Índice de Forum en Línea 218
José Manuel Gómez Porchini
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- Garantías para madres trabajadoras, logro del artículo 123 constitucional Guadalupe Cruz Jaimes
- Al día, 34 niños migrantes viajan solos a EU * No existen políticas para su atención: Jorge Omar García Patricia Briseño
- "Pocitos", sepulcros autorizados Sara Lovera
- Intermediario del carbón, el gobierno de Coahuila
- Prevé cabida de homosexuales en Iglesia * Debates en la X Semana Cultural de la Diversidad Sexual Guillermo Montalvo Fuentes
José Manuel Gómez Porchini jmgomezporchini@gmail.com http://www.mexicodebesaliradelante.blogspot.com/
Se refirió a la nueva corriente en el mundo de la doctrina del derecho laboral y de la seguridad social que busca dejar de cargar el peso de la seguridad social sólo en los trabajadores y pretende ahora, que se soporte en impuestos generales. Hizo valer la forma en que en Uruguay se ha atacado el problema de la falta de fondos para pensiones mediante el Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 8% a contar de 2007 o 2008. No recuerdo el dato exacto, pero sí que se subió el IVA del 15 al 23 por ciento para soportar pensiones. Externó que en Europa ahora se ha buscado un nuevo sistema para las pensiones y que va, en palabras del ponente, tras impuestos generales. Se refirió el conferenciante, excelente en su oratoria, por cierto, que ya desde hace dos o tres años la doctrina va en ese sentido. Es bueno, muy bueno que el mundo empiece a generar cambios. Hace ya siete años, aquí, en México, hice valer la creación del Impuesto de Aportación de Seguridad Social Indirecto, IASSI por sus siglas, por lo que sentí al escucharlo, el orgullo de saber que una idea de un mexicano ya ha logrado permear en el mundo jurídico. La idea que usted y yo hemos compartido, está publicada desde 2004 y cuento con los derechos de autor debidamente registrados, lo que obviamente me brinda toda la tranquilidad. Pero además, tuve oportunidad de presentarla a concurso de CISS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, de la que México forma parte, la entregué a todos los partidos políticos desde hace ya muchos años, está publicada en Argentina casi al mismo tiempo en que quedó elaborada y ha aparecido en prensa desde aquel entonces. La única edición mexicana es de manera particular por éste su seguro servidor. No he logrado apoyo para publicarla. De hecho, en 2006 en la Asamblea en Monterrey, Nuevo León, tuve como orador en favor de mi propuesta a don Porfirio Muñoz Ledo, propuesta que fue mi ponencia en la academia, que está registrada y aparece en los anales de la propia academia y que se convirtió en tema de conversación. En 2007, en la asamblea en Chihuahua, repetí el tema. En 2009, en Tampico, llevé como ponencia El homicidio laboral, tema que no he podido ver en otros foros y Francisco Alan Yáñez G., uno de mis alumnos, excelente por cierto, presentó como ponencia la diferencia entre trabajo y empleo, que fue otro de los temas que presentó en su disertación el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Definitivamente, como mexicano, es un orgullo que las ideas surgidas en el norte del país, vamos, en México, empiecen a tomar valor y sean defendidas en todos los foros. Siempre es válido apoyarnos entre todos, con tal de tener la voz y la presencia, definitivamente muy importante, como la del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, presidente de la Junta Directiva Internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Dr. Guillermo Cabanellas. Las leyes no tienen derechos de autor. Me gustaría conocer su opinión. Vale la pena. Garantías para madres trabajadoras, logro del artículo 123 constitucional Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC cimac@laneta.apc.org El artículo 123 constitucional ha sido modificado en tres ocasiones; en cada una de ellas se incluyeron cambios que significaron