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Apoyo estatal para nuevos empleos será por 6 meses



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Apoyo estatal para nuevos empleos será por 6 meses


El apoyo que dará el Estado en el pago de los beneficios sociales para los nuevos trabajadores contratados por las empresas bajo la modalidad 30%-70%, del Plan de Empleo Urgente, será por 6 meses. El empresario deberá garantizar el empleo por 1 o 2 años.

Así lo hizo conocer ayer, durante una entrevista con la red estatal de medios, la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, quien dio detalles sobre el programa gubernamental de empleo.

“Si un microempresario se acoge al esquema del 70-30% el Estado, cuando firma el convenio con él, acuerda que lo acompañará durante seis meses, por ejemplo. Hasta fin de año lo acompañará apoyándole con (el pago de) los beneficios sociales del trabajador”, manifestó la funcionaria.

El martes, el presidente Evo Morales presentó el plan que consta de cinco programas que tiene el objetivo de lograr la meta de 60.600 fuentes de trabajo. Se incluye un sexto componente para fortalecer el Fondo Indígena, aunque en esa ocasión no se dio detalles sobre la creación de fuentes laborales.

Gobierno activa ambicioso plan de empleo con una inversión de $us 146,4 millones

En el Programa de Inserción Laboral se dará un incentivo a las empresas para que realicen nuevas contrataciones con una contraparte del Estado en el pago de los beneficios del trabajador. Este esquema consta de tres modalidades.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón.

Aseguradoras reciben más de $us 72,8 millones por seguros en Bolivia


Hasta febrero de este año, las aseguradoras que operan en el país recibieron al menos 72,8 millones de dólares por cuenta de las diferentes modalidades de seguros que ofertan.

Los 72,8 millones de dólares de la producción directa neta de anulaciones hasta febrero están distribuidos en seguros generales (38,3 millones de dólares), seguros de fianzas (3,3 millones de dólares), seguros obligatorios contra accidentes de tránsito (3,5 millones de dólares) y seguros de personas (27,7 millones de dólares).

Este domingo 14 de mayo, se celebra el Día Mundial del Seguro y la Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) sostiene que Bolivia plantea como desafío un mercado potencial para los seguros.

Según estimaciones de ABA, hasta diciembre de 2016 el sistema asegurador boliviano presentó una producción directa neta de anulaciones de 459 millones de dólares. Hasta febrero de ese año el monto había llegado a 89,7 millones de dólares.

El presidente de ABA, José Luis Camacho, resalta que “como resultado de las cifras, se puede inferir que la solvencia y estabilidad del sector se mantienen sólidas, como para apoyar el desarrollo sostenido del mercado asegurador de nuestro país y afrontar nuestras obligaciones con los asegurados”.

Los servicios de las aseguradoras se enfocan en cinco modalidades: generales, de fianzas, SOAT, de personas y previsionales. Éstos últimos son los que presentan menor crecimiento, pero a la vez significan un gran potencial en el país, ya que incluyen seguros por riesgo común, profesional, vitalicios, por invalidez, muerte, gastos financieros y de sistema de reparto.

“En la actualidad, nuestro mayor reto a corto plazo es consolidar una verdadera alianza estratégica público-privada en el Estado, para desarrollar políticas públicas y generar un alto impacto en la seguridad social y privada en Bolivia, acompañadas con ahorro interno e inversión que produzca un círculo virtuoso económico y social”, afirma Camacho.


El Deber / Santa Cruz

CasaCor Bolivia cerró con $us 5 millones en negocios


Este fin de semana concluyó la quinta edición de CasaCor Bolivia, evento que tuvo la visita de 33.000 personas, cifra que deja satisfechos a los organizadores de la muestra de arquitectura, diseño de interiores y paisajismo.

De acuerdo con un comunicado de CasaCor Bolivia, que abrió sus puertas del 12 de abril al 13 de mayo, se registró un movimiento económico de $us 5 millones en intenciones de negocios.

Quito Velasco, director de la franquicia en Bolivia, indicó que este año fueron 56 profesionales los que encararon los trabajos de restauración y puesta en valor de la quinta urbana ubicada en Los Cusis Nº 157, junto con ellos más 70 empresas apoyaron CasaCor.

"Este año se batió un récord con relación a los años anteriores. Hemos demostrado que a los cruceños nos gusta vivir en contacto con la naturaleza. También ha sido una plataforma para que los jóvenes profesionales muestren su talento”, indicó Velasco.

Citarán a seis exfuncionarios de YPFB por el caso taladros


El Ministerio Público del distrito de La Paz escuchará las declaraciones de otras seis personas presuntamente involucradas en el caso de la compra irregular de taladros por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a la empresa italiana Drillmec, aunque aún no se considera citar al titular de la empresa estatal, Guillermo Achá.

