Comisión constitucional



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Indudablemente, podemos discutir sobre si esas normas suponen o no invadir competencias. Muchos de sus grupos parlamentarios han utilizado la fórmula del recurso y la han anunciado incluso antes que las enmiendas. Están en su derecho y el Tribunal Constitucional decidirá, pero en España hay problemas muy importantes que afectan al grueso de sus ciudadanos y que había que resolver para evitar ese rescate, para sacar adelante a la economía española y para dar soluciones.

Estas Cortes, en las que ustedes son senadores y representantes, tienen competencias legislativas en muchas materias, y las ejercen −luego hablaré de los reales decretos−, pero también estas Cámaras, como representantes de la nación que son, tienen una obligación para con los ciudadanos, que es aprobar las leyes necesarias para sacar a este país de la crisis, modernizarse y crear empleo, que, por cierto, es una frase que he repetido constantemente y que inspira todas las reformas del Gobierno.

Me dice usted que no ha habido un debate sobre el modelo de Estado. Señoría, hubo un debate sobre el modelo de Estado dentro de otro debate, el debate sobre el estado de la nación. ¿Qué se puso de manifiesto en ese debate? Que no hay ni un atisbo de principio de acuerdo entre los grupos parlamentarios sobre cómo hay que reformar la Constitución. Y si me apura, ni siquiera en el seno de alguno de los grandes partidos, que tienen mucho que decir al respecto. Unos proponen un modelo federal, y con el rigor que da hablar en la Cámara de representación territorial, modelos federales hay muchos en nuestro país. Algunos proponen, porque estoy en esta Casa, un modelo federal de Senado como el Senado alemán. Por cierto, el Senado alemán es el único modelo federal como el Senado alemán que hay entre todos los modelos federales. Solo en Alemania hay un modelo federal como el Senado alemán. Podríamos hablar de otros muchos. España es un Estado descentralizado, mucho más que muchos otros.

¿Qué es avanzar hacia un modelo federal, señor Saura? ¿Un cambio en el estado de competencias para reordenar a favor del Estado, como parecen predicar algunos grupos parlamentarios en esta Cámara y en el Congreso, o en la otra dirección? Porque el tema es importante. Cuando concreten ustedes este punto sabrán si todos ustedes están en él y si pueden incluir a otros en esta Cámara. Modelo federal, sí. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Qué efectos tiene? Ya le digo, en el debate hubo propuestas centralizadoras, descentralizadoras, confederalizadoras, propuestas de reforma del modelo electoral, que sale recurrentemente, propuestas de reforma de la Constitución en otras instituciones. Lo que sí se constató en el debate, en el que se habló largo y tendido sobre esta cuestión, es que no hay un grupo que proponga una reforma igual, ni siquiera coincidente en sus puntos básicos. Por eso, señoría, entre tanto, con este Estado de las autonomías que tenemos y al que estamos obligados a respetar constitucionalmente, y si es posible a mejorar, tenemos que hacer reformas como la presente. Si podemos ponernos de acuerdo Estado y comunidades autónomas en cómo ejercemos mejor determinadas competencias al margen de la reforma constitucional, hagámoslo. A veces tengo la sensación de que yo confío más en las comunidades autónomas que ustedes, que se supone que hablan en esta Cámara en nombre de ellas, porque están haciendo muchísimas cosas, porque están acometiendo importantes reformas, porque cuando ha salido el número de empresas públicas que dependen de las comunidades autónomas, se han ajustado y han hecho cambios, como los ha hecho el Estado −después contestaré al señor Martínez Oblanca−, y se han dado cuenta de que a lo mejor se puede ahorrar incorporando sus oficinas en el exterior a las del Estado, que no son del Gobierno, sino del Estado, las del conjunto de España, y probablemente podrán defender mejor los intereses de cuarenta y siete que los de cuatro, señoría. Algunas han decidido suprimir determinadas instituciones, otras se gestionan mejor para que gastar tanto, como hacer la gestión desde una sola institución, no del Estado sino para todo el Estado. Porque si se trata de un asunto de participación de todos en esas instituciones y de opinión sobre sus métodos de funcionamiento, hagámoslo. Y es bidireccional; yo les invito a que se lean el informe. En él también se dice: competencias que gestiona el Estado y que es absurdo que las siga gestionando.

