Auto 004/09 corte constitucional

4. Posición expresa del pueblo indígena Awá frente al conflicto armado y el desplazamiento forzado.
Como se ha visto, la situación del pueblo Awá en la actualidad es extrema. La gravedad de su posición ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado les ha llevado a elaborar la siguiente declaración oficial de neutralidad, transcrita en el Informe Defensorial antecitado, que la Corte Constitucional considera pertinente citar en su integridad por ilustrar la magnitud de la violación de sus derechos fundamentales y lo complejo de su situación.
“POSICION DEL PUEBLO AWA DE NARIÑO FRENTE AL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Los indígenas Inkal-Awá, “gente de la montaña, los nietos del trueno”, somos los hijos de la selva, porque nacimos de la barbacha de los árboles que crecen en la montaña. Desde la llegada de los españoles hasta nuestros días hemos sido víctimas de sometimiento, represión, masacres, violación de nuestras mujeres y niños, explotación de nuestra mano de obra, todo esto con el agravante del destierro, despojo, saqueo y la expoliación de gran parte de nuestro territorio. En los últimos años nuestros problemas se han agravado ya que desde el Estado colombiano se están implementando políticas de desarrollo que atentan contra nuestra vida, nuestra cultura y nuestra permanencia en el territorio, así como violan muchas veces nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Nacional y en la legislación internacional.
La expropiación de nuestras tierras consideradas por el Estado como baldías o usurpadas por la empresa privada, a lo cual se le suman las crecientes restricciones que se nos imponen para recuperar y titular el territorio que histórica y culturalmente fue propio y nos fue despojado, reflejan la tendencia actual del gobierno nacional frente a nuestros procesos pacíficos y reivindicativos. De igual manera sucede con la proyección e implementación de proyectos de desarrollo dentro de nuestro territorio, la construcción de carreteras atravesando el corazón de nuestra montaña y dividiendo bruscamente nuestras relaciones sociales y culturales. También se ha incentivado desde el Estado la implementación de megaproyectos como los monocultivos de palma de aceite –desarrollados en muchos casos sobre nuestros territorios ancestrales y colectivos-, la extracción de petróleo, la construcción de hidroeléctricas, la concesión a las multinacionales para la explotación del oro, la madera y demás elementos de la naturaleza, sin que se implemente adecuadamente el derecho fundamental a la consulta previa. En términos generales desde el pueblo Awá vemos con gran preocupación cómo la pobreza, la discriminación y la injusticia crecen día a día en este país, mientras que sus dirigentes de manera autoritaria decretan una y otra vez leyes y normas que benefician a las minorías más adineradas, mientras que las comunidades mayoritarias somos marginadas y discriminadas hasta dejarnos en la miseria.
Como consecuencia de esto hemos tenido que soportar en los últimos 10 años, el escalamiento y la degradación acelerada del conflicto armado en el departamento de Nariño, con un fuerte impacto sobre nuestra población y nuestro territorio. Todos estos factores, según queda demostrado en el presente Informe Defensorial, están causando grandes daños sobre nuestros resguardos, nuestra cultura y nuestra integridad personal y social. La violación de nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y especialmente colectivos es creciente, sin que desde el Estado colombiano se estén implementando acciones diferentes a la militarización de la región con la consecuente agudización de la situación.
En la actualidad tenemos graves problemas como los cultivos de coca que están generando la destrucción del territorio y altos grados de violencia, descomposición y cambio cultural de nuestro pueblo. Nuestras prácticas productivas adecuadas a las condiciones de nuestro territorio, basadas en la técnica de tumba y pudre y en la siembra de pequeñas parcelas de policultivo para el autoconsumo, dejando descansar los rastrojos a veces durante más de seis años, tiende a perderse por prácticas de monocultivo extensivo que destruyen la selva, las fuentes de agua y ahuyentan tanto a los animales de cacería como a los espíritus de la montaña. La economía del narcotráfico ha tenido graves consecuencias en nuestras familias y comunidades, ya que se está perdiendo la cultura propia, la identidad y la solidaridad de la comunidad. Especialmente los jóvenes de algunos resguardos están perdiendo el pensamiento Awá y con él las formas propias de trabajar, de entendernos como parte de la naturaleza y de respetarnos mutuamente. También se ha afectado mucho el liderazgo de los padres de familia frente a sus hijos, que cada vez respetan menos a sus familias y a las autoridades tradicionales de los resguardos, generándose graves conflictos internos y haciéndose cada vez más difícil la solución de nuestros problemas a partir de la autonomía y el control de nuestro territorio. De igual manera, si ponen cultivos de coca o laboratorios, se están cerrando los caminos por donde tradicionalmente pasamos, y no se nos permite salir libremente de cacería o pesca afectando nuestra cultura y la alimentación de nuestras familias. También hay atracos, robos, peleas y muertos y es la sangre indígena de nuestros hijos la que está pagando la bonanza de este negocio.
Nosotros consideramos que la llegada de los cultivos de coca al departamento de Nariño, es en gran medida responsabilidad del estado colombiano, ya que el énfasis que ha dado el gobierno al componente represivo con la Política de Seguridad Democrática, la implementación del Plan Colombia y la orientación general de su política antidrogas, las fumigaciones masivas de la montaña y de los cultivos alimenticios propios, pero también la ausencia de planes integrales de inversión social como fundamento para la solución del conflicto social y armado interno, deben considerarse como acciones y omisiones del Estado, las cuales dieron origen al o que ellos mismos han denominado el efecto balón, es decir, migraciones previsibles constantes de pobladores, muchos de ellos cocaleros de los departamentos de Caquetá y Putumayo hacia el departamento de Nariño, introduciendo masivamente estos cultivos de uso ilícito.
Como consecuencia de esto desde hace 6 años se vienen realizando fumigaciones masivas con el veneno químico llamado glifosato en varias zonas de los municipios de Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán, afectando directamente al territorio de varios de nuestros resguardos. En la gran mayoría de los casos las fumigaciones han afectado nuestras casas y escuelas, contaminado los ríos, quebradas y nacederos, quemando la montaña y nuestras plantas medicinales, así como los cultivos alimenticios de nuestras familias indígenas en proporciones tan grandes que no permiten pensar en errores de cálculo, sino que se trata de un daño intencional contra nuestra vida, nuestra salud y la permanencia en nuestros territorios.
