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Intermediario del carbón, el gobierno de Coahuila
Ante este panorama, La Familia Pasta de Conchos y el Centro de Reflexión Laboral y Asesoría Sindical exigen que desaparezca el Programa de Desarrollo Minero que maneja el gobierno de Coahuila, intermediario en la compra y venta del carbón a pequeños productores. Abogan, además, para que la Comisión Federal de Electricidad licite de manera pública los contratos de compra de mineral para cada socavón y evitar así la extracción clandestina, además de que la Procuraduría General de la República abra investigaciones de todos los siniestros ocurridos desde la explosión en Pasta de Conchos.

El informe sostiene que, en México, la minería del carbón no deja de cobrar víctimas. En los dos sexenios de gobiernos del Partido Acción Nacional han fallecido 135 trabajadores en esas minas porque las empresas violan derechos laborales e incumplen con las normas de seguridad e higiene, sin límites ni penalizaciones gubernamentales.

Las víctimas más recientes fueron Juan Manuel Gómez y Daniel Vaquera, quienes perdieron la vida en la mina Lulú, propiedad de Siderúrgica de Coahuila, el 2 de febrero de 2011.

Sólo en este sexenio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido cuatro recomendaciones sobre las minas de carbón (2006, 2008, 2010 y 2011) y en todas ellas se reconocen violaciones a los derechos humanos de los trabajadores porque las condiciones en que laboran atentan no sólo contra su integridad, sino contra su vida.

La organización pidió catalogar a los fallecidos como "mártires del trabajo" y exigió indemnización justa para los deudos. En protesta, se colocaron 88 cruces en las carreteras de la región por los mineros muertos. La abogada de esa ONG, Cristina Auerbach, aseguró a SEMlac que en la mina siniestrada el 3 de mayo trabajaban varios menores de edad.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana señaló que los mineros muertos y atrapados en Sabinas no son sindicalizados, pero no por ello deben desconocerse sus derechos laborales ni deben trabajar en condiciones de riesgo.

El gremio responsabilizó de lo ocurrido a la empresa BINSA y a su representante, Juan Espinosa Dávila, por las pésimas condiciones de seguridad, que son similares en todas las minas de carbón de esa región. En las maniobras, donde trabaja desde el jueves 5 un grupo de expertos llegados de Chile, se ha actuado rápidamente, para evitar que se conocieran todos los detalles. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, adelantó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Gurza, supervisa el rescate de las personas atrapadas y ofreció emplear todos los recursos disponibles para privilegiar la integridad de los 14 trabajadores.

La CNDH solicitó a las secretarías del Trabajo y de Economía la aplicación de las medidas cautelares que sean necesarias para garantizar la vida e integridad de los trabajadores y los rescatistas. Por lo pronto, asegura que ya inició una queja de oficio por la explosión.