Comisión constitucional



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Su ministerio debería velar para que la legislación que impulsa pase por todos los trámites previstos en las leyes, cosa que no ocurre actualmente con el artículo 56, letra b) y otros del Reglamento del Senado. Aunque las Cámaras son las que dictaminan las urgencias y convocan las comisiones, no es menester decir que el Gobierno juega un papel central en todo ello.
El señor PRESIDENTE: Señor Antich, disculpe que le interrumpa. Ha sobrepasado en un 20% ya el tiempo. Le ruego que vaya finalizando.
El señor ANTICH OLIVER: Muy bien. Voy concluyendo, señor presidente.

Simplemente me resta hacer exactamente el mismo comentario que he hecho sobre el Estado de las Autonomías respecto del informe sobre la reforma de las administraciones públicas, que es necesario tener en cuenta que hay distintos niveles de competencia y que estos distintos niveles significan que ha de haber respeto entre las instituciones y que no hay que entrar en las competencias autonómicas.

Por último, en relación con la Ley de Memoria Histórica tengo que decir que hay un absoluto incumplimiento de la misma, incluso en aquellas cosas en las que ustedes han dicho que estaban de acuerdo: las exhumaciones. Usted dijo -me parece- en su última comparecencia aquí que este sería el gran tema de esta legislatura y que, además, lo tenían hablado con las distintas organizaciones. Pues bien, en 2012 bajaron un 60% las subvenciones y no las convocaron. En 2013 crearon la partida y pusieron cero euros y en 2014 me parece que ya no hay ni partida.

Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Señora vicepresidenta, quiero, en primer lugar, al igual que el resto de mis compañeros, agradecerle su presencia esta tarde, aquí, en la Comisión Constitucional. Acabo de oír, señor presidente, que se queja algún colega de lo que no pasa por el Senado, pero prácticamente no se refiere a lo que sí pasa por el Senado, única y exclusivamente, como es el informe sobre las administraciones públicas y yo le agradezco, señora vicepresidenta, que haya querido cumplir con el mandato constitucional de Cámara territorial del Senado y haya querido presentarlo aquí y no en ninguna otra Cámara de las Cortes Generales. También le quería dar las gracias, señora vicepresidenta, por habernos permitido expresarnos a la Cámara en cuanto al techo de gasto y, por otro lado, por levantar también el veto del Gobierno a las iniciativas legislativas de las Cámaras, algo que no se estilaba mucho en la anterior legislatura, bueno, mucho no, no se estilaba nada, y que va a permitir, por ejemplo, que en el Pleno de esta semana podamos debatir una proposición de ley de reforma de la financiación de partidos políticos presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Entrando ya en el asunto de su comparecencia hoy aquí, señora vicepresidenta, qué diferencia de cifras y qué diferencia de panorama en estos meses que separan sus dos comparecencias. En febrero de 2012 asustaba a cualquiera la cifra del déficit público, un 9%, y de un país a la deriva, de un país sin rumbo y de un país casi intervenido estamos pasando a uno que genera la confianza de nuestros socios, que aprovecha sus fortalezas para crecer y que está comenzando -es un hecho- su recuperación. España tenía un solo desafío, que era salir de la crisis. España tenía un solo objetivo, que era cumplir nuestros compromisos con Europa y con los ciudadanos. Y España tenía también una sola solución, y es reformar todo lo que no funcionaba para que España volviera a arrancar. Desde nuestro punto de vista, señor presidente, esto es lo mucho que se ha hecho en poco más de veinte meses de Gobierno. Claro, que nos vuelvan a percibir con alguien fiable, como alguien de confianza, como alguien que hace frente a sus obligaciones y, lo más importante, que paga, no ha sido algo gratis ni ha sido casual. Yo no quiero ni pensar, señor presidente, cómo estaríamos si este Gobierno no hubiera asumido su responsabilidad de gestionar un país con decisión, con austeridad y con actuaciones concretas. Que tengamos hoy una economía más fuerte que hace un año, que nadie hable ya ni de la prima de riesgo ni de rescates, que cada vez se exporte más, que se consolide nuestro liderazgo en servicios turísticos y que vuelva la inversión extranjera significa algo muy importante, y es que estamos recuperando el tiempo perdido. No me voy a referir a la importantísima Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero sí al Plan de Pago a Proveedores, a la lucha contra el fraude fiscal, al plan de reestructuración y racionalización del sector público y sus fundaciones que, sin duda, están contribuyendo a la consolidación fiscal.

