X legislatura grupo de la izquierda plural

Recogiendo y apoyando las movilizaciones ciudadanas y la iniciativa legislativa popular de dación en pago de la vivienda, impulsada por CC.OO., UGT y otras organizaciones sociales en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Grupo Parlamentario ha registrado y defendido distintas iniciativas en el Congreso sobre la dación en pago, los abusos de las entidades financieras o los alquileres sociales, entre otros aspectos vinculados a la vivienda y a la problemática social que está generando, y que no han obtenido el apoyo parlamentario suficiente para su puesta en marcha.
Tras cientos de miles de desahucios e incluso algunos suicidios, el Gobierno ha venido aprobando toda una serie de Decretos. El llamados “sobre medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios” ha tenido unos efectos nimios en cuanto al número de personas que han podido y podrán acogerse a éste, porque tiene en cuenta muy parcialmente las diferentes circunstancias en que se pueden encontrar las personas afectadas (especialmente las que ya hayan perdido su vivienda) y sobre todo porque toda la política de vivienda del PP ha estado completamente subordinada a los intereses de los bancos.
Por último, dimos la batalla con una enmienda de totalidad al proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, ya que no pretendía resolver el problema social que hoy supone la falta de acceso a una vivienda digna para millones de personas en España, sino que suponía un paso más en la vulneración de lo previsto, tanto en el artículo 47 de la Constitución, como en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por el Estado español en 1977. El derecho a la vivienda no puede estar regido por las reglas del mercado, favoreciendo única y exclusivamente a los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales.
Ante la crisis económica. La reforma financiera y la política fiscal
Nuestro grupo ha denunciado la política económica y social regresiva del Gobierno, sumiso a las directrices de la derecha europea, entregado a los intereses del poder financiero y suicida en términos de retroceso de la actividad económica y de los ingresos fiscales del Estado, y de aumento exponencial del desempleo.
Hemos defendido todo tipo de iniciativas sobre medidas extraordinarias para la creación de empleo y el estímulo de la economía real, demostrando que existe la posibilidad de realizar otra política económica que evite que la crisis la sigan pagando las trabajadoras y trabajadores. Todas nuestras iniciativas han sido rechazadas por la derecha parlamentaria.
En materia financiera las reformas del PP han sido un traje a medida de los banqueros que no resuelven los problemas de la gente. Según el gobierno, se hace para que fluya el crédito, para favorecer la creación de empleo y para que baje el precio de la vivienda. Pero nada de eso es verdad. Con estas reformas se ha dado un paso más para que los bancos salgan de la deteriorada situación en la que se encuentran –como consecuencia de su irresponsable comportamiento en años anteriores- sin que sus dueños y gestores asuman responsabilidades y haciendo que sean los ciudadanos los que paguen el daño que han producido.
La creación del llamado “banco malo”, para limpiar de los balances de las entidades financieras los activos inmobiliarios “tóxicos “, ha venido impuesta por la Unión Europea en forma de Memorándum de entendimiento (MOU) para el rescate de la banca española. Memorándum que no se ha debatido en las Cortes Generales pero sí ha sido refrendado en parlamentos de otros Estados miembros.
Pese a la propaganda oficial acerca de las virtudes de la reforma financiera, lo único cierto es que ha destinado una ingente cantidad de recursos públicos para sanear a las entidades de crédito o para financiar el banco malo. Y el balance final es que está resultando muy gravoso para los contribuyentes.
En este sentido hemos propuesto, entre otras cuestiones, que las viviendas que formen parte de los activos aportados al banco malo sean destinadas a vivienda pública en alquiler a precio protegido, y que el suelo que forme parte de esos activos se utilice para usos productivos con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental.
