antes del mediodía, tú dices”.

Otro mensaje decía: “No hemos corta do nada, pero tú tienes la última palabra: o te lo mando por partes o completo, de hoy no pasa”. Uno más decía que matarían a Iván: “Una cosa te digo por último. Estás de acuerdo, hoy sí cumplo lo que te dije si me fallas. Hoy te lo dejo muerto”.

Y cumplieron su palabra. La noche de 14 de mayo, dice Beverly Ritchie. Cuan do se encontraba en su casa sonó el teléfono y ella contestó. Eran los militares que desaparecieron a Iván. Le dijeron dónde estaba su cuerpo.

La defensora asegura que los presun tos militares “son los verdaderos responsables de la muerte de Iván Zulkin”, continuaron con su guerra de mensajes.

El 30 de abril le dijeron a la familia que lo iban a cortar en pedazos y se los iban a mandar.

— se lo explicaron? ¿Cómo era la voz de la persona que le llamó? —pregunta el reportero a la abogada.

—Era un hombre de voz firme. Me dijo que si todavía nos interesaba saber de Iván y si sus familiares querían saber de él. Le respondí que estábamos en total angustia por su desaparición. Me dijo que tomara nota, que me iba a indicar dónde encontraría sus restos. También me dijeron i junto a Iván iba a encontrar otro cuerpo, pero no me dijo de quién.

El presunto militar le detalló a Ritchie cómo llegar al sitio: “Se va usted a la carretera 57, entre Nava y Allende, Coahuila. Ahí encontrará una barda, dobla a la derecha y por ahí, entre los matorrales, le busca. Una petición: vaya usted sola, por favor”.

Poco antes de ir al lugar, la abogada se encontró con unos reporteros y les con tó lo sucedido. “Ellos me acompañaron porque yo no sabía cómo llegar; ellos me guiaron y, en efecto, entramos como me indicaron y encontramos el lugar.

— el cuerpo?

—Lo encontramos calcinado, todo él era un montón de ceniza y huesos quema dos. Por lo que suponemos montaron su cuerpo sobre llantas y le prendieron fuego. Había cuatro ladrillos que hacían la forma de un cuadrado y en medio estaba el bulto de cenizas. Junto había otro cuerpo, que no sabemos de quién es. Sólo reconocimos el de Iván por el botón del pantalón que traía el día que se lo llevaron.

Sólo cuando fueron localizados los res tos calcinados de Iván, la agencia del Mi nisterio Público de Piedras Negras aceptó la denuncia de este caso, explica la defen sora Beverly Ritchie.

—De los otros dos desaparecidos, ¿qué sabe usted?

—Con Jesús Monreal, quien fue levantado el 26 de abril, hablé por teléfono. Se le oía la voz pausada, casi no podía hablar de tantos golpes que le dieron en el abdomen. No me dijo dónde estaba. Yo escuchaba el canto de los gallos y me di- jo que estaba en el monte, en una zona desierta.

“También me comentó que los militares le quemaron los brazos con un soplete y me dijo que buscara a los otros desaparecidbs porque él sabía que fueron quemados.”

— más le dijo? ¿Reconoce que fueron militares quienes se lo llevaron?

—Me comentó que lo subieron a una unidad militar con los ojos vendados y que se tropezó con varios cuerpos, que había mujeres quejándose de dolor. Que cuando lo subieron a una camioneta los soldados le pusieron un casco verde y que no duda ba que se trataba de un grupo de inteligencia militar.

— vuelto a hablar con Jesús Monreal?

—No. Creo que puede estar muerto y que también pudo haber sido calcinado.

—Y de Rodolfo Rivas Soriano, ¿qué sa be usted?

—Nada. También fue levantado por un grupo de militares sobre la calle Abasolo el mismo 26 de abril. Puede que esté muerto.

María del Consuelo Rivas, tía de Rodolfo, presentó una queja ante la CNDH el 28 de mayo en la que detalla: “Al avisar me de su detención por parte de sus amigos que presenciaron todos los hechos, me dirigí a las calles antes citadas para buscar a mi sobrino. Al llegar se me prohibió el paso o tan siquiera acercarme.

“A escasos 50 metros pude ver a mi sobrino, estaba hincado en el piso con las manos en la cabeza, con su camisa rota y lo golpeaban los soldados. Les grité que lo dejaran. Ellos lo subieron a empujones en uno de los jeeps militares para trasladarlo supuestamente a la Guarnición Militar de Piedras Negras.”