un avance en los derechos de las trabajadoras ligados a la maternidad, sostuvo Aleida Hernández Cervantes, académica de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante el encuentro “El artículo 123 y la deuda con las trabajadoras en el siglo XXI”, convocado por la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS), la especialista relató que desde la primera redacción de la Carta Magna, en 1917, las mujeres exigieron un apartado que ampliara sus derechos pero su petición no prosperó. A pesar de que todos los derechos laborales establecidos en el 123 constitucional correspondían a mujeres y hombres, ellas sólo fueron nombradas como quienes no podían realizar trabajos pesados o “inseguros” y por su condición de madres. El texto original prohibía que las mujeres en general y los menores de 16 años de edad laboraran en jornadas nocturnas en el ramo industrial y trabajaran en establecimientos comerciales después de las 10 de la noche. De acuerdo con la experta en justicia laboral, los legisladores de aquel entonces pretendían “cuidar el honor de las familias al impedir que las mujeres salieran de noche a trabajar”. Otra exclusión se encontraba en la fracción 11 de ese artículo, la cual impedía a las mujeres de cualquier edad y a los menores de 16 años laborar horas extras. Un acierto importante de la Constitución de 1917, destacó Hernández, fue establecer que a trabajo igual correspondería salario igual, sin tener en cuenta sexo y nacionalidad, cuyo propósito principal era que los extranjeros no tuvieran un salario superior al de las y los trabajadores mexicanos, pero la legislación favoreció la igualdad en la remuneración entre mujeres y hombres. Mientras que la fracción quinta del artículo 123 estipuló los derechos de las madres trabajadoras, para quienes estaba prohibido que desempeñaran labores que exigieran esfuerzo físico considerable durante los tres meses anteriores al parto. También señalaba que las trabajadoras embarazadas tenían derecho a un mes de descanso antes del parto, en el que debían recibir su salario integro, además de conservar su empleo y derechos adquiridos en su contrato, indicó la académica de la UNAM. Un apartado que sigue vigente es el derecho a dos descansos extraordinarios de media hora por día durante el periodo de lactancia. En 1929, el Legislativo incluyó la fracción 29 al artículo 123, en la que se destacó la utilidad de la Ley del Seguro Social, entre otros beneficios para las trabajadoras. Para 1974, se estableció el apartado B con el cual se rigen las y los empleados del Estado y el apartado A para quienes se ocupan en el sector privado. El cambio favoreció a las burócratas, pues sus derechos rebasaron los planteados a principios de siglo. Las empleadas del sector público conservaron la licencia de un mes de descanso previa al parto y aumentó su derecho al descanso en después del parto a dos meses. Otra de las conquistas fue el derecho a guarderías, asistencia médica y de obstetricia, y dotación de medicamentos. Con esta reforma, se eliminó el criterio de nacionalidad y sólo quedó “a trabajo igual salario igual sin tener en cuenta el sexo”, que a decir de la experta representó el reconocimiento en la ley de que el trabajo de las mujeres tiene el mismo valor que el de los hombres. También quitó la prohibición de los trabajos nocturnos para las mujeres y de laborar horas extras. 12 años después, en 1986, los derechos adquiridos por las burócratas se “unificaron parcialmente” con los de las trabajadoras del sector privado, comprendidos en el apartado A, para establecer el derecho a un descanso de seis semanas antes y de seis semanas posteriores al parto. Y se conservó la prohibición de que realicen labores que les requieran esfuerzo físico que pueda afectar su salud o la del producto. Así como la garantía de que conservarían su empleo y los derechos adquiridos conforme a su contrato, los cuales hasta la fecha siguen vigentes.
