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Israel legaliza las colonias salvajes en Cisjordania

Benjamín Netanyahu regresó apresuradamente a Israel en la tarde de este lunes tras reunirse con la primera ministra británica, Theresa May, en Londres. El jefe del Gobierno viajó para para participar a última hora de la noche en la Knesset (Parlamento) en la votación de la primera norma de aplicación sobre territorio palestino en Cisjordania en casi 50 años de ocupación. La aprobación por 65 votos a favor y 52 en contra de la llamada ley de regularización de los outpost o “asentamientos ilegales” —53 colonias judías construidas sin autorización israelí sobre propiedad privada palestina– amenaza con desatar una ola de condenas internacionales contra Israel. Su entrada en vigor implica la expropiación de unas 800 hectáreas en terrenos particulares donde se han edificado cerca de 4.000 viviendas para colonos sin ningún aval oficial. Pese a la normativa israelí, la comunidad internacional considera ilegales todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, donde residen unos 600.000 judíos.

El fiscal general, Avhichai Mandelblit, ya ha alertado de que la norma es susceptible de ser declara inconstitucional y además expone a los dirigentes del Estado hebreo a ser encausados por la Corte Penal Internacional. La oposición advirtió anoche en el pleno del Legislativo de que impugnará la nueva ley ante el Tribunal Supremo, que vela también por la constitucionalidad de las normas y cuyos jueces la declararán nula casi con toda probabilidad.

Pese a todos los avisos para navegantes que ha recibido, Netanyahu dio en Londres un giro de última hora al anunciar, antes de abordar su vuelo de vuelta a Tel Aviv, que la votación se iba a desarrollar horas más tarde en la Knesset. Sin embargo, el domingo había dado a entender durante la reunión semanal del Gabinete que era partidario de que se aplazara hasta después de su visita oficial a Washington, prevista para el próximo día 15.

“Dije que iba a actuar de acuerdo con nuestros intereses nacionales, lo que implica no actuar por sorpresa ante nuestros amigos, y la Administración norteamericana ha sido informada [de la votación de la ley], aseguró el primer ministro israelí en la capital británica. Desde la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, el pasado 20 de enero, Israel ha anunciado la construcción de más de 6.000 viviendas en territorio palestino ocupado. Washington no ha condenado esta ola de expansión colonial, ya que no considera que “los asentamientos no son un obstáculo para la paz”, aunque ha destacado también que “pueden no ayudar a conseguir ese objetivo”.

La nueva norma es vista como una “anexión de hecho” por las fuerzas del centroizquierda israelí. Prevé el pago de compensaciones económicas a los dueños palestinos de los terrenos o su permuta por otras fincas equivalentes. Para la ONG israelí Paz Ahora, que supervisa la expansión de los asentamientos, el texto legal dará vía libre a la ampliación de los outpost con nuevas viviendas de colonos. Para el portavoz palestino Xavier Abu Eid, la ley de las “colonias ilegales” es “consistente con el programa político del Gobierno israelí, que conduce a la colonización y no a la paz, y es un mensaje de luz verde a los colonos para continuar con el robo de tierras y de los recursos naturales palestinos”.

El pleno del Parlamento israelí sometió a segunda y tercera (y última) lectura el texto legal que legaliza los asentamientos salvajes construidos por colonos radicales en Cisjordania sin permiso oficial, aunque con el respaldo de autoridades locales para recibir servicios públicos. El enviado de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nikolay Maldenov, advirtió antes de la votación de las “consecuencias legales que puede tener para Israel” y para "la paz entre "árabes e israelíes" un ley que “autoriza el uso de tierras privadas palestinas para los asentamientos israelíes”.

La votación se ha producido tras la masiva operación policial de la semana pasada para desalojar a más de 200 colonos radicales del outpost de Amona, ordenada por el Tribunal Supremo tras reconocer hace dos años la propiedad palestina de los terrenos que ocupan. Las imágenes del desahucio conmocionaron al movimiento político ultranacionalista Hogar Judío, que forma parte de la coalición de seis partidos que sostiene a Netanyahu en la Knesset. Portavoces de esta formación habían advertido al primer ministro de que si no se sometía este lunes a votación la aprobación de la ley de regularización de los outpost sus diputados estaban dispuestos a forzar la caída del Gobierno al retirarle su apoyo parlamentario.

“Netanyahu sabe que esta ley es inmoral, inconstitucional y va a causar seguramente un grave daño internacional a Israel”, sostenía en su editorial de la edición del lunes el diario Haaretz. “Pero si Netanyahu ha demostrado alguna cosa en sus largos años al frente del timón del Estado es que si tiene que elegir entre el bien del país y su supervivencia política, el país irá siempre en segundo lugar”.

Rumania se harta de los políticos corruptos

Este lunes por la tarde, más de 25.000 personas mantienen viva la protesta en la céntrica Plaza Victoria a la que se va sumando cada vez más gente. Al caer la tarde, cuando empieza a ocultarse el grisáceo sol de invierno en Bucarest, Luminita Ciobanu se envuelve en una bandera de Rumania y sale a la calle. Como decenas de miles de rumanos, lleva seis días protestando contra el Gobierno del Partido Socialdemócrata (PSD) y su decreto para despenalizar algunos casos de corrupción. Hoy ha sido el séptimo. “Y no me canso. Lo que han hecho es intolerable, en vez de endurecer la lucha contra estos delitos maniobran para que sea más fácil hacer la vista gorda y no haya responsabilidades”, se indigna esta mujer menuda de 59 años y ojos color café, que trabaja como enfermera en un hospital de la capital. Y pese a que la presión nacional y las críticas internacionales han obligado al Ejecutivo a retirar la polémica ley, su intención ha encendido la mecha de las que ya son las mayores manifestaciones de la historia de Rumania desde la caída de la dictadura, en 1989. Una movilización social que señala a sus dirigentes que los ciudadanos están vigilantes. Que no se conforman.