Con la muerte de la montaña se han acabado también animales de monte, peces y aves que nos han aportado alimentación desde los tiempos de nuestros mayores. También han muerto grandes cantidades de animales domésticos como patos, gallinas, cuyes, cerdos y hasta vacas y caballos. Y lo que es peor, este veneno ha causado muchas enfermedades y la muerte de varios niños, entre ellos Daira Cuasaluzán de 2 años, su hermana mayor Mayeni Cuasaluzán de 17 años y la bebé de nueve meses que vivían en el resguardo de Quejuambí Feliciano. Vemos con mucha tristeza, pero también con recelo cómo las fumigaciones, al acabar con las perspectivas de futuro de nuestros jóvenes, han incentivado una y otra vez su reclutamiento en los grupos armados. Esto pone en riesgo no solo sus vidas, sino que involucra a las familias, a las comunidades y a nuestro pueblo Awá a las dinámicas del conflicto armado, rompiendo nuestra firme intención de mantenernos autónomos y distantes frente a esta guerra.
El auge de los negocios ilícitos en la región y el auge de la economía del narcotráfico han traído cada vez más actores armados. Es a partir del año 2000, cuando se enfrentan los grupos paramilitares y los guerrilleros y se da inicio a la militarización del departamento y específicamente la ocupación del territorio Awá, que hemos tenido que vivir un escalamiento sin precedentes del conflicto armado en la región. A raíz de esto hemos visto como cada año caen más compañeros Awá víctimas de esta guerra que no es nuestra. Hoy en día tenemos que soportar constantes violaciones a las normas de vida y convivencia heredadas de la ley de origen desde tiempos inmemoriales, y a lo que ustedes llaman los Derechos Humanos y el DIH. Los grupos armados ilegales han señalado, violado a nuestras mujeres, amenazado, secuestrado, asesinado y desaparecido a nuestros líderes y autoridades tradicionales. Tal es el caso del gobernador y miembro de la junta directiva de la UNIPA, Efrén Pascal, desaparecido el 24 de octubre de 2004 a manos del Frente 29 de las FARC-EP, caso que, como muchos, aun permanece impune. Así mismo, estos grupos han cometido torturas, muertes selectivas y masacres de nuestros familiares, así como suplantado y deslegitimado el ejercicio de las autoridades propias dentro del territorio. A los jóvenes cada vez los acechan más condenándolos al reclutamiento forzado y a la persecución de sus familias en caso de deserción. La presencia de actores armados ilegales en casas, escuelas y demás lugares, pone en riesgo a nuestra población convirtiéndola en objetivo militar. También hemos tenido accidentes causados por minas antipersonales y vemos cómo cada vez más se nos restringe el tránsito por nuestra montaña, así como nuestras prácticas culturales.
La respuesta del Estado colombiano frente a esta situación se ha limitado a la militarización de toda la zona incluyendo nuestros resguardos. Esto en vez de traducirse en mayor seguridad para nuestras familias se ha convertido en un problema más para nosotros. Constantemente tenemos casos de señalamientos, abusos de autoridad y detenciones ilegales de compañeros indígenas que en muchas ocasiones ni siquiera hablan el castellano, siendo éstos, claros casos de discriminación que violan los principios de presunción de inocencia y del Habeas corpus. En casos más graves hemos sido víctimas de amenazas, torturas, maltratos físicos y tentativas de violación de mujeres y mutilación de partes del cuerpo. Injustamente la presencia de la fuerza pública viene acompañada por el saqueo de las casas y el robo de nuestros animales y enseres del hogar, los cuales son consumidos o vendidos posteriormente en los poblados de la carretera. En varias ocasiones hemos sufrido la injusta muerte de indígenas Awá a manos de la fuerza pública, quienes posteriormente los visten con prendas camufladas e inventan que eran guerrilleros y que fueron muertos en combate. Los testimonios de la comunidad, avalados por los gobernadores indígenas, no son tenidos en cuenta y estos casos han quedado todos completamente impunes.
Expresamos igualmente nuestro claro rechazo por la desaparición del ex gobernador de la comunidad Panelero del resguardo Gran Sábalo Herminzul Pascal el pasado 9 de mayo de 2006, tras la arremetida del ejército nacional en el resguardo de Gran Sábalo. A pesar de los trámites y las denuncias que hemos adelantado, de la mano con la Defensoría del Pueblo, se han presentado irregularidades, por parte de la Fiscalía Regional y de la medicina legal para la identificación de cadáveres –según el ejército- caídos en combate el mismo día de su desaparición. Hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna por parte de la fiscalía regional y demás entidades del Estado. Además de esto, somos objeto permanente de enfrentamientos, empadronamientos ilegales, toma de fotografías, control sobre la entrada de remesas para los restaurantes escolares, irrespeto de la autonomía de nuestra emisora radial “La Voz de los Awá”, y de infracciones constantes al DIH, como por ejemplo el desconocimiento del principio de distinción, la presencia, permanencia e instalación de campamentos (con varios días de estadía) en zonas habitadas como escuelas, centros comunales, casas de familia, etc… el desplazamiento de los compañeros Awá de sus casas y fincas, desconocimiento de las autoridades Awá, de sus competencias y de sus derechos y responsabilidades reconocidos constitucionalmente para el control y gobierno sobre sus territorios, la corrupción y demás abusos que rompen nuestro tejido social y nos dejan viviendo rodeados por el miedo y la intimidación.
El resultado más dramático para el pueblo Awá del escalamiento del conflicto armado ha sido los desplazamientos forzados, causados por todos los actores armados, los cuales se presentan de manera cada vez más seguida sin que las entidades del gobierno en cabeza de Acción Social adelanten las acciones de prevención, atención humanitaria y restablecimiento adecuadas. No solo estamos viviendo el desplazamiento intraveredal de personas y familias, sino que a lo largo de dos años hemos sido víctimas de tres desplazamientos masivos que en total han sumado cerca de 3.200 personas, lo cual corresponde a casi el 15% de la población total Awá en el departamento de Nariño. En el último caso ocurrido en el municipio de Ricaurte, fueron masacradas 5 personas desplazadas desde el resguardo de Maguí, quienes se encontraban bajo la custodia de cerca de 200 soldados del ejército nacional. Tal y como en los casos anteriores la impunidad es la regla. De esta manera ¿qué legitimidad tienen el gobierno nacional, la fuerza pública y los diferentes entes acusatorios frente a nuestro pueblo Awá?