“En el transcurso de esta semana, seis personas serán citadas a que declaren en la Fiscalía. Ya declararon una sindicada (Paola Andrea Oporto, exgerenta de Contrataciones) y otros cuatro testigos. Aún no hay ninguna decisión sobre el presidente de YPFB. Tenemos que tener primero las declaraciones de toda la comisión de licitación. De acuerdo con eso, vamos a valorar y ver si corresponde citar al señor Achá”, informó ayer el fiscal Rudy Terrazas que integra la comisión que investiga el caso.

Sin embargo, no fue posible obtener mayor información de las pesquisas ya que el Ministerio Público considera el caso “muy delicado”.

Aunque no está declarado en reserva, el caso se está tomando con mucho cuidado para que no se filtre información y pueda generar algún tipo de observación por una de las partes o por algún dato que pueda ser malinterpretado”, dijo Ramiro Jarandilla, el segundo fiscal que lleva el caso.

Antecedentes


A mediados de marzo, el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, reveló irregularidades en el proceso de licitación para la compra de tres taladros de perforación a favor de la empresa italiana Drillmec que iban a costar al Estado $us 148,8 millones y pidió que se inicie una investigación.

Al mismo tiempo, el senador opositor Óscar Ortiz exigía responsabilizar al presidente de la estatal petrolera junto a la comisión calificadora, denunciaba sobreprecio y pedía paralizar el proceso.

El 18 de abril, el ministro de Justicia, Héctor Arce, presentó ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia contra 16 personas involucradas por el proceso presuntamente irregular de contratación de la empresa italiana Drillmec. Se los acusó por los delitos de contratos lesivos al Estados, entre otros.

Obligaciones cumplidas


El abogado de Andrea Oporto, Róger Valverde, explicó que su defendida ha presentado toda la documentación que respalda que ella “ha actuado conforme a normativa en el caso” y que está dispuesta a colaborar en las investigaciones.

“Con papeles en mano, Oporto demostró haber cumplido con sus obligaciones en su calidad de gerenta de contrataciones. La declaración fue muy larga donde se hicieron muchas preguntas. Como recién se está investigando el caso, no ha habido requisitos como para aprehenderla”, señaló. 


Ortiz cree que no hay voluntad en pesquisa


 El senador de Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz lamentó que la Fiscalía no tenga voluntad para investigar el caso taladros, ya que ve lentitud en el avance y se da poca información a la población.

“Estoy frustrado por el avance de las investigaciones. Hay evidencias claras que han sido respaldadas por Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. Pero veo que hay una inacción de la Fiscalía que no es casual. Evitan que se procese mi denuncia para no incluir al presidente de YPFB, Guillermo Achá. No hay la más mínima voluntad de avanzar con esta investigación”, dijo el senador.

Ortiz manifestó desconocer más declaraciones de exfuncionarios de la empresa estatal porque el caso “se mantiene bajo sigilo y no quieren que la población conozca el tema”.

Insistirá con el fiscal general, Ramiro Guerrero, para que se procese su denuncia y logre que se convoque a Guillermo Achá e inclusive al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

“Está quedando en evidencia que el Gobierno protege a Achá y evita que haya publicidad en este caso. Sobre todo que haya una investigación transparente”, dijo.

Ortiz presentó una denuncia penal en contra de Guillermo Achá, ante la Fiscalía General en Sucre.


Bolivia con déficit comercial de $us 52,5 millones en 10 años de producción de papa


Incluyendo las papas para siembra, frescas, fritas, deshidratadas, fécula y harina de papa, entre el 2010 y 2016, el saldo comercial de éstos productos resultó deficitario. En dicho período las importaciones superaron a las exportaciones con más de $us 52,5 millones, señala el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el INE.

Al primer trimestre de 2017, el valor exportado de éste tubérculo y sus derivados se incrementó en un 4%, de igual manera las importaciones crecieron en un 33% respecto al mismo período de la gestión pasada.

El 35% del volumen de papas y subproductos exportados tuvo como primer destino Brasil, a quien se le vendió principalmente chuño. Le sigue Paraguay con el 26%, cuyas ventas fueron papas deshidratadas y fritas.

Durante el 2016, el 91% del volumen importado de papas y sus derivados provino del Perú. Las compras en su mayoría fueron papas frescas.

La producción de papa ha ido en aumento, logrando el mayor registro de producción en el año agrícola 2016-2017 con 1 millón 120 mil toneladas en 191 mil hectáreas, a un rendimiento de 5,9 toneladas por hectárea.

En el año agrícola 2009-2010 se registró la producción más baja del periodo estudiado, con 909 mil toneladas en una superficie de 159 mil hectáreas a un rendimiento de 5,7 toneladas por hectárea.

