Comisión constitucional



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BORRADOR DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL CELEBRADA EL LUNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2013

Se abre la sesión a las dieciséis horas.
El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes, señorías.

Permítanme que, en primer lugar, dé la bienvenida, una vez más, a esta comisión a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, con el orden del día establecido, del que ya tienen conocimiento sus señorías.

Antes de pasar a la comparecencia, si así lo estiman sus señorías, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, sobre la que -entiendo- sus señorías también tienen conocimiento. Por tanto, pregunto si hay alguna salvedad a la misma; en caso contrario, ¿se puede aprobar? (Asentimiento.) Queda aprobada.

A continuación, como bien saben sus señorías, pasamos a la comparecencia de la señora vicepresidenta. Con carácter previo, les diré que hay un turno de diez minutos por cada grupo parlamentario, con la excepción del senador don Isidro Manuel Martínez Oblanca que, aun perteneciendo al Grupo Parlamentario Mixto, formuló a nivel particular una de las solicitudes de comparecencia que se van a tratar en estos momentos, por tanto, él tiene la palabra por diez minutos; y, posteriormente, como todos los grupos también la han solicitado, si no les parece mal, intervendrán de menor a mayor, insisto, por tiempo de diez minutos. Veo que por el Grupo Parlamentario Mixto ha venido exclusivamente el señor Martínez Oblanca, por tanto, solamente habrá un turno que no corresponde en sí al Grupo Parlamentario Mixto sino a petición propia.

Sin más, damos la palabra a la señora vicepresidenta, agradeciéndole, una vez más, que tenga a bien hablar sobre las solicitudes de comparecencia que han sido agrupadas y, con posterioridad a la intervención de todos los grupos, como bien conoce, tendrá usted la posibilidad de volver a intervenir cuando así lo desee.

Muchísimas gracias, una vez más.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchísimas gracias.

Señor presidente, señorías, comparezco a petición propia y de varios grupos parlamentarios con un doble objetivo: por un lado, para exponer el balance y las perspectivas de futuro en las actuaciones de la vicepresidencia del Gobierno, tanto en el impulso del Programa Nacional de Reformas como en la puesta en marcha de las prioridades que nos competen directamente al Ministerio de la Presidencia. En particular, de un lado, la profunda reforma de las administraciones públicas que hemos diseñado y que estamos ejecutando para convertirlas en unas administraciones eficientes, modernas y cercanas, atentas a las necesidades de los españoles para hacer de ellas, por fin y de una vez por todas, también un factor de progreso social y de competitividad económica; y de otro, para abordar el programa de regeneración democrática y lucha contra la corrupción que tenemos el encargo de liderar.

Comparezco, además, en un momento en el que empezamos a constatar que el Programa Nacional de Reformas que está desplegando el Gobierno de la nación, sin duda uno de los más amplios y profundos que se han abordado en nuestra reciente historia democrática, está colocando a España en la dirección correcta, la que conduce a la salida de la crisis. Este ha sido el objetivo que ha guiado la acción del Gobierno a lo largo de estos casi dos años y, por tanto, el programa legislativo de corte reformista cuya coordinación e impulso nos corresponde.

En este tiempo, señorías, hemos puesto en marcha las grandes reformas que necesitaba nuestro país para afrontar la recuperación económica, superando los desequilibrios que lastran nuestras cuentas públicas, la solvencia de nuestro sistema financiero y la capacidad de crecimiento de nuestra economía. Así, podemos destacar entre las primeras leyes de legislatura que han servido a este fin la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha permitido avances muy significativos de consolidación fiscal de todas las administraciones. En segundo lugar, la aprobación de requisitos de transparencia y solvencia de las entidades financieras que contribuyan a diluir cualquier incertidumbre sobre su presente y sobre su futuro; y un nuevo marco jurídico muy amplio que combate las ineficiencias estructurales de nuestra economía, en el mercado laboral para ofrecer alternativas al despido, en los mercados de factores, como los transportes, la energía o el medioambiente, para avanzar hacia una economía más sostenible, en el impulso necesario a los pilares de la creación de empleo, como ha sido la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y a los puntales de nuestra economía como son el turismo, el sector agroalimentario o el sector del automóvil. También en el ámbito educativo para atacar una de las principales causas del paro juvenil, cual es el elevado porcentaje de menores de 25 años que carecen en nuestro país de una formación adecuada, académica o profesional.

