2 empresas chinas pugnan por fiscalizar El Mutún
Las empresas chinas Chongquing Cisdi Engeneering Consulting Co (Cisdi Group) y China International Engeneering Consulting Corporation (IECC) presentaron sus propuestas en busca de la adjudicación de la Supervisión y Certificación de Calidad del Proyecto Siderúrgico Mutún, que se iniciará aproximadamente en septiembre próximo. Dichas propuestas fueron abiertas ayer, por lo que se constató que ambas firmas tienen un presupuesto menor a los 33 millones de dólares que había destinado la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM).
El director de la ESM por el municipio de Puerto Suárez, Antonio Tudela, informó, sin precisar detalles, que una de las empresas propuso 22 millones de dólares y la otra 27 millones, montos que serán evaluados por la parte ejecutiva y técnica de la empresa estatal para que el próximo lunes se dé respuesta definitiva.
Tudela consideró como un aspecto positivo el hecho de que las propuestas estén por debajo del presupuesto, ya que la empresa encargada de la fiscalización del proyecto deberá ajustarse a las condiciones técnicas.
En tanto, el desarrollo del proyecto siderúrgico, ubicado en Puerto Suárez, frontera con Brasil, fue adjudicado a la empresa china Sinosteel Equipment en enero de 2016 por un monto de 450 millones de dólares, inversión que será financiada por el Eximbank chino, que todavía no efectuó el desembolso por falta de dos requisitos fundamentales.
A decir de Tudela, estos requisitos son la adjudicación de la empresa fiscalizadora del proyecto y la licencia de impacto ambiental, los cuales estarán definidos dentro de al menos un mes. De este modo, la construcción del proyecto podría ejecutarse a partir de septiembre.
Sin embargo, estos detalles serán evaluados en la reunión de directorio programada para hoy en la ciudad de Santa Cruz, ocasión en la que además se analizará el avance del financiamiento del Eximbank, las modificaciones presupuestarias y otros asuntos.
Proyectos y prórrogas
En una anterior reunión, el directorio de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM) aprobó la venta de 200 mil toneladas de mineral de hierro a diferentes mercados internacionales, como Argentina, Brasil, Paraguay y otros de Sudamérica, durante la gestión 2017, proyectando un ingreso de al menos 4 millones de dólares por este concepto.
El inicio de operaciones en el yacimiento Mutún, uno de los más grandes del mundo con al menos 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de manganeso, estaba previsto inicialmente para marzo de 2017.
Sin embargo, este plazo se fue extendiendo continuamente debido a algunas demoras en el desembolso de los recursos provenientes del Eximbank, que debe desembolsar el financiamiento para la obra.
Oruro cumple paro cívico por puerto seco y prevé más medidas en asamblea
Organizaciones representativas del departamento de Oruro cumplieron ayer un paro de 24 horas, que fue acatado en un 90 por ciento, según evaluación de la mismas instituciones locales, que anunciaron nuevas medidas de presión que serán definidas en una próxima “Asamblea de la Orureñidad”.
El paro fue ejecutado en demanda de la construcción de un “puerto seco” (terminal intermodal interior) en ese departamento, comprometido por el Gobierno. Sin embargo, el viceministro de Comercio Externo, Interno y Exportaciones, Martín Bazurco, había anunciado días atrás que el proyecto se ejecutaría en Patacamaya (La Paz).
Pese a que fuentes del Gobierno se pronunciaron indicando que el Viceministro ya había corregido su error, las instituciones orureñas cumplieron el paro con la suspensión de labores educativas, cierre de negocios y bloqueo de carreteras.
El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Richard Calisaya, dijo que su sector está de pie para defender los intereses del departamento de Oruro.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Salinas, señaló que el puerto seco de Oruro ya cuenta con un diseño final desde hace cuatro años, pero que la Gobernación de ese departamento incumplió con su parte.
El presidente del Comité Cívico, Pedro Challapa, dijo que las nuevas medidas serán para pedir 467 millones de bolivianos, para la ejecución y funcionamiento del puerto seco.
Empresarios rechazan los contratos a largo plazo del Plan de Empleo
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) rechazó ayer que se obligue a los empresarios a firmar contratos a largo plazo con los jóvenes trabajadores, sin que antes se los evalúe. De la misma manera, defendió el derecho de despido de la empresa.
La CNC tomó esta posición después de que, el pasado fin de semana pasado, la ministra de Planificación, Mariana Prado, declaró, en entrevista con la red de medios estatales, que las empresas que se acojan al Plan de Empleos propuesto por el Gobierno deberán garantizar al menos un año de trabajo al nuevo profesional.
Al respecto, el presidente de la CNC, Marcos Salinas, planteó la modificación del reglamento del plan para posibilitar el retiro de personal que no cumpla con los requerimientos de la empresa o industria que lo contrate.
Salinas señaló que la experiencia ha mostrado que, en muchos casos, personal joven sin experiencia, que recibió capacitación para cumplir determinada función, no se adecuó a las exigencias de la empresa o la industria.
“Pedimos que durante esos seis meses en los que el Gobierno se hará cargo del 30 por ciento del salario, se vaya evaluando al personal, y, si cumple los requisitos, que continúe en la empresa; pero si el desempeño no es adecuado, que el contrato termine ahí. El gran problema que tenemos es la inmovilidad funcionaria”, manifestó.
Según el empresario, hay personal que, cuando siente que su empleo es a largo plazo, ya no se capacita, actualiza ni se esfuerza por realizar su trabajo de manera competitiva, en detrimento de la empresa.
El Gobierno “nos han ofrecido capacitar al personal que necesitamos, pero tenemos una preocupación muy importante. Si no cambiamos la reglamentación esto no va a funcionar”, manifestó el empresario.
Gobierno
La Ministra señaló que el programa de inserción laboral es un pilar fundamental para el Gobierno y está orientado especialmente a los jóvenes, para lo cual se tiene una inversión de 57 millones de dólares. El Estado cubrirá el 30 por ciento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Cajas de Salud (CNS) y el empresario el 70 por ciento del salario. La base de cálculo es de 4.000 bolivianos.
Sin embargo, “no es que termina el programa y la gente a la calle, sino que el empresario debe garantizar al menos un año más de empleo”, comentó.
El Plan de Empleo que lanzó el presidente Evo Morales tiene el objetivo de disminuir el desempleo de 4,5 a 2,7 por ciento.
El Gobierno asignará una inversión de 146 millones de dólares del Tesoro General de la Nación (TGN), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y financiamiento externo, según explicó la Ministra.
Constructores
Las empresas constructoras en Santa Cruz son escépticas con el Plan Nacional de Empleos. El gerente de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Javier Arce, dijo que, mientras no exista voluntad política del Gobierno para tomar en cuenta al empresariado nacional en los proyectos estatales, la propuesta será una mera propuesta electoral.
Además, indicó que ven con mucho “escepticismo” dicho plan mientras no haya un sinceramiento de parte del Estado. “No vemos con buen augurio este planteamiento que hace el Presidente”, dijo a Radio Fides.
“Expectativa siempre va a existir de parte de nuestro sector, pero si vamos a continuar con las políticas del Gobierno no vamos a poder ver los resultados”, dijo.
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