Por otra parte, la reforma del sistema financiero -como muy bien ha dicho la señora Sáenz de Santamaría-, que hubo que hacer en un año cuando el resto de los países de la zona euro lo hicieron en cuatro, culminó el proceso de saneamiento, de reestructuración y de resolución de entidades de crédito. Haciendo un poco de memoria también les diré, es más, se hizo frente -lo que pasa es que ya no nos acordamos y bueno es recordarlo- a dos problemas que ya existían antes de la toma de posesión de este Gobierno y que afectaban a deudores hipotecarios y a consumidores de productos financieros complejos. Me estoy refiriendo a lo que se llaman desahucios y preferentes. El Gobierno –recordarán- adoptó unas medidas de protección de unos y otros, que, por cierto, fueron recurridas al Tribunal Constitucional.

Y siguiendo con un resumen muy resumido -valga la redundancia- de las múltiples reformas competitivas, tenemos la reforma laboral, también en el Tribunal Constitucional, medidas específicas para favorecer el emprendimiento y el empleo, en especial el de los jóvenes, reformas en la educación, como el plan de reducción del abandono escolar o la mejora del aprendizaje de los idiomas, la Lomce, ahora mismo en tramitación en esta Casa, y, según me cuentan, a la que ya están esperando no solo en el Boletín Oficial del Estado sino en la calle Doménico Scarlatti, y reformas legislativas para luchar contra la corrupción. Desde luego, también, señora vicepresidenta, nos parecen claves las reformas que ha anunciado para el futuro más inmediato con el objetivo de crecer y crear empleo.

Por lo que se refiere al informe Cora, a mí me parece que es el retrato más nítido que jamás se había hecho del sector público; es un verdadero compromiso; es un enorme ejercicio de servicio público; y -como muy bien decía su señoría- en poco más de siete meses se ha hecho, desde mi punto de vista, una labor gigantesca por la que le ruego, señora vicepresidenta, felicite a cuantos han intervenido en su elaboración, especialmente a don Jaime Pérez Renovales. Nos permite un conocimiento formidable de las administraciones públicas y, por eso, es imprescindible para tener, en primer lugar, una gestión más eficaz, para que el sacrificio que ya está realizando la sociedad española sea útil y para que España vuelva a funcionar a pleno rendimiento, porque –claro- si un negocio, si una empresa, tiene que estar mejorando constantemente, tiene que adaptarse al ritmo de los tiempos, ¿cómo no lo va a hacer la Administración pública? Una economía competitiva necesita un sector público libre de solapamientos, de duplicidades y de gastos innecesarios; y una economía competitiva exige también unas administraciones públicas modernas, ágiles y transparentes.

Yo siento que el informe Cora haya tenido tan poco eco en mis colegas de comisión, pero el informe Cora ha detectado dobles o triples prestaciones de un mismo servicio. Ha detectado ineficiencias perfectamente evitables e, incluso, redundancias competenciales entre las administraciones públicas ya sea por exceso de celo o bien por inercia en la gestión de los asuntos públicos. Por lo menos ya sabemos de lo que se trata, y es, en primer lugar, evitar el desorden, en segundo lugar, evitar el despilfarro y, en tercer lugar, convertir el ahorro eficiente en norma general.

Que las administraciones públicas no hayan modificado ni su estructura ni la prestación de sus servicios tras la llegada de la crisis, cosa que por otra parte sí que han hecho las familias y las empresas, que las administraciones públicas no hayan seguido el ritmo de los cambios necesarios para garantizar su eficiencia y un buen servicio, quiere decir que España no puede ser competitiva y productiva a la vez mientras sus administraciones públicas no lo sean; y por eso y para corregir esa situación Cora, por un lado, por la crisis, reduce gastos para una mayor eficiencia de las administraciones públicas y suprime órganos o entidades innecesarias. Por los ciudadanos, además simplifica trámites y agiliza procedimientos. En definitiva, mejora la gestión de los medios públicos.

En el Grupo Popular, señora vicepresidenta, creemos que ha llegado la hora de situar al ciudadano en el eje sobre el cual articular el conjunto de los servicios y procedimientos que le pueden afectar porque todas las administraciones deben estar, de principio a fin, al servicio de los ciudadanos y, además, por estar las administraciones al servicio de quien están, del conjunto de los ciudadanos, deben ser un ejemplo de contención en la utilización del dinero de todos vía impuestos, con la austeridad, con la transparencia y el rigor como principios rectores de todas las reformas. Si a estos principios rectores le unimos la necesidad de transformar la Administración española para que, a su vez, dé lo mejor de sí misma tendremos que el informe Cora va a significar un antes y un después en nuestras relaciones con la Administración, ya sea como particulares, ya sea como empresas porque si reduce duplicidades, solapamientos, ineficiencias, gastos innecesarios, estructuras inoperantes, se va a ahorrar en costes, que es exactamente lo que nos piden los ciudadanos. También nos piden más cosas: nos piden menos colas, nos piden menos papeleos y nos piden más agilidad en todos los procedimientos.

