La Cancillería pidió ayer al encargado de Negocios de la Embajada de Brasil, Rui Antonio Jucá, cooperación para afrontar un bloqueo de manifestantes en el puente internacional que conecta ese territorio con la ciudad boliviana de Cobija, capital del departamento de Pando (norte).
El canciller Fernando Huanacuni, transmitió al diplomático esa petición, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó después a los medios que los manifestantes son 15 personas vinculadas a un brasileño detenido por agentes bolivianos como presunto líder de una banda de secuestradores.
Los manifestantes sostienen que la detención de esta persona por parte de la Policía Boliviana supuso una incursión en territorio brasileño y fue ilegal, mientras que el Gobierno sostiene que la detención se hizo en el país y, por tanto, fue acorde a la ley.
Romero afirmó que las autoridades brasileñas, tanto federales como del estado de Acre, que limita con Pando, estaban informadas desde noviembre del 2016 de diversos operativos contra una supuesta banda de secuestradores.
“Sabían de estos operativos y, es más, en un operativo ellos han atrapado a una de las personas que estaba involucrada en esta organización”, afirmó.
Dicha persona, aprehendida en territorio brasileño, no fue extraditada a Bolivia.
La Razón / La Paz Gobierno crea un consejo dedicado al estudio de estructuras de hormigón que se diseñan en el país
El Gobierno decretó la creación del Consejo Permanente del Hormigón Estructural (CPHE), instancia que tendrá como misión el estudio, evaluación, revisión periódica y actualización permanente de las normas y reglamentos técnicos de estructuras de hormigón que se diseñan en el país.
La constitución del CPHE está contemplada en el Decreto Supremo 3099, al que tuvo acceso La Razón, y que fue aprobado el 22 de febrero en reunión de gabinete ministerial. Según las consideraciones de la norma, el Consejo fue creado debido al avance tecnológico del rubro de la construcción.
“Se crea el Consejo Permanente del Hormigón Estructural - CPHE, como instancia de coordinación para el estudio, evaluación, revisión periódica y actualización permanente de normas y reglamentos técnicos de estructuras de hormigón que se diseñen y construyan en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”, dispone el artículo único de la norma.
El CPHE estará conformado por representantes del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda –que tendrá la presidencia del Consejo – y por Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, establece el parágrafo II.
Adicionalmente podrán participar las universidades públicas, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Cámara Boliviana de la Construcción, Instituto Boliviano de la Normalización y Calidad, además de otras instituciones e ingenieros invitados con experiencia en el área.
En un plazo de 45 días deberá ser aprobado el Reglamento de Funcionamiento del CPHE, el cual será aprobado por el Ministerio de Obras Públicas.
El Deber / Santa Cruz Entel retrasa puesta en marcha de su oferta por el feriado
El feriado largo por el Carnaval fue la razón para que el anuncio de la estatal Entel, de vender internet, telefonía móvil y TV paga, no arranque.
Así explicaron los distintos encargados de atender al público en las oficinas del centro cruceño, al señalar que aún no cuentan con las tarifas del nuevo servicio que la telefónica ofrecerá y que esperan que hasta mediados de marzo ya tengan un plan con los precios consolidados.
Cabe recordar que Óscar Coca, gerente general de Entel, indicó que hasta octubre de 2017 ya están garantizadas 90.000 conexiones de fibra óptica y calculó que hasta fin de año la cifra deberá llegar a las 250.000 conexiones, y que el precio para contar con el nuevo servicio será mucho menor que las que ofrecen las empresas privadas.
Jorge Mendoza, experto en conexiones de fibra óptica, sostuvo que lo que Entel ofrecerá es un servicio que se conoce como triple play, y en donde la mayor novedad será el precio para el consumidor final.
La competencia
Ante los anuncios de la empresa estatal, Nadia Eid, directora de comunicación de Tigo, sostuvo que para esta gestión buscarán superar el medio millón de hogares con cobertura y en la segunda mitad de año lanzarán NGTV, una nueva generación de TV.
“Ya venimos haciendo un trabajo fuerte en la integración de los contenidos con demanda (canales Play) bajo el paraguas de TigoPlay”, explicó Eid.
La funcionaria precisó que Tigo ya tiene desplegada una red de más de 300.000 hogares en cobertura en la Tec Docsis 3.0 de 1GB, que también combina fibra óptica.
“Tigo brinda hace más de dos años su servicio Triple Play, hemos configurado ofertas comerciales que tienen servicios de TV en alta definición, servicios de banda ancha fijos e ilimitados y servicios de telefonía móvil 4G LTE”, dijo Eid.
