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Existe una orden de captura contra padre de exministro

Eran las 12:45  del martes 7 de febrero, cuando Página Siete tocó las puertas del Juzgado Penal Económico, Secretaría Nº 16, donde confirmó  un dato proporcionado por residentes bolivianos: que Jorge Pérez Ardaya, padre del exministro de Gobierno, Jorge Pérez Valenzuela, tiene  la condición de prófugo de la justicia argentina. 

La gentileza de un efectivo de la Policía Federal de Argentina permitió encontrar al juzgado, que declaró bajo reserva el caso 9755 de Pérez Ardaya, quien está acusado de contrabando de estupefacientes.

El 6 de diciembre de 2006, Pérez Ardaya fue arrestado en el Aeropuerto Internacional   Ministro Pistarini, más conocido como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires (Argentina), por internar estupefacientes en una cantidad no precisada, porque el cuaderno de investigación está en depósito hasta que se logre la captura internacional.

Un funcionario de la Secretaria Nº 16 explicó a Página Siete que el 6 de diciembre de 2006,  el juez Diego Zysman Quiroz concedió la excarcelación. Siete días después, el 13 de diciembre de 2006, se determinó "sin prisión preventiva (medida sustitutiva)” por el delito de contrabando de estupefacientes.

Las condiciones que el juez impuso a Pérez Ardaya -para que se beneficie de la excarcelación- son que se presente una vez por semana en el Tribunal de Justicia de la Nación de Argentina, que fije un domicilio, que entregue su pasaporte y que no abandone el   territorio argentino.

Esa medida fue apelada en la Cámara (segunda instancia) y fue  revocada el 19 de abril de 2007. En ese marco, la justicia argentina dispuso la prisión preventiva porque Pérez Ardaya incumplió los compromisos y abandonó Argentina.  

"Por contrabando de estupefacientes los acusados tienen una serie de restricciones, tienen que comparecer en el juzgado, deben declarar. Entonces, considero que al haber incumplido estas  exigencias se ordenó su captura internacional. Se declaró el caso en reserva hasta que se lo capture”,  indicó el funcionario, quien para dar datos precisos consultaba de rato en rato al cuaderno de control jurisdiccional.

En 2006, el Código Procesal establecía en su artículo 316 que "cuando pudiere corresponderle al imputado un máximo no superior a los ocho años de pena privativa de la libertad podrá eximir de prisión al imputado”.

En el caso del contrabando de estupefacientes, el máximo legal de condena es holgadamente superior: 15 años.

También el Código Procesal en su artículo 319 establecía: "Podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia y el artículo 2 de este Código, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si éste hubiere gozado de excarcelaciones anteriores hicieren presumir, fundadamente, que el mismo intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones”.

En los últimos meses de 2006, Pérez Ardaya y otras 18 personas fueron detenidas en el aeropuerto de Ezeiza con un total de 88 kilos de cocaína ya sea en su cuerpo o en su equipaje. Las 19 personas detenidas fueron excarceladas por el mismo juez en lo penal económico, Diego Zysman, bajo la promesa de no huir.  

De acuerdo a los registros del Tribunal de Justicia de Argentina, tres se fugaron y el resto se presentó semanalmente ante el entonces magistrado.

En el juzgado sostuvieron que no se frustró la investigación, pues la captura seguirá vigente por lo menos por 12 años, cuando el acusado pueda volver a caer. 

El padre del exministro de Gobierno fue detenido por contrabando de estupefacientes, cuando aún tenía 56 años de edad; en la actualidad, Pérez Ardaya tiene 66 años de edad.

Captura internacional

Tras  10 años del caso, la captura internacional contra Jorge Pérez Ardaya está vigente, según se observa en el portal de Interpol. Incluso lleva sello rojo.

Página Siete llamó en reiteradas oportunidades al exministro de Gobierno Jorge Pérez Valenzuela. Tres de sus cuatro números de celular ya no estaban activos. Se insistió al cuarto número pero no respondió la llamada.       