Cada paso ha ido afianzando la recuperación de la confianza y la credibilidad. Confianza en nuestras cuentas públicas después de haber asumido todas las administraciones un esfuerzo de consolidación inédito en nuestro país y que no tiene comparación en nuestro entorno. Confianza en nuestra solvencia después de haber sido capaces de superar dos graves crisis que en primavera y en verano en 2012 sacudieron los mercados internacionales y pusieron en riesgo nuestra propia posición. Hoy, la prima no supera la mitad de la registrada tan solo hace un año y la partida dedicada a sufragar los intereses de la deuda se reduce un 5,2% para el año 2014. Confianza también en nuestro sistema financiero después de haber acometido en un año el proceso de reestructuración y saneamiento que otros países hicieron en los cuatro años anteriores. Hoy -sí-, las instituciones internacionales empiezan a reconocer que el sistema financiero español está preparado para afrontar perturbaciones en el futuro. Confianza en nuestra capacidad de competir, como demuestran día a día los resultados récord del sector exterior y el progresivo equilibrio de la balanza de pagos. Nuestro endeudamiento externo comienza a reducirse ganando una capacidad de financiación, la primera desde 1997, que al final del año superará el 2%. Confianza en nuestro atractivo hacia el exterior, que confirman tanto los datos históricos de llegada de turistas internacionales -casi 50 millones de visitantes hasta septiembre- como, sobre todo, la importante mejora de la llegada de inversiones extranjeras, se ha duplicado en los ocho primeros meses del año, de 9000 a 19 400 millones de euros. Confianza y credibilidad en el potencial de nuestras empresas, que cada vez exportan más a más países más productos y de mayor valor añadido. Las exportaciones de bienes y servicios en España crecen más que en ningún otro país de la zona euro, siete veces más rápido que la media, y las exportaciones de alta tecnología se han incrementado un 11,4% interanual entre enero y agosto. Confianza, en resumen, en las posibilidades de nuestra propia economía, en las que aparecen los primeros datos de reactivación del consumo como el incremento interanual del 2,2% en septiembre de las ventas del comercio minorista.

A estas alturas puedo decirles que al Programa Nacional de Reformas, aprobado en abril de este año, solo le resta por abordar algo menos del 10%. El Gobierno ha impulsado más de 130 iniciativas con rango de ley y cerca de un centenar han sido ya aprobadas por las Cortes Generales. La tarea que tenemos ahora por delante es culminar las reformas pendientes y consolidar el cambio de tendencia que está experimentando nuestro país. De esta forma, España inaugurará el año 2014 con nuevos instrumentos para avanzar en la consolidación fiscal, con el marco austero y equilibrado que se define en los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo y con el refuerzo de la disciplina presupuestaria que supondrá autoridad independiente de responsabilidad fiscal, cuyo estatuto se aprobará inmediatamente después de que su ley reguladora salga de estas Cortes Generales.

En este nuevo escenario podremos abordar una completa reforma tributaria, en la que ya está trabajando un grupo de expertos designado por el Gobierno y que pretende favorecer un sistema fiscal más justo y equitativo que contribuya por igual no solo a la equidad social sino también al crecimiento económico. Esta será, sin lugar a dudas, una contribución importante a nuestra competitividad que debe, no obstante, seguir siendo impulsada con la puesta en marcha de nuevas reformas. En primer lugar, reformas para brindar un nuevo estímulo a la iniciativa y a la inversión empresarial que precisa la recuperación del crédito bancario. Esto significa continuar con la reestructuración del sector financiero a la que contribuirá sin duda la aprobación por las Cortes Generales de la ley de cajas y fundaciones bancarias. Del mismo modo es necesario adoptar nuevas reformas para afianzar la supervisión y solvencia de las entidades de crédito, que se aprobarán en este mismo mes y que incorporarán a la legislación española los requerimientos de Basilea III. Pero también se presentará una nueva ley de fomento de la financiación empresarial para mejorar los mecanismos alternativos a la financiación bancaria, una ley que se basará en tres grandes ejes: la revisión en profundidad del sector del capital riesgo, la flexibilización del régimen de las instituciones de inversión colectiva y, en general, la adopción de las medidas orientadas a facilitar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

En segundo lugar, continuaremos trabajando en la mejora del marco jurídico en términos de competitividad. En este sentido, conviene tener en cuenta la importancia de afianzar la reducción del diferencial de inflación con los países de nuestro entorno, evitando los efectos inflacionistas de segunda ronda. Este es el objetivo del proyecto de ley de desindexación que se remitirá a las Cortes a comienzos del año que viene y que se encuentra en fase de informes; o las nuevas reformas que plantearemos en ámbitos tan importantes como la regulación de la responsabilidad medioambiental o del patrimonio natural y la biodiversidad. Son reformas todas ellas que mantienen el espíritu de eficiencia y competitividad que nos anima desde el comienzo, principios y objetivos que confluyen en perfecta armonía en la reforma de las administraciones públicas.

