Mestalla presuntos implicados y presuntos beneficiarios : no es fácil distinguirlos
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- Una asociación denuncia los pelotazos del Valencia al fiscal
- Amenazada la entidad que llevó al fiscal los pelotazos del Valencia
- Rubio sólo aceptará en Mestalla la edificación que permita la ley
- Ardua negociación
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MESTALLA Presuntos implicados y presuntos beneficiarios : no es fácil distinguirlos El alcalde de Riba-roja justifica intereses familiares en el 'pelotazo' del Valencia El alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, del PP, admitió ayer que no hay proyecto urbanístico que pueda aprobar el Ayuntamiento de esta localidad valenciana (17.000 habitantes) sin que afecte a terrenos de algún familiar suyo, pero negó irregularidades urbanísticas. El alcalde declaró como imputado ante el juez por el pelotazo de Porxinos, el plan con el que el Valencia CF se aseguró en 2005 una nueva ciudad deportiva y ganó 80 millones de euros al vender la edificabilidad de 2.700 viviendas.Tarazona rechazó que en sus 11 años de mandato su entorno haya participado en operaciones especulativas con vistas a reclasificaciones urbanísticas en la zona de expansión del plan de Porxinos, como denuncia la querella de dos concejales socialistas con datos registrales de compraventas de suelo. El alcalde rechazó las imputaciones de tráfico de influencias y uso de información privilegiada, y aseguró que aprueba "todos" los proyectos con informes técnicos "favorables". La querella también acusa a Tarazona -y a sus sobrinos y concejales José Vicente Tarazona Campos y Cristina Vázquez Tarazona- de prevaricación por votar el plan de Porxinos. El proyecto incluía parcelas de la madre del alcalde hasta días antes de la aprobación y la querella sostiene que el interés familiar del alcalde al votar el proyecto seguía vivo, ya que los terrenos se han revalorizado y la empresa del presidente del Valencia CF, Juan Soler, mantiene opciones de compra sobre el terreno.El alcalde no ve incompatibilidad alguna y ayer al abandonar el juzgado enfatizó que "nadie" de su familia "tiene ni un palmo de tierra" en Porxinos, aunque admitió que una allegada heredó suelo en 1995 adquirido por el club. El edil José Vicente Tarazona también negó las acusaciones ante el juez. www.elpais.es 01.12.06
El Juzgado de Instrucción número 5 de Llíria (Valencia) ha citado a declarar como imputados al alcalde de Riba-roja, el popular Francisco Tarazona, y a otros dos ediles del PP, sobrinos suyos, por supuestas irregularidades relacionadas con el proyecto urbanístico de la futura ciudad deportiva del Valencia CF. La imputación se produce tras la presentación de una denuncia de dos concejales socialistas de contra los imputados por prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, fraude y uso de información privilegiada. El auto del juez en el que llamó a declarar como imputados al alcalde popular de Riba-roja, Francisco Tarazona, y los ediles su grupo José Vicente Tarazona y Cristina Vázquez Tarazona, se basó en una denuncia presentada el pasado 2 de agosto. La denuncia se formalizó tras la aprobación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos, en cuyos terrenos tiene previsto el Valencia CF levantar su futura ciudad deportiva. Los socialistas afirman en su denuncia que "alrededor de la gestión urbanística municipal se ha tramado una red de inmobiliarias y empresas dedicadas directa e indirectamente al urbanismo y a la compraventa de inmuebles que tiene su centro en el alcalde y se ramifica a los familiares más directos de éste". El PAI de Porxinos -calificado de "pelotazo" por el propio presidente del Valencia, el promotor Juan Soler, que reconoció haber ganado 130 millones de euros en la operación- prevé la construcción de la nueva ciudad deportiva del club y la edificación de una zona residencial con 2.700 viviendas sobre 1,2 millones de metros cuadrados agrícolas. El PAI es, por ahora, el único que ha aprobado el nuevo consejero de Territorio, Esteban González Pons, que ratificó el pasado mes de julio el acuerdo que había alcanzado su antecesor, Rafael Blasco, con el presidente del Valencia y el alcalde de Riba-roja (17.000 habitantes a 20 kilómetros de la capital). Durante la tramitación del polémico PAI se descubrió que la madre del alcalde era titular de cuatro parcelas, lo que obligó a Francisco Tarazona a desgajarlas de la operación urbanística. Los socialistas aseguran que otros familiares del alcalde habrían utilizado información privilegiada sobre los planes urbanísticos para comprar terrenos en el área de influencia de Porxinos, parte de los cuales