“El Gobierno nos ha fallado escandalosamente. Que hayan dado marcha atrás no significa nada. ¡Prácticamente han pretendido legalizar el robo!”, critica Calin Iacob, un altísimo estudiante de Derecho, que fuma un cigarrillo en la plaza de la Universidad de Bucarest, el corazón de las protestas de aquel invierno revolucionario de hace 27 años. El pasado martes, el Ejecutivo de Sorin Grindeanu dio luz verde a un decreto que aligeraba el concepto de conflicto de intereses y despenalizaba los casos de corrupción cuyo daño fuese inferior a 200.000 lei (unos 44.000 euros). La propia medida y la fórmula elegida para sacarla adelante, de manera casi sorpresiva y mediante decreto, para no tener que pasar por el Parlamento, ha indignado a los rumanos, muy sensibles hacia todo lo que tenga que ver con la corrupción, un problema importante para nueve de cada diez ciudadanos, según un Eurobarómetro de enero. Más de 12.000 personas mantienen viva la protesta en Bucarest a la que se va sumando gente.

El decreto, que justificaron en la necesidad de aligerar las superpobladas cárceles rumanas, y que iba acompañado de una propuesta de indulto a 2.700 presos por delitos menores –también por corrupción—, beneficiaba a decenas de funcionarios públicos y políticos. Muchos de ellos del PSD. Como su presidente –y líder del Gobierno en la sombra--, Liviu Dragnea, condenado a dos años de prisión por fraude electoral e imputado en otro caso de abuso de poder; un proceso que le impidió ocupar el sillón de primer ministro el pasado diciembre, cuando su partido ganó las elecciones con el 45% de los votos. Ahora, son muchas las voces que acusan al Gobierno de hacer una ley a medida de sus amigos y afiliados, y exigen la dimisión de un Gabinete que sólo lleva un mes en el poder.

“Cómo vamos a confiar en ellos después de lo que han hecho. Quién nos dice que no lo volverán a intentarlo por otras vías. Además, el mensaje que envía, su simbolismo es tremendo”, recalca Claudia Popa, funcionaria de 45 años. De hecho, no solo todas las instancias judiciales del país –desde la Fiscalía General a la Oficina Anticorrupción o el Defensor del Pueblo— criticaron el decreto y la deriva del PSD. También la Comisión Europea, que mantiene una auditoría sobre la reforma de la Justicia rumana desde su adhesión –hace ya diez años-- para garantizar que cumple con los estándares europeos en temas como la lucha contra la corrupción, se habían mostrado muy preocupada por la medida y la involución del Gobierno rumano.

La presión ciudadana sobre el Ejecutivo no cesa. El domingo, con el texto legal ya retirado, más de 600.000 personas protestaron en ciudades de todo el país –la mayoría en Bucarest--; una cifra record. “Y aunque la presencia en la calle empiece a decaer, seguimos aquí. No nos dejaremos engañar por un grupo de corruptos”, advierte Iacob. El primer ministro Grindeanu ya ha rechazado dejar el cargo y recuerda que hace menos de dos meses, dos millones de rumanos le dieron su apoyo en las urnas. “El Gobierno no tiene motivos para dimitir”, ha dicho este lunes desafiante Liviu Dragnea, que ve la mano de la oposición y del presidente Klaus Iohannis (del Partido Nacional Liberal) tras las protestas, y quien en más de una ocasión ha afirmado que la Fiscalía Anticorrupción lleva a cabo una cruzada contra su partido. “Nadie en Rumania tiene nada que ganar si este estado de tensión continúa”, añadió.

Mientras tanto, el Gobierno, aunque no aclara si mantiene la intención de reformar el Código Penal, trata de mantener un perfil bajo para aplacar las protestas. Aunque actualmente cuenta con mucho más apoyo y se nutre de una oposición francamente debilitada, le asustan los precedentes. En noviembre de 2015, otras manifestaciones multitudinarias derribaron a su correligionario Víctor Ponta. Y la movilización también tuvo que ver con la corrupción, después de que el incendio en un céntrico club de Bucarest revelase un escándalo de mordidas, comisiones y sobornos que señalaba a la Administración.

La caída de la dictadura comunista en Rumanía derivó –como en otros países de la región— en una sociedad poco dada a manifestarse, inmovilista y temerosa de cualquier tipo de inestabilidad. Pero el descontento hacia los políticos, los abrumadores casos de corrupción y la crisis económica han despertado a los ciudadanos durante el último lustro. “La sociedad ha madurado y ahora maneja estos mecanismos para exigir lo que se merece”, apunta Camil Ungureanu, profesor en la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Frabra, que señala sin embargo la gran brecha entre la Rumania rural y la urbana. “La gente se ha dado cuenta de que tiene el poder y ahora quiere más, no le vale con la retirada del decreto”, abunda.

Como la enfermera Ciobanu que afirma que seguirá saliendo a la calle o realizando todo tipo de protestas “imaginativas” para “preservar la democracia”. Cuenta que, salvando ciertas distancias, la marea humana de estos últimos días le recuerda mucho a otra vivida en diciembre de 1989, cuando su clamor y el de cientos de miles de rumanos logró derribar al tirano Nicolae Ceaucescu. “Protestar, salir a la calle contra las injusticias, funciona; no lo olvidemos”, recalca la mujer con una pequeña sonrisa.