A lo largo de estos treinta y ocho años, España se ha convertido en uno de los Estados más descentralizados del mundo y ha sabido consolidar un Estado de bienestar cuya garantía de sostenibilidad nos compete a todos abordar. Tenemos una buena Administración pública. El sector público en España no tiene, en términos generales, una dimensión mayor que en otros países de nuestro entorno, ni en términos de gasto público, 6 puntos por debajo de la media de la eurozona, y menos aún en ingresos, 10 puntos por debajo. Tampoco en términos de empleo público, que antes de la crisis suponía un 14% del total de la ocupación, en niveles similares a otros países europeos. Pero también es cierto que se ha producido un progresivo incremento del peso del sector público en la economía en los últimos años.

España ha presentado un crecimiento discrecional del peso del gasto público entre los años 2004 y 2011, lo que era difícilmente justificable en tiempos de bonanza y totalmente imposible en los años de crisis económica. Los años 2008 y 2009 son muy ilustrativos. Mientras se perdieron más de 6 puntos del producto interior bruto en ingresos, el gasto público se incrementó en 7,1, dando lugar a un desfase entre ingresos y gastos, a un déficit del 11,2% del PIB en 2009. Dicho de otro modo, mientras en 2007 las administraciones ahorraban 20 255 millones de euros al año, en 2009 se gastaron 117 000 millones de euros más de lo que ingresaron. El sector público se mantuvo mientras pudo ajeno a la crisis. Por poner un ejemplo, entre los años 2007 y 2011 el empleo público se incrementó en 288 700 personas.

Y así llegamos a la situación de partida que afronta este Gobierno: un déficit del 9% en 2011 y un sector público cuyo entramado institucional ha ido creciendo por acumulación, sin que hasta la fecha se haya abordado su contención, redimensionamiento y sostenibilidad. Por esta razón, la reforma de las administraciones públicas formaba parte de los compromisos de este Gobierno desde el inicio de la legislatura y estuvo en el ámbito de las primeras decisiones que tomamos. Yo misma tuve la oportunidad de anunciarles en esta misma comisión, hace casi 2 años, las primeras iniciativas que se estaban planteando. Por poner un par de ejemplos, la reestructuración del Gobierno de la nación, que permite unos ahorros anuales de 5 millones de euros, un dato al que hay que sumar el derivado de la eliminación de las cesantías por incompatibilidad de las pensiones indemnizatorias de altos cargos cuando ejerzan otras actividades retribuidas. El presupuesto por este concepto ascendía a más de 3,6 millones de euros en 2012. O la revisión y limitación de las retribuciones e indemnizaciones del personal directivo de empresas públicas, así como el número de sus consejeros, que ha permitido un ahorro de 18 millones de euros.

Desde el principio de 2012 se han dado pasos importantes para la contención del gasto y la racionalización de las estructuras administrativas, pero desde el comienzo también fuimos conscientes de que la reforma de las administraciones públicas era un cometido que exigía un compromiso amplio y un enfoque estructural que modernizara las administraciones con nuevas normas de actuación y nuevas formas de trabajo. Por eso, una de las primeras iniciativas que adoptó el Gobierno fue la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Esta ley ha permitido el mayor esfuerzo de consolidación fiscal de todas las grandes economías de nuestro entorno, una reducción del déficit de más de 2 puntos, desde el 9 al 6,8%. Pero no se trata solo de gastar menos, sino de gastar mejor, poniendo una Administración moderna al servicio de los ciudadanos, porque las ineficiencias, ya tomen la forma de duplicidades, de excesivas cargas administrativas, de gestión poco práctica de los recursos o de inflación de organismos innecesarios entrañan un coste que no podemos asumir ni en época de crisis ni tampoco en tiempos de bonanza. Es una convicción que deberíamos compartir todos los gestores públicos y en la que, desde luego, hemos constatado un amplio acuerdo.

