Comisión constitucional



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Pero, señorías, la reforma de las administraciones públicas va más allá de la simplificación de trámites y normas. Es necesario también reducir estructuras superfluas, en particular, en el ámbito del sector público empresarial, cuyo ritmo de crecimiento superó el 50% entre los años 2004 y 2009.

Les he adelantado ya la preocupación que suscitó en el Gobierno esta realidad. En marzo de 2012 se puso en marcha un plan urgente que hoy ya está ejecutado al 90% en lo que afecta a la extinción, liquidación y fusión de entidades previstas en el plan. Pero hemos ido más allá. Este plan se ha visto ahora ampliado con la puesta en marcha de la extinción, fusión e integración de otros 67 organismos estatales. Por ponerles un ejemplo, con este plan las fundaciones públicas se verán reducidas a la mitad.

A ese esfuerzo de redimensión se unirá, además, una redefinición del marco normativo mediante una nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, en la que se fijarán los criterios identificativos de cada ente, su control económico financiero y su régimen de contratación y personal. La creación de cualquier organismo nuevo deberá ir acompañada de una justificación estricta de los motivos que lo inducen, de que no existen duplicidades y de que los medios humanos, materiales y financieros son los adecuados, y se llevará a cabo una evaluación periódica en la que se extinguirán entidades que dejen de cumplir esos requisitos.

Menos organismos, pero también con mejores prácticas de gestión. A partir de 2015 comenzará la aplicación del presupuesto base cero en determinadas partidas homogéneas a todos los ministerios. Se verificará cuánto dinero es preciso destinar a cada partida de los capítulos segundo y sexto a través de un análisis minucioso de las necesidades concretas y de la comparación de gastos de otros órganos. Esta perspectiva de eficiencia es la misma que se traslada a la concepción de los recursos humanos. Cuando los ciudadanos se relacionan con la Administración es importante tener en cuenta que detrás de ella lo que nos encontramos es la suma de servidores públicos. Uno de los principales activos de la función pública es su capital humano que, por tanto, juega un papel protagonista en la reforma. Es imposible conseguir una Administración más eficiente sin involucrar a toda la gente que la integra. Por eso cobra capital importancia una política de recursos humanos que premie el mérito y la responsabilidad, que sea sensible a las necesidades del país y de la Administración. La tasa de reposición cero con carácter general y de 10% limitada a ámbitos como la lucha contra el fraude ha determinado que la tasa de empleo público sobre la población total se haya reducido hasta niveles de 2004, pero la Cora apuesta por los empleados públicos. Por eso limita el personal eventual, al que se le exigirá una cualificación adecuada a sus funciones de asesoramiento. Apuesta por la formación de empleados públicos y por facilitar su movilidad desde sectores excedentarios a sectores deficitarios. Sectores que podrán identificarse gracias a un nuevo sistema de evaluación de la eficiencia y de las cargas de trabajo que permitirá, a su vez, determinar los tiempos medios de tramitación de los expedientes administrativos.

Señorías, entre los recursos públicos merecen especial atención los activos inmobiliarios del Estado. Tras un primer plan de actuaciones que ha permitido ahorrar en alquileres a la Administración General del Estado 44 millones de euros, los procesos de enajenación de inmuebles han generado hasta la fecha ingresos por valor de 105 millones. Sin embargo, más allá de la gestión de los recursos humanos y materiales propios están las compras y servicios que han de contratarse fuera de la Administración. El informe identifica un conjunto de suministros básicos a fin de proceder a su adquisición centralizada. Por ponerles algunos ejemplos les diré que el Ministerio de Fomento ha procedido a la conversión de los 1700 contratos que suscribía la Dirección General de Carreteras −se dice pronto, 1700 contratos de suministro eléctrico− a un solo acuerdo marco para todo el departamento. Los ahorros son también muy llamativos. La centralización, por ejemplo, de ese suministro de energía ha permitido al Ministerio del Interior ahorrar 9 millones de euros de un total de cuarenta y siete. Y es que en este ámbito compartirán ustedes que no tiene ningún sentido que cada Administración u órgano de la Administración contrate por su cuenta el teléfono, el gas o la electricidad. Contratando conjuntamente se ahorra, y mucho. Por eso se han creado dos nuevos órganos en la Administración, el Chief Information Officer, el CIO, como máximo responsable de la elaboración de la estrategia TIC de la Administración General del Estado, y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación para la adquisición de suministros. Ya les puedo anunciar que se está ultimando el concurso para licitar un macrocontrato de comunicaciones con el fin de que entre en vigor el primer trimestre de 2015. De la experiencia de otros países que tienen centralizados todos los servicios informáticos de su Administración, al menos estatal, y de la centralización que ya hemos llevado a cabo en distintos ministerios, cabe pronosticar un ahorro de al menos el 10, 15% de los más de 270 millones de licitación.

