Nacionales 1 Ministros dejan cargos mañana, según Canciller 1

Exsupervisor de Aasana es enviado a Palmasola

El juez Martín Camacho ordenó anoche la detención preventiva para el exsupervisor de vuelo de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea de Bolivia (Aasana), Joons Teodovich, acusado por la comisión de delitos de lesiones gravísimas, homicidio culposo y desastre en medios de transporte, en el marco de las investigaciones por el accidente de un avión de la aerolínea LaMia suscitado el pasado 28 de noviembre.

El juez, en su resolución, consideró, entre otros aspectos, que Teodovich tiene las posibilidades de influenciar en terceros para proteger alguna documentación útil para la investigación y que además representa un peligro de fuga por el cargo y el trabajo que desempeña en el aeropuerto de Viru Viru.

La defensa del imputado apeló la resolución del juez y calificó a la misma como injusta, al argumentar que el plan de vuelo no llegó a las manos de Teodovich y que la funcionaria de Aro Ais, de Aasana, Celia Castedo, quien es la primera en recibir este documento, no remitió ninguna observación a Teodovich, quien era su inmediato superior.

Según los argumentos planteados por los representantes del Ministerio Público, del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Transparencia, Teodovich conocía el plan de vuelo y comunicó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), con sede en La Paz, que el vuelo estaba listo para partir, omitiendo la verificación de aspectos operativos como el peso de la nave y la cantidad de combustible. Sin embargo, la defensa del ahora detenido insistió que esas no formaban parte de sus funciones.

“Esto estaba ya programado a pesar de que mi persona no es culpable de nada. Yo no conocía de las fallas del avión de LaMia, sin embargo, se me sanciona siendo que yo libre puedo defenderme, puedo tener derecho al trabajo, mantener a mi familia… Es una injusticia desde todo punto de vista. Lamento que la justicia actúe así, pareciera que es digitada por el Gobierno o por quién será”, indicó Teodovich en medio del llanto de sus familiares, que protestaban por la resolución del juez.

Además, Teodovich dijo que este proceso recae sobre el “más vulnerable”, a tiempo de criticar que el exdirector nacional de Aasana, Tito Gandarillas, quedara en libertad tras su declaración informativa que prestó el jueves en la Fiscalía departamental de Santa Cruz.

Por su parte, su abogado, Edmundo Jacobo, aseguró que es lamentable el accionar de la justicia y que espera revertir la situación en la audiencia de apelación, la cual debe fijarse en las próximas 72 horas.

Acusan a gandarillas

Guido Colque, abogado de Celia Castedo, refugiada en Brasil, criticó que Tito Gandarillas hubiera sido liberado. Dijo que Gandarillas no fue imputado por ser “un militar masista que responde a la línea de Gobierno y que tiene lazos de lealtad a quien le dio el cargo”. Agregó que Gandarillas, en su calidad de jefe, tenía toda la obligación de controlar que el vuelo de LaMia cumpla con todas las normativas. 

Aún rige decreto que paró hidroeléctricas

El decreto 28389 que se aprobó en la gestión presidencial de Eduardo Rodríguez Veltzé, en 2005, y paralizó la concesión en el país de licencias a proyectos hidroeléctricos en la cuenca Mamoré-Madera (Bolivia-Brasil) impulsados por empresas brasileñas, aún está vigente.

El citado documento, en sus artículos 1 y 2, ordenaba “con carácter de urgencia”, estudios para determinar el aprovechamiento integral de las cuencas hidrográficas del país, priorizando la cuenca Madera-Mamoré y el río Beni. Asimismo, el artículo 8 advertía que, mientras se realizasen los estudios, quedarían suspendidas las adjudicaciones a empresas hidroeléctricas.

Rodríguez Veltzé, en correo electrónico que respondido a este medio de comunicación en 2014, explicó que esa decisión se tomó debido a que, durante su gestión presidencial, “se advirtió que los intereses brasileños sobre proyectos hidroeléctricos en la zona tenían un fuerte impulso, particularmente por parte de firmas constructoras como la Odebrecht y otras que habían solicitado licencias ambientales para encarar proyectos de ese orden en 2004”.