En el antepenúltimo párrafo de su que ja dice que se ha enterado por los medios de comunicación que “personas que han sido detenidas de la misma manera co mo fue detenido su sobrino han aparecido muertas (y) calcinadas en distintos puntos de la localidad”. (

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INFILTACION E ITELIGENCIA

La aprehensión de capos de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva motivó en Nuevo León una ola de violencia y evidenció que las policías municipales

—y también la estatal— están infiltradas por el narcotráfico, al punto de que uniformados de varios municipios se enfrentan —inclusive a balazos— con miembros del Ejército y rescatan a capos momentáneamente retenidos. Pero los operativos en que las fuerzas militares ocuparon las sedes de varios ayuntamientos y detuvieron a decenas de agentes policiacos —cuyos familiares denuncian que én su arraigo están siendo torturados— son impugnados por violar la soberanía y no respetar el proceso legal y los derechos humanos.

MONTERREY, NL La detención de 85 policías durante la primera semana dejuinio de los cuales 54 fue’ arraigados— fue preceda de una ola de violen desatada por la aprehensión de cabecillas de Los Zetas y de los hermanos Belt Leyva que, de acuerdo con las máximas autoridades del estado, han infiltrad las corporaciones policiacas, cuyos elementos también se enfrentan a tiros las fuerzas militares.

Así lo admite en entrevista con Proceso el secretario de Seguridad Pública e entidad, Aldo Fasci Zuazua, quien ref que los cuerpos policíacos municipales también los estatales— fueron infiltrad punto de que en mayo pasado se enfrentaron con caravanas del Ejército y ayudaron a escapar a capos de la droga.

dro Garza García y de la zona sur de Monterrey. Según la policía, varias capturas han podido consumarse por delaciones de los propios delincuentes detenidos.

Policías contra militares

La nueva ola de violencia comenzó con la detención del presunto jefe de plaza de Los Zetas, Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, ocurrida el 20 de marzo en Saltillo, y de Héctor Huerta Ríos, alias El JR o La Burra, presunto operador de los Beltrán Leyva, el 24 de marzo, y se intensificó con la aprehensión, el 18 de mayo, del relevo de éste, Rodolfo López Ibarra, alias El Nito, cuando las fuerzas castren ses lo aprehendieron en el Aeropuerto del Norte, ubicado en Apodaca, al regresar de un bautizo que, según el periódico El Norte, festejó en Acapulco en compañía de Arturo Beltrán Leyva.

Entre ese día y el 20 de mayo, el Ejército realizó en total 13 detenciones relacionadas con el narcotráfico, la última de las cuales, en Monterrey, fue la de Raymundo Almanza Morales, alias El Gori, identificado como miembro de Los Zetas y hermano de Octavio El Gori 4, quien a su vez había sido detenido en Cancún el 9 de febrero.

Para el secretario de Seguridad Pública Aldo Fasci, la clave de la violencia reciente está en los reacomodos. Explica que la presencia de varios grupos delictivos en el área se debe a la asociación que durante algún tiempo sostuvieron los cárteles de Sinaloa, de Juárez y de los hermanos Beltrán Leyva, por una parte, y por la otra, el cártel del Golfo y el grupo de Los Zetas.

Actualmente, la presencia criminal se limita al cártel del Golfo-Zetas y a los herma nos Beltrán Leyva, cuyos mandos han sido capturados recientemente, mientras que sus relevos no han alcanzado a instalarse.

“Lo que pasa —dice el funcionario— es que después de la detención de los grandes líderes, una vez conocido su modusoperandi, los relevos llegan con gente nueva y con otros métodos para hacer sus ajustes.”

Y sí: El pasado 15 de mayo, cuando el oficial José Antonio Palacios Beristáin, cercano al comandante local de la Policía Federal Preventiva (PFP), Francisco Javier Calatayud Yépez, se encontraba en un restaurante de San Pedro Garza García, fue objeto de un atentado.

Como Palacios Beristáin logró escapar, los sicarios lo persiguieron en tres vehículos por la avenida Lázaro Cárdenas, abrieron fuego e hirieron a dos personas que lo acompañaban. En su huida, Palacios Beristáin logró llegar a las instalaciones de la PFP, hasta donde arribó el coman do y abrió fuego con rifles AR- 15 mientras agentes federales repelían la agresión. Sólo el inmueble y varios vehículos resultaron dañados.