En cuanto a la telefónica Viva se les hizo llegar el respectivo cuestionario, pero hasta el cierre de edición no contestó a la solicitud.
Brasil condiciona el contrato de compra de gas
El nuevo contrato de compraventa de gas natural con Brasil se ajustará al nuevo contexto energético de Brasil, anunció el embajador brasileño acreditado en el país, Raymundo Santos Rocha, quien confía en que su país saldrá de a poco de la crisis económica, que le significó reducir los volúmenes de consumo.
El diplomático reveló que la crisis económica en su país achicó el aparato productivo y los niveles de consumo de gas boliviano y terminó arrojando una cifra de desempleo mayor a toda la población boliviana, situación que empezó a revertirse con grandes esfuerzos en políticas financieras y fiscales.
Santos Rocha destacó, sin embargo, que el precio del gas boliviano es mejor y más estable que en el mercado abierto, tras evaluar el contrato de compraventa de gas suscrito en 1996, con una duración de 21 años, que se contabilizan a partir de 1999 hasta 2019.
“Toda la política de gas se está revaluando; es decir, las maneras cómo se hará la compra está en estudio”, indicó Santos Rocha.
Univida mantendrá puntos hasta llegar al 70% en ventas
La empresa aseguradora estatal Univida no replegará el personal eventual contratado y mantendrá la logística en los 768 puntos habilitados en todo el país hasta llegar al 70% de cobertura en venta del parque automotor nacional, que hasta 2016, según el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), es de 1.688.708 rodados.
La aclaración la hizo el gerente de Univida, Roberto Ewel, al explicar que la estatal no tiene previsto, por ahora, dar fin a la estrategia de venta del SOAT en los puntos fijos, dado que la presión en las calles ejercida por Tránsito y la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) provocó una escalada de la demanda de certificados y viñetas, y largas filas en oficinas de Univida y de los aliados estratégicos Nacional Vida y Alianza Seguros.
El ejecutivo de Univida indicó que la estatal reubicará algunos puntos de venta en zonas donde los efectivos de Tránsito realicen operativos para facilitar la venta del seguro al grupo de personas que no compró a tiempo el seguro, pese a que Univida puso en vigencia la venta desde el 24 de enero.
Hizo notar que en cumplimiento de la normativa vigente, no se replegará al personal de los puntos de venta fijos y móviles, de ser necesario, por los tres meses que se establecen después de haberse activado el plan y la logística de venta.
“Cumpliremos la norma del seguro y los plazos previstos”, puntualizó Ewel.
Plan en Santa Cruz
En la misma línea, la jefa de la sucursal Univida Santa Cruz, Nazira Patroni, señaló que los 200 puntos de venta fijos y móviles se mantendrán activados en la mancha urbana y en las provincias del departamento.
Hizo notar que el plan logístico y comercial no sufrirá alteración para evitar filas en las oficinas de la estatal Univida, en los aliados estratégicos Nacional Vida y Alianza Seguros y en puntos clave de comercialización dispersos en la ciudad.
La funcionaria de Univida aclaró que hasta el 28 de febrero -último reporte oficial, en Santa Cruz se comercializaron más de 258.776 viñetas del SOAT, que representan más del 50% del parque automotor en circulación en el departamento.
Patroni refirió que hoy se reforzará la presencia de vendedores del SOAT en las calles, rotondas y avenidas donde los efectivos de Tránsito realicen operativos de control.
Ayer, por ejemplo, Patroni dijo que se instalaron cinco puntos de venta fijos en inmediaciones de la unidad operativa de Tránsito y uno de canje de certificados por viñetas.
La ejecutiva aclaró que no se multará a las personas que aún no compraron el SOAT, pero que Tránsito retendrá momentáneamente las unidades de transporte hasta que el propietario compre y pegue al adhesivo al parabrisas del vehículo.
8 de cada 10 latinoamericanos tendrán cobertura 4G en 2020
Latinoamérica superará las 300 millones de conexiones 4G en 2020, lo que permitirá dar cobertura de este tipo al 83 por ciento de la población, según estima la GSMA, asociación que agrupa a los principales operadores de telefonía móvil del mundo.
Este tipo de conexiones, que permiten compartir datos, ya experimentaron un fuerte incremento en la zona el año pasado, cuando se pasó de 51 a 113 millones de conexiones, lo que supone un crecimiento interanual del 121 por ciento.
"Nos costó despegar", admitió el director de GSMA para América Latina, Sebastián Cabello, que atribuyó el retraso a problemas con el espectro disponible.
Este despliegue de las redes de alta velocidad ha ido de la mano del aumento de la penetración de los teléfonos inteligentes entre la población.