En cuanto al fraude fiscal, elaboramos y defendimos una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de medidas para intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, después de que el gobierno aprobara una amnistía fiscal inaceptable y contraproducente al disminuir la responsabilidad tributaria y la exposición plena del contribuyente al riesgo que supone evadir impuestos, por considerar que las medidas eran insuficientes y poco ambiciosas, y aportamos diversas alternativas de carácter técnico, organizativo y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria para luchar contra el fraude fiscal, un objetivo prioritario para mejorar la suficiencia y equidad de nuestro sistema tributario. En este mismo orden de cosas preguntamos por la situación en la que se encontraba el Sr. Falciani- informático del HSBC que sacó a la luz una lista de evasores fiscales españoles en Suiza- y su futuro.
De igual forma, nuestras enmiendas a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado se han argumentado en la denuncia de que han servido para profundizar la recesión económica, degradar el empleo y aumentar la pobreza, al renunciar a estimular la inversión pública y el desarrollo de los servicios sociales.
Nuestras propuestas alternativas presentadas son posibles y realistas porque buena parte del déficit público y del aumento de la deuda pública se han generado por la desfiscalización del Estado mediante la reducción de impuestos a las rentas más elevadas y a las grandes empresas, y por el endeudamiento ocasionado para financiar los agujeros del sistema financiero.
Llegamos a presentar un texto alternativo a las propuestas fiscales del Gobierno porque el problema no es el gasto público- 6 puntos porcentuales del PIB inferior al de la media de la UE-12- sino los ingresos. La crisis no ha afectado en el resto de países europeos a la proporción de ingresos públicos sobre el PIB, pero en España la presión fiscal – que mide esa proporción- se ha desplomado en 6 puntos porcentuales desde 2007. Ahora bien, el necesario aumento de la recaudación ha de conseguirse con criterios de equidad y progresividad. El 90% de la recaudación del Estado proviene de los impuestos directos e indirectos de los ciudadanos, mientras que las grandes empresas sólo aportan una pequeña parte del total y el 20% más rico gana 7 veces más que el 20% más pobre de forma que al 14% de los trabajadores/as con empleo no le alcanza para pagar los suministros mínimos y la alimentación.
Nuestras propuestas gravitan sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica con modificaciones en el IRPF para eliminar la dualidad fiscal existente entre la tributación de las rentas del trabajo y las de capital, mejorar su progresividad y elevar su potencial recaudatorio y en el Impuesto sobre Sociedades estableciendo un tipo del 35% para los beneficios que superen el millón de euros y recortando los beneficios fiscales, así como con la creación de impuestos sobre la riqueza, sobre los bienes suntuarios y sobre las transacciones financieras.
Se recaudaría más, de forma más justa y equitativa. Y ese potencial recaudatorio, que ha de ser complementado con una lucha decidida contra el fraude fiscal, permitiría revertir la subida del IVA, financiar políticas de gasto público imprescindibles para superar la recesión y contribuir a reducir de forma razonables nuestro déficit público.
De igual forma, frente a la iniciativa del Gobierno de medidas fiscales para la sostenibilidad energética hemos presentado un texto alternativo proponiendo diversas medidas de fiscalidad ambiental en el ordenamiento estatal, introduciendo, por un lado, reformas ambientales en tributos ya existentes, y creando, por otro lado, nuevos tributos que graven ciertas prácticas ambientalmente perjudiciales.
Paradójicamente, mientras, se cargaban las energías renovables, se impulsaba el fracking o se hacían prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo o frente a las Islas Canarias, actuaciones que hemos denunciado y combatido con los instrumentos a nuestro alcance.
Así pues, frente a esa política, hemos presentado alternativas fiscales, sociales y ambientales, desde el convencimiento de que la crisis no es sólo económica, sino también política, que ha erosionado los poderes del Estado ante los macro poderes económicos, con lo que ello supone de pérdida de credibilidad de la política y de los políticos, y de peligro para la democracia y para el Estado social pactado. Seguimos insistiendo en la necesidad de regular el sistema financiero y la defensa de los derechos de los trabajadores, con una política fiscal progresiva y un cambio del modelo de desarrollo en producción, bienestar y sostenibilidad.