recaerían dentro de otros PAI que todavía no habían sido adjudicados. En la denuncia se relata también que la esposa del sobrino del alcalde y concejal denunciados, José Vicente Tarazona Campos, es administradora única de una inmobiliaria (Van Tres Servicios Inmobiliarios, SL) que realiza habitualmente sus operaciones en Riba-roja. Tarazona Campos fue designado miembro de la asamblea de Bancaja el pasado jueves por las Cortes Valencianas a instancias del PP. La hermana de la otra concejal denunciada, Cristina Vázquez Tarazona, es empleada de la mercantil Mafort, SA, adjudicataria de uno de los PAI del municipio. El PAI de fue Porxinos fue homologado por la Generalitat con los informes en contra de la Confederación del Júcar, que no garantizó el abastecimiento de agua. www.elpais.es 18.11.06
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, avaló ayer el pelotazo del Mestalla, que permite a la directiva del Valencia CF computar la superficie de las calles adyacentes para determinar la edificabilidad de la parcela. Camps, al término de una reunión con empresarios, fue interpelado sobre si compartía la opinión de su consejero de Territorio, Esteban González Pons, partidario de dar un trato de favor al club en sus operaciones inmobiliarias. "No sé de nadie que haya dicho que no se cumple la ley", dijo Camps. El Levante UD estudia ahora pedir también la reclasificación urbanística de su campo. El jefe del Consell manifestó que "se trata de una apuesta y una propuesta interesante que se ha estudiado a lo largo de todos estos años y que todavía se está estudiando con la tranquilidad y reflexión que corresponde". El responsable del Gobierno valenciano defendió que el proceso de recalificación de Mestalla y la cesión de la parcela municipal en la avenida de Cortes Valencianas a cambio de otras parcelas menores es un "proceso que debe continuar conforme a la legislación". "Hay que aplicar la ley en una propuesta que se va a hacer sobre el Valencia CF que tenía, en principio, el respaldo de todo el Ayuntamiento, así como el apoyo generalizado de la sociedad valenciana", sentenció el presidente de la Generalitat. En su argumentación, el responsable del Consell y dirigente popular acusó a los socialistas de politizar la cuestión. "Lo que tiene que hacer el PSPV es no politizar una cuestión como ésta", sentenció Camps. Los socialistas y Esquerra Unida votaron en contra, en el pleno municipal del pasado día 27, del PAI que permitirá edificar en la parcela de Mestalla. Decisión que salió adelante con los votos del PP. Los socialistas han presentado un contencioso administrativo contra el convenio firmado por la alcaldesa Rita Barberá y el presidente del Valencia, el promotor Juan Soler, que fija las bases de las operaciones inmobiliarias. El Valencia presenta este viernes en el Museo Príncipe Felipe la maqueta del nuevo estadio y su pelotazo urbanístico ha abierto la puerta para que otras entidades deportivas valencianas reclamen el mismo trato de favor. El segundo club de la ciudad, el Levante, quiere subirse al carro y estudia solicitar a las instituciones políticas la recalificación del terreno de su estadio, el Ciutat de València, en el barrio de Orriols, para construir con los beneficios de su venta un nuevo campo en una zona cercana. La intención del club es contar con una nueva instalación para 2009, año en que celebra su centenario, y para ello piensa reclamar las mismas condiciones que el gobierno ha concedido al Valencia. Las pretensiones urbanísticas del Levante no son nuevas, y se ha reforzado con las concesiones inmobiliarias al Valencia. El club pidió en 2002 al Ayuntamiento dividir la parcela inicial de 46.773 metros cuadrados de su estadio en dos, una destinada al recinto deportivo y otra a zona terciaria, para construir en ella un complejo hotelero y una galería comercial. El Ayuntamiento contentó después sus peticiones a medias: dejó una parcela de 29.600 metros cuadrados para el campo Ciutat de València y recalificó en zona terciaria una superficie de 15.000 metros a cambio de una concesión por parte del club. El Levante cedió 5.000 metros de su propiedad para destinarlos a aparcamientos y la superficie de zona peatonal de las calles del perímetro del estadio, y recibió unos 52 millones de euros por la venta a Gesfesa de la parcela de 15.000 metros, una superficie que cuenta con una edificabilidad de 30.147 metros en una altura máxima de dos plantas. El club que preside Pedro Villarroel entiende que no recibió entonces una recalificación como la que ahora ha conseguido el Valencia, y considera que ha llegado el momento de cobrar la deuda y equipararse a su vecino rico. La idea de partida del Ayuntamiento era construir