Bolivia consume aproximadamente 1,1 millón de toneladas de papa al año y el consumo per cápita es de 108 kilogramos.

Página Siete / La Paz

Plan: empresas quebradas serán para los obreros


El Gobierno  propone que los  obreros se hagan cargo de empresas que están en quiebra y las conviertan en una compañía  social con el objetivo de  reactivar la producción y absorber la mano de obra.

La propuesta está considerada en el proyecto de ley 218/17 de ley de creación de empresas sociales, documento que se remitió a la Asamblea Legislativa para su respectivo tratamiento. 

En la  exposición de motivos, el documento argumenta que la  obligación del Estado es el resguardo de  los derechos laborales de los trabajadores y generar oportunidades de empleo, así como impulsar el desarrollo del aparato productivo del país.

El objetivo es reactivar la producción, reorganizar y absorber la mano de obra, que incursione  en el mismo mercado que la empresa que dio origen o similar,  en defensa de sus fuentes de trabajo, según estipula el  artículo 2.

Define que una empresa social es la que está constituida  por los trabajadores activos de una compañía privada cuando está en  proceso de quiebra, concurso o liquidación, conforme a lo previsto en el Código de Comercio.

También procederá su constitución cuando los procesos de quiebra, concurso o liquidación   hubiesen concluido, y  cuando se cierre  o se dé el abandono injustificado de una empresa privada.

En todos los casos,  sólo podrán constituirse en empresas sociales las que están vinculadas a actividades privadas, precisa el artículo 4 del proyecto de ley.


El procedimiento


En el documento se subraya  que en cualquiera de las tres modalidades, los trabajadores que acuerden de manera voluntaria constituir una empresa social deben presentar ante un juez la copia de la demanda que iniciaron.

Y cuando  los obreros aún estén activos en una compañía y decidan constituir  una empresa social, deberán expresar su interés   ante una autoridad pública competente que dé fe de la misma.

Y para las empresas, en caso de cierre o abandono, el procedimiento especial señala que los obreros que tengan relación laboral vigente y éste les genere beneficios sociales, podrán solicitar ante un juez  en materia laboral la intervención judicial.

Además, con el fin de dar continuidad a las operaciones, da  la posibilidad de que los acreedores que decidan formar parte de la empresa social  constituyan inversiones con el objetivo de acrecentar el capital social.

Según el proyecto de ley, en caso de que el balance social determine la existencia de deudas que sobrepasan el activo de la empresa, éstas serán asumidas por el empleador con la totalidad de sus bienes personales (conforme al artículo 1335 del Código Civil).

En 2013 el presidente del Estado,  Evo Morales, sostuvo  que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado  faculta     que     los trabajadores (...) puedan , de acuerdo con la ley, reactivar y reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, cerradas o abandonadas de forma injustificada, y conformarán empresas comunitarias o sociales. 


Tecnimont asegura que YPFB escogió lugar de petroquímica


La empresa italiana Tecnimont sugirió a  Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que la Planta  de  Propileno y Polipropileno se ubique en cercanías de la Planta Separadora de Líquidos   Gran Chaco, pero la estatal petrolera decidió que se levante en  la comunidad de Cabaña del Algarrobal, al norte, lejos del lugar. 

Hasta el momento, Tecnimont se adjudicó los contratos para la construcción de este proyecto, proceso cuestionado por analistas que consideran que la empresa se convierte en  "juez y parte”, ya que participará de  la fase de ingeniería procura y construcción del complejo, aunque la compañía negó esa situación.

De acuerdo con Máximo Pepe, director general para América Latina de la firma, Tecnimont sugirió a la estatal construir la petroquímica  en un área cercana a la planta de separación de líquidos; sin embargo, la estatal decidió construir la planta en un terreno de su propiedad, lo  que posteriormente cambió.

"Lo sugerido por Tecnimont a YPFB   fue localizar el complejo en las cercanías de la planta de separación de Gran Chaco, fueron ellos quienes  seleccionaron un sitio de su propiedad.

Posteriormente la estatal se decidió seleccionar otro sitio diferente; este último es el que se tiene considerado actualmente”, precisó.

 De acuerdo con información de medios tarijeños, este lugar se encuentra en la comunidad de Cabaña del Algarrobal, distante a  20 kilómetros de la ciudad de Yacuiba y cerca de 15 kilómetros de la planta Gran Chaco.

Según el experto en  hidrocarburos Hugo del Granado,  ubicar  el complejo petroquímico a esa distancia de la planta separadora de líquidos, la cual proporcionará la materia prima para la fabricación de plásticos (propileno y polipropileno), generará costos adicionales porque supone la construcción de dos ductos, que demandarán unos   20 millones de dólares. La planta debió ser situada más cerca de Gran Chaco, de la cual se alimentará.