Ejerciendo nuestra función de control, hemos solicitado la creación de una Comisión de investigación sobre las causas de la crisis y el papel en la misma de las entidades financieras, de los reguladores y supervisores; la creación de una Subcomisión de vigilancia de la reestructuración bancaria y el saneamiento del sector financiero y de una Subcomisión de seguimiento de los Reales Decretos leyes de pago a los proveedores de las entidades locales. Ninguna de ellas ha sido tomada en consideración.
Políticas Sociales: Dependencia, Sanidad y Educación
Mientras que el Gobierno ha dedicado fondos para atender a pagos por obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento por entregas ya realizadas, y nos ha machacado con eslóganes tipo “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” y de que “las medidas que está adoptando son necesarias”, los datos de pobreza y de exclusión social han ido en aumento, realizándose al tiempo un asalto en toda regla al escaso Estado del Bienestar del que disfrutábamos, en los que la dependencia, sanidad y educación han sido sus principales objetivos.
Numerosos informes de organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la situación en la que se encuentran en nuestro país millones personas, haciendo especial hincapié en los casi tres millones de niños/as en situación de pobreza y exclusión.
En lo referente a pobreza y exclusión social hemos presentado iniciativas para abordar un plan integral de lucha contra éstas con medidas como la de asegurar un ingreso mínimo garantizado como derecho subjetivo en el marco de las Rentas Mínimas.
En toda la OCDE, la población por debajo del nivel de pobreza ha pasado del 1% al 9,4%. En España, está en 18%, casi el doble que antes de la crisis y somos uno de los países donde más ha crecido la desigualdad, sólo por detrás de Letonia a nivel europeo.
Que el PP no se creyó nunca la denominada Ley de Dependencia es un dato objetivo fácilmente comprobable en las comunidades autónomas donde ha gobernado, especialmente en Castilla-La Mancha y Madrid.
De ahí que la política de recortes y contención del gasto emprendida por el Gobierno de Rajoy haya profundizado en la línea de vaciamiento de contenidos y recursos de la Ley 39/2006 de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Hemos trabajado a través de iniciativas legislativas para destinar más recursos para el mínimo garantizado en dependencia a través del IMSERSO; para recuperar el programa de tele asistencia domiciliaria que prácticamente ha desaparecido, y de manera especial por considerar que es esencial en políticas sociales, para recuperar el Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos que gestionan las comunidades autónomas, o para establecer un verdadero plan de acción para las personas con discapacidad.
Nos hemos opuesto con todas nuestras fuerzas, por lo que de involución en el sistema sanitario supone, a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, al entender que lo que esconde en realidad, es un cambio de modelo sanitario que nos hará retroceder décadas al abrir la puerta en nuestro país a la creación de un importantísimo mercado privado sanitario, introduciendo, entre otras medidas, un determinado “apartheid sanitario” y el “repago” en los medicamentos, elevando el porcentaje a pagar por los mismos y del cual no se han salvado ni los pensionistas en su mayoría. Medidas que aun tendrán más efecto sobre la población dado el recorte cercano al 24% sufrido en la partida presupuestaria destinada a Sanidad. El derecho a la salud lo quieren convertir en el mercado de unos pocos, al considerar la sanidad una mercancía más.
Frente a este ataque al sistema sanitario público hemos planteado diversas iniciativas entre ellas defendimos una Proposición de Ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema nacional de salud, con el fin de que los centros de salud sigan en manos de la gestión pública, al entender que es precisamente la gestión pública de este servicio la que garantiza una mayor eficiencia y calidad de la atención sanitaria, tal y como propone la propia OMS.
Como decíamos al inicio, las políticas sociales han sido las grandes afectadas por los recortes, la modificación del artículo 135 de la Constitución, aprobada por los dos grandes grupos parlamentarios, ha supuesto el mayor ataque a las políticas sociales conocido desde la llegada de la democracia.
En cuanto al apartado de Educación, nos encontramos con otro de los grandes temas donde el PP incumplió el programa que presentó al electorado. Inició la Legislatura manifestando su intención de no modificar la Ley de Educación, salvo lo referente a “educación para la ciudadanía” para finalmente introducir una nueva Ley de fuerte contenido ideológico con absoluto sometimiento a los poderes fácticos más retrógrados, la LOMCE.