un gran estadio olímpico compartido por el Valencia y el Levante, una propuesta de la que el club de Villarroel fue el primero en desmarcarse. La transformación urbanística de la zona de Orriols, con mejores accesos, abrió perspectivas de mejores ingresos para el Levante, que rechazó la idea del estadio único. Las concesiones al Valencia y la coyuntura política, con las elecciones a la vuelta de la esquina (27 de mayo), han llevado al Levante a considerar la idea de exigir su trozo del pastel. La entidad azulgrana está además molesta con el trato del Valencia. Primero porque, aseguran en el Levante, el Valencia les adeuda todavía 600.000 euros del traspaso de Vicente en el verano de 2000. "Se han declarado insolventes", afirman en el Levante. Y segundo porque el Valencia les ha asignado un guía turístico para visitar la ciudad el viernes por la mañana, horas antes de la presentación de la maqueta del nuevo estadio. www.elpais.es 09.11.06
"La guerra empieza hoy", afirmó ayer un representante del Valencia CF en clara advertencia a quienes critican el pelotazo urbanístico pergeñado por el presidente del club, el constructor Juan Soler, y las Administraciones del PP. Soler ha decidido llevar el Valencia CF a la confrontación, aún a riesgo de dividir a la afición, contra todos aquellos que critican el trato de favor que el PP ha decidido otorgar a los gestores de la sociedad anónima deportiva. Tanto el club como el PP defienden un acuerdo que permitirá sustituir el viejo campo de Mestalla por un estadio nuevo y lograr beneficios multimillonarios. La tensión presidió ayer el ambiente en la expedición del Valencia CF a Donetsk, Ucrania, para jugar en la Liga de Campeones. El presidente, Juan Soler, viajó arropado por los dos consejeros de su máxima confianza, Enrique Lucas y Agustín Morera, además del presidente de la Agrupación de Peñas, Jaume Part, que se hospedó en el mismo hotel del equipo, un lujoso local en el centro de esta ciudad ucrania que se dedica básicamente a la minería y que tiene un millón de habitantes. Tanto Soler como Part, que ha animado a las peñas a manifestarse en Mestalla contra el PSPV, van juntos en esta cruzada contra los socialistas valencianos, después de que éstos votaran en contra de la recalificación de los terrenos de Mestalla. Aún así, un miembro de la dirección de la Agrupación de Peñas que no quiso identificarse por miedo a la reacción de Part expresó su malestar: "No hay que mezclar política y deporte nunca, se han equivocado". La operación inmobiliaria auspiciada por Soler y las Administraciones gobernadas por el PP consiste, a grosso modo, en autorizar una edificabilidad tal sobre la parcela de Mestalla -propiedad del club- que permita pagar el nuevo estadio en la avenida de Cortes Valencianas y obtener unos ingresos multimillonarios. El acuerdo incluye la cesión al club de la parcela municipal en la que se ubicará el nuevo estadio, a cambio de otros solares menores aún por determinar que tendrá que aportar el Valencia CF. La directiva del club de fútbol propuso recientemente permutar, a cambio del solar donde se levantará el nuevo estadio, una parcela que ya estaba comprometida por el Ayuntamiento de Valencia con los artistas falleros para paliar la falta de espacio de sus instalaciones. Este terreno, adquirido recientemente por el Valencia CF para la operación inmobiliaria, está grafiado como huerta en el Plan General de Ordenación Urbana. La alianza entre el presidente del Valencia y el de la Agrupación de Peñas -que con el apoyo del PP han intentado lanzar a la afición contra los socialistas por poner pegas a la operación inmobiliaria- ha empezado a generar rechazo entre amplios sectores del valencianismo. La tensión en la expedición valencianista a Ucrania alcanzó ayer también a la prensa que acompaña al equipo, dividida entre quienes han criticado la deriva política del presidente Soler y quienes la aplauden. Éstos últimos tienen permiso para estar el tiempo que quieran en el hotel de los jugadores y la directiva. El resto, no. Sólo pueden echar un vistazo y largarse. "La guerra empieza hoy", le dijo un representante del club a un periodista de un medio considerado hostil por la entidad de Mestalla. Soler, además, se negó a contestar a una pregunta formulada por ese mismo medio de comunicación. "A vosotros no os respondo, ni esto ni nada", contestó el dirigente ante la demanda. LA OPERACIÓN DEL ESTADIO - El PP aumenta de 55.800 a 89.380 metros cuadrados la edificabilidad de la parcela de Mestalla al incluir en la misma las calles adyacentes y edificaciones consolidadas. - Barberá autoriza la permuta del solar de 90.000 metros donde se levantará el nuevo estadio del Valencia a cambio de