cimac@laneta.apc.org Cada día son asegurados 34 niños, niñas y adolescentes mexicanos que viajaban sin la compañía de un adulto e intentaban llegar como indocumentados a Estados Unidos, informó el director de Operación y Desarrollo de la asociación civil Caminos Posibles, Jorge Omar García Hidalgo. El activista explicó que las y los niños migrantes son vulnerables por partida doble ante los riesgos que implica intentar cruzar la frontera norte de México. Durante la conferencia “La migración no acompañada de niños, niñas y adolescentes”, realizada en el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), Jorge Omar García refirió que de acuerdo con estudios de su organización, 87 mil personas menores de 18 años fueron aseguradas en la frontera México-EU entre 2001 y 2007. Las y los menores de edad fueron llevados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) desde estados fronterizos a sus lugares de origen en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, México y Veracruz, detalló el especialista. El también autor del libro Más allá de la frontera, la niñez migrante: son los niños y las niñas de todos, explicó que la problemática de la migración infantil no acompañada fue detectada hace una década por las autoridades federales y estatales. La respuesta oficial fue la creación de un programa del DIF nacional y de los estados de la frontera norte pero con resultados limitados, apuntó García Hidalgo. Agregó que de 2001 a 2006 la Red de Albergues de Tránsito para Menores Migrantes y Repatriados (18 en 2001 y 23 en 2006) vieron incrementada en 164 por ciento (casi tres veces) la población de menores de edad repatriados atendidos. En seis años se pasó de 7 mil 620 niñas y niños migrantes y repatriados atendidos al año, a 20 mil 130. El activista dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM) en 2007 registró 35 mil 546 eventos de repatriación de población menor de 18 años, de los cuales 68 por ciento fue a través de las delegaciones de Baja California y Sonora. El director de Operación y Desarrollo de Caminos Posibles advirtió que la visualización de la niñez migrante no debe darse sólo en cifras estadísticas, sino desde sus historias de vida. Destacó que la vulnerabilidad de la niñez migrante aumenta ante las extorsiones de organizaciones delictivas. Expuso que la presencia de población menor de 18 años entre los miles de repatriados cada año refleja una problemática donde confluye la pobreza y la falta de oportunidades en las zonas de origen, que expulsaron antes a sus padres y madres; o que no teniendo familiares en EU migran para iniciar la cadena. Jorge Omar García criticó el desinterés de los gobiernos federal y de los estados para aplicar políticas públicas con enfoque de derechos humanos: “No es prioridad en la agenda nacional”. En 2010, Caminos Posibles intervino en los lugares de origen de las y los niños migrantes en Oaxaca y Guerrero, para prevenir y atender los efectos de la migración infantil no acompañada en zonas de expulsión. El trabajo en una decena de municipios, de ambas entidades, benefició a 789 niños, niñas y adolescentes, concluyó el experto.
saralovera@yahoo.com.mx La mañana del 3 de mayo, una explosión en una mina del municipio Sabinas, en Coahuila, dejó 14 mineros muertos y un menor de 15 años herido, lo que ha generado una cascada de imágenes, comentarios en los medios electrónicos y solidaridades de una docena de organizaciones civiles. El suceso tuvo lugar en el pozo 3 de la empresa Beneficios Internacionales del Norte, SA de CV (BINSA), propiedad de Alfonso González Vélez. La mina sólo tenía 18 días de estar operando, sin haberse notificado a las autoridades, y empleaba a un adolescente que resultó gravemente herido. Las familias y viudas de mineros se han mantenido al pie de la mina exigiendo justicia, como ha sucedido en los más de 100 años desde que se descubrió la región carbonífera, situada a 1,000 kilómetros de la capital de la república y en un paraje de 100 kilómetros a la redonda. La situación de las viudas, con malas indemnizaciones y abandono, es una historia