A ello debemos sumar los fuertes recortes, desde la llegada del Gobierno del PP, se han recortado 5.212 millones de euros en Educación que han alterado el principio de igualdad, y asestado otro golpe a las familias más desfavorecidas.

La situación del sistema educativo público ya era sumamente delicado allí donde el PP gobernaba, los ataques sistemáticos a la educación pública, al profesorado, a los alumnos y a los padres; cambiando temarios y/o modificando oposiciones; recortando los presupuestos, subiendo tasas e impuestos indirectos al material escolar. Con la aplicación de sucesivos decretos ley a través de los cuales se amplían horas lectivas del profesorado, dejando simultáneamente en la calle a miles de interinos; masificando aulas; recortando becas (libros, transporte escolar) o suprimiendo directamente otras como las becas comedor, que dio origen a lo que podríamos llamar “crisis del tupper” poniendo en serios aprietos a muchas familias que se enfrentaban ya a graves dificultades para una correcta alimentación de sus hijos.
La estrategia del PP ha ido encaminada a facilitar y privilegiar con fondos públicos a los centros docentes privados – mayoritariamente católicos- independientemente de que segreguen o no por razón de sexo, lo que redundará de forma negativa en la red pública de centros educativos, limitándose con ello las perspectivas de formación a estudiantes con rentas bajas o medias en lo que supone una profundización de la mercantilización del espacio educativo y un grave atentando contra el derecho a una Educación Pública en condiciones de igualdad, haciendo de ésta una red subsidiaria, dirigida sobre todo a los sectores que cuentan con menos recursos y que tienen mayores necesidades educativas por su origen sociocultural.
En suma, un regreso al modelo franquista de educación selectiva y destinada a una élite que atenta contra los derechos humanos y la ciudadanía universal, expulsando a los estudiantes no comunitarios de las universidades públicas, al tener que pasar a pagar el 100 por 100 de los costes de las enseñanzas universitarias de Grado y Máster.
Recortes y modificaciones que han sido detonantes de contestaciones masivas en las calles por parte de los colectivos afectados y que aún hoy en día siguen en vigor. Manifestaciones que han sido reprimidas en ocasiones por desproporcionadas actuaciones policiales, de las cuáles hemos pedido explicaciones en el Congreso y exigido el cese del Ministro de Educación y Cultura por tratar- actuando de “hooligan” - de criminalizar a los convocantes de las movilizaciones en la enseñanza en defensa de la Educación Pública.
Entre otras iniciativas, y además de apoyar en todo momento las demandas del colectivo educativo y sus movilizaciones –marea verde-, el Grupo Parlamentario ha realizado encuentros con el mundo universitario y Jornadas sobre la educación pública, presentado múltiples iniciativas con el fin de intentar frenar este ataque y mostrado nuestro rechazo e indignación ante las reformas y recortes producidos en las ayudas públicas en materia tan sensible como las becas comedor o las universitarias; rechazado unos Presupuestos fuertemente restrictivos y solicitado que el gasto público en educación se iguale a la media europea hasta alcanzar el 7% del PIB y el 2% para la Universidad; apostado por la I+D+I, porque no podemos permitirnos el lujo de perder el tren de la ciencia tras los recortes en investigación realizados por el PP; que se recupere en el temario educativo contenidos sobre diversidad afectivo-sexual ,igualdad y discriminación por razón de sexo; que se incluya en el IRPF la desgravación de los gastos familiares por libros y material escolar.
Pero de forma especial hemos librado una dura e intensa batalla contra la LOMCE, junto a la comunidad educativa, organizaciones sociales de estudiantes, padres y madres, y sindicatos, trasladamos al Congreso multitud de iniciativas que denunciaban el carácter mercantilista, clasista y segregador de una Ley que nació sin consenso. Finalmente contribuimos con nuestra firma al compromiso de derogar la LOMCE.
Igualdad. Perspectiva de género.

Todas las contrarreformas llevadas a cabo por el PP, detalladas en el presente informe, han supuesto un grave retroceso en el avance hacia la igualdad entre hombre y mujeres y la lucha contra la violencia machista. Los recortes en sanidad, educación o dependencia han afectado en mayor medida a las mujeres al ser las principales proveedoras y usuarias de estos servicios públicos. La reforma laboral ha supuesto una mayor precarización afectando especialmente a las mujeres que de entrada ya copaban los sectores más precarizados. El número de mujeres que se ha visto marginada del mercado laboral, teniendo que retornar a su casa para realizar las tareas de cuidados de las que el Estado se ha desentendido ha aumentado de manera muy preocupante en los últimos cuatro años de Gobierno del PP. A esto hay sumarle en retroceso que ha supuesto la eliminación del Ministerio de Igualdad en la anterior legislatura y el cambio de funciones del Instituto de la Mujer que ha terminado con difuminar los objetivos específicos que determinan las políticas de igualdad entre hombres y mujeres. Para mayor abundamiento las partidas presupuestarias destinadas a igualdad y lucha contra la violencia machista se han visto duramente recortadas y, como consecuencia directa, el número de mujeres asesinadas por violencia machista se ha visto incrementado de manera trágica. Junto a este ataque a los derechos sociales generalizado las mujeres también hemos sufrido un enorme retroceso en cuanto a nuestros derechos civiles. El gobierno del PP intento cercenar por completo el derecho al aborto con una ley aún más restrictiva que la del año 86 de supuestos legales. La firme y contundente movilización social, a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, han sido acompañadas en todo momento por nuestro grupo parlamentario. Nuestra implicación ha pasado por la realización de interpelaciones urgentes y la petición de la retirada del anteproyecto de ley a través de múltiples iniciativas tanto en el congreso como el parlamento europeo. También nos hemos mostrado beligerantemente en contra de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que en el último momento de la legislatura el PP aprobó con su mayoría absoluta con la que la salud y la vida de las menores más vulnerables se pone en peligro a la hora de practicarse un aborto a causa de que ahora se verán obligadas a tener el consentimiento paterno. En todo momento, además de nuestros esfuerzos para frenar este ataque retrograda y ultraconservador contra las mujeres, hemos defendido nuestra reivindicación de un aborto legal y seguro, garantizado en la sanidad pública y fuera del código penal.