Pepe, en respuesta  a un cuestionario de  Página Siete, confirmó que la locación del complejo petroquímico supone un costo adicional, no considerado en el contrato firmado con YPFB, pero aclaró  que este "costo es menor al que se hubiera destinado a la preparación del terreno en la locación anteriormente escogida por la estatal”.

"Es correcto que se deben considerar los ductos, que no forman parte del alcance del contrato adjudicado. Sin embargo, hay que tener en cuenta un considerable ahorro de costo relacionado con la preparación del sitio inicialmente seleccionado por YPFB y el que se indicó por último (diferente al anterior), ahorro considerablemente mayor que el de los ductos”, dijo.

Página Siete envió un cuestionario a YPFB para conocer su versión respecto a este asunto,  no obtuvo repuesta.

 Cerca de los mercados

El analista del sector  Bernardo Prado opinó que la ubicación del complejo petroquímico debe estar  cerca de sus potenciales mercados.

"La planta debería estar tan cerca como sea posible de sus mercados. Es decir, si se piensa exportar a Perú, se debería construir cerca de la frontera, lo mismo en el caso de Brasil o Argentina o si se piensa enviar los plásticos por mar, construirla cerca de la frontera con Chile”, agregó.

Según Prado, YPFB no ha sido claro con los mercados a los cuales será destinada la producción de la Planta de Propileno y Polipropileno, por lo cual es apresurado emitir algún juicio respecto a la ubicación designada para la construcción del complejo.

"Los costos relacionados a la distancia entre la Planta de Propileno y Polipropileno y  Gran Chaco es menos importante que  los relacionados con el transporte de la producción a los mercados o puertos en el caso de que  éstos se encuentren en ultramar; sin embargo, aún no conocemos si  los plásticos que saldrán de allí tienen un mercado y cuál será”, añadió.

Este complejo que  permitirá  convertir el gas natural en plásticos industriales  es el proyecto más caro en la historia de YPFB, con un costo de 2.200 millones de dólares.

Italiana señala que no tiene ninguna relación con Odebrecht 


La empresa italiana Tecnimont asegura  que no tiene ninguna relación con la cuestionada firma brasileña Odebrecht, pese a que existe una carta con el membrete de ambas compañías que fue enviada al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. 

Odebrecht   es cuestionada e investigada en varios países por el pago de sobornos y pagos irregulares en el marco del caso Lava Jato.


La carta


En la misiva dirigida a García Linera,  fechada el 25 de abril de 2016, meses antes del destape del escándalo de corrupción de la constructora brasileña, Tecnimont y Oderbrecht expresan la  intención de reunirse con la autoridad para poner en consideración su propuesta para la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno.

"Podemos asegurar al Gobierno Plurinacional de Bolivia que Odebrecht  Ingeniería y Construcción-Bolivia, asociada a MAIRE TECNIMONT-, tienen la capacidad para ejecutar el proyecto a través de negociación de ‘Contrato IPC llave en mano’ en base a la experiencia en ingeniería y construcción de plantas petroquímicas, habiendo realizado proyectos de similar complejidad en otros países”, explica la misiva con el membrete de ambas empresas.

La comunicación oficial además propone la inmediata ejecución del proyecto "en forma integral y en régimen acelerado, convencidos de que es viable la puesta en marcha e inicio de la producción en 2020”.

ANH analiza la situación financiera de las estaciones


El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, informó ayer  que se realiza estudios técnicos para determinar la situación financiera de las estaciones de servicio del país, cuyos representantes exigen un incremento a la comisión que cobran por la venta de gasolina y diésel.

Según  la ANH, hace 14 años que las estaciones de servicio no elevan el costo de sus comisiones, por lo que ahora se trabaja con ellos en los informes respectivos que serán elevados al Ministerio de Hidrocarburos cuando sean concluidos.

"No se les ha incrementado hace 14 años el nivel de comisión que ellos tienen; se están haciendo los estudios respectivos, se trabaja con ellos para determinar y elevar los informes al Ministerio de Hidrocarburos”, dijo.

A inicios de este mes, la gerente general de la Asociación de Surtidores (Asosur) La Paz, Carla Zuleta, afirmó que el sector se encuentra en estado de emergencia en demanda de un incremento del 100% a la comisión que cobran por la venta de gasolina y diesel. 

Según Zuleta, el alza sólo significaría una "nivelación” de costos, tomando en cuenta los incrementos salariales de los últimos años y el alza de costos en equipos y de logística que tiene el sector. 

Medrano mencionó que  el 90% de las estaciones de servicio del país pertenecen a capitales privados, por lo que el aumento salarial detonó que muchas de ellas hicieron sus reclamos.




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Edición a cargo de Eduardo Grebe


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