Hasta ahora cada ministerio, o cada organismo dentro de cada ministerio, compraba su propio hardware y gestionaba o compraba su propio software. Se trata ahora de tener una red centralizada que se utilice al menos por toda la Administración General del Estado y que pueda ponerse a disposición del resto de las administraciones. Es un planteamiento que enlaza directamente con el propósito de renovar la vocación de servicio público hacia un modelo administrativo que concentre los esfuerzos en unir y no en separar, en prestar un servicio integral al ciudadano, en entender que la Administración responde al ciudadano y no a otros fines o interrogantes. Y no solo porque el propio ciudadano demanda que su dinero se destine a lo principal y no a lo superfluo, sino porque ahora más que nunca debemos seguir trabajando juntos para lograr objetivos compartidos, salir de la crisis económica y crear empleo.

Es necesario un nuevo marco, una nueva cultura de colaboración, de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones públicas; por ejemplo, revisando el marco que constituyen las conferencias sectoriales. El reparto competencial no puede ni debe ser un obstáculo para el adecuado diseño estratégico de las distintas políticas; todo lo contrario: la participación de los niveles interadministrativos incrementa la información y aporta distintos enfoques u objetivos estratégicos a compartir. Es necesario impulsar planes y programas conjuntos sobre la base de los resultados alcanzados y fomentar la implantación a nivel estatal de las mejores prácticas de cada comunidad. Todos los niveles de gobierno somos Administración y todos prestamos un servicio al ciudadano que debe ser el eje de nuestras actuaciones, cada uno en su ámbito y en el ejercicio de sus competencias. Por eso las administraciones públicas −el Estado, las comunidades autónomas− continúan con sus proyectos de consolidación fiscal, de la misma manera que se están adhiriendo a las medidas de reforma propuestas.

Lejos de lo que se dice, aquí, en esta Cámara de representación territorial, quiero reconocer que las administraciones públicas están cumpliendo. Han reducido su déficit a casi la mitad: del 3,31% en 2011, al 1,76% en 2012. Han presentado sus planes económico-financieros de reequilibrio para 2012-2014, que recogen medidas de reducción de gastos por valor de 12 468 millones de euros, y han comenzado un ambicioso proceso de reestructuración del sector público autonómico que ha supuesto ya la extinción de 554 entidades −cifras netas−, frente a un compromiso inicial de 515. De hecho, han ampliado el objetivo a un total de 734 bajas, con un ahorro estimado por ellas mismas de más de 1500 millones de euros. Quiero que sepan que nuestras autonomías están registrando un importante cumplimiento de las medidas CORA, algunas incluso antes de la publicación del informe: en 5 comunidades autónomas se han suprimido ya los defensores del pueblo, o está en trámite su supresión o suspensión, y se han atribuido sus competencias al Defensor del Pueblo de la nación; 3 comunidades autónomas han eliminado su Tribunal de Defensa de la Competencia, 10 se han sumado o se sumarán en breves fechas al Tribunal Central de Recursos Contractuales y 14 han firmado protocolos de colaboración para racionalizar sus oficinas en el exterior.

Sin embargo, la reforma de las administraciones públicas es mucho más que un informe cerrado: es una tarea continua. Por eso hemos creado una oficina para la ejecución de la reforma de la Administración, con el objetivo de impulsar y monitorizar −una expresión que se utiliza ahora habitualmente, no es de mis favoritas− el puntual cumplimiento de las medidas. Hasta el 21 de octubre de 2013 está ya en marcha el 99% de las medidas, 22 de las cuales están íntegramente finalizadas, 34 en fase final, 112 en fase media y 48 en fase inicial. Desde la aprobación del informe, el Consejo de Ministros ha aprobado 33 normas o acuerdos cuyo contenido está relacionado con la reforma de las administraciones públicas: 3 anteproyectos de ley, uno con rango orgánico; 10 proyectos de ley, uno también con rango orgánico; un real decreto ley, 10 reales decretos y 9 acuerdos. Así, antes de que finalice el presente período de sesiones, llegarán a las Cortes Generales para su debate y aprobación las modificaciones normativas necesarias para implantar medidas tan importantes como la inscripción de los nacimientos en el Registro Civil directamente desde el hospital, la licencia deportiva única, las subastas electrónicas o la creación del tablón digital único en la sede del Boletín Oficial del Estado, que permitirá a los ciudadanos disponer de un servicio de notificaciones vía correo electrónico con las mismas garantías y seguridad jurídica que las notificaciones físicas. Sin embargo, no nos conformamos con nuestros propios procesos de evaluación interna. Nuestra voluntad de transparencia y de homologación a estándares internacionales nos ha animado a someter el informe y su ejecución al criterio de la OCDE, que está llevando a cabo una evaluación externa. Esperamos recibir sus resultados en el segundo trimestre del año 2014. Aquí quiero agradecerle también al Senado que fuera el anfitrión de una importante reunión que mantuvimos con la OCDE y otros socios europeos, a fin de intercambiar experiencias en el marco de la reforma de las administraciones públicas, el pasado mes de julio.