Y les voy a poner un ejemplo muy práctico, el de los centros de vacunación internacional. Hace tiempo que transferimos la sanidad, pero el Estado mantiene en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno veintinueve centros de vacunación internacional que dispensan solo cuatro vacunas, mientras que existen cuarenta y siente dependientes de las comunidades autónomas con los que podemos hacer encomiendas de gestión. Pues hagámoslo. ¡Si es bidireccional! ¡Si es un asunto que a lo mejor a usted le parece micropolítica pero ahorra un montón! Y sobre todo, lleva a que los ciudadanos no tengan que irse a vacunar a la subdelegación del Gobierno y luego al hospital de turno para las vacunas que le correspondan o a hacer su reconocimiento.

Califica usted a las diputaciones de opacas porque dice que son de representación indirecta. ¡Pues como empecemos a analizar el número de instituciones de representación indirecta que hay, comenzando por la que vicepresido…! Creo que la opacidad no está ligada a la representación indirecta; y muchas de las que defendían Gobiernos de los que usted formaba parte también son de representación indirecta, pero no por eso, señor Saura, son menos democráticas. Lo importante es que se gestione bien. De momento las diputaciones provinciales tienen una deuda de 1400 millones de euros limitada con respecto a más de un 90% del PIB que es lo que supone el conjunto de todas las demás.

Se ha hablado –y lo enlazo con esto− de la reforma del régimen local. Eso no era objeto de esta comparecencia pero no tengo ningún problema en contestar a algunos de los intervinientes. Se dice: La reforma de racionalización de sostenibilidad local, sí, pero en aquellos sitios en que un estatuto de autonomía no atribuya competencia exclusiva, porque los estatutos de autonomía −me dicen− preceden a las leyes orgánicas y ordinarias en nuestro sistema de normas. Pues yo disiento. Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias no se enfrentan entre sí por un problema de rango sino por un problema de competencia. Las leyes ordinarias están previstas para todo aquello que la Constitución no reserva a las leyes orgánicas por un asunto de competencia, pero no por que un asunto esté previsto en una nueva ley orgánica, incluido un estatuto de autonomía, altera la prelación de normas en nuestro ordenamiento. Cada uno tiene su marco de competencias. Y está claro que el estatuto de autonomía de su comunidad autónoma, Cataluña, y el de otras contemplan competencias exclusivas en materia de organización local, pero eso no quiere decir, señoría, que la normativa básica en materia de organización local que nuestra Constitución atribuye al Estado no deba respetarse en su conjunto. Si nos ponemos de acuerdo, señoría, en llevar a cabo ese encaje, como he tenido ocasión de decirle a doña Joana Ortega, podremos pactar esa ley, porque si se respeta el núcleo básico de la legislación local que la Constitución atribuye al Estado, es muy fácil ponernos de acuerdo en el resto. No se trata de decir que esa ley no es aplicable en Cataluña porque tiene competencia exclusiva en su organización. La tendrá en su organización, pero hay una normativa básica que hay que respetar. Si logramos solventar ese punto, creo que sería posible el acuerdo, como lo ha sido con el Partido Nacionalista Vasco en la atención al régimen foral específico en esta ley. Es decir, nosotros estamos abiertos al acuerdo, lo hemos hecho con el Grupo Vasco y con el Partido Nacionalista Vasco y nos gustaría sumar a otros grupos en este punto.

Se me han planteado algunas cuestiones concretas sobre el informe de la Comisión de reforma de las administraciones públicas. Me preguntaba el señor Martínez Oblanca por qué les trasladamos a los demás los objetivos de cumplimiento y no a nosotros mismos. Lo que puedo hacer es leerle un balance de actuaciones que ha hecho el Gobierno en cuanto a sus organismos públicos. El acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012 preveía fusiones, extinciones y sucesión de activos en veintidós sociedades mercantiles estatales. Hay dieciséis operaciones ya finalizadas y seis en desarrollo. Trece están finalizadas, en concordancia con las propias previsiones del acuerdo. Como asuntos importantes, las fusiones de las llamadas sociedades de agua, Acuanorte, Acuasur y Acuaebro, que ahora son Aguas de España; la fusión de las sociedades de defensa, Insa e Isdefe; la fusión de la sociedad de Lotería Selae con su filial STL; la extinción de Sevalae; la fusión de Segipsa e Improasa; la cesión global del activo y pasivo de la empresa Invest in Spain a ICEX; la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler, y recientemente la fusión de Suelo Empresarial del Atlántico y Sigalsa.