Frente a la crítica situación resultado de la constante degradación del conflicto armado y teniendo en cuenta las acciones y omisiones del Estado colombiano, el pueblo indígena Awá reitera hasta el cansancio que no tenemos ningún tipo de vínculo con los grupos armados del conflicto, posición que se ha venido reafirmando mediante diversos comunicados a lo largo de los últimos años (ago. 1999, nov. 2002 y mayo de 2006). Consideramos vital que los actores armados, dentro de los que se incluye la fuerza pública, se abstengan de hacer señalamientos en contra del pueblo indígena Awá, solo porque algún indígena de manera individual y bajo la condena del proceso organizativo haya tomado la decisión de ingresar en las filas de alguno de estos grupos. Estas actitudes individuales son igualmente juzgadas y castigadas por nuestro pueblo Awá. Además se nos tilda constantemente de pertenecer a algún grupo armado por el solo hecho de calzar botas de caucho, entrar a los resguardos con remesas o simplemente por vivir en la selva. Exigimos que se nos respeten todos nuestros derechos, tanto aquellos nacidos desde la ley de origen, de nuestros mayores y de nuestra tradición, como los consagrados en la legislación nacional e internacional. La autonomía y el reconocimiento de nuestras autoridades tradicionales, entendidas como la voz de nuestro pueblo Awá, son igualmente un requisito para poder construir relaciones de respeto frente al futuro. Desde estos espacios seguiremos manteniendo y aplicando nuestra justicia propia incentivando la solución de conflictos internos y el control y manejo de nuestro territorio de acuerdo a nuestra propia cultura. No queremos que se nos vea solo como víctimas inermes dentro del conflicto social y armado que vivimos en el país. Somos un pueblo indígena propositivo, pacífico y con grandes sueños de vida y territorio. Nuestro Plan de Vida debe ser, por lo tanto, incluido dentro de las políticas nacionales, regionales y locales, ya que es a partir de su realización que el pueblo Awá logrará mejores niveles de prevención y protección frente a las dificultades actuales, de tal manera que se construyan espacios de convivencia no solo entre nuestro pueblo, sino también con nuestros vecinos y con la sociedad no indígena de Colombia.”
5. Respuesta estatal a la situación.
La respuesta estatal a la situación del pueblo Awá contrasta en forma marcada con la profundidad de la afectación de sus derechos por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.
La insuficiencia de la reacción de las autoridades constitucionalmente responsables de la protección de los miembros de este pueblo se ilustra con total claridad en la respuesta de Acción Social a los documentos que fueron circulados junto con el Auto 251 de 2007, incluido el Informe Defensorial que se cita.
En tal respuesta se incluye la siguiente tabla de resumen:

4.1. Informe Defensorial sobre la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario del Pueblo Indígena Awá, departamento de Nariño, Colombia – Defensoría del Pueblo, junio de 2007.	Emergencias, AHE, Generación de ingresos	Acciones de prevención, atención humanitaria y restablecimiento	En materia de prevención, protección y restablecimiento se formuló y se inició la ejecución de un proyecto de fortalecimiento a las comunidades indígenas Awá en el municipio de Ricaurte. La ejecución del Plan se vio afectada por los hechos de desplazamiento interno y el minado del territorio a mediados de junio de 2007.
4.2. Comunicaciones del comité de Desplazados Awá del municipio de Ricaurte a la Corte Constitucional – magistrado Manuel José Cepeda, 31 de mayo de 2007.	AHE	Entrega alimentos y alojamientos.	En la tabla resumen del presupuesto general, se estableció la construcción de alojamientos temporales para 160 hogares en la Vereda El Palmar, municipio Ricaurte y la construcción de alojamientos temporales para 30 hogares en el corregimiento de Altaquer, municipio de Barbacoas. Sumada la Cooperación Internacional, Acción Social y el MIJ se invertirán más de 310 millones de pesos.
4.4. Acta de la Mesa Departamental de Nariño – Representantes Indígenas de Putumayo, Pasto, 6 de diciembre de 2006.	Coordinación territorial	Información sobre los derechos y beneficios que tienen como población desplazada.	Los operadores humanitarios socializan en los talleres de acogida la carta de derechos, de igual forma todos los jueves en la mañana se hace un taller de nuevos incluidos en la UAO donde la profesional de Acción Social les da a conocer la carta de derechos.
4.5. Informe titulado “Situación actual del pueblo indígena Awá – UNIPA-, Departamento de Nariño”, por UNIPA – Septiembre de 2006.	Prevención, AHE y generación de ingresos	Poner en marcha programas de prevención y protección.	En materia de prevención, protección y restablecimiento se formuló y se inició la ejecución de un proyecto de fortalecimiento a las comunidades indígenas Awá en el municipio de Ricaurte. La ejecución del Plan se vio afectada por los hechos de desplazamiento interno y el minado del territorio a mediados de junio de 2007.
		Programas de seguridad alimentaria	Proyecto con UNIPA: Vigencia 2004-2005. 1. Municipio atendido: Barbacoas, beneficiarios: 610 personas. 2. Municipio atendido: Ricaurte, beneficiaros: 853 personas. 3. Proyecto Paneleros, beneficiarios: 483 personas. 4. Proyecto cafeteros I, beneficiarios: 264 personas.

Por otra parte, en respuesta al informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado que se incluyó en dicho Auto 251/07, se informó a la Corte lo siguiente por parte de Acción Social:

“El día 9 de agosto de 2006 se registró el asesinato de 5 indígenas en el casco urbano de Altaquer y la amenaza a 21 líderes más, hecho que generó gran pánico entre la comunidad y un retorno silencioso hacia sus comunidades. Acción Social solicitó a los efectivos del Batallón Cabal presentes en la zona, la adopción de medidas especiales de protección y seguridad en los lugares de albergue y en los cascos urbanos en donde se encuentra la comunidad, se solicitó igualmente la realización de un Consejo de Seguridad y la realización de un Comité Departamental de Atención a Población Desplazada, en donde se tomaron medidas de seguridad para las comunidades y sus líderes.