Señorías, la evaluación, el seguimiento y el control son fundamentales para asegurar el cumplimiento de objetivos y para valorar los progresos, y este Gobierno ha querido que se evalúe su trabajo puesto que la transparencia es clave para corregir errores y para mejorar de forma continua. Los ciudadanos deben saber las razones por las que se toman determinadas decisiones, deben disponer de información para valorar la conveniencia de las políticas y la acción de los gestores públicos. Ese es el objetivo de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que se está tramitando en estos momentos en esta Cámara: facilitar la perfecta conexión entre ciudadanos, información y decisión. Esta norma se convertirá en la primera ley que exista en nuestro país con este propósito específico; la que erradique por fin la anomalía jurídica que suponía, en relación con nuestro entorno, carecer de una normativa específica y general sobre transparencia; y, me atrevo a decir, es además la ley que más ha ganado en su tramitación parlamentaria en los últimos tiempos. La primera contribución de la ley de transparencia ha sido poner en valor el papel del Parlamento, porque en su trámite se ha ampliado y mejorado su ámbito de aplicación, con su extensión a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Definimos con ello el derecho a la información pública con un detalle tan ambicioso como garantista; y para asegurar que así sea, nuestra voluntad está en que el año que viene esté ya habilitado el portal de la transparencia, un punto de acceso telemático único que contendrá toda la información relativa a la organización de la Administración General del Estado −funciones, normativa, estructura y planificación−, información de relevancia jurídica −anteproyectos, acuerdos, memorias− y, lo que es más importante, información de contenido económico: contratos y convenios, y todo tipo de subvenciones y ayudas públicas otorgadas por los diferentes órganos de la Administración serán públicos y accesibles a todos los ciudadanos. Quiero agradecer a todos los partidos políticos sus enmiendas; A los que apoyaron el texto, su trabajo conjunto; e invito al resto a sumarse a esta iniciativa que está ya en su fase final.

Señorías, el presidente del Gobierno sitúa la recuperación de la confianza en las instituciones entre los grandes compromisos programáticos y de investidura. Esa es la génesis del Plan Nacional de Regeneración Democrática, expuesto, como saben, durante el pasado debate sobre el estado de la nación, en el que se concretaron medidas y se pidió un pacto entre los partidos. La consiguiente resolución parlamentaria de ese debate fue aprobada con un consenso razonablemente amplio y, en consecuencia, se constituyó en el Gobierno un grupo de trabajo, integrado por representantes de diferentes ministerios afectados, para desarrollar la parte de ese mandato parlamentario que corresponde al Ejecutivo.

El pasado 20 de septiembre el Consejo de Ministros presentó un bloque de medidas que a continuación quisiera recordarles brevemente. Se trata de 40 medidas básicas que afectan a más de una decena de normas y que, a efectos explicativos, podemos detallar en tres ejes. El primero sería el referido al incremento del control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos. En este terreno ya hemos dado importantes pasos: como recordarán, las subvenciones a los partidos políticos se redujeron un 20% en los ejercicios 2012 y 2013, respectivamente, y se han desvinculado las aportaciones públicas de la evolución del IPC. Ahora se incidirá en la rendición de cuentas, de tal modo que los responsables de la gestión financiera de los partidos tengan la obligación de comparecer anualmente en el Parlamento para explicar las cuentas de su organización. El sector privado desempeñará también un papel importante en las tareas de control del Tribunal de Cuentas; singularmente las entidades de crédito tendrán la obligación de facilitar información sobre cuentas, movimientos y personas autorizadas a efectuarlos. Se busca transparencia en las cuentas y por eso el procedimiento de aprobación de las mismas deberá detallarse puntualmente en los estatutos de cada partido. Para garantizarlo, aquellos partidos que no presenten sus cuentas, por ejemplo, verán cómo se retiene el pago de las subvenciones que pudieran corresponderles.