Interior
La legislatura ha estado caracterizada por el ataque a las libertades públicas y derechos fundamentales. Durante los primeros dos años la movilización ciudadana y la protesta social fueron protagonistas de la actualidad política, frente a ello el Gobierno impulsó la llamada Ley Mordaza, que ha supuesto un gravísimo ataque a las libertades. Paralelamente el Gobierno del PP ha tratado de reforzar su modelo policial y de seguridad mediante la reforma de varias leyes troncales como la de Seguridad Privada, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, y Protección Civil. Las características fundamentales de esa política han sido la ampliación de negocio para la seguridad privada y el refuerzo de las características más militaristas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este Grupo ha presentado enmiendas de totalidad a todos los proyectos de ley del Gobierno en el área de Interior, y ha sido protagonista de las enmiendas en muchos de ellos, contando con la inestimable colaboración de los sindicatos y las organizaciones profesionales de CNP y GC.
Paralelamente han sido numerosos los casos que han sido actualidad e implicado a Interior, obligando a su comparecencia en el Congreso, desde el primero con las durísimas actuaciones policiales en la llamada “primavera valenciana”, hasta el último con la recepción de Rato por el Ministro Fernández, pasando por el terrible asunto de las cargas contra inmigrantes en la frontera de Tarajal en Ceuta y las muertes que se produjeron.
Justicia
En materia de Justicia nos hemos opuesto a otra política de “repago” de servicios materializada en la conocida como “Ley de Tasas”, que no es más que un nuevo ataque frontal al acceso al servicio público de la Justicia. Esta nueva medida, de dudoso encaje constitucional, sólo se puede explicar desde la lógica de recortes sociales y de derechos impuesta por este Gobierno. Los argumentos esgrimidos no difieren en mucho de los empleados en los recortes en Sanidad o Educación y se enmarca en el avance de los procesos privatizadores emprendidos, en este caso, supone un paso más en la privatización del servicio público de la Justicia.
Con esta nueva regulación, de clara finalidad recaudatoria, se persigue al tiempo un efecto disuasorio, que cercena el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al dificultar su acceso a la mayoría de la ciudadanía, ya que al sumar las nuevas tasas los gastos de abogado y procurador la cuantía en litigo en muchos casos será inferior a su coste y por tanto hará desistir del proceso al ciudadano.
En otro orden de cosas también hemos registrado distintas iniciativas para esclarecer comportamientos anómalos cómo el del máximo dirigente del CGPJ y Presidente del Supremo, Sr. Carlos Dívar, que acabaron con su dimisión.
Transporte
La políticas de liberalización y venta de las infraestructuras de transporte han sufrido un impulso demoledor para los intereses estratégicos y de seguridad en nuestro país. La batería de leyes y normas que se han aprobado durante toda la legislatura han permitido la liberalización del transporte ferroviario y la venta del 49% de la infraestructura aeroportuaria de España, siendo esta última una de las operaciones de venta pública más importante que se ha llevado a cabo en los últimos decenios y suponiendo un verdadero expolio por el precio irrisorio de salida de venta de la acción y la revalorización que se ha obtenido ofreciendo un beneficio a los accionistas de casi el 100% sobre el precio de compra. La opacidad con la se ha llevado a cabo la operación y la falta de garantías democráticas , negando la documentación, la información y la petición de comparecencias en el congreso de la Ministra de fomento, han supuesto una continua denuncia pública y la acción de múltiples protestas junto con los representantes de los trabajadores/as realizadas por nuestro grupo.

