Nacionales 1 Comité plantea modificar número de magistrados 1

Fiscalía prevé abrir un caso denominado Zapata II

El fiscal asignado al caso Zapata, Daniel Ayala, informó ayer que se prevé abrir un caso llamado Zapata II para incluir en el proceso a Sigfrido Antelo y a otras personas que hacían lobby para que determinadas empresas se entrevisten con Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales.

"Hemos informado a la Fiscalía departamental, no solo Sigfrido Antelo no está en el proceso, existen otras personas más, considero que los informes que hará la Fiscalía va a proseguir en otro caso contra estas personas”, manifestó el fiscal Ayala.

En la audiencia del juicio oral, tres testigos del Ministerio Público ratificaron ante el Tribunal de Sentencia que Tico Antelo fue quien les presentó a Zapata.

Fernando Ramos, dueño de un casino y que se presentó como víctima de estafa de Zapata, informó que entregó 10.000 dólares a Antelo en presencia de Gabriela, quien se encontraba a bordo de un vehículo. En esa oportunidad le habría informado Antelo que "ella (Gabriela) tiene cercanía con algunas autoridades”.

Otro testigo de la Fiscalía, el empresario Antonio Assef, declaró ante el Tribunal que entregó 50.000 dólares a Wálter Zuleta, en presencia de Antelo y Zapata. El dinero fue entregado -dijo Assef- a condición de que viabilice la aprobación del proyecto de Ley de Casas de Juego.

Assef informó que Zapata incluso le citó, al menos en dos oportunidades, en su casa ubicada en La Rinconada, de la zona Sur de la ciudad de La Paz. En una de sus visitas -explicó- que estaba un ciudadano chino, quien expresaba cariños a Zapata.

Por incidente en OEA, oposición pide a Evo que destituya a Pary

Legisladores de oposición demandaron ayer al presidente Evo Morales que destituya al embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), Diego Pary, debido al incidente del pasado lunes, cuando suspendió una sesión del Consejo Permanente de ese organismo internacional.

"Hemos decidido solicitarle al Presidente que pueda, dentro de su atribución constitucional, destituir de manera inmediata al embajador Diego Pary de la OEA, para que este señor explique al país quién ha ordenado su accionar”, sostuvo Edwin Rodríguez, jefe de bancada de Unidad Demócrata en el Senado.

El 3 de abril, Pary en su calidad de presidente del Consejo Permanente suspendió una sesión de esa instancia y no participó de la reunión que finalmente trató la crisis de Venezuela.

Ayer, Rodríguez también sostuvo que Pary debe explicar si se valoraron las eventuales consecuencias de la decisión que tomó.

El legislador mencionó que el embajador en la OEA "hizo quedar mal” a Bolivia con los países vecinos, algo que podría perjudicar a Bolivia en cuanto al tema de la demanda marítima.

El senador afirmó que la destitución de Pary debe ser inmediata, dado que al fungir como presidente del Consejo Permanente demostró que hizo primar por encima de los intereses del país el apoyo a un gobierno que está cuestionado por sus rasgos autoritarios. "No puede hablar ya a título de los bolivianos”, manifestó.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, respondió al pedido de los opositores e indicó que aquella solicitud es "desatinada”. La autoridad pidió que si los opositores se "informen bien” sobre el reglamento del consejo y sobre cómo funciona esa instancia.

Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo que Bolivia no puede permitir que la presidencia del Consejo Permanente sea asaltada y que el país merece "respeto”. Calificó como ilegal la sesión del lunes.

Sin embargo, en el MAS también hubo críticas a Pary.

El senador Joaquino manifestó que el rol de Diego Pary "no fue el más acertado”.

Pary, quien el 1 de abril asumió el cargo de presidente del Consejo Permanente de ese organismo, suspendió la reunión del lunes. En el país le llovieron las críticas de opositores y especialistas. "Bolivia suspendió el consejo (no canceló) con el objetivo de informarse sobre los documentos de la sesión y realizar las consultas y coordinación con los países y grupos regionales”, dijo Pary el martes.

