Gobierno condena linchamiento de joven acusado de violar y matar a niña en Toro Toro
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, condenó ayer el linchamiento de un adolescente de 16 años acusado de violar a una niña de siete años en la localidad de Toro Toro, Potosí.
"Lamentamos ese hecho, es totalmente condenable la violencia que se ejerció contra una niña que perdió la vida, pero también es condenable que la sociedad tome la justicia en propias manos", dijo la autoridad.
Arce demandó una profunda investigación del Ministerio Público, tanto de la violación como del linchamiento.
Recordó que una de las propuestas de la Cumbre de Justicia en esos casos es elevar la sanción al máximo con la pena de cadena perpetua.
El hecho se registró el sábado último en la entrada de carnaval de la comunidad Toro Toro, en el norte de Potosí, donde una turba de originarios quemó vivo al joven acusado de violación.
Queman a joven de 16 años acusado de violar y matar a niña en Toro Toro
Un joven de 16 años murió quemado por una turba de vecinos en Toro Toro, en el norte de Potosí, tras ser acusado de haber violado y asesinado a una niña de siete años en esa localidad.
Según el reporte de radio Kollasuyo, el sábado 26 de febrero la víctima, de aproximadamente siete años, presenció la entrada del carnaval en Toro Toro y a las 19:00 de ese día, testigos la vieron conversar con un joven de entre 16 a 18 años edad. Media hora después, ambos desaparecieron.
Al día siguiente, los vecinos hallaron el cuerpo de la menor a orillas del río Bombón Ckocha con signos de violencia física y sexual. La autopsia confirmó que la niña fue víctima de violación. En el lugar también se halló una camisa, que fue la principal pista sobre el presunto autor de la muerte de la niña.
El único policía de la población procedió a detener al presunto asesino, pero tras enterarse del hecho, los vecinos de Toro Toro se enardecieron y atacaron el puesto policial, sacaron de la celda al acusado y le prendieron fuego, reportó la mencionada radio.
En la población rige “el pacto del silencio”.
Transportistas anuncian bloqueos en rutas y vía férrea en San José de Chiquitos
Distintas organizaciones de transportistas, de servicio público, de San José de Chiquitos se declararon en emergencia y anunciaron ayer bloqueos en carreteras y la vía férrea de esa localidad cruceña desde las 00:00 de mañana.
"(Bloquearemos) calles estratégicas de la ciudad de San José de Chiquitos (y) la carretera en sus cuatro puntos cardinales, más la vía férrea", se lee en el comunicado del sector.
La determinación se da como medida de presión para exigir, a las autoridades respectivas, la suspensión del servicio de la Cooperativa Jasaye.
"Es de conocimiento de los transportistas y de las autoridades del municipio que la Cooperativa Jasaye no cuenta con autorización ni licencia de parada en San José de Chiquitos", dice el comunicado.
En ese sentido añade: "Aun así la Gobernación insiste en entregar una tarjeta de operaciones, perjudicando al transporte en la ruta Santa Cruz - San José y viceversa, la cual se encuentra sobreofertada con 150 vehículos".
San José de Chiquitos es una pequeña ciudad, capital de la provincia de Chiquitos ubicada en Santa Cruz.
Carnaval 2017 en Bolivia deja 67 muertos entre crímenes y accidentes
Un total de 67 personas fallecidas dejaron los cuatro días de Carnaval en Bolivia, entre accidentes de tránsito y otros crímenes, informó ayer el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga.
“Tenemos un total de 67 muertes registradas en estos días de carnaval, de los que 7 fueron homicidios, 1 asesinato, 3 feminicidios, 2 suicidios, 41 muertos en accidentes de tránsito y 13 en otros tipos de incidentes”, dijo Quiroga a radio Panamericana.
La autoridad lamentó que esta cifra sea mayor a la de 52 fallecidos registrados en las fiestas de carnaval de 2016, lo que significa un crecimiento de 29 por ciento de casos.
Asimismo Quiroga informó que la Policía atendió 482 casos de diferentes delitos en el país. En 2016 se registraron 466 casos.
De las 482 denuncias recibidas por la fuerza del orden, el 29% fue en La Paz, 24% en Santa Cruz, 16% en Cochabamba, 7% en Potosí, 7% en Tarija, 6% en Chuquisaca, 5% en Pando y 3% en Oruro y 3% en Beni.
En cuanto a accidentes de tránsito la Policía reportó 306 casos; 53 atropellos, 139 colisiones, 75 choques, 7 vuelcos, 8 embarrancamientos y 24 casos de diferentes tipos de accidentes. Los hechos de tránsito crecieron en 8 por ciento con relación a 2016, cuando se registraron 332 casos.
La Policía movilizó más de 12 mil efectivos para estas fiestas de carnaval.
El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, sostuvo ayer que el país requiere cultivar 18.000 hectáreas de coca solo para garantizar el consumo tradicional a la población y que las 22.000 hectáreas aprobadas en la nueva Ley de la Coca están consideradas como previsión para el futuro.
“Nosotros necesitamos cultivar 18.000 hectáreas de coca para consumo tradicional, es decir el acullico, y nosotros de acuerdo a evaluaciones técnicas hemos estimado que 2.000 hectáreas requerimos para investigación, industrialización y exportación”, manifestó el ministro.
Sin embargo, según estudios presentados por el Gobierno en noviembre de 2013, y reclamados por la Unión Europea, el consumo lícito de la planta de coca en Bolivia requiere de 14,705 hectáreas, mucho menos de los cultivos existentes en el país.
"El informe de 2016 dice que tenemos 20.200 hectáreas, no estamos diciendo que de golpe vamos a incrementar en un desarrollo progresivo cuando se requiera para industrialización, exportación", apuntó.
El Ministro de Desarrollo Rural negó que las 22.000 hectáreas autorizadas para la producción de coca sean para fomentar el narcotráfico porque en la norma se estipulan sanciones para condenar y evitar el desvío de coca para actos ilícitos.
Por otro lado, el ministro Cocarico dijo que el que las personas que critican la Ley General de Coca, sancionada por la Cámara de Senadores, pertenecen a partidos políticos de la "oposición", en referencia a una carta pública firmada por un grupo de ciudadanos.
"Los supuestos ciudadanos que firman esta carta de rechazo a la Ley General de la Coca no son ciudadanos independientes ni con criterios imparciales, son políticos de antaño, políticos de ahora que dependen de partidos de la oposición", explicó en conferencia de prensa.
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