Concretamente, en 2016 más de la mitad de los ciudadanos -372 millones- ya tenía un teléfono inteligente (smartphone) y se espera que esta cifra aumente hasta el 70 % en 2020, lo que supondrá que habrá más de 551 millones de teléfonos operativos con estas características en la zona.
Cabello avisó de que para afrontar este crecimiento potencial de las telecomunicaciones hace falta una modernización del "ecosistema digital" latinoamericano, con una normativa que descarte "reglas y obligaciones ya obsoletas".
Estos cambios legales tendrán que facilitar que en la próxima década se despliegue la nueva generación de redes móviles 5G en la zona.
"Será la plataforma alentadora de lo que hoy llaman la cuarta revolución industrial", destacó el responsable de estrategia de GSMA, Marco Galván.
En este sentido, apuntó que estas redes posibilitarán una implementación masiva del Internet de las cosas -conocidas como IoT por sus siglas en inglés-, que en estos momentos ya están despuntando: en 2016 había 25 millones de conexiones de este tipo, y se espera llegar a los 53 millones en 2020.
"Es urgente establecer las bases para apoyar la adopción de esta nueva tecnología, por ejemplo, desarrollando una clara hoja de ruta para el espectro radioeléctrico y la definición del camino hacia la modernización de las regulaciones legadas existentes, lo cual será esencial para alcanzar nuestro objetivo", agregó Cabello.
Los ganaderos piden la anulación de la FES
El presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), José Luis Vaca, pidió al Gobierno la anulación del requisito de la Función Económica Social (FES) en el uso de la tierra para tener seguridad jurídica plena y poder acceder a créditos del sistema financiero.
El ganadero indicó que la demanda forma parte del nuevo plan de desarrollo del sector y que además planteará al Gobierno la realización de una cumbre ganadera.
"Se está elaborando el nuevo plan de desarrollo agropecuario boliviano y el primer punto es la anulación de la FES porque estamos pidiendo la seguridad jurídica plena", señaló Vaca.
Explicó que el ganadero puede tener el título de la tierra saneado, pero "si no tiene la eliminación de la FES nunca la seguridad jurídica será plena".
"Si te hacen la evaluación de FES tienes el riesgo de que te reviertan tu propiedad por más que esté titulada, entonces no tienes seguridad jurídica plena, pero si se anula la FES esto se compensa de alguna manera con un sistema impositivo que hay que discutirlo", apuntó.
Indicó que con la vigencia de la FES el productor "no tiene la confianza" del sistema financiero que "tiene reparos en poder dar un crédito".
En ese sentido también indicó que plantearán "hacer una cumbre ganadera con el presidente (Evo Morales)" y con todos los ministerios relacionados al área de producción "para tocar una serie de temas como las leyes pendientes, ley del trabajador del campo, ley de carga animal, ley contra el abigeato", entre otros.
Página Siete / La Paz De seis arbitrajes contra el país, dos se encuentran en suspenso
El Estado boliviano aún enfrenta seis arbitrajes por procesos de nacionalización y reversión de empresas y áreas a favor del Estado, y la Procuraduría General del Estado hasta el año pasado logró la suspensión de una demanda y mantener otra en suspenso.
El primer caso es el arbitraje interpuesto por British Petroleum (BP) por la nacionalización de Air Bp en mayo de 2009 mediante Decreto Supremo 111.
"A la fecha, el procedimiento arbitral por acuerdo de partes se encuentra temporalmente suspendido”, señala la Procuraduría en su memoria anual 2016.
La entidad defensora del Estado considera que en este caso el inversionista carece de base jurisdiccional y de fundamentos en su reclamación.
La otra demanda que se logró mantener en suspenso es la interpuesta por Quiborax y Non Metallic, a raíz de la revocatoria de sus concesiones mineras en el país mediante Decreto Supremo 27489 de julio de 2004.
La Procuraduría informó la semana pasada que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) mantiene en suspenso la ejecución del laudo arbitral iniciado por la empresa chilena Quiborax contra el Estado.
Ese tribunal esperará la conclusión del procedimiento de anulación, solicitado por el país el 21 de septiembre de 2015, conforme al Convenio CIADI y las reglas de arbitraje de ese centro.
Entre los cuestionamientos planteados están la extralimitación de facultades por parte del Tribunal que conoció dicho arbitraje, el quebrantamiento de normas de procedimiento y la falta de fundamentación de la decisión.
Otras demandas
Abertis Infraestructuras de España interpuso una demanda arbitral contra el Estado, luego de una decisión de la ex Superintendencia de Transportes de frenar un alza de tarifas en los aeropuertos del país entregados en concesión y posteriormente su nacionalización.
La compañía reclama una indemnización de 85,5 millones de dólares.