En resumen, todo serán beneficios, serán avances y serán mejoras para los ciudadanos. Cómo calificar si no, por solo citar unos ejemplos, la historia clínica digital, esto de que la historia le siga a uno por toda España y no que uno tenga que seguir a la historia clínica por toda España. Es un avance impresionante. O poder registrar nacimientos desde la propia clínica sin necesidad de acudir al Registro o retirar medicamentos desde cualquier farmacia o poder disponer de cita previa electrónica, incluso, señora vicepresidenta, en la Jefatura Provincial de Tráfico. Usted, que vive en Madrid como yo, y yo sabemos que vamos a acabar con el clásico de las colas alrededor de la calle Arturo Soria, alrededor de la Jefatura Provincial de Tráfico, lo cual está muy bien. Pero para las empresas también supone mucho avance, mucho beneficio, mucha mejora y también para la Administración, como muy bien se ha dicho. Aquí, además de los ejemplos que ha puesto la señora vicepresidenta y de los casos que nos ha relacionado, yo quiero resaltar la creación del comité para solucionar de una vez por todas, espero, la eterna aspiración de conectar informáticamente los juzgados o ese servicio general de notificaciones electrónicas, según el cual ahora sabemos que una notificación postal son 2,55 euros y una notificación electrónica son 19 céntimos de euro, con lo cual está claro por dónde hay que ir.

Nuestro ordenamiento jurídico es una auténtica maraña, es una maraña que enreda y perjudica tanto las libertades individuales como la eficiencia de nuestro sistema económico, y lo es, todos lo sabemos, por el constante crecimiento que ha habido hasta ahora de administraciones, por la multiplicación de normas y por la falta de rigor en su elaboración. Por eso, nos alegra enormemente saber que el informe Cora, buscando la mejora de nuestra seguridad jurídica, algo que sabe usted que nos preocupa mucho en esta comisión, a mí al menos, ya propone la elaboración de, al menos, ocho textos refundidos con capacidad para que sean unos cuantos más.

Evidentemente, señor presidente, señorías, señora vicepresidenta, nada bueno se diría del Gobierno y mucho menos del grupo que le apoya si no uniéramos los principios, los objetivos, la crisis y, desde luego, las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías para superar de una vez por todas la Administración burocratizada y formalista hasta extremos inimaginables, una Administración más eficaz y más moderna, capaz de adaptarse a los nuevos retos en un proceso de mejora continua, en definitiva, un modelo nuevo de Administración.

Me parece que se equivoca tremendamente quien aquí ve ideología, porque yo creo que no la hay, sinceramente, solo el intento de ser más eficaces, lo que considero que es la obligación de todo el que se dedica al servicio público.

Creo que ninguna reforma es el final de nada, señora Saénz de Santamaría. Una vez que este inmenso trabajo se lleve a la práctica, habrá, estoy segura, nuevas posibilidades de avance, de superación y, sobre todo, habrá más mejoras, seguramente ahora las desconocemos y, además, nos parecen hasta insospechadas. Yo creo que queda establecida por primera vez la nueva cultura de la gestión pública en España, con unas administraciones más austeras, más útiles y más eficaces, y quiero que quede constancia en el acta y en el Diario de Sesiones que ningún Gobierno, señor presidente, había tenido hasta ahora ni la decisión ni la voluntad de emprender esta tarea. Ha sido el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy y, en nombre del grupo que le da su apoyo, quiero darle las gracias por el trabajo realizado y decirle, señora vicepresidenta, que estamos muy orgullosos.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel López.

