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Organismo de ONU contra la tortura visita Bolivia

El subcomité para la Prevención de la Tortura planea realizar una visita ordinaria a Bolivia y Panamá, entre otros países, para evaluar el trato que reciben las personas privadas de libertad y las medidas adoptadas para evitar que se incurra en maltrato de ningún tipo, informó ayer la ONU.

España, Mongolia, Hungría, Macedonia y Ruanda recibirán también la visita de miembros del Subcomité en 2017.

El mandato de este órgano de Naciones Unidas permite que sus miembros -25 expertos independientes de distintas nacionalidades- puedan realizar visitas sin autorización previa a cualquier centro de detención o lugar donde se sospecha que pueda haber detenidos.

Ello incluye no sólo prisiones y comisarias, sino también centros de acogida de inmigrantes, sedes de servicios de seguridad, instalaciones para interrogatorios y hospitales psiquiátricos.

Este subcomité es responsable de supervisar el respeto del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos.

En 10 años visitaron 50 países

El Subcomité contra la Tortura también tiene la función de formular recomendaciones a las autoridades nacionales para la creación y funcionamiento de entidades que vigilen, con la misma perspectiva de prevención, las condiciones de detención.

En su primera década de funcionamiento, el Subcomité ha realizado medio centenar de visitas, ofreciendo sugerencias que han permitido mejorar la situación en numerosos países, particularmente en cuanto al acceso de los detenidos a la información y a una representación legal, así como a la formación de jueces, policías y personal penitenciario. “En sus 10 años de trabajo, el Subcomité de Prevención de la Tortura ha cambiado la realidad de detenidos en 83 países y esperamos que esto sólo es el inicio y que más países acepten nuestro mandato”, comentó el presidente de este grupo, Malcolm Evans, en un comunicado anunciando las visitas previstas el próximo año.

Registro prevé inscribir 40.000 procesos judiciales

La subprocuradora Erika Chávez informó ayer que la Procuraduría General del Estado puso en marcha el Sistema de Registro Obligatorio de Procesos del Estado (ROPE), que prevé inscribir al menos 40.000 procesos para precautelar y defender los intereses del país.

“La Procuraduría General lanzó el sistema ROPE, un instrumento de gestión que se desarrollará en todo el país, en las entidades de la administración pública, instituciones y empresas que son llamadas a realizar el registro de todos sus procesos judiciales a su cargo”, dijo en conferencia de prensa.

Chávez explicó que el Ministerio de Transparencia registró en el sistema informático todos sus procesos judiciales, convirtiéndose en la primera institución que cumple con los términos del ROPE, que se establecen mediante el Decreto Supremo 2739. Manifestó que el ROPE es la herramienta de seguimiento y control de máximas autoridades ejecutivas de las entidades públicas, para supervisar la correcta defensa legal, proporcionar información estadística destinada a la formulación de políticas públicas y toma de decisiones en favor del Estado.

Detalló que serán registrados en el ROPE los procesos judiciales penales, civiles, coactivos fiscales, laborales, coactivos sociales, ejecutivos sociales, contenciosos y otros.

Detectan a un bebé con malformación por el zika

El jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Roberto Tórrez, informó sobre un nuevo caso de malformación producto del zika, aunque aclaró que no se trata de microcefalia. Explicó que este nuevo caso recibe el denominativo de síndrome congénito asociado al zika, caracterizado por causar malformaciones físicas.

Tórrez explicó que se trata del primer caso en Bolivia, por lo que se tiene escasa información, ya que en otros países también hay pocos casos reportados. Agregó que este paciente tendrá alteraciones osteoarticulares y articulares, por lo que necesitará intervenciones quirúrgicas y fisioterapia de manera inmediata.

De este modo, la cifra de bebés con malformaciones producto del zika haciende a 10; en los nueve primeros se confirmó microcefalia. Todos estos casos se registran en el departamento de Santa Cruz, según el Sedes.

Por otro lado, Tórrez informó que la cifra de casos sospechosos de zika a nivel nacional es de 131, mientras que los confirmados son 46. En cuanto a dengue, los casos sospechosos ascienden a 1.201, y los confirmados a 695. Sin embargo, los casos con mayor incidencia en Bolivia son producto de chikungunya, puesto que los sospechosos llegan a 13.802 y los confirmados a 802.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Salud llevó adelante ayer una jornada de capacitación y actualización para el fortalecimiento de la atención a pacientes con estas tres enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Imputan a Maturano por uso indebido de influencia

Martín Maturano, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Chuquisaca, fue aprehendido del lunes por un caso de corrupción, reportó ayer la Red Erbol.

Según la denuncia, una enfermera del Sedes, pagada por el Estado, fue llevada a Argentina para dar atención particular a la esposa de Maturano.

El fiscal Óscar Vera informó que se emitió la orden de aprehensión contra el Director del Sedes porque existen los suficientes elementos de que cometió los hechos denunciados.

El teniente de Policía Israel Aguilar informó que Maturano fue llevado a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) alrededor de las 20:30.

Maturano, que antes fue viceministro de Salud, está acusado por los delitos de uso indebido de influencia, uso indebido de bienes y servicios, y conducta antieconómica. La enfermera y un funcionario administrativo del Sedes ya recibieron detención domiciliaria por este caso.

El Ministerio Público anunció que pedirá la detención preventiva en San Roque del director del Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca.

Imputación

Luego de su aprehensión, Maturano fue imputado por la Fiscalía del Estado, la tarde de ayer, por la supuesta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes públicos y conducta antieconómica por haber creado un ítem con recursos del Estado para una enfermera que figuraba como auxiliar en el hospital Santa Bárbara.