solares dispersos en la ciudad por determinar y valorar. - El Valencia CF calcula entre 300 y 500 millones de euros el beneficio que obtendrá de la 'operación Mestalla' - Juan Soler cifra en 200 millones el coste del nuevo estadio en la avenida Cortes Valencianas - El Ayuntamiento reclama al Estado que financie las infraestructuras viarias para evitar el colapso circulatorio www.elpais.es 01.11.06 Ex miembros de la Fundación y de la agrupación de peñas critican la politización del club Por segunda vez en poco más de un año, Soler ha confundido deporte y política. Ya lo hizo en octubre pasado, cuando obligó a los futbolistas del Valencia a jugar en Mestalla ante el Sevilla con la camiseta de la senyera, en respuesta al despliegue, en el Camp Nou, de una mapa de los territorios del dominio lingüístico catalán que incluía a la Comunidad Valenciana. Soler recogió el testigo del presidente del Barça, Joan Laporta, y respondió de igual modo pese a la oposición de los jugadores. Un año después, la escena se repite con Soler de nuevo como protagonista. Y las voces en contra se suceden. "No me gusta nada que se use el fútbol para fines políticos. El comunicado del Valencia no era oportuno. Todo se ha politizado y me da miedo que esto se vaya de las manos", advirtió ayer Carlos Pascual, ex presidente de la Fundación del Valencia. "La política ha de quedarse fuera del Valencia. A Mestalla vamos gente de todos los colores", añadió Enrique Asensio, presidente de la Agrupación de Peñas entre 1999 y 2002. Asensio criticó a Jaume Part por destilar "tintes racistas" y aconsejar "a quién hay que votar", y a Soler por alejarse "de la neutralidad política", y lamentó "que aquellos que nos representan no tengan en cuenta que el Valencia no es un apéndice de ningún partido y que en su masa social conviven aficionados de todo el arco político". "Nunca antes ningún consejo había ido tan lejos", añadió. "Hay mucha interferencia política", expuso Carlos Pascual, "el Valencia tiene tal tirón que unos quieren usar su éxito y otros minimizarlos. Los partidos han planteado desde el inicio el juego de atribuirse méritos". Pep González, presidente del Club 1919 y antiguo presidente de la Peña Politécnica, pidió a los grupos políticos "que sepan quedarse al margen". "El PSPV debía haber intentado no llegar a este punto, y el PP no capitalizar la construcción del estadio". La Delegación de Peñas Levantinista, que engloba a medio centenar de peñas del Levante, explicó ayer que no se ha pronunciado sobre la construcción del estadio, un día después de que la Asociación de Peñas asegurara que iniciará "una campaña para pedir que no se vote al PP por favorecer los intereses partidistas". La asociación recordó que el grupo popular ha ofrecido "plusvalías y dividendos de forma espectacular a una sociedad anónima", en referencia al Valencia, y criticó a los gobernantes del PP por obviar que "los valencianos también son seguidores de otros equipos".www.elpais.es 01.11.06
El pleno del Ayuntamiento de Valencia, que gobierna Rita Barberá, del PP, debate una de las operaciones urbanísticas de mayor calado de los últimos años. El plan permitirá al Valencia Club de Fútbol construir un nuevo estadio en una parcela que se privatiza e ingresar más de 300 millones de euros por el aprovechamiento inmobiliario que surgirá tras el derribo del campo de Mestalla. La doble recalificación urbanística, que hoy iniciará su exposición al público para alegaciones, enfrenta al PP con la oposición de socialistas y EU-L'Entesa, que denuncian que el pacto entre el Valencia CF y el Ayuntamiento prima los intereses del club. Los vecinos del futuro estadio alertan del aumento del tráfico y el ruido. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la oposición lo habían avisado. La ampliación del estadio de Mestalla no era legal y la justicia la invalidaría. Así fue. En octubre de 2002 el Tribunal Superior de Justicia anuló la modificación del plan general que permitió al Valencia CF en 1998 ganar localidades, y marcó la salida de una carrera de fondo por construir un nuevo recinto para la entidad deportiva más influyente de la Comunidad Valenciana. El club necesitaba otro estadio y el Ayuntamiento, dirigido por Rita Barberá, del PP, haría lo posible por conseguírselo. Y así ha sido. El gobierno local de Barberá apoyará hoy con sus votos, los de la mayoría, un paso decisivo hacia ese objetivo. El pleno prevé aprobar la exposición pública de los planes de una doble operación urbanística de gran calado pactada con el presidente del Valencia CF, Juan Soler: la recalificación del solar de Mestalla, donde el club logra edificabilidad para construir 750 viviendas y una gran área comercial, y la