En la Conferencia de Presidentes, celebrada en esta misma casa hace poco más de un año, alcanzamos un acuerdo unánime, que destacaba la conveniencia de elaborar un programa de racionalización administrativa a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades. En el mismo sentido se adoptaron acuerdos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el marco del Programa de Aplicación del Fondo de Liquidez para las comunidades autónomas. En atención a este concierto, el Gobierno acordó hace un año la creación de una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, la ya conocida como Cora.

Por este motivo, lo primero que hizo la comisión fue un análisis minucioso, una verdadera auditoría de la Administración pública, sin partir de ninguna premisa ni prejuicio, alejándose de falsos mitos con un trabajo objetivo, la objetividad que garantiza el hecho de que el trabajo desarrollado desde la propia Administración no ha sido, sin embargo, endogámico, sino que incorpora también la visión de los administrados, combinando la experiencia de los miembros de la comisión, gestores públicos de diferentes niveles, con la perspectiva de un consejo asesor del que han formado parte representantes empresariales, sindicales o académicos y con las aportaciones de ciudadanos a través de un buzón electrónico que recogió más de 2000 sugerencias de mejora. Es un trabajo que parte de las virtudes de nuestra Administración para mejorar sus puntos débiles. Es una Administración en la que se trabaja mucho, pero en la que podemos trabajar mejor.

Ese es el retrato que presentó el informe de la Cora el 21 de junio de 2013. En apenas 7 meses acometió un ingente trabajo de escrutinio y examen de todos los campos administrativos. En este tiempo la comisión fue capaz de contradecir la máxima napoleónica: “Si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión”. Porque no solo nos han dicho lo que hay, sino también lo que hay que hacer. Lejos de estudios teóricos o tesis que divagan sobre la estructura de la Administración en el siglo XXI de los distintos Estados compuestos o de la Administración electrónica, los miembros de la Cora han elaborado un manual práctico, con medidas lógicas y concretas y con un calendario de ejecución ambicioso.

Esta reforma administrativa no está concebida únicamente en términos de reducción del gasto, sino también de crecimiento económico. No se trata de adelgazar por adelgazar, sino de ganar músculo, con un estímulo más a la iniciativa de los emprendedores, a la actividad de las pequeñas y medianas empresas y a la comodidad de los particulares. Y es que esta reforma está diseñada para dar solución a los principales problemas estructurales de nuestras administraciones públicas que me propongo detallar. En primer lugar, si hay un ámbito en que las administraciones tienen una responsabilidad directa es en la morosidad. Por esta razón, una de las primeras inquietudes del Gobierno ha sido garantizar el pago a los proveedores del sector público. Hemos puesto en marcha varias fases del Plan de Pago a Proveedores que han permitido inyectar en la economía real casi 30 000 millones de euros, 28 460, y que ha beneficiado a cerca de 150 000 suministradores, 149 172 de comunidades autónomas y de ayuntamientos. El esfuerzo acometido nos ha hecho ganar la convicción de que esta situación no se puede volver a repetir, y a este fin responde una de las más importantes propuestas del informe: el Plan para la erradicación de la morosidad en el sector público, que se fundamenta en dos leyes: la primera, la que introduce la deuda comercial en el principio de sostenibilidad financiera y que, en última instancia, permite que el Ministerio de Hacienda pueda satisfacer los créditos al proveedor y retener el importe de la financiación de la Administración pública incumplidora. La segunda, la ley de factura electrónica, para controlar que los pagos pendientes se realizan de forma efectiva, erradicando la práctica de las facturas en los cajones e impulsando un registro central de facturas al efecto de forma oficial.