Señora vicepresidenta, tiene usted la palabra.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer a todos los portavoces que han hecho uso de la palabra sus intervenciones y sus aportaciones. Me ocurre en esta sesión lo mismo que me sucede en ocasiones los jueves cuando analizo las preguntas que también en ocasiones me dirigen desde el Senado, que me piden ustedes hablar de muchas cosas que, indudablemente, conozco como portavoz de este Gobierno y, en ocasiones, como coordinadora de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, pero que no forman parte estrictamente de las competencias concretas del ministerio que dirijo. Aquí ustedes me han hablado de financiación autonómica –que podemos hablar-, me han hablado de política industrial, de política energética, de política de infraestructuras, de la reforma de la Ley de Régimen Local, de los problemas económicos de determinadas empresas en España. Es lo que suelen preguntarme en ocasiones los jueves para que conteste los martes y sencillamente les digo que tendremos que exponer un criterio y hacerlo con mayor claridad, porque, en ese caso, podría contestar yo íntegramente a todas las preguntas de la Cámara si el criterio fuera la elección de la vicepresidenta para contestar en relación con cualquier tema de actualidad que a ustedes les sugiriera. Yo estoy encantada de venir a esta Cámara. Elegí venir al Senado a explicar la reforma de las administraciones públicas a petición propia porque me parecía que esta es la Cámara de representación territorial y era el lugar en el que tenía que hacerlo, con éxito desigual, habida cuenta del interés que he suscitado en algunos. Pero creo que es importante, que es una reforma de calado y que esta es la Cámara en la que debe hacerse.

Permítanme que, con carácter general, haga una observación, con todo el respeto. Todos los que estamos aquí -yo soy también diputada y miembro del Gobierno y ustedes son senadores- formamos parte de una cosa que es las Cortes Generales, el Parlamento de España, si me permiten llamarlo así, y creo que entre todos deberíamos de trabajar para que las instituciones del Estado funcionasen mejor, y todos tenemos algo que decir a la hora de cómo modernizamos la Administración. Pero permítanme que les diga que me ha sorprendido que siempre los debates que hacemos sobre las administraciones públicas por parte de todos los portavoces, con alguna excepción notable en esta Cámara, parecen una discusión entre Estado y comunidades autónomas, parece que ustedes representan a las comunidades autónomas y vienen a preguntarme sobre las comunidades autónomas a mí, que parece que represento al Estado, con la señora Vindel, en solitario. Perdonen que les diga, pero todos ustedes forman parte de una institución del conjunto del Estado español, que es su Parlamento, que es su Parlamento y que algo tendremos que decir de cómo funcionan sus instituciones. Podrán hacer la intervención, yo lo respeto, que tengan por conveniente, pero siempre parece que presentamos este debate: Oiga, mire, nosotros venimos aquí a hablar desde las comunidades. No, hablemos también nosotros entre nosotros de cómo puede mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado en objetivo, no solo en comparación con las comunidades autónomas. Me sorprende incluso de algún partido que, digamos, tiene una vocación general o nacional. Ya digo que lo respeto, pero les pido que hagan esa reflexión por un momento. Todos aquí somos miembros de una institución de carácter estatal, para que se me entienda bien, que es el Parlamento de la nación, las Cortes Generales y estamos representando al conjunto de los ciudadanos que nos han elegido para esto, para esta institución.

No voy a ser ordenada en las exposiciones, aunque procuraré contestar a todos. Quería contestar a los temas de política, como los llama el señor Saura. Este era uno de ellos. El segundo es que el señor Saura llama política a plantear una reforma de la Constitución o a plantear un modelo de Estado. (El señor Saura Laporta: Yo no he dicho eso.) Perdóneme, luego vemos cómo lo he interpretado yo. Usted me dice textualmente que es un discurso técnico al que le falta política, porque la política es hablar del Estado que queremos. Puedo decirle varias cosas: en primer lugar, si preguntamos a los ciudadanos qué entienden por política veremos que probablemente uno de los problemas por el que en este momento los políticos sufrimos la desconfianza de los ciudadanos sea que a veces hablar de política no es hablar de los temas que les preocupan a los ciudadanos. Luego hablamos del modelo de Estado y, a lo mejor, vamos a ver quién tiene más problemas en eso en esta Cámara, pero esto también es política, y, si me permite que le diga, como durante 30 años hemos hecho más política de la otra, ahora nos encontramos con que a los ciudadanos, en ocasiones, les volvemos, sencillamente, locos, porque no saben la Administración a la que dirigirse, lo que tienen que presentar –la burocracia- y los gastos que eso supone. A lo mejor es política, para algunos, de andar por casa, pero creo que los ciudadanos merecen una respuesta de una Administración que esté mucho más pendiente de sus problemas que de los problemas que tenemos los propios políticos para entender cómo nos organizamos nosotros a nosotros mismos.