Posterior al retorno sin acompañamiento y entendiendo que aun la comunidad se encuentra en emergencia, se inició, junto con la Gobernación de Nariño, alcaldía municipal, CAMAWARI, Comité Municipal y Acción Social, un proceso de restablecimiento, en el que formularon propuestas de fortalecimiento organizativo, hábitat, seguridad alimentaria, ampliación del resguardo, protección, seguridad y proyectos productivos. En el proceso de implementación de esta propuesta, en el mes de junio de 2007 se presentó un nuevo hecho de desplazamiento al interior del territorio, el cual ha afectado aproximadamente a 320 hogares.”
J. Situación del pueblo indígena Nasa (Páez) ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.
La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.
Los principales documentos que se tuvieron en cuenta para este estudio fueron los siguientes: (1) Informe regional de la Misión Internacional de Verificación al Cauca, septiembre de 2006. (2) Documento titulado “Situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario – Zona Norte Departamento del Cauca, 2005-2006 (Primer Trimestre)”, por el Consejo Nacional de Paz de Pueblos Indígenas – CONIP, septiembre de 2006. (3) Documento titulado “Informe de la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas en el departamento del Cauca – Colombia a la Misión Internacional de Verificación de Violación a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia”, por CRIC, ACIN y la Ruta Pacífica de Mujeres. (4) Pronunciamiento de la Asociación de Cabildos Indígenas del municipio de Caldono, el CRIC y la ONIC, septiembre de 2006. (5) Comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas titulado “Preocupación por ataques contra la comunidad Páez de Florida, Valle”, 21 de marzo de 2007. (6) Documento titulado “Pronunciamiento de los y las jóvenes en el departamento del Cauca”, elaborado por el CRIC – 18 de noviembre de 2006. (7) Pronunciamiento de las mujeres indígenas Páez de Tierradentro, Cauca, 27 de septiembre de 2006. (8) Comunicado del Consejo Regional Indígena del Cauca al Defensor del Pueblo, 26 de septiembre de 2006. (9) Documento titulado “Las mujeres indígenas colombianas y nuestras voces de resistencia”, elaborado por el Foro Nacional de Mujeres Indígenas – septiembre 27 de 2006. (10) Documento titulado “Informe Actual sobre la Situación de Violencia en los pueblos indígenas del Departamento del Putumayo/Colombia” – Informe preparatorio para la Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas, julio de 2006. (11) Comunicación de las autoridades indígenas del Putumayo a Luis Alfonso Hoyos y la gerente de USAID, 31 de julio de 2006.
1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Nasa por el conflicto armado.
El pueblo Nasa ha sido fuertemente afectado por el conflicto armado durante las últimas dos décadas de la historia nacional; su situación actual es crítica. Este hecho fue constatado por la Misión Internacional de Verificación en su visita al Cauca en 2006: “La Misión Internacional de Verificación de la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas, en su recorrido por los territorios indígenas del Cauca comprobó la crítica situación de las comunidades indígenas como resultado de la presencia de la Fuerza Pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros en sus territorios”. En efecto, como consecuencia de la penetración del conflicto al territorio Nasa, “los testimonios de comuneros y autoridades indígenas así como la documentación de casos por los consejos indígenas regionales y la Defensoría del Pueblo dan cuenta de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades indígenas, mediante masacres, asesinatos selectivos, desapariciones, detenciones arbitrarias y atentados al territorio, por parte de los actores armados ilegales así como la Fuerza Pública.”
De acuerdo con los documentos recopilados, las violaciones de los derechos humanos y del DIH han sido producidas por los grupos guerrilleros y los paramilitares, y también por la Fuerza Pública. Por ejemplo, en los últimos años Toribío ha sido objeto de 17 tomas guerrilleras “que han convertido al municipio en un campo de batalla y convirtiendo a la población civil en escudos humanos”. Se registra en este sentido un alto nivel de daño a construcciones civiles por cilindros de gas lanzados por la guerrilla, especialmente las que quedan cerca de instalaciones militares. Igualmente, en la región de Tierradentro -24 cabildos- se ha presentado la muerte de varios indígenas por fuego cruzado entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas, y heridos por minas antipersonal. Se denuncia también un gravísimo patrón de violación de derechos humanos por el Ejército y la Policía, entre otras por: ocupación de edificios y construcciones civiles, instalación de trincheras, barricadas y carpas en hogares, escuela, alcaldía, centros de la comunidad, y agresiones directas contra miembros de la comunidad que participan en manifestaciones colectivas y públicas. “Las comunidades señalaron que entienden la necesidad de la presencia del Estado, pero que no es aceptable que las trincheras y bases policiales se encuentren ubicadas en las escuelas, casas y parques públicos”. El temor prevaleciente impide que los casos de violaciones de derechos humanos y del DIH sean denunciados y registrados; hay un alto subregistro de eventos.
Así, entre las múltiples violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas, las autoridades tradicionales resaltan “la muerte violenta de comuneros a causa de homicidios perpetrados por agentes estatales, en particular por miembros de la Fuerza Pública, ocurrieron principalmente en el contexto del conflicto armado interno y de abuso militar y policial en el desarrollo de movilizaciones pacíficas de indígenas del Cauca y miembros de organizaciones sociales, mientras que las muertes atribuidas a las guerrillas de las FARC y el ELN obedecieron a ataques armados contra las poblaciones del norte del departamento, en tanto que las que son responsabilidad de grupos paramilitares se dieron en el contexto de hostigamientos, señalamiento y persecución política de estos grupos, pese a la desmovilización de los frentes que operaban en la región”.Los crímenes permanecen en la impunidad.