El caso se registró después de un año de que el presidente Evo Morales asumiera el mando del país y la orden de captura de Interpol debieron ejecutarla los ministros de Gobierno.

La primera autoridad de esta cartera de Estado fue Alicia Muñoz, quien luego de un año fue reemplazada por Alfredo Rada, quien dirigió el Ministerio de Gobierno del 23 de enero de 2007 al 23 de enero de 2010.

Posteriormente, fue posesionado como  ministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien renunció al cargo el 27 de septiembre de 2011,   en medio del escándalo  por la represión a indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

En su reemplazo, asumió la dirección de esa cartera Wilfredo Chávez, quien  el 23 de enero de 2012 fue relevado en el cargo por Carlos Romero. 

El ministro Romero renunció a su cargo para habilitarse como candidato, pero el 27 de mayo de 2015 retornó al Ministerio de Gobierno ante la salida de Hugo Moldiz. La orden también debió ser ejecutada por las altas autoridades policiales.  

Las autoridades argentinas aún mantienen la esperanza de que se ejecutará la orden de captura.

Los  documentos

Identificación  Con los  datos personales proporcionados por la justicia de Argentina se verificó y confirmó en las entidades de Bolivia, sobre registro civil, que Jorge Pérez Ardaya es el padre de Jorge Pérez Valenzuela.  Todos los datos sobre quién es la esposa y quiénes son los hijos  de Pérez Ardaya coinciden al pie de la letra con los documentos a los  que  accedió Página Siete.    

"Si existe responsabilidad, la autoridad  tiene que responder” 

Autoridades del Gobierno coinciden, por separado,   que si alguno de sus colegas o excolegas  tuvo responsabilidad por no ejecutar la orden de captura internacional contra Jorge Pérez Ardaya, padre de un exministro, debe explicar y responder ante las autoridades judiciales.

"Los delitos son individuales. No se puede calificar o juzgar por el hermano, padre, entonces habrá que evaluar, saber cuáles son las circunstancias del   hecho. Probablemente la autoridad ha tenido que ver  aunque sea indirectamente, si fuera así, tendría responsabilidad, pero si no tienen nada que ver no tiene ninguna responsabilidad”, manifestó el ministro de Desarrollo Rural de Tierras, César Cocarico, quien fue parte de la delegación que viajó a Argentina para ver la situación de los residentes bolivianos en el vecino país.

En enero pasado, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprobó un decreto que endurece el control migratorio con el argumento de lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.     

Consultado sobre el caso, Cocarico aseguró:  "No tengo ninguna información, soy ministro de Desarrollo Rural, no he podido acceder a ninguna documentación”. 

Asimismo, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, dijo desconocer el caso y que no tenía ninguna información.

Gonzales fue designado como cónsul general en Buenos Aires. Asumió el cargo en noviembre de 2006, un mes después (el 6 de diciembre de 2006) fue detenido Jorge Pérez Ardaya, por contrabando de estupefacientes.

"No he conocido ese caso, no tengo información respecto al tema... Hay gente que ha estado vinculada a estos hechos, pero en todo caso, en todo lo que se ha manifestado es uno de los elementos que se había usado para estigmatizar a los bolivianos con el tema de narcotráfico;

hemos visto cifras, hemos recogido información del sistema penitenciario de Buenos Aires, de las cárceles federales y en todo caso el porcentaje de gente que está detenida respecto a la cantidad de hermanos y hermanas que viven en Argentina es un porcentaje insignificante, no llega ni al 0,1%. Entonces, esa pretendida participación o vinculación del boliviano con temas de narcotráfico es absolutamente desproporcionada”, declaró Gonzales en Buenos Aires, Argentina.

El jefe de bancada de Unidad Demócrata, el diputado Wilson Santamaría, manifestó que las autoridades deben dar explicaciones sobre por qué no detuvieron hasta la fecha al padre de un exministro que fue acusado por narcotráfico.