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Mineros amenazan con tomar el TCP si no se revierte la vigencia de preavisos de despido

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, advirtió con tomar la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) si no se revierte la vigencia del preaviso para despidos, figura que se había eliminado hace tres años.

"Como segunda instancia se está analizando la fecha de la siguiente semana que sí o sí se realizará el ampliado nacional de la Federación de Mineros para determinar las acciones claras, y si tenemos que tomar la decisión de trasladarnos a Sucre y tomar las instalaciones de la Tercera Sala, lo vamos a tener que hacer", sostuvo en conferencia de prensa.

Según el dirigente, la restitución de las cartas de preaviso viola los derechos de los trabajadores, por lo que amenazó con iniciar "un conflicto general nacional para defender la estabilidad laboral del país".

"Las acciones serán contundentes si no retroceden y restituyen la sentencia que anula las cartas de preaviso", enfatizó.

En 2013, el control constitucional anuló la vigencia del preaviso para despidos, bajo el argumento de que es contradictorio al derecho fundamental de estabilidad laboral.

No obstante, a finales de 2016, el TCP reconsideró esa sentencia constitucional y reincorporó en el ordenamiento jurídico la figura del preaviso como un mecanismo reconocido por la Ley General del Trabajo para disolver una relación laboral entre el empleador y el empleado.

En ese sentido, el principal representante de los mineros asalariados dijo que se sumarán al paro y a la movilización que decretó la Central Obrera Boliviana (COB) para el 16 de enero, en rechazo a la restitución de los preavisos.

ALP interpelará este sábado al ministro Claros por el caso LaMia

El presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera, convocó a la 18 sesión ordinaria donde el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, será interpelado para que brinde información sobre la emisión del certificado de explotación aérea a la compañía LaMia.

Según la convocatoria la interpelación a Claros será este sábado 14 de enero en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, a las 18:00. “Acto de interpelación al ministro de Obras Públicas, Milton Claros, sobre la obtención del certificado de explotación de servicios aéreos de la aerolínea LaMia Corporatio SRL”, señala el punto dos del documento.

Asimismo, la convocatoria prevé tratar la aprobación del decreto presidencial que tiene por objetivo otorgar un indulto total o parcial a personas privadas de libertad.

En una anterior oportunidad, Claros afirmó que la autorización otorgada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a la línea aérea LaMia, para el vuelo del 28 de noviembre en el que murieron 71 personas en Colombia, se realizó conforme establece la reglamentación.

Explicó que el primer permiso que se emite es por la DGAC en cumplimiento a las normas y que el segundo es el “referido al plan de vuelo”, por lo que ratificó que la exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Celia Castedo, debe responder ante instancias jurisdiccionales por haber dado luz verde a la salida de la aeronave de LaMia.

“En el proceso de investigación, en el análisis que se hace de esa autorización, no encontramos mayor irregularidad porque es parte de lo que ya se ha establecido en la reglamentación, se ha cumplido con esa autorización de salida al exterior”, dijo la autoridad.

El 28 de noviembre un avión de la empresa LaMia, que despegó del aeropuerto de Viru Viru, se estrelló poco antes de llegar al aeropuerto de Medellín, el hecho dejó un saldo de 71 muertos, la mayoría un equipo de fútbol brasileño Chapecoense.

Caso LaMia: comisión de fiscales llegará a Cochabamba para tomar declaraciones a Tumiri

El fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó que una comisión de fiscales se trasladará el próximo martes hasta Cochabamba para tomar declaraciones a Erwin Tumiri, el técnico aeronáutico boliviano que sobrevivió al accidente de LaMia.

Según una carta firmada por el jefe de la unidad de licencias de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Aldo Ostuni Renjel, durante el vuelo de LaMia, y otros, Erwin Tumiri fungió como mecánico de mantenimiento de aeronaves sin tener una licencia que lo acredite para realizar este trabajo.

“Anoche nos hemos reunido con los fiscales. El curso la investigación en el caso LaMia sigue, una comisión de fiscales viajará el martes de la siguiente semana para tomar declaraciones al señor Tumiri”, manifestó el fiscal.

Con relación a Celia Castedo, exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), informó que está siendo convocada por edictos de prensa para que regrese a Bolivia y preste su declaración informativa.

“Al Brasil se tendrá que pedir una cooperación internacional, que no se la ha pedido todavía, para convocar a Celia Castedo (…). Se está haciendo un peritaje para ver si se ampliarán las imputaciones a otras personas”, explicó Larrea.

Entretanto, Guido Colque, abogado de Castedo, informó en una anterior oportunidad que las autoridades de Brasil otorgaron permiso a su defendida, para trabajar en ese país, donde se encuentra refugiada.

Castedo es investigada por autorizar el plan de vuelo que siguió la aeronave de LaMia, desde su despegue en el aeropuerto de Viru Viru, de Santa Cruz, hasta Río Negro, el mismo que tiene una serie de errores, como el de no contar con un aeropuerto alterno y viajar sin reserva de combustible.

En el accidente de LaMia del 28 de noviembre murieron 71 personas y hubo seis sobrevivientes.

Aduana activó 15 mil procesos por faltas y delitos tributarios en 2016

La Aduana Nacional activó durante el 2016, 15 mil procesos por faltas y delitos aduaneros y logró una recaudación ordinaria de 12.838 millones bolivianos, según datos preliminares.

"Más o menos son 15 mil procesos entre delitos y contravenciones; gracias a ustedes logramos que ayer en El Alto se haga detención domiciliaria de una persona que llevaba mercadería de contrabando y que provocó daños a un vehículo de la Aduana", afirmó la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya.

Durante una conferencia de prensa, Ardaya dijo que con el objetivo de fortalecer a la Aduana durante la pasada gestión, se creó la Unidad de Control Aduanero (UCA) para reprimir ilícitos aduaneros.

La entidad actúa en coordinación con las Fuerzas Armadas, los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) y otras instituciones como el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), además de los municipios.

Como el mayor logro de los operativos de interdicción citó el caso Sabaya, cuando la Aduana Nacional en acción conjunta con el Ejército y la Policía efectuó una intervención y allanamientos domiciliarios en la localidad en coordinación con la Fiscalía. Logró decomisar nueve camiones con telas, ropa usada, artículos electrónicos entre otros.

Recaudaciones

Ardaya informó que las recaudaciones ordinarias llegaron a 12.838 millones de bolivianos durante la pasada gestión. Sin embargo aclaró que no son cifras cerradas por lo cual no se podría adelantar si fueron mayores o menores que el 2015.

"En el reporte de esta semana, tengo 24 por ciento más y sería una maravilla, pero esos elementos altibajos corresponden a importaciones rezagadas del año pasado y sólo el dato tendremos en marzo cuando el Instituto Nacional de Estadísticas me dé datos de importación y veamos el balance", explicó.

De acuerdo a los datos desagregados, la Gerencia Regional Santa Cruz recaudó Bs 5.623 millones (43,8 por ciento); Gerencia Regional La Paz, Bs 3.577 millones (27,9 por ciento); Gerencia Regional Oruro, Bs 1.127 millones (13,3 por ciento); la Gerencia Regional Cochabamba alcanza una participación del 8,8 por ciento; Gerencia Regional Tarija representa el 4,6 por ciento y la Gerencia Regional Potosí el 1,6 por ciento.

La Aduana logró ejecutar el 87 por ciento de su presupuesto. Su presidenta anunció mayores acciones de control en aeropuertos, no sólo de vuelos internacionales, sino locales, para evitar que el contrabando burle al Estado.