En los términos de las autoridades indígenas, “el pueblo Nasa del norte del Cauca figura entre los más afectados históricamente por el conflicto armado y las violaciones sistemáticas y permanentes de sus derechos humanos. La continuación de los ataques contra este pueblo sigue revistiendo una enorme gravedad, como lo confirmó el informe realizado por el Tejido de Gobierno Propio, Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, correspondiente al período 2000-2005 (primer semestre), por cuanto durante este período la zona norte ha sido objeto de varios ataques armados o ‘tomas’ de la guerrilla de las FARC (el 11 de julio de 2002 se registró el primer ataque de las FARC a Toribío, que se constituiría en el antecedente más grave de la toma de que fue objeto esa población y Jambaló, en abril de 2005), de intensos operativos militares y policiales, de señalamientos y ataques contra las estructuras organizativas indígenas y de estigmatización, hostigamiento y persecución contra sus dirigentes”
Según datos de la Fundación Seguridad y Democracia, desde 1998 se reportan en el norte del Cauca más de 2000 eventos de ataques a instalaciones de las Fuerzas Armadas o Policía, emboscadas y hostigamientos; hay presencia de grupos armados ilegales en todos los resguardos, con los combates y hechos de violencia consustanciales. Uno de los peores ataques contra la población urbana y rural de Toribío fue el 14 de abril de 2005, cuando hubo una toma por la guerrilla: “…eran como las 5:40 AM. Primero se escuchó una ráfaga y luego vino una descarga continua. Nos asomamos por la puerta y vimos un guerrillero al frente: allí entendimos que era una toma, y como la última pieza de la casa en la parte de atrás tiene una planchita [techo de concreto], recogimos los niños y nos refugiamos allí. // Luego, la guerrilla empezó a decir que salieran del pueblo o no respondían, pero la gente no salíamos. Parece que les dio rabia y nos dijeron que las cosas se complicarían y que nos atuviéramos a las consecuencias; después, salimos unos pocos y con el Personero se organizó una comisión rápidamente para sacar la gente. Hablamos con el que orientaba el operativo para que dieran tiempo para ello, pero inicialmente se negó, dijo que ya habían avisado y dado el tiempo suficiente; que no era problema de ellos. Después de tanto rogarle, casi suplicarle, nos dio 20 minutos; se recorrió el pueblo rápidamente. Sacamos la gente en medio del fuego; la mayoría se fue al salón comunal del barrio Coronado. A los veinte minutos exactamente, empezaron a lanzar bombas, nosotros desde allá las veíamos y cómo cada una destruía, poco a poco, este pequeño pueblo. (…) Allí en el salón comunal cayó una granada de mortero e hirió a mucha gente” – testimonio de habitante de Toribío, abril de 2005. El resultado de la toma guerrillera y la respuesta gubernamental fue el siguiente: “Veintisiete (27) civiles heridos, de los cuales seis (6) en estado grave, un niño indígena de 9 años muerto, cinco (5) policías heridos y tres (3) muertos, diecisiete (17) viviendas totalmente destruidas, ciento veinte (120) viviendas con daños parciales, sesenta y ocho (68) casas con daños leves, la destrucción de la Casa Cural, daño parcial a la edificación de la iglesia católica local y la sede de la Institución Educativa ‘Toribío’, de donde hurtaron dinero en efectivo, una filmadora, una cámara fotográfica y remesa [alimentos] perteneciente a los estudiantes, veintiún (21) familias reubicadas en albergues temporales organizados por las autoridades locales y ciento veinte (120) familias damnificadas” – Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco: “Denuncia pública de los hechos sucedidos en la cabecera del municipio de Toribío, el día 14 de abril del año 2005” – Proyecto Nasa, Toribío (Cauca), 17 de abril de 2005.
La lucha de los Nasa por la recuperación de tierras establece el contexto de su afectación por el conflicto armado, en un entorno de alta concentración de la propiedad inmueble en el Cauca; especialmente a partir de la masacre de El Nilo en 1991. Al respecto se denuncia: “Tras muertes, ataques y heridas a líderes en décadas de lucha, pero sobre todo a raíz de la masacre de El Nilo, en Caloto, donde fueron asesinadas 20 personas, en diciembre de 1991, a manos de una alianza narco-paramilitar-terrateniente, protegida por la III Brigada del Ejército y la Policía, el Estado no cumplió los acuerdos suscritos con los indígenas el 23 de diciembre de ese año, ni el acuerdo de Novirao, ni el compromiso explícito hecho por el gobierno de Ernesto Samper (29 de julio de 1988), que reconoció públicamente la responsabilidad estatal en este asesinato masivo”. Los acuerdos fueron ratificados en el Convenio de La María, septiembre de 1995. Sin embargo, han denunciado reiteradamente el incumplimiento de los compromisos del Gobierno de reparación por las masacres del Nilo (1991) y del Naya y Gualanday (2001).
Según explican las autoridades indígenas, “históricamente, la región del norte del Cauca ha sido territorio de disputa entre los grupos armados y el Estado, que la consideran corredor hacia el Pacífico y se han instalado en las zonas montañosas para desarrollar allí acciones bélicas en la zona indígena”; esto genera violaciones constantes de los derechos humanos. Desde 2004 se incrementa la presencia de la Fuerza Pública, con incremento correlativo de los combates, hostigamientos, ataques, emboscadas y tomas por guerrillas, en detrimento de la población civil indígena: “En este contexto, las manifestaciones del conflicto armado son múltiples e involucran el uso de armamento pesado por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía, así como de armas prohibidas y no convencionales por parte de las guerrillas, especialmente pipetas de gas con explosivos, que son lanzadas desde plataformas desde las altas montañas a los centros poblados, en donde se concentra la fuerza pública. // Los innumerables casos de violaciones del Derecho Internacional Humanitario implican a todas las partes en la contienda, sin excepción, puesto que en todas prevalece la lógica de la victoria militar, en detrimento de la población civil, que es vista como aliada o enemiga, según corresponda al caso”.
Manifiestan las autoridades indígenas que el desarrollo e intensificación del conflicto armado ha impactado la vida comunitaria: “En desarrollo del conflicto, y al volverse nuestros territorios escenarios de fuertes enfrentamientos, unos so pretexto de combatir a la subversión armada, y los otros por defender lo que ellos consideran como de ellos, ‘el territorio’, se han cometido innumerables atropellos al territorio, afectando a sitios sagrados, viviendas, animales y cosechas. Si sumamos los heridos y muertos tanto de comuneros, como de los integrantes de uno y otro bando, es trágico el resultado de la guerra. Esto es lo que logran los contendientes: ¿o es que la intención es la de asustarnos para que les dejemos el territorio?” Los ataques y ocupación de bienes civiles, hostigamientos a civiles, son permanentes, “como los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2005, cuando las FARC hostigaron a la población congregada en Toribío durante la presentación del ‘Show de las estrellas’…”. Los ataques y las tomas han destruido bienes civiles, pero también hay permanentes ocupaciones de escuelas, lugares de habitación, iglesias, centros comunitarios, de salud y otras instalaciones civiles y comunitarias. Por otra parte, hay quejas recurrentes de la población por instalación de garitas y trincheras en medio o al lado de las viviendas civiles: “la principal queja de la población se refiere a la instalación de garitas y trincheras en medio de las casas de habitación de la gente, inclusive usando las casas como parte de la construcción, al habilitar trincheras con bultos de arena y plásticos negros usando las paredes de viviendas civiles, o en el caso de Toribío, tomándose totalmente la anterior ‘Casa de la Cultura’ para convertirla en una base de la Policía contraguerrilla…”.