privatización de una parcela pública en la avenida de las Cortes Valencianas para el nuevo campo, que el equipo espera estrenar en 2009. La operación, denuncian EU-L'Entesa y asociaciones vecinales, es un traje a la medida del accionista mayoritario del Valencia. Otro más, porque la Generalitat, también del PP, intervino para culminar lo que el propio Soler bautizó como "pelotazo urbanístico" en Riba-roja, donde se levantará la nueva ciudad deportiva del Valencia CF junto a 2.700 viviendas en suelo rústico. Los socialistas también se oponen al plan. Los populares rechazan de plano un supuesto trato de favor; al contrario, afrontan la aprobación del proyecto "con una absoluta tranquilidad y serenidad" de que cumple la legalidad urbanística. Pero, ¿la recalificación de Mestalla, tal como sale a exposición pública para alegaciones, se ajusta a los intereses generales? No, responden socialistas y EU-L'Entesa, que consideran que se han puesto por delante los del club deportivo. Soler no ha ocultado que los ingresos inmobiliarios que aportará la venta de la parcela de Mestalla como suelo residencial son sustanciosos, de al menos 300 millones de euros que algún consejero eufórico y otras fuentes del club han elevado en más de una ocasión por encima de los 500. El nuevo estadio costará cerca de 200 millones, por lo que el club ganará al menos 100 millones -aunque ayer elevó el coste del futuro campo-. Un negocio redondo cuyos números se han cuadrado "a martillazos", asegura el portavoz socialista, Rafael Rubio. El Valencia pretendía una edificabilidad de 90.000 metros cuadrados de techo y el Ayuntamiento le concede 89.380,44. La parcela que ocupa Mestalla ronda los 31.000 metros cuadrados de superficie, por lo que le correspondían, desde una perspectiva estricta, 55.800 metros cuadrados de edificabilidad al recalificar -como campo deportivo no tiene aprovechamiento-. Los socialistas hubieran considerado aceptable partir de esa cifra, pero el PP rechaza el planteamiento y ha consensuado con el Valencia CF un ámbito de actuación urbanística que incluye las calles adyacentes al estadio y edificaciones consolidadas como el Nuevo Ayuntamiento y la Consejería de Infraestructuras. El gobierno local defiende que es necesario reordenar esta macroparcela, en la que se redistribuyen una zona verde y equipamientos, y de la que resultan los metros cuadrados de aprovechamiento residencial y terciario apetecidos por Soler. Unas 3.000 personas vivirán en nueve torres de 16 alturas con un área comercial de 13.471 metros cuadrados que puede casi triplicarse con entreplantas. En el subsuelo, se ofertarán 1.600 aparcamientos. El desarrollo de la actuación se retrasará hasta 2009, cuando el Valencia CF estrene estadio y la gestión la asumirá la empresa pública Aumsa como agente urbanizador. El Ayuntamiento adelantará así los costes de urbanización (7,5 millones de euros). Soler no tendrá que esperar a la ejecución del plan para hacer caja: en cuanto la Generalitat apruebe definitivamente el plan, el promotor podrá vender al mejor postor el suelo con los derechos de edificabilidad logrados. Un bocado suculento, como demuestra el hecho de que Soler ya vendiera, con opción a recompra, 10.000 metros cuadrados de la parcela a la constructora Murcia y Puchades en plena negociación del plan. El beneficio empresarial está calculado. ¿Y qué ganan los ciudadanos con este doble plan? Nada, aseguran vecinos de Cortes Valencianas que compraron sus pisos junto a un solar reservado a un polideportivo. De nuevo un estadio dentro de la ciudad, más tráfico, más ruido, auguran. Además, el Ayuntamiento renuncia a un suelo dotacional público en zona urbana que será sustituido mediante una permuta que se perfila parcialmente sobre terrenos de huerta -de adquisición más barata para el club- que sólo verán su desarrollo con la revisión del plan general urbano. El nuevo campo se asentará sobre 69.571,13 metros cuadrados, mientras que en otros 14.679 metros que seguirán en manos públicas, el Valencia CF hará un polideportivo. "¿Acaso no es un beneficio para la ciudad el disponer cuando lo necesite de un estadio sin que le haya costado un céntimo? ¿Acaso eso no es interés general?", se pregunta el teniente de alcalde, Alfonso Grau. Hoy defenderá que Valencia gana. La oposición asegura que pierde. El partido no ha terminado EL PAÍS - 27-10-2006 LA “OPERACIÓN MESTALLA” DE LA ALCALDESA DE VALENCIA, RITA BARBERA, ABRE LAS PUERTAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL Y UN GRAN CASINO EN LA ACTUAL UBICACIÓN DEL ESTADIOLa operación de cambio de ubicación del Mestalla y la recalificación del suelo que pretende la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, abre