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La Corte de El Salvador rectifica el pasado
Raimundo López / Prensa Latina

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San Salvador. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador sacudió el ambiente político salvadoreño, al ordenar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) cancelar la inscripción de dos de los partidos tradicionales del país. El fallo, anunciado el 5 de abril, alcanzó a los partidos de Conciliación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC), que en los comicios de 2004 no lograron los votos necesarios para revalidar su inscripción en el TSE, 3 por ciento para partidos y 6, las coaliciones.

La sentencia inapelable de la Sala de lo Constitucional, desató una ola de expresiones de aprobación de numerosos juristas y fuerzas políticas progresistas, y agrias críticas de dirigentes de los dos partidos. En 2005 partidos afines al PDC y el PCN lograron aprobar en la Asamblea Legislativa "una operación salvataje" para evitar que desaparecieran como institutos políticos, pese a que el Código Electoral ordenaba lo contrario.

La Sala de lo Constitucional recuerda que el PCN obtuvo el 2.71 por ciento de los votos válidos y el PDC, que formó coalición con el desaparecido Centro Democrático Unido (CDU), 3.9, pero como alianza debieron obtener 6 por ciento.

Ante estos resultados, y para lo que al presente caso interesa, el TSE debe iniciar el proceso de cancelación de los partidos políticos que no alcanzaron el porcentaje mínimo establecido en la legislación, determina el fallo.

Precisa que el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa en 2005 "ha pretendido desconocer y anular la voluntad del electorado –como soberano–, ya consolidada con el resultado de las elecciones mencionadas". Otra inconstitucionalidad señalada por la CSJ es el carácter retroactivo de la iniciativa aprobada por mayoría por la Legislatura de 2005, pues trasladó sus efectos a los resultados de los comicios del año anterior.

La sentencia de la CSJ atiende a una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto parlamentario de 2005, presentada el 22 de abril de ese año por un grupo de seis abogados. Lo hicimos indignados por el atropello que se estaba haciendo a la ley en ese momento, afirmó María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Fue tan burda la maniobra que para nosotros no había otro camino más que demandar la inconstitucionalidad, expresó Guillén.

Sabíamos que había muy pocas posibilidades, porque la Sala de lo Constitucional de ese entonces no resolvería con un análisis constitucional, sino con intereses y conveniencias políticas, explicó.

Otro jurista, Rómulo Rivas, de la Coalición para la Reforma Política y Electoral, señaló que "en aquella época era más fácil que los partidos políticos se las arreglaran para salirse siempre con la suya".

Rivas aseguró que el decreto legislativo de 2005 fue producto de "puros intereses partidarios", no sólo del PCN y el PDC, sino de otros partidos, "que estaban interesados en mantener a éstos como sus aliados, que siempre fueron, para que los apoyaran en sus proyectos". Alude a la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), la mayor bancada de entonces en el parlamento, y que aplicó en la nación un férreo modelo neoliberal durante sus cuatro gobiernos consecutivos (1989-2009).

Abraham Ábrego, subdirector de la Fespad, afirmó que el decreto legislativo de 2005 "fue una auténtica burla al sistema constitucional salvadoreño".

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que tras los Acuerdos de Paz de 1992 se convirtió en partido, se opuso tenazmente a la iniciativa de la derecha, aunque no contaba con los votos suficientes en la Asamblea Legislativa para impedirlo. El secretario general del FMLN, Medardo González, recordó que en 2005 las fuerzas de derecha se concertaron para imponer "la operación de salvataje" del PDC y el PCN, una arbitrariedad ahora rectificada por la CSJ.

La sentencia de la Sala de lo Constitucional debe ser cumplida, no puede ser ninguneada, que nada pase, dijo. El FMLN sostiene que la institucionalidad y el estado de derecho deben cumplirse, pese a considerar que la aplicación del fallo podría beneficiar a Arena y el otro partido de derecha, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que disputarán el voto conservador del PCN y PDC.

Se trata de que se respete el estado de derecho, de que la ley se acate, que la Constitución no sea letra muerta, afirmó el diputado del FMLN y presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.

Dirigentes del PCN y el PDC han expresado su rechazo al fallo de la Sala de lo Constitucional e incluso llegaron a afirmar en sus primeras reacciones que se trata de una conspiración en su contra y mencionaron un amparo de la CSJ en 2004 que los pone a salvo de cumplir el fallo. Ante esa eventualidad, organizaciones sociales exhortaron a defender la institucionalidad del país y reclamar el cumplimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

La Fespad llamó a estar alertas frente a eventuales maniobras de esas fuerzas para impedir el cumplimiento del fallo de la máxima instancia de justicia de la nación.

Nos tenemos que preparar para defender la institucionalidad del Estado, porque la historia nos ha dicho que estos señores son capaces de armar una trama que prospere, afirmó Guillén. Advirtió que pueden lograr una maniobra "que atropelle nuevamente la dignidad del pueblo y la vida del país".

El presidente del TSE, Eugenio Chicas, anunció que comenzarán a analizar el fallo a partir de su publicación en El Diario Oficial, que está previsto ocurra el 14 de mayo.