Del mismo modo hemos presentado enmienda a la totalidad a la ley del sector ferroviario que ha permitido la entrada de capital privado en la operadora Renfe, al entender que esto perjudicará gravemente a la seguridad y la calidad del servicio.

En definitiva hemos defendido el transporte como un derecho de la ciudadanía que como tantos otros el gobierno del PP ha recortado.
Agricultura
Esta legislatura se ha saldado con más incertidumbre y más amenazas para el sector agrario, que ha visto como se perpetuaba un sistema de ayudas PAC favorecedora del absentismo, los cazaprimas en detrimento de los profesionales que viven y trabajan directamente la tierra, nuestro modelo agrario social mayoritario que representa la agricultura familiar.

En este sentido hemos denunciado el ejercicio de gatopardismo que ha supuesto La reforma de la PAC: cambiar todo para no cambiar nada y favorecer a los de siempre.

Igualmente hemos denunciado el debilitamiento de nuestra política propia en defensa de la agricultura social y de las políticas de desarrollo rural que han marcado los últimos PGE. El PP ha convertido al estado en un mero gestor de ayudas económicas desmantelando poco a poco sus herramientas de regulación de mercados y garantía de precios en origen. Esta última cuestión ha centrado buena parte de nuestro trabajo, especialmente exigiendo medidas contra los efectos del cierre de fronteras con Rusia fruto de nuestra nefasta posición en el conflicto en Ucrania o la crisis del sector lácteo. Nuestra posición de ha centrado en la necesidad de garantizar justicia en la conformación de precios en el sector alimentario, exigiendo precios justos para productores y consumidores y combatiendo la posición de dominio de la gran distribución y de las multinacionales de la agroindustria.

Hemos combatido igualmente la amenaza que supone el TTIP y propuesto, sin éxito, la prohibición de los transgénicos tras las recientes modificaciones normativas en el marco europeo.

Defensa
En materia de defensa hemos denunciado la reproducción que el PP hace del modelo de defensa diseñado por la OTAN, caracterizado por un doble esfuerzo de reforzamiento del aparato militar y de su presencia en la escena política nacional e internacional y, por la penetración de las prácticas y valores militaristas en la sociedad.
Desplegado de forma espacial para el control del Sur de Europa en colaboración con el resto de la OTAN, y con un núcleo “duro” de “fuerzas de acción rápida” con capacidad de “proyección” (eufemismo para ocultar la idea de invasión de este ejército) y de “ensamblaje” en los mega-ejércitos occidentales.
Manteniendo un importante esfuerzo (oculto en los gastos de otros departamentos ministeriales como investigación científica) en nuevas tecnologías de armamento, que pasan desde las armas inteligentes a las llamadas “armas no letales” y los clásicos sistemas de destrucción cada vez más precisos.
Al mismo tiempo hemos presentado nuestra alternativa de un modelo diferente de resolución de conflictos internacionales desde el respeto a la legalidad internacional y la cooperación entre Estados.
En este mismo ámbito hemos denunciado y propuesto alternativas democratizadoras frente a la ofensiva contra los derechos civiles del personal de las Fuerzas Armadas. La reforma de las leyes básicas en este sentido como la que afecta al Régimen Disciplinario o el Código Penal Militar impuestas por el PP con el apoyo en términos generales del PSOE en su filosofía (salvo aspectos como la aplicación a la Guardia Civil de la norma penal militar q concitó la oposición de toda la oposición) han sido fuertemente contestadas por La Izquierda Plural. Hoy hay más arbitrariedad, más dependencia y sumisión a las jerarquías militares profundizando en un modelo de defensa propio de otro tiempo. Hemos exigido la desaparición de la jurisdicción militar en cumplimiento con nuestro programa y defendido la democratización de la vida dentro de los cuarteles como elemento básico para la lucha contra la corrupción, la impunidad y el uso arbitrario de la disciplina y el miedo por parte de las jerarquías militares y el ministerio de defensa.
Además hemos trabajado para combatir la violencia de género y el acoso laboral en el seno de las FAS y por reglamentar debidamente los derechos profesionales especialmente de las escalas más degradadas dentro del ejército en el marco del debate de la Ley de la Carrera Militar.
Cuestiones estas que, junto a nuestra lucha por otra política exterior de paz frente a la que supone la OTAN y nuestra propuesta de frenar la escalada en materia de rearme e incremento del gasto militar, son paso previo para poder abordar una debate profundo que nos permita alumbrar otro modelo de defensa alternativo al actual.
Radio Televisión Española (RTVE)