las puertas a la construcción de un hotel y un gran casino en los terrenos que ocupa el actual estadio del Valencia C.F., en la avenida de Aragón, según indican fuentes internas del club de fútbol a este confidencial. La actual directiva del Valencia C.F. se comprometió, a finales del mes de mayo de este año, a reservar 7.000 metros cuadrados y venderlos a la cadena hotelera del empresario catalán, Manuel Lao, para la construcción de un hotel de lujo al que irá emparejado un gran casino, el primero en Valencia. Manuel Lao es propietario de la empresa Cirsa, líder en España en el sector del juego, propietaria de 58 salas de bingos y de numerosos casinos, entre ellos el de Monte Picayo. Con la presentación del “ protocolo de intenciones” sobre la operación de cambio del Mestalla, el viernes 30 de julio, por Rita Barberá, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el presidente del club, Jaime Ortí, “el futuro hotel y el casino ya cuentan con la seguridad de que el proyecto se llevará a cabo”, comentan las fuentes. La empresa HLG hoteles Lao Garriga, participada por el empresario Lao a través de su sociedad patrimonial familiar L&G y por el propietario de Hot Hoteles, Jorge Garriga, recibió en mayo pasado la conformidad del actual director del Valencia C.F., Manuel Lorente, tras someter el proyecto de venta a la junta directiva, para la construcción del citado hotel. El grupo catalán tiene el proyecto diseñado desde el año 2001. Ya está bautizado como “Hotel Mestalla Palau”. Por esta concesión, el Valencia C.F. percibirá 12 millones de euros, una cantidad que –antes de publicarse el nuevo proyecto de cambio del Mestalla -estaba destinada a cubrir parte del déficit (unos 28 millones de euros) con el que el club cierra esta temporada, precisan las fuentes. El total de terreno a recalificar, según las intenciones de la alcaldesa Rita Barberá, sería de algo más de 30.000 metros cuadrados.Jaime Molina, actual miembro de la directiva valencianista, ha sido el vínculo con el grupo Lao Garriga ( socio de la multinacional italiana Olivetti, en el segmento del juego) para la adquisición de estos derechos de construcción, cuyo contrato formal no han podido demostrar con pruebas suficientes quienes desvelan la operación a este confidencial. Molina está vinculado al sector del juego ( Codere S.L) y de las máquinas tragaperras desde hace várias décadas, en España y en Hispanoamérica, donde es propietario de una cadena de salas de juego y de casinos, principalmente en Argentina, Venezuela, Brasil y América Central. El mismo Jaime Molina intentó hace cuatro años montar un negocio similar al del Cupón de la ONCE -en Buenos Aires- con el ex director de la Organización de Ciegos. Miguel Durán ( catalán, como Manuel Lao, y amigo), pero fue un fracaso, cuentan quienes conocieron de cerca la intentona. Durán reside en tierras argentinas desde su supuesta apropiación de 3.500 millones de pesetas por la intermediación en la venta de acciones de Telecinco, entonces participada por la ONCE. 02 agosto 2004. Una asociación denuncia los 'pelotazos' del Valencia al fiscalEL PAÍS - Valencia - 03/11/2006 La asociación Cercle Obert de Benicalap de Valencia se ha dirigido a la Fiscalía General del Estado y a Anticorrupción para pedirles que abran una "investigación urgente y rigurosa" por las decisiones urbanísticas adoptadas por el Ayuntamiento en relación a la recalificación de los terrenos del campo de Mestalla y el solar donde se levantará el nuevo estadio del Valencia CF. La denuncia se basa en la creencia de que el Ayuntamiento, "presionado por el constructor y presidente del Valencia CF, Bautista Soler, realiza recalificaciones urbanísticas que perjudican y lesionan a los ciudadanos y contribuyentes". Según el presidente de Cercle Obert de Benicalap, Antonio Marín, se trata de una petición formal a la fiscalía para que investigue unos procesos urbanísticos que "perjudican y lesionan a los ciudadanos y contribuyentes" y que tan solo "favorecen los intereses de una empresa privada, que tiene el control y la propiedad de un equipo deportivo: el Valencia CF". Para esta asociación, independientemente de que la ubicación del nuevo estadio supondrá "graves y crecientes problemas de tráfico, contaminación y muy visibles y alarmantes carencias de equipamientos públicos" en los barrios de Benicalap y Campanar, "no hay motivos reales, ni fundados, para recalificar los terrenos municipales [en los que se levantará el nuevo estadio] y proceder a una permuta" a favor del Valencia CF. Cercle Obert de Benicalap considera que la permuta y la recalificación aprobada por el PP que preside Rita Barberá no se ajusta "a lo establecido en la legislación vigente".
