Lucha silenciosa
El 30 de junio de 2010, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de los 12 presos políticos, el movimiento social en torno a Atenco bajó de perfil.
Atrás quedaron las grandes marchas, mítines y plantones y la exigencia de juicio político para uno de los orquestadores de los operativos, el gobernador mexiquense y ahora aspirante a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
Hoy, a las mujeres agredidas, golpeadas y torturadas sexualmente sólo se les recuerda en cada aniversario de los violentos operativos con plantones que apenas congregan a una veintena de personas, ya sea en la PGR o en las instalaciones de la Fevimtra.
La “investigación” lleva cinco años y aún no hay culpables, pero no es por falta de pruebas o evidencias sino por falta de voluntad política, asegura Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional litiga el caso de 11 mujeres ante la CIDH.
Las autoridades “tienen la lista de quienes custodiaban a los detenidos. Nos parece muy claro que deberían conocer quiénes fueron, sin que ellas (las víctimas) los tengan que reconocer”, advierte Sáenz al tiempo que critica que aunque se acreditó la tortura sexual, las instancias continúan hablando de actos libidinosos y abuso de autoridad.
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