La manipulación informativa ha sido protagonista en esta legislatura en RTVE. Los profesionales de RTVE han denunciado en muchas ocasiones la intervención política de directivos de la casa manipulando contenidos o censurando noticias. El propio Presidente confesó con autocomplacencia en sede parlamentaria que es votante del PP. EL Gobierno cambió mediante un RDL la forma de elegir al Presidente, la ley anterior exigía una mayoría cualificada, y el PP pasó a elegirlos imponiendo su mayoría absoluta. Se ha importado el modelo manipulador de Tele Madrid y se han impuesto recortes económicos que han conducido a RTVE a una situación límite.

Tribunal de Cuentas (TdC)

El TdC también ha sido protagonista en esta legislatura de determinados titulares en prensa que cuestionaban su transparencia y la legalidad. Por ello exigimos varias comparecencias de su Presidente, así como su asunción de responsabilidades por la falta de control en las contrataciones del Tribunal. Cabe destacar los informes de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, una cuestión que se llevaba con mucho retraso y que fruto de la inquietud ciudadana y los escándalos de corrupción que han afectado sobre todo al PP, se ha puesto prácticamente al día.

Presidencia española de la UE
Nuestro Grupo ha intervenido en los debates en Pleno con motivo de las reuniones del Consejo Europeo. En nuestras intervenciones, hemos denunciado las directrices de reducción draconiana del déficit, de apoyo descarado a los bancos y el llamado Pacto Fiscal, con las que la UE se ha lanzado a tumba abierta hacia la recesión económica y social. El resultado es la supremacía de los tecnócratas sobre los legítimos representantes del pueblo y la vuelta a la Europa de los Estados, por encima de la Europa federal y de los intereses generales. La UE ni ha adoptado un marco regulador de los mercados financieros que evite nuevas crisis, ni ha concretado el compromiso de lucha contra los paraísos fiscales, ni se ha atrevido a imponer una tasa a los Bancos. La crisis griega ha mostrado los límites estructurales de la Unión Monetaria y las dificultades del euro para mantener su cohesión.
SENADO
Por último, en cuanto al trabajo desarrollado por los dos Senadores que han tenido presencia en la Cámara Alta, por designación de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Asturias, durante tres años a lo largo de la legislatura han tenido como objetivo fundamental que quedara claramente identificada la posición política de Izquierda Unida, a pesar de la dificultad que para ello suponía estar integrados en el Grupo Mixto del que formaban pate fuerzas tan dispares como Amaiur, ERC, UPN o CC., dándoles el adecuado apoyo técnico administrativo por los trabajadores del Grupo Parlamentario en el Congreso.
Obviamente, dieron continuidad a los planteamientos formulados previamente en el Congreso, siendo el grueso de nuestro trabajo la defensa de las Enmiendas de Totalidad (bajo la forma de Vetos) y las enmiendas parciales a los diferentes proyectos, en la mayoría de los casos ya planteadas en la Cámara Baja y en otros como respuesta a las introducidas en aquella por el PP o al debate producido o a las aportaciones novedosas de organizaciones y colectivos. Como es lógico, el mayor esfuerzo lo tuvieron que realizar en torno a los proyectos de PGEs, que conllevaron en torno a un centenar de comparecencias ante la Comisión y la defensa de miles de enmiendas.
Por otro lado, y en lo que respecta a la función de control al Gobierno, a pesar de que el cupo que les correspondía como parte minoritaria de un Grupo, el Mixto, minoritario, era ínfimo, gracias, fundamentalmente, a las cesiones del resto de las fuerzas que lo componían, consiguieron formular treinta preguntas orales en Pleno y siete Interpelaciones, además de decenas de preguntas orales y Mociones en Comisión.
También mantuvieron las relaciones que previamente se habían dado en el Congreso con distintas organizaciones, especialmente con las vinculadas a la defensa del medio ambiente, al calor del debate de proyectos como el de Montes o Parques Nacionales; o de reivindicación de los derechos de las víctimas del franquismo, contribuyendo a que, por primera vez, se hiciera un acto de reconocimiento a las mismas en el Senado por parte de todos los grupos salvo el PP.
Finalmente, atendiendo a lo que se les planteó desde la dirección, suscribieron la interposición de un Recurso de Inconstitucionalidad contra una Ley aprobada por la Asamblea de Madrid recogida en el correspondiente apartado de este informe.