Usted me pregunta por unos datos, y yo le reconozco que tarda mucho en extinguirse, disolverse y liquidarse una empresa pública, tarda muchísimo, y lo hemos podido comprobar. Y no quiero contarle las operaciones de desinversión. Ahora está un poco mejor el mercado, pero el año pasado algunos de los que querían comprarlas prácticamente pedían dinero al Estado para que se quedaran con ellas. Y es un proceso que cuesta mucho, pero ahí está. Dieciséis ejecutadas y seis en fase de finalización. Asimismo, el acuerdo preveía la extinción de fundaciones, y de acuerdo con él se han fusionado o extinguido nueve fundaciones estatales. Limitado; por eso hemos aprobado un segundo acuerdo, el de 20 de septiembre de 2013, en el que hemos tenido que hacer tres cosas. En primer lugar, presentar un anteproyecto de ley, porque da la casualidad de que algunos de esos organismos por los que usted me pregunta están creados por una ley, y por una ley, que enviaremos a las Cortes, tendremos que disolverlo; otra parte por real decreto, que es más inmediato, y alguna por acuerdo.

Por ponerle algunos ejemplos, dado que tiene tanto interés en conocerlos, le diré que se han extinguido la Fundación Almadén Francisco Javier de Villegas, la Fundación Museo Taller Juan José, la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del Carbón (Fundesfor) y la Fundación Enresa. Serán objeto de extinción con integración en otras entidades, la Fundación para la proyección internacional de las universidades españolas; la Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación (Aneca), que será integrada en el organismo Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y la Acreditación; la Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales, que será integrada en el ICEX; la Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la información y la Comunicación (Cenatic), que será integrada en el ente público Red.es, y la Fundación de la Ciudad de la Energía (Ciuden), que será integrada parcialmente en el IDAE. Por su parte, en la Fundación EOI se integran la Fundación Colegios Mayores MAEC-AECID y la Fundación Española para Innovación de la Artesanía; en la Fundación del Transporte, la Fundación AENA y la Fundación de Ferrocarriles Españoles. En la Fundación Biodiversidad, la Fundación Observatorio Español de Acuicultura y la Fundación Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y las Ciencias del Mar. Y dejarán de tener consideración pública la Fundación de la Náutica y Astronáutica Españolas, el Museo do Mar de Galicia, la Fundación canaria Puertos de Las Palmas y la Fundación General de la UNED. Esta parte ya se ha ejecutado y la otra se hará cuando sus señorías aprueben la correspondiente ley de supresión de entidades.

Señor Bildarratz, usted me ha preguntado por todo menos por la Comisión de reforma de las administraciones públicas. Me ha preguntado por Fagor. No pretendo ser críptica, pero quizá también el señor Erkoreka podría manifestarle cuál ha sido la opinión y las conversaciones que hemos mantenido sobre este punto. Quizá también sería oportuno conocer por parte del Gobierno vasco cuál es la sensación y cuáles los criterios en relación con la situación que atraviesa la corporación. Se lo digo porque usted me lo ha preguntado. Creo que no son objeto de esta comparecencia ni las inversiones, ni la Y vasca ni la política industrial ni la energética ni el tax lease del concierto en el cupo de la gestión, pero sí le digo que en todas ellas el Gobierno trata de hacer una política industrial y energética que sirva para todos y también para el Gobierno vasco. En materia de tax lease hemos trabajado mucho ambos Gobiernos y hemos trabajado bien, y creo que tenemos que seguir trabajando en ese punto. Son muchas las cosas que hemos de hacer para recuperar la confianza en un sector que es clave, y creo que hemos trabajado bien. En ocasiones ponemos más en valor lo que nos separa que lo que nos une, y en el tratamiento del tax lease, el Estado y las comunidades autónomas supimos dar ejemplo de cooperación y coordinación, que si bien no solventó el asunto, como todos hubiéramos querido, y muy especialmente el sector empresarial, fortaleció mucho la posición del Estado español en su conjunto, y se lo agradezco.