que se repite, y ahora 14 más se suman a una larga lista. Esperan, entierran a sus maridos y luego viene, como hace tanto tiempo, una interminable historia de trámites, discusiones e impericia. Al cierre de este reportaje se habían rescatado 11 cuerpos y ello trajo a la mente y a los medios de comunicación otras tragedias que en la zona carbonífera de México son constantes. De acuerdo con la asociación La Familia Pasta de Conchos, en los últimos cinco años han perecido en las minas ilegales, llamadas "pocitos", al menos 100 mineros más, tras la tragedia Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, cuando 65 mineros murieron, de los cuales permanecen sepultados allí, a 700 metros de profundidad, los restos de 63. La Familia Pasta de Conchos se creó justo tras ese desventurado accidente, del cual sobrevivieron 13 trabajadores con quemaduras. Las organizaciones sociales de Coahuila, consultadas por SEMlac, afirman que la explosión del 3 de mayo es una clara evidencia de que las tragedias de los mineros allí no ocurren de manera aislada. El obispo de Saltillo –capital de Coahuila–, Raúl Vera, afirmó a SEMlac que, para los empresarios mineros, los pozos de carbón son el medio más barato para extraer el mineral, no sólo porque exigen poca inversión, sino por la alta demanda laboral de una población necesitada de un "empleo", pese a que resulte esclavizante e inseguro, y genere daños irreparables o terribles, la pérdida de la vida. "No se puede decir que se permite a los empresarios ‘poceros’ abrir las denominadas minas porque generan fuentes de empleo, cuando lo que buscan es la explotación de los mineros del carbón y ganancias a costa de sus vidas", dijo el obispo. Las autoridades trataron de explicar lo que uno de los más destacados comentaristas de televisión, León Krauze, señaló el día de la tragedia: "parece que en México es el cuento de nunca acabar: corrupción, impericia, malos manejos y una lista enorme de vicios", en referencia directa a lo que viudas y familiares de la tragedia de Pasta de Conchos han estado denunciando, incluso hasta abril pasado, cuando exigieron nuevamente el rescate de los 63 mineros. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios hizo notar que resulta indignante la pasividad y tolerancia de las autoridades, al permitir la existencia de los ‘pocitos’, por su modo inhumano y peligroso de operar. Maru Arriaga, la vocera del centro, se preguntó: "¿Cuántos mineros muertos más se necesitan para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer? ¿Cuántas familias más sin un integrante en la región carbonífera? Pareciera que se quiere convertir a Coahuila en una fosa clandestina, donde sólo importa el rescate de cadáveres, sin realizar acciones preventivas que proporcionen seguridad a los mineros". No pocas voces califican de inaceptable que, en el momento de una explosión, las autoridades acudan a ponerse al servicio de las familias porque políticamente les conviene, mientras que en el desempeño de sus cargos no escuchan el clamor de cientos de ellas sin oportunidades de un empleo seguro y salario digno para vivir honrosamente. Pareciera que no se ha aprendido con el caso Pasta de Conchos. Los grupos civiles de Coahuila manifestaron públicamente que es momento de recordar al presidente de Felipe Calderón, al secretario del Trabajo, Javier Lozano, y al gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, que su responsabilidad es proporcionar las condiciones laborales adecuadas de todo trabajador minero; que es necesaria y urgente la creación de empleos dignos para los jóvenes; que no esperen a que las explosiones en las minas, la violencia, los secuestros de migrantes y las personas desaparecidas sean motivo para que Coahuila se convierta en una fosa clandestina donde sólo se entreguen cuerpos. La zona A siete días de la tragedia, integrantes de la organización La Familia de Pasta de Conchos, conformada por deudos y sobrevivientes de otras explosiones en la zona carbonífera, acudieron al pozo Binsa para solidarizarse con quienes aún esperan los cuerpos de sus familiares. Plutarco