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Embajador perfila anticipación de la reunión ministerial Bolivia-Perú

La reunión de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, puede anticiparse y realizarse en Arequipa el 1 de septiembre como cierre del trabajo técnico y de viceministros y vicecancilleres previo. Inicialmente se planteaba como inicio de las reuiones el 1 de septiembre.

El embajador boliviano en Lima, Gustavo Rodríguez, indicó este lunes que la cita fijada para el 1, 2 y 3 de septiembre en la ciudad peruana de Arequipa podría "adelantarse unos días".

"Es probable que sea dos día antes, quizá la fecha del 1 de septiembre se refiera más bien a la reunión Presidencial (entre Kuczynski y Morales)”, explicó durante una entrevista a la radio estatal Patria Nueva.

El gabinete ministerial consta de tres partes: una primera que reúne a técnicos de ambos países que hacen seguimiento a acuerdos anteriormente firmados; una segunda, que involucra a viceministros y vicecancilleres; y la tercera que son consensos finales con la firma de la declaración presidencial.

Será la tercera ocasión en que Bolivia y Perú sostengan una cita de estas características. La primera tuvo lugar en 2015 en la Isla de Esteves, en Puno, Perú, y la segunda, organizada en octubre de 2016, en la ciudad de Sucre.

Rodríguez indicó que el encuentro es “importante” porque por un lado muestra las buenas relaciones entre ambos países y por otro lado el interés de ambos gobiernos en establecer un clima de diálogo para mostrar a la población y al mundo la búsqueda de la concertación para generar procesos de desarrollo.

El 9 de mayo, los cancilleres de Bolivia, Fernando Huanacuni, y de Perú, Ricardo Luna, en Lima, anunciaron oficialmente el Encuentro Presidencial y la III Reunión del Gabinete Ministerial Binacional Perú – Bolivia para el 1 de septiembre en la ciudad de Arequipa.

Comisión retoma tratamiento del Código Penal y se anuncia 'varios cambios'

El tratamiento del proyecto de Ley del Código del Sistema Penal será retomado el martes en la Comisión de Constitución con el anuncio de "varios cambios" como resultado del trabajo de socialización sobre temas que motivaron debate.

La diputada y presidenta de la comisión, Susana Rivero, informó del trabajo y anunció que el debate de este martes estará centrado en la parte dogmática del derecho y las infracciones penales, clasificadas en crímenes, delitos y faltas y el tipo de sanciones.

“En el planteamiento en detalle vamos a plantear varios cambios pero producto de todo este gran proceso de socialización”, anticipó y recordó que el proceso de socialización se hizo en todo el país, incluso con la participación de expertos internacionales.  

Uno de los temas que desató debate fue el referido a la ampliación de las causales para el aborto.

Varias organizaciones, iglesias cristianas y la Católica rechazaron la iniciativa y coincidieron en denunciar que se busca despenalizar la interrupción del embarazo. La Plataforma por la Vida entregó el pasado mes al Legislativo libros con 140 mil firmas de rechazo a la iniciativa legal.

La propuesta de ley viabiliza el aborto hasta las primeras ocho semanas de embarazo y cuando la mujer se encuentre en situación de extrema pobreza, no cuente con recursos suficiente para la manutención, sea estudiante o madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención.

También da paso a la interrupción del embarazo en cualquier etapa de gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada,  en caso de que se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o que la embarazada sea niña o adolescente.

El proyecto de ley contiene 666 artículos, tres disposiciones transitorias, cuatro disposiciones adicionales, y tres disposiciones abrogatorias y derogatorias. Fija también sancionar, además, a los administradores de justicia por retardación, acorta plazos de los procesos judiciales e impulsa la conciliación, entre otros aspectos.

Los miembros de la Comisión retomarán su trabajo por tiempo y materia.

Tribunal inicia juicio oral al exalcalde Edgar Patana por la desaparición de 33 vehículos

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción inició este lunes el juicio oral al exalcalde de El Alto, Edgar Patana, por la desaparición de 33 vehículos que fueron adquiridos con recursos económicos de la Alcaldía.

"Por querer transparentar el funcionamiento y manejo del municipio, por haber hecho en mi gestión la auditoría se me hace este proceso por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica", dijo Patana a los periodistas.

Aseveró que en el juicio oral desvirtuará las acusaciones, porque varios de esos vehículos fueron comprados antes de su gestión, vale decir, en 1985.

"Estoy privado de libertad un año y seis meses, cumpliré mi palabra de no evadir a la justicia y dar la cara en este proceso promovido políticamente", enfatizó.

A su vez, el diputado de oposición Rafael Quispe, como parte querellante recordó que en 2013 un decreto supremo conminó a los gobiernos municipales a realizar una relevamiento del parque automotor.

Por ese motivo, dijo que Patana ordenó la auditoria y contrató a una consultora cuyo informe estableció la desaparición de 33 vehículos como camionetas, vagonetas, equipo pesado y otros.

Dijo que Patana, que ejerció el cargo de alcalde hasta 2014, no hizo nada para denunciar y ver los mecanismos para recuperar ese patrimonio del Estado.

Tribunal fija para el 17 de mayo la lectura de sentencia en el caso Zapata

El presidente del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Iván Perales, anunció para el 17 de mayo la lectura de alegatos y sentencia en el proceso que enfrenta Gabriela Zapata y otros coimputados, acusados de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos.

"El Tribunal dispuso para el 17 de mayo la audiencia donde se escucharán las conclusiones y alegatos de las partes dentro del juicio oral para después emitir la sentencia contra Zapata y los cinco coimputados", dijo a los periodistas.

Detalló que entre los delitos más graves que pesan contra Zapata se encuentra la legitimación de ganancias ilícitas, que tiene una privación de libertad de 5 a 10 años.

Recordó que en el juicio se impuso a Zapata la multa de 5.500 bolivianos porque junto a su abogado interrumpió el desarrollo de dos audiencias de presentación de las pruebas testificales.

En el caso de la exresponsable de la Unidad de Gestión Social del Ministerio Público, Cristina Choque, la máxima pena es de 8 años de privación de libertad por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y otros.

En la lectura de alegatos, agregó que la comisión de fiscales deberá defender y probar la tesis del Ministerio Público sobre el pliego acusatorio.

Perales informó que de un centenar de testigos ofrecidos por las partes solamente 12 se presentaron a la fase de reproducción de prueba testifical.

Asimismo, mencionó que se realizaron inspecciones oculares a la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia y oficinas de la empresa china CAMC pero restó ir a la casa de Zapata, en la urbanización La Rincona, en la zona Sur de La Paz.

Manifestó que el tribunal aguarda la declaración escrita del ministro de Minería, Cesar Navarro, quien fue ofrecido como testigo de la principal implicada en el juicio, que se inició la segunda quincena de marzo.