A la señora Rieradevall le he contestado a alguna cuestión en relación con el régimen local, con la centralización y con la Comisión de reforma de las administraciones públicas. Nosotros hemos hecho el trabajo, podríamos habérselo encomendado a un grupo de expertos, pero pensamos que en el ámbito de la función pública española había expertos con un profundo conocimiento de la cuestión. Hemos convocado ese grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A sus primeras reuniones han asistido tanto el presidente de la Comisión de reforma de las administraciones públicas como la directora de la oficina para su ejecución, y se ha dado traslado de las medidas a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas están dispuestas a proponer más, a analizar las cifras que tenemos, a contrastarlas y a hacer un trabajo conjunto que, vuelvo a reconocer, están haciendo; las comunidades autónomas han hecho esfuerzos muy importantes de racionalización y de austeridad que todos queremos y debemos poner en valor.

Señor Antich, dice usted: más déficit, más deuda y más paro. Pues bien: más déficit, no; más deuda, sí, entre otras cosas, porque se ha convertido en deuda el déficit oculto, el plan de pago a proveedores, y vivimos una recesión que hace que ese gap haya que solventarlo con deuda pública. Pero más déficit, no, y le recuerdo que venimos de un 9%.

Ha hecho un discurso −que me ha sorprendido, por el grupo al que representa− desde la visión de las comunidades autónomas. Y yo echo en falta, aparte de la señora Vindel, a alguien que haga un discurso desde la visión del Estado. Critica usted el FLA y me pide eurobonos, pero, señor Antich, es que hay comunidades autónomas que no pueden salir a los mercados, y ese es el problema que hemos tenido que solucionar: comunidades autónomas que han pasado de una deuda de 4000 a 40 000 millones de euros y a las que el FLA ha tenido que aportar 25 000 millones de euros, y que no pueden salir al mercado; y, si sale alguna es con intereses astronómicos; es decir, hemos venido a solventar un problema que tienen muchas comunidades autónomas, y sencillamente, señor Antich, también tenemos que tener garantía de que vamos a recuperar lo aportado, y de ahí esos planes.

Dice usted que el reparto del déficit es asimétrico: más al Estado y menos a las comunidades autónomas. Es que la mayor parte del ajuste en déficit se lo lleva la Seguridad Social, que creo que es de todos, aunque esté afecta al Ministerio de Empleo. (Denegaciones del señor Saura Laporta.) Señor Saura, no niegue con la cabeza. Creo que los pensionistas son de todas las comunidades autónomas, y mejor que no entremos en los datos de aportaciones de unos y otros, no me gustaría hacerlo. Repito, son de todos, y en determinados sitios, el resto aporta y mucho, y resulta que la Seguridad Social tiene problemas por las cifras de paro que usted citaba, porque se ha caído la afiliación, que hay que recuperar, y porque hay que mantener el nivel de ingresos de nuestros pensionistas; cada vez hay más pensionistas y los que entran al sistema tienen pensiones más altas que los que, por desgracia, salen.

Señorías, sí, una parte de ese déficit importante se lo ha llevado la Seguridad Social, y perdone que le diga que es Estado, sí, pero es el Estado de las pensiones de todos los pensionistas españoles, y creo que estaremos todos de acuerdo en ayudar a que el sistema de la Seguridad Social pueda mantener nuestras pensiones y garantizar su sostenibilidad.

Dice que hay que compensar deficiencias inversoras. Señor Antich, las cuentas en España están como están, y hay que fijar prioridades y objetivos, y en una situación de emergencia como la que hemos vivido con esta crisis los objetivos son los más claros: mantener la política social, las prestaciones por desempleo, de los ciudadanos de Baleares y del resto de España; poder mantener nuestras pensiones y garantizar su sostenibilidad; poder mantener una política social que garantice algunas cuestiones básicas.