El portavoz de Cercle Obert de Benicalap, Antonio Marín, que denunció a la fiscalía los pelotazos relacionados con el Valencia CF en los solares de Mestalla y Cortes Valencianas recibió ayer diversas amenazas y coacciones. El acoso sobre Marín, que considera que el Ayuntamiento de Valencia no ha actuado conforme a la legalidad, se produjo después de que el comunicador Julio Insa caldease el ambiente contra quienes se oponen a la construcción del nuevo estadio del Valencia en la avenida de Cortes Valencianas en un programa local de televisión. Coincidiendo con esta situación, ayer se anunció mediante un comunicado -sin membrete y sin personas, teléfonos o dirección de contacto- la creación de una asociación para apoyar la construcción del nuevo estadio del Valencia CF por parte de vecinos del barrio de Benicalap. El escrito indica que una serie de vecinos se han unido para constituir la plataforma pro nuevo estadio para el Valencia CF. En la misiva se solicita "un ejercicio de responsabilidad en las afirmaciones que otras asociaciones están realizando" sobre el nuevo campo del Valencia "con el único objetivo de desinformar y crear confusión". Rubio sólo aceptará en Mestalla la edificación que permita la leyEl portavoz socialista fija los límites a un diálogo sobre la operaciónSARA VELERT - Valencia - 07/11/2006 El límite lo marca la ley. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, valoró ayer "la buena voluntad" del presidente del Valencia CF, Juan Soler, para retomar el diálogo sobre la operación de Mestalla tras los ataques del club al PSPV-PSOE. No obstante, Rubio fijó como condición que la recalificación se ajuste a la normativa, con un máximo de 60.000 metros de edificabilidad frente a los 89.830 previstos. La operación de Mestalla implica una doble modificación urbanística que permitirá al Valencia CF construir viviendas en el solar del viejo estadio y construir otro campo en un terreno de la avenida de las Cortes Valencianas que se convierte en deportivo privado con uso recreativo. El PSPV-PSOE rechaza la recalificación del suelo de Mestalla pactada entre el gobierno local de Rita Barberá, del PP, y el Valencia CF, y ayer Rubio advirtió de que cualquier acuerdo sobre la operación -con la que el club ganará un mínimo de 100 millones de euros y pagará el nuevo estadio- debe cumplir la normativa. "¿La ley permite una actuación discrecional a los ayuntamientos en el urbanismo? Sí. ¿Qué límites tiene? Los que marca la ley", afirmó Rubio. El portavoz auguró que el PP torpedeará una solución dialogada con el club. En el caso de la edificabilidad concedida por el PP a Mestalla, para los socialistas el límite legal se ha sobrepasado. Como suelo deportivo, el actual campo tiene un aprovechamiento residencial "igual a cero". Los socialistas aceptan un cambio que facilite al club un aprovechamiento residencial, pero aseguran que los 89.380,44 metros cuadrados de edificabilidad "no se ajustan a los parámetros de la ley" porque surgen de incluir "viales públicos para cuadrar la cifra mágica" que necesita el club, denunció Rubio en el pleno del 27 de octubre. "Que se recalifique sólo la parcela de Mestalla, el límite es ese", insistió ayer el portavoz. La edificabilidad alcanzaría como máximo los 60.000 metros cuadrados. Para alcanzar la edificabilidad del plan que está en exposición pública, el gobierno del PP creó una unidad de ejecución de unos 49.000 metros cuadrados que incluye parte de las calles que rodean Mestalla, con el argumento de que se reordena una macromanzana. A esa unidad se le aplicó un coeficiente de edificabilidad del 1,82 -ligeramente superior al del distrito de Pla del Reial-, de modo que surgen los 89.380,44 metros cuadrados de techo. Soler, a pesar de que la parcela no tiene uso residencial y sólo un coeficiente de 1,2 para uso deportivo, afirma que al Valencia CF incluso le hubiera correspondido multiplicar el suelo de la unidad de ejecución por 2,2. Con esta cifra, el presidente de la sociedad privada dibujó una unidad distinta que hubiera incluido los edificios altos más cercanos en un ámbito que no refleja la media del distrito. Con la parcela de 31.000 metros cuadrados y los derechos que tenía el Valencia CF para abrir un hotel pegado al estadio, la edificabilidad con el coeficiente del 1,82 se mueve entre 57.000 y 60.000 metros cuadrados. Con este planteamiento, cabrían en la parcela las dotaciones que ahora se reparten entre el suelo de Mestalla y terrenos públicos colindantes en el entorno del Nuevo Ayuntamiento y la Consejería de Infraestructuras. Junto a estos edificios, el gobierno de Barberá ha grafiado un colegio y un inmueble administrativo en suelo que podría haber empleado para dotaciones con anterioridad. Estos equipamientos, en el plan del PP, no caben en la parcela de Mestalla, donde habrá zona verde y un centro sanitario. De esta distribución parte otro de los desencuentros con el PP y Soler, ya que a juicio de los socialistas -y también de EU-L'Entesa- no se cumple la exigencia legal de que por cada 100 metros cuadrados de techo se destinen 35 de suelo a dotaciones. Los populares y el Valencia CF, por el contrario, aseguran que salen las cuentas porque incluyen suelo ya público. Otro punto crítico es la zona comercial, que se articula en una primera planta de 13.471,70 metros cuadrados con 10 metros de altura. Con entreplantas, la superficie casi se triplicaría. Este diseño exige una modificación del plan general que también podría cuestionar un tribunal si se llegara a plantear un recurso, ya que otros comercios no han conseguido esa altura. La permuta del