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ALP empieza debate del Código del Sistema Penal

La presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, anunció ayer que la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento del proyecto del Código del Sistema Penal a partir de mañana, por lo que se avecina un trabajo intenso para revisar los pormenores de la propuesta.

“El jueves, ingresa el Código del Sistema Penal a la Cámara y vamos a tener mucho trabajo, y esperamos que ustedes (los periodistas) se acoplen a este debate, porque es el debate que le importa a la gente, cómo resolver los problemas de la justicia para que la gente inocente no esté en la cárcel y evitar que los delincuentes sigan matando mujeres”, enfatizó.

A finales del año pasado, los presidentes de las cámaras de Senadores, José Alberto Gonzáles, y de Diputados, Gabriela Montaño, presentaron el proyecto de Código del Sistema Penal en La Paz y Santa Cruz, luego de tres intensos años de trabajo conjunto con los presidentes de las comisiones de Constitución y de Justicia de las dos cámaras y de un equipo técnico del Ministerio de Justicia.

El Código establece que las audiencias no se suspenderán por la inasistencia de las partes, del abogado defensor, del fiscal o del juez, con el fin de evitar mecanismos de dilación o retardación. Establece la oralidad plena para toda actividad procesal, eliminando así la tramitación de memoriales, además de otros mecanismos para desterrar la retardación de justicia y la denominada “chicana”.

Oficina gestora

También se creará la Oficina Gestora de Audiencias para cubrir la desprotección y desatención a la víctima, otro de los males del sistema. Prevé una variedad de opciones para la resolución del conflicto (conciliación, procedimiento abreviado, entre otros) y además incorpora la medida de reparación económica como sanción. El diagnóstico reveló que es necesario rediseñar la institucionalidad penal, revalorizando el trabajo de los jueces y creando para todos ellos una misma jerarquía para equilibrar la carga procesal.

El proyecto de Código del Sistema Penal contiene 627 artículos, tres disposiciones transitorias, dos disposiciones adicionales, una disposición final y disposiciones abrogatorias y derogatorias.

Mujeres piden garantías para hacer política

Mujeres de distintos sectores plantean que la nueva ley de organizaciones políticas garantice que ellas tengan un financiamiento específico para que participen en contiendas electorales; pero, además, se creen instancias específicas para que verifiquen el cumplimiento de los derechos y a ejercer una participación libre de violencia.

La Coordinadora de la Mujer, con el auspicio del Órgano Electoral, organiza talleres en todos los departamentos para recoger propuestas con miras a aportar a la nueva norma, para ello convocó a mujeres autoridades y líderes de cada región.

“Es importante fortalecer la ley de organización política y adecuarla a la Constitución Política del Estado, la Ley de Régimen Electoral, la Ley del Órgano Electoral, la Ley de Autonomías y la leyes específicas que protegen las mujeres como la Ley 348 y la Ley 243 contra el Acoso y la Violencia Política”, dijo la representante de la Coordinadora de la Mujer, Claudia Arce.

Señaló que es necesario que exista un presupuesto público y que los recursos propios de cada organización sean administrados de manera justa y equitativa. “Aún en estos días, no tenemos acceso a recursos propios y si tenemos recursos propios o comunes con nuestra pareja, todavía no tenemos una total decisión de estos recursos en el momento de participar en política”.

Arce dijo que es “una barrera” para las mujeres el acceder y controlar estos recursos, por lo tanto, “los partidos políticos tendrían que tener un fondo específico para ayudar a las mujeres no dispongan de recursos propios para pagar candidaturas, campañas políticas”.

También plantean que los estatutos de las organizaciones políticas contemplen la paridad, equidad y alternancia en toda la estructura de los partidos políticos desde las militancias y, especialmente, los puestos de decisión dentro los partidos políticos y en los puestos de representación de las organizaciones. “También se propone que los programas de Gobierno que se presenten en un proceso electoral tengan enfoque de género y que sea verificado por el Órgano Electoral. Estamos planteando fortalecer sus funciones tanto en materia de paridad y alternancia como en acoso y violencia política”, señaló.

Pasarela costará $us 600 mil

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) inició acciones legales contra la empresa frigorífica, propietaria del camión que el pasado 11 de febrero, protagonizó un accidente de tránsito en el sector de Lahuachaca en la carretera La Paz-Oruro, donde chocó y derribó la pasarela valuada entre 350.000 760.000 dólares.

La presidenta de la ABC, Nohemí Villegas, dijo que a través de la gerencia jurídica se tramita el cobro del seguro del frigorífico porque, según los datos de Tránsito, el accidente pudo evitarse.

Sostuvo que por la velocidad que aplicaba el chofer, el vehículo hizo impacto contra la columna central de la infraestructura.

Por ahora se levantan informes técnicos sobre los daños a la pasarela, porque es una obra nueva y requiere de mayor ingeniería para reinstalar el paso a desnivel, explicó Villegas.

Promueven charlas contra la discriminación

El Ministerio de Educación instruyó a las Direcciones Departamentales (DDE) a realizar charlas y reflexiones en las unidades educativas para prevenir la discriminación de género.

La determinación se adoptó luego de que se denunciará de forma pública un supuesto caso de discriminación con la negativa de inscripción de un estudiante varón de 15 años que deseaba ingresar a la Unidad Educativa “Venezuela”, donde el 100 por ciento de la población estudiantil es mujer.

Luego de conocer la denuncia, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que se “instruyó a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación actuar de oficio e investigar el proceso de inscripción a la Unidad Educativa ‘Venezuela’ y de comprobarse que el director y los maestros cometieron actos de discriminación, iniciar un proceso y emitir las sanciones correspondientes”.

De la misma forma, el director de la Unidad de Transparencia, Carlos Echazú, aseguró que se instruirá, a través de las Direcciones Departamentales de Educación, que se puedan crear charlas y reflexiones en las unidades educativas con la finalidad de evitar la segregación y evitar prejuicios que desencadenan discriminación y exclusión entre los y las estudiantes.