Luis Loredo, quien el año pasado sobrevivió a la explosión en el pozo Boker, de Minas La Florida, dijo que después de siete días fue rescatado con vida, pero su compañero falleció junto a él. "Yo sé lo que están sintiendo ellos aquí, durmiendo junto al pozo; mi familia lo vivió el año pasado, pero gracias a Dios, salí con vida", refirió. Otras personas visten playeras rojas con la leyenda memorial Pasta de Conchos, entre ellos María Trinidad Cantú Cortés, doña Trini, como se la conoce, madre de Raúl Villasana Cantú, de 32 años, quien perdió la vida en febrero de 2006. "No tenemos una tumba donde llorarle a mi hijo y eso mantiene la herida abierta y el dolor interminable", se lamentó la mujer. Señaló que Raúl dejó tres hijos y a su viuda, por lo que mantiene la exigencia de que se rescaten los cuerpos porque sólo la trasnacional Industrial Minera México (IMM) es la que no ha cumplido el anhelo de rescatar 63 de los 65 cuerpos de quienes murieron en Pasta de Conchos. Recordó que el gobierno de Humberto Moreira, hoy flamante dirigente del viejo partido de Estado, el Partido Revolucionario Institucional, hizo muchas promesas, entre ellas que sacarían los cuerpos. "Pero él ya está en otro lado y nosotros seguimos esperando que venga a sacarlos", subrayó. Mientras, la Secretaría de Salud de Coahuila inició trabajos de fumigación en las inmediaciones del pozo, debido a que al cumplirse 72 horas del accidente donde murieron 14 mineros, ya comienza a percibirse olores de descomposición. Un grupo de pastores de diferentes religiones de la zona carbonífera de Coahuila llegaron al campamento, donde han pernoctado y permanecido los familiares de los mineros, para llevarles palabras de aliento. Pese a que mensajes del gobierno indican que no hay condiciones de vida en el pozo siniestrado, los pastores religiosos les dijeron a los familiares en espera que "la esperanza debe ser lo último que muera y que confíen en Dios para que sus maridos, padres, hermanos e hijos salgan con vida". Un comunicado emitido por La Familia de Pasta de Conchos señala que los titulares de las secretarías del Trabajo, Javier Lozano, y de Economía, Bruno Ferrari, sólo se lavan las manos y niegan la responsabilidad que tienen en la nefasta situación laboral y de operación del sector minero en México. En el documento demandan la renuncia inmediata de Lozano por "su sistemática negligencia y omisión en la tutela de los derechos de los trabajadores"; asimismo, que se reinicien las labores de rescate de los mineros muertos en Pasta de Conchos y se prohíba de forma definitiva la extracción de carbón por medio de ‘pocitos’ en todo el país. En febrero de este año, La Familia Pasta de Conchos hizo público el informe "Dime desde allá abajo", que analiza las actas de inspección de minas de carbón y ‘pocitos’ hechas por la Secretaría del Trabajo, las cuales indican que de 32 yacimientos inspeccionados, en 15 la contratación es verbal. El estudio reveló, además, que en 17 empresas la dependencia ordenó restringir el acceso a los trabajadores por las pésimas condiciones en que estaban operando, y esas mismas entidades siguen funcionando hasta la fecha, aun cuando en tres ha muerto igual número de mineros. Un dato adicional es que en 2006 se localizaron 400 ‘pocitos’ ilegales y hoy suman 800. Del total de empresas, sólo hay sindicato en una, 13 no dan reparto de utilidades, ocho ni siquiera hacen declaraciones anuales de impuestos. Mientras, de 21 mineras a las que les solicitó mostrar sus medidores manuales de gas metano, 19 no los tienen y 12 carecen de análisis de incombustibilidad (prueba que debe hacerse mensualmente para determinar la cantidad de polvo inerte, a fin de evitar explosiones de grisú). Incluso, de 21 compañías a las que se les pidió que mostraran los análisis de riesgo para determinar áreas propensas a desprendimientos de carbón y de gas, 18 no lo tenían. En tanto, la Secretaría de Economía no verifica la existencia de las empresas a las que entrega títulos de explotación, lo que deja a los mineros del carbón en una situación de extrema vulnerabilidad.