suelo de Cortes Valencianas tampoco está clara y puede ser otra fuente de conflicto. Los socialistas mantienen el recurso contra el convenio de la operación urbanística. Ardua negociaciónTras azuzar a la Agrupación de Peñas contra el PSPV por sus reticencias a los aspectos de la operación que no se ajustan a la ley, el presidente del Valencia lanzó el domingo un órdago al principal partido de la oposición. En una entrevista en el periódico Levante-EMV se mostraba dispuesto a retomar la negociación con el PSPV. Sin embargo, la posición de la entidad, defendida por Soler en las mismas declaraciones y reafirmada ayer por su vicepresidente, Enrique Lucas, en una nota de prensa sitúa el debate en posiciones difíciles de conciliar. El Valencia no sólo obtiene el favor de la ciudad de recalificar el suelo deportivo de Mestalla en edificable, sino que además el Ayuntamiento contraviene la normativa, según los socialistas, que fijan en un máximo de 60.000 los metros edificables, y le concede 89.830 incluyendo viales públicos. Valencia pierde una de las dos zonas deportivas de que disponía en una operación cuyas plusvalías no revierten en la ciudad. La deuda del Valencia no permite a Soler aflojar y el PSPV no va a dar marcha atrás en su defensa de los intereses ciudadanos. El Levante El jefe del Consell manifestó que "se trata de una apuesta y una propuesta interesante que se ha estudiado a lo largo de todos estos años y que todavía se está estudiando con la tranquilidad y reflexión que corresponde". El responsable del Gobierno valenciano defendió que el proceso de recalificación de Mestalla y la cesión de la parcela municipal en la avenida de Cortes Valencianas a cambio de otras parcelas menores es un "proceso que debe continuar conforme a la legislación". "Hay que aplicar la ley en una propuesta que se va a hacer sobre el Valencia CF que tenía, en principio, el respaldo de todo el Ayuntamiento, así como el apoyo generalizado de la sociedad valenciana", sentenció el presidente de la Generalitat. En su argumentación, el responsable del Consell y dirigente popular acusó a los socialistas de politizar la cuestión. "Lo que tiene que hacer el PSPV es no politizar una cuestión como ésta", sentenció Camps. Los socialistas y Esquerra Unida votaron en contra, en el pleno municipal del pasado día 27, del PAI que permitirá edificar en la parcela de Mestalla. Decisión que salió adelante con los votos del PP. Los socialistas han presentado un contencioso administrativo contra el convenio firmado por la alcaldesa Rita Barberá y el presidente del Valencia, el promotor Juan Soler, que fija las bases de las operaciones inmobiliarias. El Valencia presenta este viernes en el Museo Príncipe Felipe la maqueta del nuevo estadio y su pelotazo urbanístico ha abierto la puerta para que otras entidades deportivas valencianas reclamen el mismo trato de favor. El segundo club de la ciudad, el Levante, quiere subirse al carro y estudia solicitar a las instituciones políticas la recalificación del terreno de su estadio, el Ciutat de València, en el barrio de Orriols, para construir con los beneficios de su venta un nuevo campo en una zona cercana. La intención del club es contar con una nueva instalación para 2009, año en que celebra su centenario, y para ello piensa reclamar las mismas condiciones que el gobierno ha concedido al Valencia. Las pretensiones urbanísticas del Levante no son nuevas, y se ha reforzado con las concesiones inmobiliarias al Valencia. El club pidió en 2002 al Ayuntamiento dividir la parcela inicial de 46.773 metros cuadrados de su estadio en dos, una destinada al recinto deportivo y otra a zona terciaria, para construir en ella un complejo hotelero y una galería comercial. El Ayuntamiento contentó después sus peticiones a medias: dejó una parcela de 29.600 metros cuadrados para el campo Ciutat de València y recalificó en zona terciaria una superficie de 15.000 metros a cambio de una concesión por parte del club. El Levante cedió 5.000 metros de su propiedad para destinarlos a aparcamientos y la superficie de zona peatonal de las calles del perímetro del estadio, y recibió unos 52 millones de euros por la venta a Gesfesa de la parcela de 15.000 metros, una superficie que cuenta con una edificabilidad de 30.147 metros en una altura máxima de dos plantas. El club que preside Pedro Villarroel entiende que no recibió entonces una recalificación como la que ahora ha conseguido el Valencia, y considera que ha llegado el momento de cobrar la deuda y equipararse a su vecino rico. La idea de partida del Ayuntamiento era construir un gran estadio olímpico compartido por el Valencia y el Levante, una propuesta de la que el club de Villarroel fue el primero en desmarcarse. La transformación urbanística de la zona de Orriols, con mejores accesos, abrió perspectivas de mejores ingresos para el Levante, que rechazó la idea del estadio único. Las concesiones al Valencia y la coyuntura política, con las elecciones a la vuelta de la esquina (27 de mayo), han llevado al Levante a considerar la idea de exigir su trozo del pastel. La entidad azulgrana está además molesta con el trato del Valencia. Primero porque, aseguran en el Levante, el Valencia les adeuda todavía 600.000 euros del traspaso de Vicente en el verano de 2000. "Se han declarado insolventes", afirman en el Levante. Y segundo porque el Valencia les ha asignado un guía turístico para visitar la ciudad el viernes por la mañana, horas antes de la presentación de la maqueta del nuevo estadio. Yüklə 58,43 Kb. Dostları ilə paylaş:
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