Nacionales 1 Comité plantea modificar número de magistrados 1

2 de mayo vence el pago de los impuestos IUE

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recordó ayer a las empresas que realizan actividades en los sectores de comercio, servicios, seguros, banca y similares, que el próximo 2 de mayo vence el plazo para el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), correspondiente a la gestión 2016.

El SIN recuerda en boletín de prensa divulgado ayer que el Decreto Supremo 24051 (Reglamento del IUE) también establece, en su Artículo 39, que están incluidos en ese grupo de contribuyentes las personas naturales que ejercen profesiones liberales y oficios en forma independiente.

El SIN sostiene, en el mismo documento, que la norma también dispone que los plazos para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del IUE, cuando corresponda, vence a los 120 días posteriores al cierre de la gestión fiscal.

En ese sentido, el SIN señala, además, que los contribuyentes del Régimen General deben presentar la declaración jurada a través de los Formularios 500, 520 y 510.

Hombres de tres rubros serían los más violentos

Los choferes, los albañiles y las personas desocupadas incurren con mayor frecuencia en hechos de violencia de género en la ciudad de La Paz, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Rensso Mercado.

Según el informe policial, las estadísticas de la gestión 2016 muestran que, de un total de 9.991 casos de violencia registrados en la Felcv, los choferes incurrieron en 2.192 hechos, seguidos de los albañiles con 1.868 casos y las personas desocupadas con 1.692.

Los comerciantes incurrieron en 1.415 hechos; personas con profesión libre, 1.396; obreros, 624; estudiantes, 212; profesores, 138; contadores, 131; abogados, 117; mientras que los policías resultaron implicados en 117 hechos y los militares resultaron implicados en 89 denuncias por violencia machista.

La relación que sostienen el agresor y la víctima, en su mayoría, 3.423 casos, es de convivientes; esposos, 2.786; relación de violencia con otros familiares, 907; con hermanos, 517; exconviviente 407; hijos, 357, entre otros.

Mercado dijo que los hechos de violencia se suscitaron generalmente entre 19:00 a 01:00, la mayoría de los agresores (5.876) estaban sobrios; 2.915, ebrios; 1.198, con aliento alcohólico, y dos bajo la influencia de drogas u otra sustancia.

La Razón / La Paz

Un total de 26 empresas expresan interés en construir planta de litio

Un total de 26 empresas de diferentes países del mundo expresaron interés en participar del montado y construcción de la planta de carbonato de litio. La idea es identificar y contratar a la empresa con el mejor perfil y mayor experiencia en el rubro, informó el responsable de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Juan Carlos Montenegro.

Entre las interesadas están 4 de China, 2 de Alemania, 1 de Finlandia, 1 de Rusia, 1 de Corea y 2 vinculadas a consorcios españoles. Ahora empezó el proceso de evaluación de las expresiones de interés para luego realizar la invitación con la finalidad de que presenten sus propuestas técnicas y económicas para el emprendimiento.

“Lo que estamos buscando es a la mejor empresa, a la empresa que tenga la mejor experiencia para construir y montar nuestra plata de carbonato de litio”, explicó en una entrevista con la estatal Patria Nueva.

La firma seleccionada estará encargada de la construcción de la planta de carbonato de litio, por lo que solo prestará un servicio al Estado.

Montenegro espera que en dos semanas concluya el proceso de preselección de las empresas que pasen a la segunda etapa de presentación de propuestas.

El salar de Uyuni de Potosí tiene una extensión de 10.000 kilómetros cuadrados; mientras que el salar de Coipasa en Oruro (con un estimado de 3.000 kilómetros cuadrados) junto a otros menores sumaría 6.000 kilómetros cuadrados.

Crean fondo de Bs 59 MM para enfrentar plaga de langostas

Un fondo de Bs 59 millones, creado por el Gobierno central para el periodo 2017-2021, permitirá enfrentar la plaga de langostas que ya ha afectado a cuatro municipios del departamento de Santa Cruz, informó ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

La autoridad hizo pública la información durante el lanzamiento del programa permanente de lucha contra las langostas. El acto, realizado en Santa Cruz, contó con la presencia del embajador de Argentina, Normando Álvarez; el titular de la CAO, Freddy Suárez; y el director departamental del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Miguel Ángel Barrientos.

Cocarico explicó que este año se prevé destinar al programa unos Bs 15 millones, mientras que de 2018 a 2021 los gastos bajarían a Bs 11 cada año, dependiendo de la incidencia y el daño producido por las tucuras en los cultivos, sobre todo de granos.

El ministro detalló que cada municipio afectado por la plaga deberá poner una contraparte del 10%, otro 30% correrá por parte del gobierno departamental y el restante 60% será cubierto por el Gobierno central.

El Deber / Santa Cruz

Asignan Bs 200 millones para dar vida a gestora

El Gobierno asignó Bs 200 millones para el arranque de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, que en cinco meses más administrará los fondos del sistema integral de pensiones, ahora en manos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Con el Decreto Supremo 2248, el 2015 se crea la gestora estatal, con un patrimonio inicial de Bs 80 millones, transferidos del Tesoro General de la Nación (TGN). A fines de marzo de 2017, el ejecutivo aprobó el DS 3123, que define las características generales para la constitución y ejecución de un fideicomiso de Bs 120 millones provenientes también del TGN, a favor de la gestora y que será administrado por el Banco Unión (BUN).