A lo mejor a usted esto le parece política en minúscula. Pues yo le digo una cosa: bienvenida la política en minúscula, porque mientras no se ha hecho, aquí han seguido creciendo las administraciones; aquí se han aprobado normas sin orden ni concierto y con muy poca coordinación; aquí se han multiplicado los entes; aquí tenemos una Administración o un sistema electrónico que funciona para todas las empresas privadas de este país, pero que no funciona para las administraciones públicas. Y puede, señor Saura, parecerle esto muy técnico, pero le digo que salga a la calle, a la que usted también me invita, y pregunte a los ciudadanos si les parece importante que eliminemos trabas, que eliminemos colas, que eliminemos la necesidad de presentar poderes, que hagamos esto mucho más práctico y mucho más sencillo. Pero -¡ah!-, la política es discutir sobre el modelo de Estado. Y me dice usted: usted ¿qué modelo de Estado defiende y qué modelo de Estado defiende el Partido Popular? Pues, mire, en tanto en cuanto la Constitución no se modifique -y ahora hablaremos de ese tema que parece que es lo que más le importa, más que la reforma de las administraciones públicas-, hay mucho que hacer en el Estado de las Autonomías. Me dice: usted no me conteste. Permítame, señor Saura, pero usted pregunte lo que quiera, que yo le contestaré como a mí me parezca oportuno.

Antes de que se reforme la Constitución, o hasta tanto no se reforme la Constitución, hay mucho que hacer en el Estado de las autonomías. Una de las cosas que hay que hacer −lo he dicho en mi intervención, lo que pasa es que el prefabricado es lo que tiene− es cambiar la cultura de coordinación, de cooperación y de colaboración entre las administraciones públicas. ¿Sabe dónde hay que hacerlo? En las comisiones bilaterales. Me dice usted que hay que convocar comisiones bilaterales porque hay que acordar traspasos. ¿Solo? ¿Solo para eso, señor Saura? Porque llevamos treinta y ocho años reuniendo comisiones para hacer traspasos, y creo que alguna vez nos podríamos reunir para coordinarnos. (El señor Saura Laporta: Ya nos hemos reunido.) Señor Saura, esto es una contestación, no un diálogo. Yo le he respetado a usted su intervención, le pido que escuche la mía.

Señor Saura, las comisiones bilaterales tienen que trabajar para otras muchas cosas. El problema es que desde ciertos sectores solo tienen sentido las comisiones bilaterales y solo nos piden que las convoquemos si podemos sacar acuerdos de ellas que se concreten en traspasos o transferencias a las comunidades autónomas, y ese camino, señoría, ya es muy difícil. No obstante, hay comisiones en que se está cambiando esa cultura.

Corrijo al señor Saura: sí se ha reunido la comisión bilateral de Aragón, en tres ocasiones, fundamentalmente para coordinación entre varias administraciones públicas. Sí, se ha reunido en tres ocasiones, precisamente para acordar la ejecución de determinadas inversiones en las que nos hemos puesto de acuerdo, para ver quién puede hacerlo mejor y quién puede coordinarlo mejor, o para solucionar problemas técnicos que es necesario solventar como, por ejemplo, el aeropuerto de Teruel, que se va a dedicar al desguace de determinados aviones para dar una salida a esas inversiones que tenemos en España y que el Gobierno ha acordado agilizar los trámites para que se convierta en un punto Schengen y los aviones no tengan que aterrizar previamente en Zaragoza.

Para ponernos de acuerdo, para coordinarnos, porque como hagamos el cómputo de las comisiones bilaterales, de lo que traspasamos o de lo que transferimos, pasará como con la reunión que se celebró a finales de la anterior legislatura, que se prometieron unas cantidades en relación con una serie de inversiones que no se pagaron la pasada legislatura y que ahora, como ustedes conocen, han sido interpretadas por el Tribunal Constitucional.

Varios de ustedes han dicho que asistimos a una recentralización. Señorías, creo sinceramente que es muy fácil decir eso sin analizar todas y cada una de las normas en concreto. A lo que asistimos es a una crisis tremenda. A lo que hemos asistido en los últimos meses es a una posibilidad más que clara de rescate de la economía española. A lo que hemos asistido es a un momento económico de una dificultad que ha llevado a tener que aprobar un plan nacional de reformas con urgencia que permitiera a España salir de la crisis. Y el Estado de las autonomías claro que necesita la capacidad de aprobar planes y programas conjuntos, señoría, porque es muy duro para cualquier Estado, ante cualquier problema que puede llevar al rescate de su economía, no tener planes entre las distintas administraciones públicas que permitan, con sentido de Estado, solventar una serie de problemas y adoptar una serie de reformas que precisan con urgencia los ciudadanos para que su país no sea rescatado, para que al día siguiente de ese rescate no se recorten sus pensiones, el sueldo de los funcionarios o se determine por parte de autoridades que no son las de nuestro país cómo se paga la sanidad o cómo funciona la educación. Necesitamos mecanismos que nos permitan reacciones urgentes ante determinados problemas importantes, ante determinados problemas en que todos podemos ponernos de acuerdo.



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