La intensificación del conflicto armado se ha reflejado en la creciente militarización del territorio por los grupos enfrentados: “La presencia y ocupación militar causa gran daño en nuestros cuerpos, vidas y territorios, destruye los páramos, los ojos de agua y las lagunas. Con sus bombardeos aéreos, minas antipersona, pipetas y combates, convierte nuestros sitios sagrados en un campo de guerra; limita nuestras prácticas culturales, ceremonias religiosas y rituales, pone en riesgo nuestros valores en relación con la madre tierra y transforma nuestra vida cotidiana en una permanente situación de temor, destrucción, amenaza, persecución y violencia”.
Dicen que las restricciones a la libertad de circulación son causadas por todas las partes en conflicto, mediante retenes, o por operaciones militares, combates o movilización de tropas, que lo impiden; se reporta control de horarios y movilización, por ejemplo hay un toque de queda en la práctica por la noche; también se denuncia la prohibición de desplazarse por determinadas zonas, y el riesgo derivado de la presencia de tropas o de minas antipersonal. Durante los combates por ataques de guerrillas a las tres poblaciones más afectadas –Caldono, Jambaló y Toribío-, entre 2004 y 2006, las comunidades han visto limitado el acceso a alimentos y medicamentos, por los retenes numerosos establecidos tanto por las Fuerzas Armadas como por las FARC y el ELN. En un comunicado del CRIC de Popayán, del 14 de abril de 2005, se explica: “El acceso al municipio por la vía Caloto, está ‘controlado’ por los actores armados de la guerra, que se han repartido el área y la vía de penetración de la siguiente manera: - Un retén militar de control permanente por parte del Ejército Nacional en el corregimiento El Palo; - Tres retenes militares de la guerrilla ubicados en el sitio conocido como ‘El Tierrero’ [y en] Río Negro y La Despensa; - Un puesto de control de la Policía y el Ejército a la entrada del casco urbano de Toribío; - En varios sitios estratégicos de los alrededores y cerca al casco urbano se encuentra ubicada la guerrilla, en lo que queda del casco urbano y en algunos sitios del área rural está el ejército y policía nacional. // La distancia entre un retén del Ejército y la guerrilla no supera los dos o tres kilómetros de distancia. (…) La situación real de la población urbana y rural en estos momentos después de tantos días de combates es muy crítica, por ejemplo: La escasez de alimentos es alarmante en los cinco sitios de Asamblea Permanente… Las condiciones precarias y de hacinamiento que están viviendo los pobladores, sobre todo los niños y ancianos es debido a que a muchos les toca amanecer sentados o caminando por la escasez de logística necesaria para atenderlos (…). La crisis de salud que tiende a agravarse en la región, porque no se cuenta con el hospital de la localidad, el cual fue averiado a raíz del estallido de varias pipetas que cayeron muy cerca y por el ametrallamiento de la Fuerza Aérea colombiana. El cansancio que ya es notorio en los agentes de salud y voluntarios que atienden la situación de emergencia desde que empezaron los combates…”.
En este sentido, se ha informado que el Cauca es uno de los departamentos más afectados por minas antipersonal y municiones sin explotar, dado el escalamiento del conflicto. Se reporta, por ejemplo, la muerte del indígena Luis Ascué de 55 años por una mina antipersonal en el páramo Granizales, cerca de la laguna que alimenta el Río Negro.
Los indígenas se han opuesto expresamente a la ocupación de edificios comunitarios y vías y a la construcción de garitas y trincheras por el Ejército:
“Como es de su conocimiento, acontecimientos recientes de violencia sobre los pueblos indígenas de Jambaló, Toribío y Caldono han motivado reacciones de las comunidades indígenas, en especial las comunidades Nasa del municipio de Jambaló, quienes emitieron Resoluciones de derecho propio, reclamando de la Fuerza Pública devolver los salones comunales, despejar las vías y levantar las garitas que se encuentran en medio de las viviendas de los cascos urbanos de los dos municipios…

(…) la comunidad internacional es testigo que los enfrentamientos en nuestros territorios con armamento pesado, aviones y helicópteros que ametrallan y bombardean alrededor de nuestras viviendas, sobre los sitios comunales, así como escuelas y centros de salud, aparte que los grupos armados nos utilizan como escudos humanos, generando situaciones lamentables que afectan vidas humanas, como lo sucedido en días pasados en el norte del Cauca, donde un niño de 10 años resultó muerto por efecto de un disparo de mortero, que cayó cerca de un establecimiento educativo donde se encontraban reunidas más de dos mil personas.

(…) En varios comunicados de las autoridades indígenas se menciona que la presencia armada en territorios indígenas se hace a modo de ejércitos de invasión, pues las tropas de los diferentes bandos colocan trincheras en los sitios comunales, en las vías públicas y se ubican dentro de los solares de las viviendas civiles, señalan a los comuneros como colaboradores del ejército contrario, asesinan a nuestros dirigentes, reclutan nuestros jóvenes y dejan minas antipersonales y munición sin explotar que ponen en peligro nuestras vidas; también utilizan nuestras mujeres como objetos sexuales, fomentando situaciones lamentables como el caso de una niña de catorce años que fue ultimada por las FARC en Toribío, bajo el argumento de ser novia de un policía”.
Los líderes de los Cabildos del Norte del Cauca son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH, pero según indicó la Misión Internacional de Verificación, a la fecha de su visita el Gobierno no había concertado ni implementado las medidas de protección para los líderes indígenas.