Usted me pide inversiones y no tengo ninguna duda de que serán necesarias, y por eso −por poner el caso de Baleares− el Gobierno ha trabajado en convenios con la comunidad autónoma para el mantenimiento de sus carreteras, y ahora lo está haciendo para sus depuradoras. Pero a veces cuando hablamos de inversiones nosotros mismos nos contradecimos porque en genérico decimos: hemos hecho en España inversiones que ahora son difíciles de mantener pero las seguimos pidiendo. Buenos, pues tratemos de encontrar un equilibrio porque son momentos de dificultad y no se puede hacer todo a la vez. Y a veces nos piden que, sin subir los impuestos, subamos las pensiones, la prestación por desempleo, las inversiones a las comunidades autónomas; que concedamos subvenciones como las de la memoria histórica −que me ha pedido− y que no tengamos más déficit ni más deuda pública. Señor Antich, le pido que me eche una mano, porque la cuadratura de ese círculo es complicada (Risas.). Hay que fijar prioridades y probablemente pueda hacerse mucho mejor, pero con lo que hay, teniendo que cumplir la consolidación fiscal, permita que el Gobierno haya decidido que, habida cuenta de cómo está la situación, la prioridad sea la prestación por desempleo, la actualización hasta donde se pueda de las pensiones para garantizar su sostenibilidad y determinadas políticas de protección social.

Señor Antich, no es una campaña de desprestigio de las comunidades autónomas. ¡Si, quizá, la que más ha hablado en positivo de las comunidades autónomas en esta mesa he sido yo! Las comunidades autónomas han hecho un esfuerzo tremendo; somos conscientes de que además gestionan la educación, la sanidad y buena parte de los servicios sociales de este país, y creo que entre todos debemos trabajar en esa evaluación de financiación autonómica para encontrar el mejor modelo.

Yo no estoy en el Ministerio de Hacienda ni en el grupo que está evaluando pero le voy a dar mi opinión: acertaremos si buscamos el mejor modelo que financie de la mejor manera posible los servicios públicos, siendo bien conscientes de que todos tenemos unos servicios públicos que hemos de mantener y de sostener, y en cada comunidad autónoma hay una dificultad: en unas, la población, contabilizada o no; en otras, la dispersión; en otras, el exceso de municipios; en otras, el territorio; hay para todos los gustos. Pero si ponemos el acento en que esa financiación de los servicios públicos sea lo más justa e igual para todos, probablemente acertaremos, no le digo del todo pero sí bastante.

Me pregunta por los decretos leyes. Yo le admito que en el primer año de legislatura se aprobaron treinta decretos leyes, y hubo que hacerlo, porque cuando explicamos nuestro sistema legislativo −que, por cierto, es muy parecido al de otros países europeos− nos preguntan si no se puede hacer más deprisa, porque hay cosas que no pueden esperar. Y en ese primer año ha habido cosas que no han podido esperar porque había extraordinaria y urgente necesidad: la crisis económica y la tremenda recesión que están viviendo los españoles y que llevan mucho tiempo viviendo. En este segundo año se ha reducido un tercio, doce decretos leyes, buena parte de ellos para aprobar créditos extraordinarios que, lógicamente, no se suelen tramitar como proyectos de ley. Indudablemente, en el primer año hemos aprobado bastantes decretos leyes porque las circunstancias lo requerían, y hemos pedido un esfuerzo a las Cámaras, que quiero agradecer, con tramitaciones de urgencia, porque había que hacerlo, porque teníamos que aprobar leyes para que estuvieran en plazo lo antes posible, sencillamente porque había que cambiar las cosas y porque teníamos un plan nacional de reformas que cumplir al que nos habíamos comprometido, y gracias a su cumplimiento nos han dado más margen para el déficit. Entiendo que veinte días pueda no ser mucho, pero en un determinado momento en que a todos los ciudadanos les hemos pedido esfuerzos, también −y discúlpenme por ello− hemos pedido esfuerzos a las Cámaras para que nos ayudaran a tramitarlo lo antes posible.