A partir de ese día se han verificado varios tiroteos y ejecuciones, especialmente en fraccionamientos exclusivos de San Pe

El involucramiento de policías municipales con el narcotráfico los ha llevado al extremo de confrontarse a balazos contra militares e inclusive a rescatar a narcotra ficantes detenidos.

El 4 de mayo, al menos unos 15 oficiales de policía, de los municipios de San Nicolás, Escobedo y Apodaca, fueron de tenidos luego de resultar implicados en la protección de un capo del cártel del Golfo Zetas que logró fugarse durante una bala cera desatada en la colonia El Mezquital.

Conforme a un comunicado que emitió la Sedena el 4 de mayo, dicho capo, en cargado de Los Zetas e identificado sólo como El Comandante Coloso, fue rescata do y retirado por policías municipales en una patrulla cuando, en medio de la bala cera, se encontraba herido.

Según la Sedena, un convoy militar ubicó a dos sujetos con armas largas en un callejón y, al tratar de detenerlos, empezó la refriega. En seguida llegó la patrulla 0201 del municipio de Apodaca y sus tripulantes empezaron a disparar a los soldados.

Al tratar de escapar en reversa, la patrulla se impactó contra un tráiler y los policías que la ocupaban salieron corriendo; el tractocamión obstruyó la salida del convoy mi litar, mientras el patrullero de San Nicolás de los Garza José Carlos Treviño Carreón ayudaba a escapar al Comandante Coloso en la patrulla Nitro número 0378.

El patrullero Treviflo Carreón fue de tenidodos días después, pero el capo sigue libre.

Apenas unos días antes, el 28 de abril, se había producido un altercado entre policías municipales y soldados cuando, en una revisión militar “de rutina”, los elementos del Ejército detuvieron a una patrulla municipal.

En el momento en que los militares intentaron revisar el Nextel que portaba el patrullero de la unidad 0311, Juan Francisco Becerra, éste solicitó refuerzos y más de 20 patrullas de los municipios de San Nicolás de los Garza y Monterrey acudieron en su auxilio a las afueras del Club de Leones de San Nicolás.

Las tres Hummers del Ejército fueron rodeadas por más de 20 patrullas de San Nicolás y unas cinco de la Policía de Monterrey, que obstruyeron la salida de los milita res y sostuvieron una fuerte discusión, hasta que les regresaron el aparato telefónico.

Ese día, los elementos policíacos de los dos municipios dijeron a reporteros loca les que el problema es que han sido objeto de hostigamientos frecuentes por parte del Ejército, cuyos efectivos, al revisarlos, no les regresan sus pertenencias.

Otro episodio parecido se produjo el 7 de mayo, cuando un convoy militar y patrulleros de la Policía Municipal de Escobedo discutieron porque al hacer alto a la patrulla 0289, tripulada por el comandan te municipal Adrián Puentes, éste huyó argumentando que, sin motivo, los soldados lo andaban vigilando.

El secretario de Seguridad Pública, Al- do Fasci, agrega que se está enfrentando un nuevo riesgo con los agentes de Tránsito, quienes no se hallan sujetos a controles de confianza, avisan a los cárteles de todo lo que ocurre en las calles y fungen como “halcones”.

Al respecto, el Ejército mexicano ha acumulado numerosas fotografías y videos que muestran a patrullas de Tránsito que los siguen durante los operativos que realizan las fuerzas castrenses. Por eso el Ejército abrió una indagatoria sobre el caso.

Aunque en los últimos dos años se han dado de baja alrededor de 2 mil 500 poli cías estatales y municipales de la zona metropolitana, Aldo Fasci omenta: “El problema es que tenemos que reponerlos, y las redes de delincuentes los vuelven a cooptar, ya sea por complicidad o por amenaza”.

La infiltración se da principalmente entre los policías que andan en la calle, y pese a que abarca a todos los municipios del estado, el fenómeno se reproduce con mayor fuerza en los 11 municipios que componen el área metropolitana de Monterrey.

El funcionario asegura que la presencia de esos grupos en la zona metropolitana ha permitido que acaparen diferentes modalidades del delito, pero sobre todo el narcomenudeo.

Sin embargo, en municipios pequeños de la zona rural, los cárteles controlan las rutas carreteras y vecinales que conducen a los límites de los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, que son clave en el trasiego de la droga.

Soberanía y derechos humanos

A raíz de los operativos realizados contra los jefes de plaza de Los Zetas y los Beltrán Leyva, se integraron las averiguaciones previas que propiciaron la ocupación de las policías municipales, por parte del Ejército, la primera semana de junio.