Se ha denunciado igualmente la invisibilidad del problema ante las autoridades, específicamente el Gobernador del Cauca; en términos de la Misión Internacional de Verificación de 2006: “Preocupa la gran diferencia entre lo informado por el Gobernador Departamental y sus asesores y lo que informaron los organismos de monitoreo estatales y locales así como las comunidades y autoridades indígenas en relación a la reparación de territorios, protestas pacíficas y violaciones de DIH y Derechos Humanos por los actores armados ilegales”.
Las autoridades indígenas reportan el reclutamiento de jóvenes indígenas por la guerrilla y los paramilitares. En efecto, el reclutamiento de menores de edad ha aumentado con la intensificación del conflicto, pero la respuesta de las comunidades ha sido la de evitarlo, ofreciéndoles otras alternativas o reclamándoselos a los grupos armados: “El reclutamiento de niños, niñas y jóvenes se ha aumentado desde que arreciaron los combates en la zona norte. Sin embargo, la respuesta comunitaria sigue siendo la de evitar la vinculación de estos menores, invitándolos a unirse a la Guardia Indígena, cuerpo civil no armado, que defiende el territorio. De la misma manera, las comunidades, y en especial las mujeres, se han enfrentado a los armados y han logrado el retorno de sus seres queridos. Desde abril de 2004 a abril de 2006, la situación de presiones de las partes en el conflicto para reclutar personas ha sido mayor”.

Una mujer del resguardo de Toribío relata, en este sentido, el rescate de un menor de edad reclutado por las FARC a través de la presión inmediata de la comunidad: “En 2003 mi hijo se me fue a la guerrilla. Yo no esperé a que se lo llevaran, sino que el mismo día yo actué. Yo estaba trabajando como coordinadora local del programa de mujer; les dije que no permitía que se llevaran a mi hijo así. Cuando fui a averiguar al sitio donde se lo habían llevado, me dijeron que lo habían remitido para otro sitio. Yo le dije al mando que me hiciera el favor de soltarlo, que era mi único hijo, porque yo no me maté tanto así para criarlo para que ellos me lo quitaran de esa forma. Que yo sufría tanto por él. Ellos me dijeron que él había tomado la decisión, según él porque yo no lo había sabido comprender. (…) Yo conté con el apoyo del Cabildo, y por último logré que el Gobernador indígena se comunicara con el mando, y no era solamente mi hijo, sino seis más. Y sí lo tenían en el sitio inicial, y me habían mentido a mí… el Gobernador nos apoyó y nos dimos cuenta que no estaban tan lejos. …a los ocho días regresó. Ya lo tenían en el filo, para mandarlo para el Huila. Mi hijo agradeció que lo hubiéramos rescatado, porque dormía en un barrizal, y no los dejaban tranquilos… Al final, la guerrilla lo dejó ir, porque sabían que la mamá y el Cabildo lo estaban buscando”. Otra mujer relata así otro caso: “Una muchacha de 16 años que se fue a la guerrilla, por no hacernos caso a la familia; ella no tenía papá ni mamá, sino que se apoyaba en otros familiares. Cuando ella vio muy difícil la situación allá en donde la llevaron, en zona rural de Jambaló, porque ella creyó que allá todo era fácil, entonces los familiares la buscaron, pero no dieron con ella. Luego ella se escapó, cuando estaba ‘guardiando’ y aunque ellos la siguieron, ella logró llegar hasta nuestra vereda; ella no tuvo mayores dificultades allá, y la misma guardia y las mujeres, la apoyamos a ella, escondiéndola, mientras veíamos cómo íbamos a hacer para que el cabildo la protegiera. (…)”. Las autoridades indígenas presentan, en la misma línea, la denuncia siguiente - “…la acción de la guerrilla sigue afectando de manera directa a adolescentes indígenas. El Movimiento Juvenil ‘Álvaro Ulcue’ denunció el reclutamiento forzado en las veredas La Cabra, López, Natalá en Toribío, por parte de la guerrilla de las FARC. Igualmente, en el Cabildo y Resguardo Miranda, La Aurora y Munchique – Los Tigres. Durante el proceso de capacitación con jóvenes indígenas de ambos sexos, emprendida por el Movimiento Juvenil, se infiltraron milicianos de las FARC. Dos jóvenes del grupo fueron llevados a la fuerza por la guerrilla un fin de semana y a los seis días ya los tenían camuflados y armados. Eran una niña de 13 años y un niño de 16.”

También se reportan combates en el resguardo de Tacueyó, el 27 de abril de 2005: en la vereda La Luz y el poblado, con lanzamiento de pipetas de gas, explosivos y ametrallamiento, que afectó a la población civil y sus viviendas. Se reportan 3 niños heridos: John Wilmar Canás, 13 años, con herida de bala en la espalda; Freiden Dubán Otela Liponce, 12 años, y su hermana Carolina Otela Liponce, 10 años. “Estos enfrentamientos han causado un gran pánico en toda la comunidad, por esto, la comunidad se ha concentrado en los sitios de asamblea permanente, definidos por los cabildos y la guardia indígena, como mecanismo de resistencia en el territorio” (p. 23). Se reporta que al momento de la visita de la Misión Internacional de Verificación a Toribío en junio de 2006, “ninguna de las viviendas rurales o urbanas había sido reconstruida con fondos gubernamentales; según denunciaron los habitantes del municipio, es gracias a su propio esfuerzo que han logrado ir recuperando las casas destruidas por los combates”.
Se reporta violencia, maltrato, abuso y sobretodo violencia sexual contra las mujeres y niñas – según informan, si se resisten, se les señala de guerrilleras y se les amenaza. “En el caso del municipio de Toribío se ha dado el caso de niñas escolares que han sido abusadas sexualmente por la Policía, como en 2004, cuando un oficial de Policía, de 21 años abusó de una niña de 11 años, diciendo que ella se había prestado a tener relaciones sexuales”.