En cuanto al Valle de los Caídos, señor Saura, hasta el año 2006 en que se aprobó la Ley de memoria histórica, en este país se han sucedido distintos Gobiernos de distinto signo político, y no han hecho ninguna de las cosas que aquí usted me reclama ahora. El informe del Valle de los Caídos se presentó cuando estábamos con las Cortes disueltas, después de siete años de un Gobierno se presentó en el último momento y se constató que no había acuerdo. Es más, me habla usted de inhumaciones, o el señor Antich -no creo que les importe a ustedes que les confunda aunque estén en distintos grupos (Risas.)– pide que también se hagan estudios sobre ese punto y nosotros hemos hecho hasta donde hemos podido y hasta donde nos lo han permitido nuestras disponibilidades financieras. Pero me pide usted urgencia en un asunto que hasta el año 2006 sencillamente no se abordó, y el informe se presentó, como ya digo, en el último momento, habiendo tenido siete años para constituir un acuerdo que no se logró.

Señora Vindel, ha hecho usted una radiografía de la dificultad del momento. El momento sigue siendo difícil, tenemos que seguir trabajando y no vean en la expresión de las cifras ningún triunfalismo, todo lo contrario; aquí hay que evitar tanto el pesimismo excesivo como el exceso de optimismo. Hay que ser muy realistas, hemos superado un momento muy difícil para todos los españoles, se ha hecho, ahora en la macroeconomía hay atisbos de mejora, hay una cifra de recuperación, hemos salido de la recesión, pero todo es débil y tímido y hay que seguir fortaleciendo. Por eso creo que la reforma de las administraciones públicas es un elemento importante de reforma estructural. No sé si es alta política, media o regular, solo sé que en treinta y ocho años no se ha hecho; solo sé que en treinta y ocho años hemos aprobado distintas versiones de distintos estatutos de autonomía –en algunos ciertamente no, senador del Partido Nacionalista Vasco, pero en otros sí-; que hemos aprobado infinidad de leyes; que hemos descentralizado, y creo que con acierto, pero también nos hemos quedado atrás en muchas cosas, en muchas cosas en las que tenemos que mejorar.

Quiero ponerles una foto muy gráfica. Si ustedes son de los que se manejan por Internet, en sus relaciones financieras ustedes entran, ponen sus claves y tienen toda su posición financiera, entera. Pues bien, yo quiero trabajar –y así lo ha hecho el equipo de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, al que quiero dar las gracias porque han hecho su trabajo, el de sus ministerios, y luego el que les correspondía en esta comisión; todo se ha hecho, como ha reconocido algún portavoz, y yo se lo agradezco, con los mismos créditos presupuestarios, más con menos, porque también hemos aportado a los ajustes; el Ministerio de la Presidencia tiene 423 millones, este año nos han recortado 11 y tenemos esas dos entidades que dependen de nosotros y ningún euro más-, decía que nosotros queremos trabajar para una administración en la que un día no muy lejano uno meta su DNI y su clave y pueda tener todas sus relaciones con la Administración, no solo su declaración de la renta, que ya la tiene, sino el resto de sus impuestos; su situación con la Seguridad Social, cuánto tiempo ha cotizado y qué cálculo de pensión se estima; que ahí puedan notificársele –voluntariamente, claro- todos los expedientes que tenga con cualquier Administración; que ahí puedan solventarse todos sus trámites, de todas las administraciones en un mismo punto. Porque, señorías, los ciudadanos lo que quieren es un punto, luego que nos arreglemos nosotros con las competencias, que en eso nos pongamos de acuerdo los que estamos aquí o los que gestionamos, pero ellos desean un punto donde se les solucionen todos sus problemas, donde no se les pongan trabas, donde todo sea mucho más ágil, donde todo sea mucho más sencillo, donde sea más fácil abrir un negocio, inscribir a un hijo en el Registro Civil, pagar una multa –que muchos no la pagan sencillamente porque no se enteran de que se la han puesto, porque ya conozco a poca gente que esté en horario laboral en su casa pendiente de que le notifique el servicio postal-, etcétera.



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