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Planean crear Unidad Criminal contra el delito



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Planean crear Unidad Criminal contra el delito


El Ministerio Público de Bolivia implementara, a partir del próximo año, la Unidad de Política Criminal para luchar contra el delito en el país. El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que esta unidad funcionará a partir de enero de 2017.

“Ratificamos la creación de una Unidad de política criminal con la creación de un equipo multidisciplinario de seis expertos internacionales que trabajaran en esta temática”, dijo Guerrero al tiempo de clausurar el Seminario Internacional denominado “Elementos para la formulación de una política criminal”, en Tiquipaya.

El Fiscal General del Estado aseguró que es urgente la implementación de dicha Unidad Criminal que debe trabajar en tres áreas: “la elaboración de políticas preventivas; investigación punitiva y reinserción de la gente que está en las cárceles”.

La unidad dependiente del Ministerio Público permitiría tener, además, datos estadísticos y un abordaje más científico sobre el delito y sus causas.

“Hay que buscar una persecución penal estratégica más inteligente, áreas tipos de delitos, zonificar las zonas, la frecuencia delictiva”, dijo Guerrero.

Todas estas reflexiones surgieron tras las exposiciones de juristas internacionales de Argentina, Colombia, Ecuador, y Costa Rica, quienes participaron del seminario internacional en el municipio de Tiquipaya en Cochabamba.

Participaron en el evento que duró dos días al menos 600 personas entre jueces, magistrados, fiscales, policías y abogados de carrera. Todos compartieron las reflexiones que servirán de base para elaborar la política criminal en el país.

Para el Ministerio Público, el seminario fue el punto de partida para iniciar un gran debate nacional junto a otras instancias de Gobierno y la sociedad civil. El objetivo a futuro es elaborar una política pública integral del delito.

Tasa del crimen


Por su parte, el expresidente del consejo de la magistratura Freddy Sanabria, informó que la tasa de criminalidad en Bolivia alcanza al 12,7 por ciento considerado aceptable por los expertos.

Sin embargo, Sanabria manifestó que hay que luchar en temas de prevención para bajar estos indicadores, “hay que trabajar en temas de salud, educación, trabajo y acceso a vivienda, además atacar al alcoholismo y la drogadicción que son los factores para bajar los índices de criminalidad”, aseguró el magistrado.

Recomiendan prevención


Expertos internacionales recomiendan a Bolivia asumir medidas penales alternativas a la detención preventiva y terminar con el hacinamiento en las cárceles. Sugieren también descongestionar el sistema judicial.

El director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), Elias Carranza, observó que el actual sistema penal de Bolivia tiende a recurrir a la detención y encarcelamiento.

“Se envía a prisión por delitos mínimos y las penas son muy altas y excesivas”, dijo Carranza durante su exposición en el seminario internacional de política Criminal organizado por la Fiscalía General del Estado.

El experto de Costa Rica propuso que la nueva reforma penal de Bolivia debería incorporar medidas alternativas para que se reduzcan la cantidad de detenidos preventivos en las cárceles y disminuya todo el sistema judicial penal de Bolivia.

Finalmente, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aseguró que estas recomendaciones serán tomadas en cuenta a la hora de elaborar la política criminal que deberá apuntar más a la prevención y educación en todo ámbito. “No es necesario endurecer las penas sino más bien atacar en la prevención”, dijo.

Siguen reclamos por agua en La Paz


Ayer, las juntas vecinales de la ciudad de La Paz realizaron una serie de marchas para demandar al Gobierno central soluciones definitivas a la crisis de agua que afecta a más de 130 barrios de la urbe y de El Alto.

La movilización culminó con un cabildo en la Plaza Mayor de San Francisco, oportunidad en que los vecinos coreaban “queremos agua potable, no sucia”, “que renuncie la Ministra incapaz”, refiriéndose a la titular de Medio Ambiente, Alexandra Moreira.

La protesta reunió a miles de personas que con estandartes, banderas departamentales y tricolores, gritaban que no se trataba de una movilización política, tal cual quiere hacer pensar el Gobierno, sino de una protesta vecinal por la mala administración del que fue objeto la Empresa Pública Social del Agua y Alcantarillado (Epsas) que derivó en esta crítica situación que afecta a niños, mujeres, ancianos y a todas los habitantes de las zonas que sufren racionamiento.

El acto central se desarrolló con la participación de varios oradores, representantes de diferentes organizaciones sociales y zonas que criticaban el “carácter de botín político” con el que se manejó la empresa en el último tiempo y porque no se traspasó la administración a las instancias llamadas por ley, los municipios, además no dejar en la impunidad a los administradores destituidos de Epsas.

“Ésta no es una protesta que busca atacar al Gobierno, lo único que queremos es que se garanticen nuestros derechos y uno de ellos y fundamental es el derecho al agua. Las autoridades han visto de manera pasiva el mal manejo de nuestra empresa, por eso queremos que se municipalice la entidad”, señaló el presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), Benjamín Cáceres.

A su vez, la dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Edith Montenegro, demandó la renuncia o destitución de la Ministra de Medio Ambiente por el deficiente manejo de políticas públicas de los recursos hídricos y la falta de proyectos. También se pidió la perforación de pozos y construcción de represas para garantizar el líquido elemento para todos los ciudadanos. Las zonas más afectadas son la ladera este y el macrodistrito Sur de La Paz, lugares donde se realizan largas filas para suministrarse de agua.


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