El informe sostiene que, en México, la minería del carbón no deja de cobrar víctimas. En los dos sexenios de gobiernos del Partido Acción Nacional han fallecido 135 trabajadores en esas minas porque las empresas violan derechos laborales e incumplen con las normas de seguridad e higiene, sin límites ni penalizaciones gubernamentales. Las víctimas más recientes fueron Juan Manuel Gómez y Daniel Vaquera, quienes perdieron la vida en la mina Lulú, propiedad de Siderúrgica de Coahuila, el 2 de febrero de 2011. Sólo en este sexenio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido cuatro recomendaciones sobre las minas de carbón (2006, 2008, 2010 y 2011) y en todas ellas se reconocen violaciones a los derechos humanos de los trabajadores porque las condiciones en que laboran atentan no sólo contra su integridad, sino contra su vida. La organización pidió catalogar a los fallecidos como "mártires del trabajo" y exigió indemnización justa para los deudos. En protesta, se colocaron 88 cruces en las carreteras de la región por los mineros muertos. La abogada de esa ONG, Cristina Auerbach, aseguró a SEMlac que en la mina siniestrada el 3 de mayo trabajaban varios menores de edad. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana señaló que los mineros muertos y atrapados en Sabinas no son sindicalizados, pero no por ello deben desconocerse sus derechos laborales ni deben trabajar en condiciones de riesgo. El gremio responsabilizó de lo ocurrido a la empresa BINSA y a su representante, Juan Espinosa Dávila, por las pésimas condiciones de seguridad, que son similares en todas las minas de carbón de esa región. En las maniobras, donde trabaja desde el jueves 5 un grupo de expertos llegados de Chile, se ha actuado rápidamente, para evitar que se conocieran todos los detalles. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, adelantó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Gurza, supervisa el rescate de las personas atrapadas y ofreció emplear todos los recursos disponibles para privilegiar la integridad de los 14 trabajadores. La CNDH solicitó a las secretarías del Trabajo y de Economía la aplicación de las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la vida e integridad de los trabajadores y los rescatistas. Por lo pronto, asegura que ya inició una queja de oficio por la explosión. Prevé cabida de homosexuales en Iglesia * Debates en la X Semana Cultural de la Diversidad Sexual Guillermo Montalvo Fuentes / NotieSe notiese@notiese.org Pachuca, Hidalgo. Para Raúl Lugo Rodríguez, sacerdote y miembro de la organización civil a favor de los derechos humanos Indignación, no está lejos el momento en que la voz de la comunidad lésbico gay tenga cabida en la Iglesia católica, “pues así como ha tenido que abrirse a una nueva y evangélica consideración de la mujer, tendrá que hacerlo también con la homosexualidad”. Aunque pareciera que no hay compatibilidad entre diversidad sexual y moral cristiana, Raúl Lugo consideró que sí se puede pensar en una conciliación, aunque para esto, sea necesario que ambas partes hagan algo por conseguirlo. Erradicar los prejuicios que las autoridades eclesiásticas tienen sobre gays y lesbianas, como por ejemplo que son promiscuos, problemáticos o incapaces de establecer compromisos y relaciones estables, es uno de los primeros pasos. El religioso subrayó que debido a la homofobia internalizada que experimentan, muchos sacerdotes homosexuales y religiosas lesbianas rechazan a creyentes del colectivo interesados en acercarse a la doctrina cristiana, cuando debería ser lo contrario, pues “con nuestra labor debemos dar felicidad a la gente, no ponerles obstáculos”. Sin embargo, advirtió que no todo depende de la Iglesia, pues “los creyentes de a pie” también pueden aportar a que los grandes cambios se den y se termine la exclusión religiosa. “Lograr esta compatibilidad traería muchos beneficios, pues sería una manera de dejar de lado a la otra Iglesia, la que ahora tenemos, la del poder, la del dinero y el encubrimiento”, concluyó. ¿Es posible conciliar la diversidad sexual con la moralidad cristiana?, fue el nombre de la conferencia magistral que el sacerdote ofreció durante su participación en la X Semana Cultural de Diversidad Sexual, realizada en esta ciudad. Yüklə 368,96 Kb. Dostları ilə paylaş:
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