La empresa Glencore Finance (Bermuda), el 19 de julio de 2016 entregó la notificación de arbitraje de su subsidiaria Glencore International PLC por la reversión al Estado de los complejos metalúrgicos Vinto-Estaño, Vinto Antimonio y el control del Centro Minero Colquiri. Se desconoce el valor de resarcimiento que pretende.
La quinta demanda es la iniciada por South American Silver Limited por la reversión de 10 concesiones mineras a Mallku Khota mediante Decreto Supremo 1308 de 2012.
La compañía exige 385,7 millones de dólares como compensación por esa acción estatal.
La sexta demanda es la iniciada por Jindal Steel Bolivia por la ejecución de sus boletas de garantía en el Mutún. La compañía presentó por este caso dos demandas arbitrales.
Arbitraje reversión Mallku Khota
El 30 de abril de 2013, South American Silver Limited (SAS) solicitó un arbitraje basado en un acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido y de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con Bolivia (TBI Bolivia- Reino Unido) de 24 de mayo de 1988. Este tratado fue demandado por el Estado en 2013. La empresa exige una compensación de 385,7 millones de dólares por daños e intereses.
También pretendía $us 176,4 millones por restitución de daños, pero abandonó esa pretensión.
La demanda fue interpuesta por la reversión de 10 concesiones mineras en el norte de Potosí a sus subsidiaria Mallku Khota vía Decreto 1308 de 2012.
Quiborax y Non Metallic- Estado
El 16 de septiembre de 2015, el Tribunal Arbitral emitió su Laudo final, condenando
a Bolivia al pago de una indemnización a favor de las empresas demandantes, por un monto de $us 48.619.578 dólares, más intereses.
El 21 de septiembre de 2015, la Procuraduría en defensa de los intereses del Estado, presentó la solicitud de anulación del laudo Arbitral conforme a lo previsto en el artículo 52 del Convenio CIADI.
Se argumenta la extralimitación de facultades del Tribunal, el quebrantamiento grave de normas fundamentales de procedimiento. De esa manera está en suspensión la ejecución del laudo.
La Corte de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio Internacional de París (ICC) dispuso el 6 de agosto de 2014 el pago de 22,5 millones de dólares: 18 millones de dólares por la ejecución de las garantías y 4,5 millones de dólares de intereses. Posteriormente inició una nueva demanda por la ejecución de una segunda boleta de garantía de 18 millones de dólares.
Según la Procuraduría en 2016 la Empresa Siderúrgica Mutún y Jindal mantuvieron acercamientos amistosos, motivo por el cual el procedimiento arbitral estuvo temporalmente suspendido, hasta su reanudación el 10 de noviembre de 2016.
Arbitraje por el caso Air BP
El 1 de mayo el Estado determinó la nacionalización de la distribuidora de combustibles para aviones Air BP, subsidiaria de la empresa británica British Petroleum (BP).
Ante esa decisión, la compañía presentó la notificación de arbitraje el 17 de agosto de 2010, de conformidad con los términos del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercanti Internacional (CNUDMI).
Air BP era la única encargada del abastecimiento de combustible para 12 aeropuertos en Bolivia. La Procuraduría informó en su Memoria 2016 que el proceso arbitral se encuentra suspendido.
Abertis España-Estado
Abertis Infraestructuras de España presentó su notificación de arbitraje el 5 de mayo de 2011 ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), conforme al Reglamento de
Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Exige una indemnización de $us 85.573.349 por la nacionalización de SABSA. Según la Procuraduría, se espera que el laudo definitivo sea emitido por el Tribunal Arbitral en un plazo de entre 12 a 18 meses, a contarse desde la fecha de presentación del Escrito Post-Audiencia. Esto debe efectuarse en los primeros meses de este año.
Glencore contra el Estado boliviano
Teléfono (5912) 2799673 Fax: (5912) 211 7326
Calle 21 N° 8227, Edificio Lydia, Piso 2, Oficina 201 Calacoto La Paz – Bolivia
Página web: www.grupo-prisma.org
Edición a cargo de Eduardo Grebe
Glencore inició un arbitraje contra el Estado al amparo de un Tratado de Protección de Inversiones suscrito por el país con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esto por la nacionalización de las fundiciones de Vinto- Estaño, Vinto Antimonio y el control del Centro Minero de Colquiri. El caso hasta 2016 se encontraba en etapa de conformación del Tribunal Arbitral. El Estado boliviano hizo notar las circunstancias dudosas, bajo la que activos estratégicos del patrimonio nacional, como las dos fundiciones, fueron enajenadas y transferidas a empresas que eran de Gonzalo Sánchez de Lozada.
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