“Estos recursos se utilizarán para todas las inversiones de la nueva entidad. Se trata de financiar la estructuración y la puesta en marcha de la gestora. Hay que comprar servidores, inmuebles, entre otras cosas. Son gastos operativos y administrativos. La oficina central funcionará en La Paz, pero tiene que tener regionales en todos los departamentos”, manifestó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén.

El artículo 9 del DS 2248 establece que la gestora pública podrá recurrir, adicionalmente, al financiamiento por medio de fideicomisos, previa emisión del decreto supremo que le autorice títulos valores crediticios.

Migración de los fondos

La gestora iniciará sus funciones, a mediados de septiembre, luego de un año de retraso de su apertura que estaba prevista en primera instancia, para julio de 2016.

El Estado, a través de la gestora, trabaja con un software para transferir los datos sobre los fondos que manejan las AFP y hacerse cargo de su administración.

“Nos ocupamos en adaptar el módulo de pensiones que tiene la empresa contratada. El estándar de software que tienen no contempla el fondo solidario. Esto va a durar hasta fines de este mes y posteriormente se va a empezar a hacer la migración de datos de las dos AFP (Previsión y Futuro de Bolivia), a las bases de datos de la gestora”, explicó el viceministro Guillén.

Aseguró que esta migración va a ser imperceptible para los aportantes del país y lo que debería cambiar con la empresa estatal es “la mejora en la atención al público”.

Jubilados y recursos

Según el Viceministerio de Pensiones, a diciembre de 2010 había 30.000 personas jubiladas. Ahora, según el registro oficial, hay 103.000. Entre diciembre 2014 y diciembre de 2015 se han jubilado 15.000 nuevas personas. El 2016 se incrementaron a 16.000.

De las 103.000 personas jubiladas, más de 58.000 (57%) se han jubilado con el fondo solidario. Si se suman los choferes, con quienes se debate su inclusión, habrá un total de 277.000 aportantes.

El viceministro Mario Guillén informó también que la gestión 2016 se cerró con $us 14.100 millones de ahorro de la gente, que están siendo administrados por las AFP, las que recaudan casi $us 150 millones al mes.

“Es decir que por año se recaudan casi $us 1.800 millones. Terminaremos este año con casi $us 16.000 millones de plata ahorrada y hay que buscar dónde invertirla para dinamizar la economía. Uno de los planteamientos es el fondo para el sector agropecuario (de unos $us 150 millones que está en proceso) y mejorar el rendimiento de 5,28%”, dijo.

No obstante, existen también al menos 7.000 juicios coactivos iniciados con la nueva Ley de Pensiones y que están siendo sometidos a una auditoría legal.

Estas acciones han generado una mora efectiva y presunta, de $us 700 millones que la gestora va a depurar.

Cambios a la ley

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Jubilados y Rentistas de Bolivia, Grover Alejandro, observó que las AFP se aplazaron en la administración de los recursos de los trabajadores, ya que a su parecer, no han generado ninguna rentabilidad, sino más bien, han perdido recursos y propone cambios en la Ley de Pensiones (Ley 065).

“Por ejemplo, con los préstamos que hicieron a la Empresa Nacional Textil (Enatex) que cerró el Gobierno el año pasado, se ha perdido capital e intereses. La gestora estatal tendrá una pesada carga económica porque es mucho dinero de la capitalización individual y ahora el llamado fondo solidario, donde los empresarios aportan el 3%”, señaló.

En ese sentido, Alejandro manifestó que si bien el trabajador no va a sentir la migración de la gestora, el afectado va a ser el futuro jubilado que recibirá “rentas miserables de Bs 400, de acuerdo con sus aportes”, por lo que planteó, a través de la Central Obrera Boliviana (COB) una nueva Ley de Pensiones que contemple tres aporte solidarios: el patronal, el estatal y el laboral.

El martes, la COB y el Ministerio de Economía retomaron el trabajo de la Mesa Económica donde trataron el tema de la Ley de Pensiones.

Durante la reunión, el ministro de Economía, Luis Arce, y el viceministro de Pensiones expusieron la situación de la Ley de Pensiones en el ámbito internacional en lo que se refiere a la edad de jubilación y la densidad de aportes mínima para acceder a la jubilación, además de la rentabilidad real de las inversiones.

Control social

Vitaliano Mamani, ejecutivo de la COB, lamentó por su parte, que el Gobierno haya obviado al sector en el control de la empresa estatal que administrará los fondos de los trabajadores en el futuro.

“Sin consultar a los aportantes, que somos propietarios de esos recursos, no nos tomaron en cuenta en la conformación del directorio de la nueva gestora. Un claro ejemplo es cuando no nos han consultado nada para los créditos agropecuarios que utilizarán recursos de los aportantes. El Gobierno no da ningún aporte y ellos no pueden ser los dueños de los fondos. Por eso, siempre pedimos, aunque sea como control social, la participación de parte de los trabajadores en la gestora”, sostuvo.