Con apoyo de policías federales y ministeriales, el Ejército ocupó, a partir del lunes 1 y hasta el viernes 5, las instalaciones de los municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Escobe do, Juárez, Santa Catarina, Salinas Victoria, García, Montemorelos, Allende y Santiago, de manera que para el 5 de junio 85 policías habían sido detenidos, de los cuales 54 fueron arraigados, 12 liberados y el resto se hallan pendientes de resolver.

Entre los detenidos para comparecer ante un agente del Ministerio Público, en las instalaciones de la VII Zona Militar, se encontraban el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, José Santos Alma razOrnelas, y Héctor Gonzalo de la Garza Alejandro, jefe de policía; en Escobedo, Fernando Torre Cueva, titular de Seguridad Pública, y Víctor Manuel Silva Puente, director de la policía.

Lo mismo ocurrió al recién nombrado secretario de Vialidad y Tránsito de Monterrey, Amador Medina Flores, quien fungió como titular de la policía regiomontana hasta finales de mayo; a Alejandro Esparza Contreras, secretario de Seguridad en Montemorelos, así c.. al coman dante operativo de la policía d& lugar, Fernando Aboytes Núñez. En Allende, fue detenido Luis Humberto Vargas Flores, titular de Seguridad, mientras que en Santiago corrió igual suerte el juez calificador Eduardo Morales Ocayas.

Los mandos policiacos detenidos y liberados “bajo reserva” han acumulado acusaciones de corrupción.

Pero las detenciones se ejecutaron sin órdenes de aprehensión ni de presentación. Inclusive, la aprehensión de Fernando Torre Cueva se dio con forcejeos, ya que exigió una orden judicial y, en respuesta, fue estrujado y esposado por los soldados, según publicó El Norte el miércoles 3 de junio.

A las 2:30 de la mañana del jueves 4, decenas de familiares de policías priva dos de su libertad arribaron a la sede de la Academia Estatal de Policía, donde se

ejecutan los arraigos, concedidos por un juez local, contra 54 policías. El motivo fue que los alertaron telefónicamente de que los estaban torturando, con golpes en la planta de los pies, a fin de que firmaran confesiones falsas.

Más tarde, acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDH) para denunciar la incomunicación en que los tenían, ya que ni siquiera los abogados podían hablar con ellos ni ac ceder a sus expedientes.

La presidenta de la CEDH, Minerva Martínez Espinoza, envió un visitador y un médico y se comprometió a dar parte a la Comisión Nacional de los Derechos Huma nos (CNDH), pues las quejas son contra el Ejército. Sin embargo, su equipo informó el viernes 5 que los arraigados estaban “bien”.

Pese a lo anterior, la madrugada del viernes 5 un médico legista del organismo y un equipo jurídico se trasladaron al Hospital Universitario de Monterrey, pues se reportó que dos policías de Allende, Marcelino Martínez Chávez y Francisco Muñiz García, presentaban, el primero, fractura de cráneo, y el segundo, entallamiento de vísceras, luego de la detención militar.

Según las familias, que se hallaban acampadas fuera de la Academia de Policía, los arraigados fueron torturados, en algunos casos hasta dejarlos inconscientes, y una mujer policía abortó la mañana del jueves y tuvo que ser hospitalizada. Otro uniformado en arraigo acabó con las costillas rotas, según la explicación que se dio a las familias, “al caer de una litera”.

Fidel Gloria Aguilar, abogado contrata do por los parientes de los detenidos, tramitó un amparo contra el arraigo, pero hasta el viernes no había tenido acceso a ninguna parte del expediente, y ni siquiera sabía si la averiguación era estatal o federal.

Ante los señalamientos, la coordinado ra de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León, Consuelo Morales Elizondo, expresó que los operativos no respetaron el debido proceso, incurrieron en detenciones ilegales y arbitrarias, ignoraron los convenios de coordinación pactados con las entidades, incluyeron la prohibida participación militar y usaron el arraigo, considerado violatorio de los de rechos humanos por la ONU.

La activista condenó la tortura y manifestó que tanto el caso de Monterrey como el de Michoacán —donde se detuvo a 30 servidores públicos— fueron violaciones a la soberanía.

“Las acciones del gobierno federal son un grave rompimiento del estado de derecho en un entorno electoral que sólo ha da do lugar a un espectáculo mediático, coyuntural, que impactará el ejercicio democrático en las próximas elecciones y repercutirá negativamente en la situación de los derechos humanos en el país.”