Pero el control de las actividades públicas y políticas irá más allá del ámbito colectivo, porque se requiere ejemplaridad en una expresa dimensión desde el punto de vista individual. Ese es el segundo gran eje del plan, que regula el ejercicio del cargo público en el ámbito en particular de la Administración General del Estado. A los cargos públicos se nos exigirá de manera primordial transparencia: ex ante, con la presentación de las debidas declaraciones de bienes y derechos patrimoniales, más concretadas que las actuales; ex post, con el debido control por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses de que en ellas no se percibe durante todo el tiempo del ejercicio del mandato ningún indicio de enriquecimiento ilícito; y durante, con nuevas medidas que restringen el uso de los gastos de representación y sus medios de pago.

El tercer y último eje de ese plan versa específicamente sobre las medidas penales y procesales de lucha contra la corrupción. Así, se establecerá un nuevo régimen de sanción para los partidos políticos, que empieza, sin ir más lejos, por la recuperación de la responsabilidad penal y que continúa con la tipificación de nuevos delitos, como el de financiación ilegal o nuevos refuerzos frente a conductas deshonrosas o frente a la sensación de impunidad que tiene la ciudadanía; estoy hablando de conductas como la prevaricación, el cohecho, o el tráfico de influencias. Nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con todas las formaciones políticas para definir las normas que regirán los principios y las consecuencias a las que todos debemos atenernos. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha iniciado una ronda de contactos en el Congreso con todos los grupos políticos, a fin de recabar sus opiniones y aportaciones antes de la aprobación de los oportunos anteproyectos de ley y de su remisión a los órganos consultivos correspondientes. Estamos, no obstante, abiertos a sus aportaciones a lo largo de todo el debate parlamentario. Creo que tenemos la mejor base para ello en la voluntad que todos compartimos −estoy segura− de abrir nuevas vías a la transparencia y cegar cualquier espacio a la corrupción, porque esa dinámica es el mejor incentivo para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Con esa voluntad de acuerdo finalizado mi intervención, en la que he dado cuenta de algunos cambios, de importantes reformas y de propósitos que no me gustaría que quedaran en solitario. Devolver la confianza a los ciudadanos ha de ser una tarea compartida, abordada con espíritu de concordia y consenso, con diálogo y con el necesario acuerdo.

Con ese mismo ánimo me someto ahora a sus apreciaciones y espero poder responder con gusto a todas sus preguntas.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca, a título individual, por espacio de diez minutos. Tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Buenas tardes, señora vicepresidenta del Gobierno.

Me corresponde tomar la palabra ante esta Comisión Constitucional y hacerlo el primero, por haber solicitado expresamente su comparecencia, registrada el día anterior a la petición del Gobierno para venir a la Cámara Alta para dar cuenta del informe sobre la reforma de las administraciones públicas presentado en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 21 de junio de 2013. Yo requería los resultados de las medidas que usted anunció en esta misma sala en febrero de 2012, así que le agradezco su esfuerzo de explicación de esta tarde para informar sobre un proceso de reforma de enorme calado y que tiene que ir en la línea de adaptación de la administración al siglo XXI.

Permítame que haga notar inicialmente que, antes que al Parlamento y sobre esta misma materia, ha realizado usted un periplo explicativo por diferentes foros −el último, hace una semana, ante el Instituto de Empresa−, lo que me lleva a alentarla a que, en su agenda, dedique más tiempo al Senado. No es frecuente, señora vicepresidenta, su presencia en esta Cámara −sobre todo, en las sesiones de control, a las que no asiste−, como si aquí los parlamentarios fuésemos de segunda. Algunos grupos hemos utilizado el turno de preguntas al Gobierno buscando respuestas a algunas cuestiones; por ejemplo, la que yo mismo formulé hace casi un año, precisamente sobre reducción del sector público, que iba dirigida a usted pero que respondió el ministro de Hacienda y Administraciones Pública, siempre tan pródigo y a menudo tan locuaz; le hizo algo parecido la semana pasada a mi colega de Foro en el Congreso-. Es sabido que cualquier miembro del Gobierno responde colegiadamente, pero le pediría que no regatease su participación en los Plenos del Senado; no creo que sus ocupaciones le impidan hacerlo hasta el punto de no venir nunca, y sería bueno para esta cuestionada Cámara que todos los que creemos en ella colaboremos en su utilidad; que la tiene, y mucha, sobre todo en estos tiempos de paulatina convulsión territorial.