El segundo de los ámbitos en los que las administraciones pueden contribuir al desarrollo económico es asegurando la unidad de mercado, y así se hará con la nueva ley de garantía de esa unidad de mercado que acaba de iniciar sus trámites en esta Cámara, una ley que garantiza la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio nacional. Cualquier producto o servicio producido al amparo de una normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin más trámites. Con esta ley se reducen trabas, se facilita el comercio y se estimula el crecimiento pues tiene un impulso estimado de 1,52% del producto interior bruto en 10 años. Está basada en un principio de confianza mutua. Si todas las administraciones públicas estamos sujetas a los principios de presunción de legalidad y objetividad de nuestros actos, no se entiende por qué una administración pública autonómica puede dudar de lo que legítimamente y dentro de sus competencias haga otra en beneficio de sus propios consumidores. Pero la unidad de mercado no estaría completa si a ella no le sumamos un esfuerzo concreto de simplificación normativa. No se trata solo de simplificar los trámites a cumplimentar, sino también de facilitar la comprensión y aplicación de las normas a cumplir. Entre 1978 y 2011 se aprobaron en nuestro país más de 100 000 normas de ámbito estatal y autonómico. A ello se une, además, la ausencia de un mecanismo sistemático de revisión de la calidad normativa, tal y como admitía el informe de la OCDE en el año 2000 sobre gestión y racionalización de la regulación.

Por esta razón, la Cora advierte de la necesidad de profundizar en las directrices de la Better Regulation de la OCDE y de mejorar la calidad normativa de la Unión Europea, y anima a un decidido avance en las iniciativas de simplificación normativa que ha planteado el Gobierno. Iniciativas como el Plan de racionalización, iniciado a finales del pasado año, para la adaptación de la normativa vigente a los principios de la unidad de mercado. En este sentido, ya se ha completado una primera fase de identificación en la que se han detectado más de 2700 normas para las que se definirán las convenientes modificaciones bajo un único fin: unificar criterios y eliminar trabas para lograr un fluido desarrollo del comercio y la actividad empresarial en todo el territorio español.

Les anuncio que en el mes de noviembre el Gobierno aprobará un informe de actuaciones sobre racionalización administrativa que empezará con la simplificación de las normas de ámbito estatal, que suponen el 31% del total. Pero hay otras medidas que se pueden poner en marcha para mejorar la codificación del derecho. La primera de ellas, la aprobación de textos refundidos en materias que son objeto de múltiples modificaciones. Por este motivo, hemos remitido ya al Parlamento un proyecto de ley para la elaboración de ocho textos refundidos en diferentes ámbitos de regulación financiera y laboral; y la segunda, la puesta en marcha de un sistema de entrada en vigor común, dos veces al año, para las normas de especial incidencia empresarial.

Junto a la simplificación normativa, el informe de la comisión contempla simplificación e informatización de procedimientos administrativos al servicio de empresas y particulares. Por citar algunos ejemplos, las medidas de agilización que se plantean en la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, donde se unifican las ventanillas únicas a su servicio en los puntos de atención al emprendedor y se crean nuevas figuras, como las sociedades limitadas de formación sucesiva, los emprendedores de responsabilidad limitada, que rebajan los requisitos para iniciar una primera aventura empresarial, así como las cargas para retomar una segunda oportunidad.

Pero no solo con inicios crece la economía. Por eso hemos aplicado las mismas máximas de agilización a las relaciones de la Administración con las empresas en su desarrollo y expansión. Por esta razón, se han eliminado las licencias de apertura de comercios de menos de trescientos metros cuadrados, sustituyéndolas por una declaración responsable, y se ha concedido más libertad para fijar horarios comerciales y ventas promocionales. Se clarifican y reducen los trámites administrativos para facilitar el acceso de pymes a la contratación pública, flexibilizando las garantías exigidas y publicando en una plataforma única toda la información de las licitaciones del sector público. Se aplicará el IVA de caja para empresas y autónomos con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros a partir de 1 de enero de 2014. Se reducirán las cargas en las relaciones con la Administración, desde en los servicios estatales de estadística a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se simplifican los procedimientos de evaluación medioambiental. Se creará una ventanilla única aduanera para realizar en un solo trámite todos los procedimientos para la importación y exportación de mercancías. Y se promoverá la creación de una base de datos única para pymes que recogerá de forma agregada todas las ayudas y servicios que las administraciones prestan en cada parte del territorio. De hecho, la Cora propone extender el uso de bases de datos integradas e interconectadas entre administraciones y de las ventanillas únicas de modo que sean una fuente de información única y completa para las empresas y para los ciudadanos, por ejemplo, con plataformas de intermediación de datos para evitar la presentación de documentos de que ya dispone la Administración −es el mismo artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo que siempre se repite y que los ciudadanos saben perfectamente que no se cumple−. A través de la historia clínica digital y la receta electrónica, que permitirá que cualquier español sea atendido con eficacia en cualquier lugar del territorio. O el sistema de cita previa en los Servicios Públicos de Empleo.



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