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Exdirector de la DGAC es enviado a la cárcel de San Pedro en La Paz

La jueza tercero Anticorrupción, Claudia Castro, resolvió enviar al exdirector de Registro Aeronáutico Nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Gustavo Vargas Villegas, a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por la presunta comisión de los delitos uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y beneficio en razón al cargo.

Los delitos están directamente relacionados con la autorización de la matrícula CP 2933 de la empresa LaMia, aeronave que tuvo un siniestro en Colombia y cobró la vida de 71 personas.

La autoridad jurisdiccional justificó la determinación porque se evidenció un favorecimiento a la solicitud planteada por su padre, Gustavo Vargas Gamboa, gerente de la aerolínea.

“Se ha podido advertir autoría e individualización del mismo y se ha podido advertir de que existiría ciertos riesgos por lo cual es necesaria la detención preventiva del ahora imputado. La resolución es de carácter provisional la misma que puede ser modificada en la fase preparatoria”, detallo.

Explicó que se observó la celeridad con la que se tramitó la matricula del avión y que, por lo tanto, “se ha podido establecer que en un solo día, desde la presentación de la solicitud para la autorización hasta la emisión de la resolución administrativa que otorgaba la matrícula a la aeronave, en tal entendido, sí ha habido una acción muy diligente”.

A su vez, el fiscal asignado al caso, Daniel Ayala, señaló que la autoridad jurisdiccional denunció un posible riesgo de fuga porque no pudo acreditar domicilio y trabajo.

“El 29 de diciembre de 2014, el imputado en su calidad de Director del Registro Aeronáutico Nacional emitió un informe en el que concluye que la empresa LaMia presentó y cumplió con todos los requisitos exigidos para la designación de matrícula provisional con validez de 150 días, por lo que se procedió a la importación de la nave aérea”, destacó.

OACI no tiene representación en Bolivia

Las Naciones Unidas (NNUU) aclaró, mediante un comunicado, que la Organización Aeronáutica Civil (OACI) no cuenta con un representante en el país.

La aclaración de las NNUU surge después de que Javier García, representante del Gobierno ante la OACI, dijera que esa entidad no emitirá sanciones por el accidente ocasionado la semana pasada por el avión de LaMia y en el que murieron 71 personas.

“El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia aclara que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo especializado de las Naciones Unidas, no tiene una oficina ni una representación permanente en Bolivia”, señala el comunicado.

El texto agrega que “en ese sentido, (NNUU) exhorta a los medios de comunicación a precisar ante la opinión pública, que el Sr. Javier García Soruco es representante del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OACI, pero no representa a la Organización”.

Por tanto, indica, “las declaraciones expresadas por el Sr. García Soruco a los medios de comunicación, no son atribuibles ni representan a la OACI”.

Ayer, Javier García, descartó sanciones al país por el accidente del avión LaMia en Colombia, porque esa entidad no es punitiva, sino técnica y de supervisión del cumplimiento de los protocolos internacionales para la aeronavegación entre los países.

Dijo que tampoco otorga categoría a ningún Estado porque la OACI está compuesta por estados y lo que hace es cumplir sus funciones, misión y objetivos que trazan.  

Aclaró que cuando existe un Estado que, por alguna razón, ha incumplido sus compromisos, lo máximo que hace es una notificación.

“Eso es lo máximo que da la OACI como ‘sanción’ pero también le ofrece recursos humanos, expertos, equipamiento, sistemas de cooperación regional para retornar a lo de antes”, afirmó en una entrevista en medios televisivos.

Dejan sin efecto incremento del SOAT 2017

Gobierno y transportistas acordaron anular el incremento del precios del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), tras una reunión entre ambas partes que se sostuvo ayer, en La Paz, informó el ejecutivo del Transporte Federado de Cochabamba, José Orellana.

Inicialmente, UNIVida, la aseguradora estatal, planteó un incremento del costo del SOAT de 7 bolivianos para el sector privado y 5 bolivianos para el sector público. El aumento respondía a las mejoras tecnológicas implementadas en el seguro.

Hasta el cierre de esta edición, Orellana informó que los choferes lograron que se atienda sólo una de las tres demandas planteadas por su sector.

Afirmó que el Gobierno insiste en implementar el chip y mantener vigente el Decreto supremo 2920, que crea la aseguradora estatal UNIVida, convirtiéndola en la única empresa autorizada para comercializar el seguro.

La Confederación de Choferes de Bolivia no acepta que la venta del SOAT quede en manos del Estado. El sector se declaró en estado de emergencia y en Cochabamba  amenazan con ir a un paro y bloqueo de caminos si no se atiende sus observaciones.

Pliego

La demanda de los Choferes se resumen en tres puntos: el rechazo al incremento en el precio del SOAT 2017, el rechazo a la implementación del chip y, por último,  exigen la modificación del Decreto Supremo 2920 que dio pasó a la “estatización” del SOAT. “El transporté nacional en su conjunto ha rechazado este SOAT y pedimos una modificación del decreto 2920.

Hay varias observaciones como la variación sustancial al precio en relación a este año, así mismo, pretende implementar un chips electrónico y ya tenemos una amarga experiencia con el B-Sissa”, dijo Orellana.

Los transportistas no aceptan que el Gobierno haya elaborado el Decreto Supremo cambiando la estructura y modalidad del seguro sin la participación del sector, aseguran que la norma tiene vacíos y falencias.

La siguiente semana, los transportistas evaluarán los resultados de la reunión con el Gobierno para definir futuras acciones si no se llega a un acuerdo.