Se denuncia también que el establecimiento desde 2003 de la red de informantes y cooperantes, con pago de dinero por dar información, desembocó en falsos señalamientos y retenciones masivas que a la larga resultaron infundadas. Los indígenas han expresado su desacuerdo con las distintas campañas de las Fuerzas Armadas que estimulan a miembros de las comunidades a vincularse al Ejército o a la red de informantes, por ejemplo, mediante mensajes de radio en lengua indígena, presentándolo como oportunidad laboral o de acceso a recursos y status; esto genera tanto inseguridad para sus familias como aculturación, incluido el consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo y recurso a la prostitución: “uno de los problemas más importantes en la zona es el aumento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de oficiales de policía y policías bachilleres (reclutas) que están causando un impacto muy negativo en el resto de la juventud del municipio, ya que se han identificado casos de jóvenes indígenas que están expendiendo la droga (marihuana y bazuco) a los policías y el alcoholismo y la prostitución en indígenas que hacen parte de cuerpos armados estatales y no estatales”.
El impacto del conflicto armado sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los Nasa es agravado por su respeto hacia la naturaleza. Según explican las autoridades indígenas, “la zozobra psicológica producto de los combates diarios, el sufrimiento que causa el no saber nada de nuestros animalitos, la finca, la casa y demás cositas que dejamos botadas cuando salimos corriendo para protegernos de los combates. La tristeza y preocupación de muchos del área urbana que lo perdieron prácticamente todo, es una consecuencia más de los bombardeos de la Fuerza Aérea y las pipetas lanzadas por la guerrilla. La interrupción de labores agrarias de los pobladores y de las labores académicas en los centros escolares, causados por la destrucción de algunos centros, al ser utilizados como trincheras de combates y la gran dificultad del tráfico de vehículos a la zona por el temor de ser impactados por alguno de los bandos en guerra”. El impacto del conflicto armado sobre las actividades de subsistencia económica es muy alto; hay pérdida de cultivos y cosechas por los combates. Hay afectación del derecho a la vivienda por destrucción total o parcial, saqueo durante enfrentamientos y ocupación por los actores armados. También hay afectación del derecho a la alimentación por los retenes que impiden el libre tránsito de alimentos, incluidos los insumos del ICBF para alimentación escolar, por las Fuerzas Armadas – se reporta decomiso de insumos agrícolas como venenos, fungicidas, de combustible y de mercados; del ICBF solo dejan pasar la bienestarina.
Las autoridades indígenas se han declarado neutrales ante el conflicto armado. Así por ejemplo, en un comunicado de mayo 21 de 2005, las autoridades del CRIC expresaron: “Las autoridades indígenas del Cauca rechazamos estas acciones de las FARC, que ponen en riesgo la integridad física y mental de la comunidad. Insistimos en afirmar que mientras las trincheras [de la Fuerza Pública] sigan ubicadas en medio de la población civil, el conflicto va a continuar; por esto ratificamos nuestra propuesta de una salida negociada al conflicto armado en Colombia. Solicitamos a los actores armados en conflicto, respetar el Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad e inmunidad de la población civil”. De igual manera, en abril de 2005, el CRIC declaró: “Frente a los actores armados, el proceso responde con la reanimación recurrente de su autonomía, con la exigencia de respeto y con actos de resistencia comunitaria y construcción de alternativas prácticas. El pueblo Nasa, en unidad con el movimiento indígena rechaza la guerra por no ser de los pueblos sino contra éstos y porque sabe muy bien que la guerra no puede ser ganada por ninguna de las partes ni el conflicto tiene una solución militar e insiste por tanto en encontrar una salida política negociada al conflicto armado y a la injusticia social, basada en el respeto a la vida y a la autodeterminación de los pueblos”.
El conflicto armado también ha exacerbado la violencia contra las mujeres del pueblo Nasa. Entre las formas de violencia contra la mujer que ello conlleva se cuentan: violencia sexual (con sus secuelas), enamoramiento como táctica de guerra, reclutamiento forzado, asesinatos, desplazamiento. Las violencias de género muchas veces se dirigen contra el proceso organizativo, las mujeres líderes y la participación femenina: “Varios de los hechos aquí denunciados tuvieron origen en los actos simbólicos sobre la liberación de la madre tierra y en el proceso de unidad de las organizaciones sociales, en donde nosotras seguimos siendo parte de su constante consolidación, hoy sentimos temor que actos como estos se repitan, como forma de ‘castigo’, con la intención de frenar nuestra participación política como mujeres indígenas y como pueblos en resistencia”; esto genera miedo y zozobra que desestimulan la participación. Se denuncia, por ejemplo, la violación de una niña de 11 años por un policía que la intimidó: “Las mujeres indignadas denunciamos: la violación de una menor de 11 años en el 2004 por parte de un agente de policía, quien abusando de su poder, atemorizó a la niña con el argumento de ‘que si no estaba con él es por que compartía con la guerrilla’”. La violencia sexual es una estrategia de los actores armados dentro del conflicto: “la posesión de nuestros cuerpos como un botín de guerra por parte de los distintos actores armados, es una táctica premeditada que se utiliza dentro de nuestros territorios. Actos de violencia que en repetidas ocasiones quedan ocultos bajo el silencio de las mujeres, por distintos motivos, como el temor de enfrentarnos al victimario cuando éste abusa del terror que causan las armas”. Se reporta la amenaza de violencia sexual contra las mujeres como estrategia de los actores armados para restringir la movilidad: “Así por ejemplo se imponen criminalmente amenazas como el hecho de que las niñas que transiten a determinadas horas serán violadas por los miembros de las fuerzas militares”. En cuanto al enamoramiento como táctica de guerra, las mujeres indígenas explican: “Los diferentes actores armados vienen utilizando como estrategia de guerra, el enamoramiento de las niñas y mujeres de nuestra comunidad, con el ánimo de obtener información, aprovechándose en muchos casos de su ingenuidad, sus vacíos afectivos o problemas familiares; involucrándolas así en un conflicto del cual no son parte, colocando en alto riesgo sus vidas y las de nuestras familias”. Esto ha generado amenazas a 9 familias y el desplazamiento de 5 jóvenes. Los actores armados las culpan a ellas. Los casos de enamoramiento han causado embarazos que desintegran familias, y se reportan casos de infecciones de transmisión sexual. “Cuando una mujer indígena se involucra afectivamente con alguno de los actores armados, ésta inmediatamente se convierte en objetivo militar, se les amenaza y se les asesina. Un reciente ejemplo es el caso de Paula Andrea Yule Vitonás asesinada el 29 de agosto de 2006 en el resguardo de San Francisco Municipio de Toribío por el sexto frente de las FARC”.