Entrando en el proceso de reforma de las administraciones públicas, vamos camino de cumplir la mitad de la Décima Legislatura y es oportuno que el Gobierno responda de las propuestas con las que el Partido Popular ganó las elecciones de 2011. He repasado algunos de los reproches parlamentarios que usted realizaba al anterior Gobierno desde la oposición, cuando abogaba por el cumplimiento de los programas, y me temo que hoy son de aplicación: el PP no es coherente con su programa y no lo está cumpliendo; ni el diagnóstico ni los objetivos ni los trece bloques de medidas para abordar un nuevo sector público, o al menos no lo está haciendo su Gobierno con la diligencia que cabría esperar en un país con un déficit abrumador que lo condiciona todo. Son ustedes muy veloces y expeditivos para colocar las leyes recaudatorias −aquí en el Senado el procedimiento de urgencia ha alcanzado velocidades de vértigo cuando se trataba de subir impuestos, tasas y demás−, pero en esto de podar el sector público sobrante utilizan la parsimonia. Valga un ejemplo: lleva su Gobierno casi veintitrés meses de mandato y ya nos advierte de que, hasta comienzos del próximo año, no dispondremos del primer informe sobre duplicidades; y eso que partían de un factor sobresaliente para coordinar la imprescindible evaluación: doce de las diecisiete comunidades autónomas tienen Gobiernos del mismo signo que el presidido por Rajoy. Tampoco llevan el ritmo previsto los compromisos específicos anunciados personalmente por usted ante esta Cámara en los inicios del mandato, y que fueron acogidos por la sociedad con gran expectación porque eran medidas que suponían, al fin, recuperar el sentido común ante el galimatías descomunal y costosísimo de entidades sostenidas con dinero público y que en no pocas ocasiones duplican y hasta triplican la misma oferta de servicios a los ciudadanos. Con no pocas dosis de humor negro, se nos tacha de que mantenemos en España el récord de observatorios de cualquier cosa, poseemos el mayor número de centros de interpretación de lo inútil y somos campeones en museos de la nada. La recuerdo a usted misma expresándose en tono sarcástico sobre una de las entidades participadas por el Estado, denominada Carmen, la comida de España 1992, S.A., y apostillando que no estábamos para comidas.

Por lo tanto, compartiendo los principios que impulsan la necesidad de la reforma, echamos en falta un factor clave: la agilidad; una agilidad imprescindible para racionalizar el gasto de las administraciones públicas, que absorbe los recursos públicos y que precisa de la inyección procedente de los impuestos. No está de más recordar que este Gobierno, contrariamente a lo que prometió, los ha subido, superando cotas históricas y llevando a España a ser el segundo país europeo con mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos. También compartimos los objetivos de estabilidad presupuestaria y de control del déficit, pero con arreglo a los mandatos constitucionales. Señora Sáenz de Santamaría, su Gobierno ha promovido hace tres meses un inaceptable reparto a la carta del déficit, que es discriminatorio, insolidario e injusto. Lo es sin duda para Asturias, comunidad a la que representó, a la que se ha privado arbitrariamente del mismo margen presupuestario que a comunidades incumplidoras y con mayor crecimiento económico. Eso significa que en Asturias, para mantener los servicios públicos esenciales −sanidad, educación, servicios sociales− hay que disminuir la palanca de la inversión pública regional como motor de crecimiento económico y de creación de empleo. Y no aplacado el cupo de injusticia con este déficit a la carta, el Gobierno ha presentado un Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2014 que se ceba cruelmente con Asturias, con un bajón inversor del 31,6%; más que un bajón, un bajonazo. Es decir, que el proceso de reforma de las administraciones públicas se adaptará a mi comunidad con un procedimiento añadido e inaceptable: la asfixia. Comprenderá que en Asturias suene a broma macabra la consigna de presupuestos generales de la recuperación, acuñada por el Gobierno.

La aplicación de la reforma es muy urgente, porque se trata de afrontar una situación que arrastra el lastre derivado del fracaso en la descentralización y delegación de competencias de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, tras el gran pacto local que se alcanzó en 1999, fruto de un amplísimo acuerdo político auspiciado por la FEMP y propiciado por el Gobierno, entonces también del Partido Popular, que posteriormente no tuvo la continuidad necesaria pese a estar respaldado por un abundante apoyo autonómico y parlamentario. Me cuesta creer que hoy un Partido Popular con tan enorme hegemonía en los Gobiernos autonómicos y locales no pueda reeditar, impulsado por el Gobierno de España, las bondades iniciales de aquel histórico pacto.



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