Las claves de la controversia

Origen El lunes, Diego Pary, presidente del Consejo Permanente, suspendió la reunión en la que se debía tratar el tema de la crisis en Venezuela.

Argumento Pary dijo que suspendió la reunión con la intención de informarse sobre los documentos de la sesión y realizar las consultas y coordinación con los países y grupos regionales.

Acción Una mayoría acordó proseguir con las discusiones y se aplicó un artículo del reglamento que faculta al embajador más antiguo cubrir la ausencia del presidente o el vicepresidente.

Económicos

Los Tiempos / Cochabamba

Productores garantizan soya en industria aceitera

Los productores de soya negaron ayer que la apertura del nuevo cupo de exportación de soya, de 300 mil toneladas repercuta en un déficit próximo a 2 millones de toneladas de este grano en la industria aceitera, como lo anunció el martes pasado la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob).

El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Marcelo Pantoja, explicó que este sector está de acuerdo con la exportación de soya con valor agregado (torta, harina, aceite) a través de la industria, pero aclaró que éstas deben pagar el precio correcto a los productores. “Si la industria aceitera no quiere que ese volumen se exporte como grano, lo único que tiene que hacer es pagar al productor el precio correcto”, agregó.

Una postura similar tiene Deysi Choque, secretaria ejecutiva de las Cuatro Federaciones de Trabajadores Campesinos del Norte Integrado (Cftcni) que aglutina a pequeños productores de soya, quien niega la existencia del déficit de grano en las industrias aceiteras y agrega que éstas, hasta la fecha, no se han fijado el precio, situación que deja en incertidumbre a los productores cuando la cosecha de la campaña de verano tiene un avance de al menos 30 por ciento.

Choque informó que las 2,5 millones de toneladas de grano de soya que se producen en Bolivia “son suficientes para cubrir la necesidad nacional”, ya que el 15 por ciento de este monto abaste el consumo interno y el 85 restante se va a las industrias que tienen el compromiso de exportar productos con valor agregado. Sin embargo, la dirigente puso en duda tal situación al indicar que las industrias nacionales se limitan a exportar aceite crudo y harina de soya.

Choque dijo que si las industrias aceiteras quieren materia prima deben ofertar un precio razonable, es decir, un equivalente al precio de Chicago menos el costo de logística, es decir unos 300 dólares por tonelada.

“Que no nos pongan 200 dólares de logística porque sabemos que esto varía entre 90 y 110 dólares. Quince industrias no nos van a mover a 62.000 productores”, sentenció la Choque.

Por otro lado, el Presidente de Anapo planteó una reunión entre productores y la Caniob para buscar una solución a las demandas del sector: la liberación plena de las exportaciones, el uso de semilla genéticamente mejorada, seguridad jurídica para las tierras productivas, lucha contra el contrabando y mejoramiento de infraestructura.

Buscan frenar contrabando de productos agrícolas

La ciudad de Montero, al norte de la ciudad de Santa Cruz, fue el escenario de una reunión realizada ayer entre el sector productivo y diversas instituciones estatales para buscar un freno al contrabando de productos agrícolas del oriente, sobre todo del maíz y del arroz.

La ejecutiva de la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Norte Integrado (Futcni) de Santa Cruz, Deysi Choque, informó que en la reunión participaron representantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) y del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), instituciones con las que pretenden armar una estrategia para frenar el ingreso de productos agrícolas de manera ilegal.

Explicó que se analizará la norma que posibilita la importación con la mínima cuantía que, en un determinado tiempo, se convierte en grandes cantidades que representan una competencia desleal para el sector productivo que no cuenta con las condiciones para obtener un precio competitivo.

Además, dijo que su federación socializará con sus afiliados la posibilidad de denunciar el contrabando para facilitar el trabajo de la Unidad de Control Aduanero (UCA) y, de ese modo, beneficiar a los productores nacionales.