“En atención a los antecedentes y a fin de precautelar los intereses del Estado, mi Gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº 28389, de 6 de octubre de 2005, cuyo contenido se explica por sí mismo. Permitió frenar adjudicaciones de obras inconsultas y sobre todo proyectar institucionalidad para que el Estado adopte decisiones bien informadas”, explicó Rodríguez Veltzé, en ese entonces.

El citado decreto declaraba “de interés y prioridad nacional” el establecimiento de una política nacional sobre el aprovechamiento de las cuencas hidroeléctricas del país y creaba una comisión impulsora integrada por cinco ministerios y presidida por el de Obras Públicas y Servicios. También se creó un Comité Técnico conformado por representantes de seis viceministerios y presidido por el de Asuntos Territoriales.

La misma norma fue citada en sus artículos 2 y 5 en el Decreto Supremo de 2837 del 13 de julio de 2016 para autorizar al Ministerio de Economía y Fianzas, un aporte de capital a favor de Ende para el proyecto hidroeléctrico de El Bala, que actualmente está en estudio.

Proyecto binacional

El estudio para el proyecto hidroeléctrico binacional río Madera, cuenta con 600.000 dólares de un fondo no reembolsable del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el resto del costo del estudio será pagado por ENDE y Electrobras en partes iguales. Inicialmente, se prevé que el proyecto hidroeléctrico generará 3.000 megavatios (MW) que serán distribuidos en partes iguales entre ambos países.

El proceso de licitación está a cargo de CAF con la participación de técnicos bolivianos y brasileros en la supervisión. El tiempo para la ejecución es de 18 meses.

Fondo de Pensiones invirtió 13% de sus recursos en la banca y el TGN

Según un estudio de la Fundación Milenio titulado “Pensiones, subsidiar con dinero ajeno”, del patrimonio de 92 mil millones del Fondo de Pensiones, en 2016, las administradoras invirtieron 7 mil millones en la banca y 5 mil millones en el Tesoro general del Estado (TGN).

El informe indica que las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), canalizan los ahorros de los trabajadores  a través de mecanismos competitivos, pero al mismo tiempo de bajo riesgo para los trabajadores.

“Por ejemplo, compran certificados de depósitos a plazo fijo de los bancos. No de un banco particular sino de cualquiera que sea capaz de ofrecer garantía de devolución y el mejor interés. Para eso, los bancos van a la bolsa de valores y ofrecen sus certificados, y las AFP depositan donde sea más apropiado. A su vez, los bancos usan ese dinero para crear líneas y programas de crédito accesibles a cualquier persona o empresa”, explica.

Paralelamente, indica que el Gobierno también recibió una parte “considerable” de los recursos ahorrados por los trabajadores, pero lo ha hecho emitiendo bonos del Tesoro, letras y bonos del Banco Central.  “El Estado ya ha recibido cerca de 5 mil millones de dólares por los cuales, además, paga intereses cada vez menores”, indica el artículo.   

Por otra parte, existe alrededor de 1.400 millones de dólares en los Fondos de Inversión. “Las AFP han considerado apropiados ya que existe bajo riesgo”, según la Fundación Milenio.  

El presidente de  la Asociación de Jubilados del Nuevo Sistema de Pensiones, Carlos Quiroga, indicó que constantemente los agricultores son afectados por los cambios climáticos y no existen garantías, por lo que serán los principales actores movilizados rechazando el traspaso del 5 por ciento de los aportes de este sector al agro oriental.

“Vamos a respetar la determinación del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), si el Gobierno no revierte vamos a movilizarnos, estos tres días son para planificar que tipo de medidas vamos a asumir si marchas o bloqueos”, manifestó Quiroga.  

El Gobierno dispuso 150 millones de dólares para otorgar créditos al sector agropecuario. La medida se asumió tras una reunión con empresarios agroindustriales de oriente en Santa Cruz. La decisión se plasmará en un decreto supremo.

Cob pide anulación

En ampliado nacional, la Central Obrera Boliviana (COB) resolvió el pasado jueves, exigir al Gobierno dejar sin efecto, en un plazo de 72 horas, el compromiso que suscribió con la agroindustria de oriente para destinar 150 millones de dólares del fondo de pensiones a préstamos para ese sector.

En ese sentido, le dio un plazo de 72 horas al Gobierno para dejar sin efecto esa determinación. Afirmó que destinar el dinero del Fondo de Pensiones es un “manoseo” del Gobierno a los recursos confiados a las administradoras.