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El Gobierno destinó más de Bs 134 millones a sedes sindicales

Con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), el Gobierno destinó más de 134 millones de bolivianos a la construcción de sedes sindicales para las organizaciones sociales, según el informe de fiscalización que realizó Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata (UD).

El documento de Ortiz indica que "54 actores de la sociedad civil y los movimientos sociales, entre ellos cooperativas mineras, Federación de Maestros Rurales, Federación de Choferes, Sindicatos y otros fueron favorecidos con la construcción de sus sedes sindicales financiadas por el Tesoro Público con una erogación total de Bs 134.864.489”.

La UPRE, creada el 4 de abril de 2007 mediante Decreto Supremo 29091, es una institución pública desconcentrada con independencia de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo dependencia del Ministro de la Presidencia.

El senador Ortiz afirmó que la UPRE "es como la caja chica del Gobierno porque asigna y transfiere recursos incluso a entidades privadas para obtener réditos electorales, sin priorizar políticas de desarrollo social”.

De acuerdo al informe de fiscalización, la UPRE incrementó su presupuesto para proyectos de inversión pública de 213,7 millones de bolivianos, que se le asignó en 2011, a 3.054 millones de bolivianos que recibió en 2015, el monto más alto.

"En este incremento se nota claramente el criterio político con el cual se maneja la UPRE, dado que los años en los que recibe mayor cantidad de recursos, coincide con los periodos preelectorales y electorales de las últimas gestiones”, manifestó Ortiz, senador de oposición.

De acuerdo al informe, la UPRE destinó a la construcción de mercados, estadios, coliseos, canchas de césped sintético, sedes sindicales y otros proyectos un total de 1.430.433.134,42 bolivianos.

El presidente Evo Morales construyó y entregó sedes sindicales a diferentes organizaciones sociales, afines al partido de Gobierno.

En 2011, Morales entregó una sede a la Federación Departamental de Campesinos Tupac Katari, que forma parte del Pacto de Unidad y de la Coordinadora Nacional por el Cambio, organizaciones de la estructura del MAS.

"Si lo comparamos con la construcción de escuelas y hospitales, queda claro lo afirmado anteriormente: para el MAS la educación y la salud son secundarios. Si se analiza lo destinado a proyectos de desarrollo productivo, el porcentaje es insignificante; lo que en las prioridades del presidente Morales para este fondo no se contempla es ayudar a las familias bolivianas a disponer de fuentes sostenibles de ingresos propios”, se lee en el informe de fiscalización.

Óscar Ortiz indicó que la obra más costosa que financió la UPRE fue la construcción del estadio de fútbol en Villa Tunari, en la región del Chapare, Cochabamba. Su costo fue de más de 78 millones de bolivianos, casi 20 veces el costo promedio de la infraestructura deportiva financiada por la UPRE que es de 4.041.188,31 millones de bolivianos.

Económicos

Los Tiempos / Cochabamba

El Ministro que quiso suspender al TAM ahora calla

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, evitó responder las consultas sobre las condiciones en las que opera el Transporte Aéreo Militar (TAM) con pasajeros civiles desde hangares militares y delegó toda la responsabilidad al Ministerio de Defensa, durante el informe oral que brindó ayer ante la Cámara de Senadores.

“No existe contradicción en el hecho de que no puedo informar sobre las operaciones aéreas del TAM (…) el Ministerio de Obras Públicas no tiene información sobre operaciones militares”, sostuvo el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, como justificativo a su silencio en casi la mitad de las 12 preguntas planteadas por el pleno de la Cámara de Senadores.

Según Claros, la cartera del Estado que preside no puede realizar ninguna observación a sistema de seguridad aérea que emplea el TAM para operar con pasajeros civiles en seis rutas del país.

Durante el informe oral complementario que brindó Claros, los senadores de oposición criticaron la indiferencia de la autoridad respecto al control de vuelos militares con pasajeros civiles.

“Desde el momento de que el TAM está vendiendo pasajes y está transportando a civiles que compran esos pasajes, ésa no es una operación militar, ésa es una operación comercial y, por tanto, debiera exigírseles que cumpla con todas las normas de seguridad que establecen las normas nacionales”, sostuvo el senador opositor Óscar Ortiz.

Lamentó que Claros se deslinde de la responsabilidad sobre las operaciones del TAM al indicar que “la diferencia no es de dónde parten los aviones del TAM sino a quiénes transportan”.

Por su parte, el senador Arturo Murillo, advirtió a la autoridad sobre la responsabilidad que recae en el Gobierno en caso de que se registre algún siniestro por la falta de control a los vuelos que realiza esa unidad de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).

El diciembre pasado, Claros instruyó a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea de Bolivia (Aasana) suspender las actividades comerciales del TAM porque incumplía con los procedimientos estipulados para operar en diferentes rutas del país.

Tras el informe oral, los senadores elaborarán un informe pleno sobre ambos casos en trabajos que se realizarán por comisiones.

Detalles sobre el caso Lamia

Durante el informe Oral que brindó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, ante la Cámara de Senadores, se develó los nombres de los inspectores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) en la pista del aeropuerto de Viru Viru.

Identificó plenamente a cinco de los inspectores que estaban de turno el día que salió el avión de LaMia con destino a Medellín, pero los liberó de responsabilidades porque no se cumplieron los procedimientos de alerta tras la aprobación del plan de vuelo.

En tanto, el fiscal departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea, informó que la investigación sobre el caso LaMia tiene un “gran avance”. Se espera la audiencia de la Celia Castedo, una de las principales acusadas que fungía como responsable de Aro Ais de la Aasana que se llevará a cabo mañana.

Larrea explicó que se comprobó, en los teléfonos celulares, la existencia de llamadas telefónicas entre ejecutivos de LaMia y el venezolano Ricardo Albacete.