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Cocarico descalifica a yungueños

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, descalificó la oposición de los cocaleros de Los Yungas de La Paz al proyecto de Ley General de la Coca porque está supuestamente ligada a afanes políticos, toda vez que el presidente de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, estaría impulsando la creación de un partido político.

“Tengo información de que el Presidente de Adepcoca estaría con afanes políticos e incluso convocando a dirigentes para conformar su partido político, entonces, si vamos a manejar bajo a esa visión política, yo pienso que estamos por el camino equivocado, así no se va a lograr nada”, aseguró.

Los cocaleros de Los Yungas de La Paz se declararon en emergencia y rechazaron el proyecto de Ley General de la Coca enviado por el Gobierno al Legislativo, que establece una extensión máxima de 13.000 hectáreas de cultivo para el departamento paceño.

Aseguraron que no permitirán que se ponga un límite para los cultivos dentro del cordón tradicional que se definió en un convenio de 2008 y que, si bien no especifica extensiones, abarca a 394 comunidades, que por supuesto representan más de 13.000 hectáreas.

“Si hay este posicionamiento político, estamos en problemas, así no se puede avanzar. Nosotros no solamente trabajamos para un sector sino para todo el país, las leyes son de vigencia para todo el país. Es muy importante Los Yungas de La Paz, nosotros de todas maneras, todos los intereses que competen a Los Yungas de La Paz hemos incorporado a la Ley. Hemos hecho caso a sus sugerencias”, manifestó.

Cocarico recordó que, a solicitud de los productores de Los Yungas paceños, se eliminó el impuesto a la hoja de coca, por lo tanto, espera que acompañen en la aprobación del proyecto de Ley y dejen de lado sus amenazas sobre cercos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tal cual anunciaron los dirigentes del sector.

La Ley 1008 se promulgó en 1988 y establece que en el país sólo pueden cultivarse 12.000 hectáreas de coca. La norma será reemplazada y el Gobierno pretende que el nuevo límite sea de 20.000 hectáreas, 13.000 para La Paz y 7.000 para Cochabamba.

De acuerdo a la norma, las 12.000 hectáreas de cultivo de coca están distribuidas en la zona de Los Yungas, un cato por familia en el Chapare, para usos tradicionales, como el acullico (el masticado de la hoja de coca), para la producción de mates y otros fines industriales.

En tanto esto acontece, decenas de campesinos de la provincia Inquisivi marcharon por la carretera Oruro - La Paz con destino a la sede de Gobierno con el fin de exigir al Gobierno la inclusión de los cultivos de coca de ese territorio en la nueva Ley General de la Hoja de Coca.

CNS y Gobierno endurecen posturas

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) anunciaron la radicalización de las medidas de presión y advirtieron que “no darán más cuartos intermedios al Gobierno porque fueron engañados” por éste, que, por el contrario, demostró tener otras prioridades como favorecer a los agroindustriales, empresarios y otros, en desmedro del sector laboral.

El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Social (Fensegural), Boris Villa, lamentó la actitud del Gobierno de mantener al gerente general de la CNS, Alfredo Jordán Romero, pese a haberle entregado al Presidente documentación que demuestra irregularidades que habría cometido en la Caja Petrolera de Salud.

Explicó que el sector accedió al pedido del Ejecutivo de establecer un cuarto intermedio en el paro indefinido movilizado que se inició el 6 de febrero y que presumiblemente se esperaba una respuesta o una solución a inicios de esta semana, lunes.

En tanto, la ministra de Salud, Ariana Campero, dijo ayer que para instalar nuevamente el diálogo con los trabajadores de la CNS, éstos deben levantar el paro indefinido.

“Levanten sus medidas y empezamos a debatir y dialogar, por lo que, ratificamos, tienen que levantar la movilización del paro y nosotros vamos a debatir y dialogar porque bajo presión no se dialoga de ninguna manera”, dijo a los periodistas.

En tanto, como apoyo a la medida de presión de los trabajadores y galenos de la Caja, el Colegio Médico de Bolivia determinó paralizar actividades por 24 horas, hoy, a nivel nacional.

Representantes de los médicos que prestan servicio en la CNS denunciaron una serie de amedrentamientos por parte de funcionarios o autoridades del Ministerio de Trabajo que realizan inspecciones a las diferentes instalaciones en las que se brinda la atención médica.

Expresaron que por el “Policlínico Central”, ubicado en la Plaza Murillo se presentó un “supervisor del Ministerio de Trabajo” para verificar si los galenos estarían prestando la atención respectiva. “Pese a que se conoce que estamos en paro de actividades y se está brindando la atención en emergencias, el jefe de personal nos exige que estemos en nuestros puestos de trabajo sin respetar nuestra determinación y el derecho a huelga que tenemos los trabajadores”, dijeron.

Maestros queman textos con imágenes de Morales

Los maestros urbanos que salieron ayer en una marcha de protesta en contra de la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez y la resolución 001, quemaron en plena plaza principal varios ejemplares de los denominados “pluritextos”, cuyo contenido tienen varios dibujos que representan al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera, pero además, utiliza temas como el Dakar y las computadoras Quipus como ejemplos para la materia de matemáticas.

Sin embargo, desde el Ministerio de Educación señalaron a Los Tiempos que no existe ni un solo texto oficial que sea obligatorio para las unidades educativas, por lo tanto, advirtió a los padres de familia y los maestros tomar su previsiones.

“Estamos doblemente indignados. Cómo es posible que nuestros niños sean manipulados en un culto a la personalidad, en colocar a un elemento como Evo Morales, (Álvaro) García Linera como ejemplo a seguir, como un espejo a mirarse eso. Es realmente un crimen”, dijo la dirigente Norma Barrón.

Señaló que “abiertamente” los maestros no están obligados a usarlo; pero lo muestran como un texto barato, completo y elaborado de acuerdo a la malla curricular y “eso es inducir a que los maestros pidan este texto o los padres de familia compren por todos estos aspectos que supuestamente les conviene”.

Añadió que los textos habría sido “editados por el Gobierno a precio módico, precisamente para que obtengan los padres de familia. En el campo están obligando a su uso”.

El Grupo Editorial “Educa Productiva” sería el responsable de su elaboración.