Historia de la Ley

Por otra parte, también se introdujeron cambios al artículo 57 bis de la Ley de la Renta, que se refiere a ciertas deducciones de la base imponible por concepto de inversión en acciones.

Estos cambios, propuestos en la Comisión, son de cuatro tipos.

En primer lugar, según la actual legislación, los accionistas tienen derecho a deducir, el 20 por ciento del valor de sus acciones de la base imponible. Ahora se establece que este 20 por ciento será deducible, como máximo, sólo por cinco ejercicios, pues, como es natural, el 20 por ciento por año, en cinco años, da el valor total de la inversión.

Con la ley actual puede darse el caso de que una persona deduzca el 20 por ciento de sus inversiones en acciones durante más de cinco años y, en consecuencia, descontar Un monto superior al total de la inversión realizada. Aquí se ha querido precisar que la deducción del 20 por ciento sólo puede ejercerse, como máximo, por cinco años. Este cambio fue aprobado por unanimidad, entendiéndose que se trata de aclarar una norma relativamente obvia.

Luego, en lo que se refiere a otros aspectos del artículo 57 bis, se propuso derogar los números 2 y 4, 10 cual fue aprobado por mayoría de votos. En cuanto al número 2 de este artículo, que concede exenciones tributarias a quienes tengan depósitos en pagarés nominativos, en la Comisión existió la idea de un mayor consenso respecto de esta medida. Hubo votación dividida en cuanto a la posibilidad de descontar de la base imponible hasta el 50 por ciento de los ingresos percibidos por dividendos, como también en lo referente a que esta norma puesta ser aplicada a los denominados capitalistas populares o a quienes hayan comprado acciones bajo ese régimen.

Aparte de esto, en la Comisión se introdujo una disposición que permite el descuento de todos los aportes previsionales en el caso de los trabajadores, y no sólo de aquellos obligatorios, porque, como se sabe, hoy día existe la posibilidad, además, de efectuar aportes voluntarios en las AFP. Esto existía en el global complementario para las otras categorías de ingresos y no para las rentas del trabajo. Se ha querido homologar este beneficio a los trabajadores.

Por último, se concede un crédito de hasta el 2 por ciento del monto del impuesto a pagar por la inversión en bienes de capital, lo que fue aprobado por la Comisión.

Asimismo, se acordó proponer un crédito de naturaleza similar, y hasta por un 2 por ciento del monto a pagar, para las donaciones con fines culturales. Esta norma, que extiende la exención de la inversión en bienes de capital a las inversiones en el capital humano de la cultura, se propone junto con otros artículos que precisan su uso, para impedir que se mal use esta posibilidad.

Para mayor claridad, el texto se propone como artículo 8º nuevo del proyecto de ley en discusión.

Sobre el tema hubo cierto debate, y se entendió que, en la medida en que se establecía un crédito para bienes de capital, también, era posible consagrar un sistema similar, naturalmente, que con las normas relativas, en especial, a las donaciones culturales.

Por último, en lo que se refiere al IVA, el Ejecutivo proponía subirlo permanentemente del 16 al18 por ciento.

En la Comisión se aprobó, por mayoría de votos, que el alza del IVA fuera transitoria y no definitiva; es decir, se aplicó el mismo criterio que al incremento de la tasa del 10 al15 por ciento en la renta de primera categoría. Se estableció, en forma transitoria, para los años 1991, 1992 Y 1993.

Por esta razón, la Comisión suprimió el antiguo artículo 8º permanente del proyecto, de modo que la modificación del IVA está ahora en el artículo 9º transitorio del proyecto, pues constituye una enmienda con ese carácter.

Este acuerdo, adoptado por mayoría de votos, deja, como he dicho, en la misma situación al IVA Y al cambio del impuesto a la renta.

Este es el informe básico de la Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente). Han pedido la palabra varios señores Diputados. .

Antes, quiero hacer presente a la Sala un problema de constitucionalidad referente al nuevo artículo 8º, al que hizo mención el señor Diputado Informante.

En esa norma, que a su vez introduce un artículo 2º, se establece para los donantes el derecho a un crédito equivalente al 50 por ciento de las donaciones que hagan con fines culturales, en contra de sus impuestos de primera categoría o global complementario, según sea el caso. Ello es fruto de una indicación formulada por distintos señores Diputados en la Comisión.

Sin embargo, el artículo 62º, número 1º de la Constitución Política reserva sólo al

Presidente de la República la iniciativa de ley cuando se trate de reducir tributos o establecer exenciones, como ocurre en este caso.

Por lo anterior, y de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, he preguntado al señor Ministro de Hacienda si el Gobierno estaría dispuesto a hacer suya esta indicación, que se ha transformado en el nuevo artículo 8º del proyecto. El señor ministro ha dicho que prefiere tener tiempo para reflexionar sobre el punto. Hay tiempo hasta mañana, para que el señor Ministro reflexione, fecha en la cual se votará, en general, del proyecto. Según lo que él decida, o el Gobierno hace suya esta indicación o la Mesa declarará improcedente el artículo 8º.

El señor CERDA. Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a esta materia.
El señor VIERA-GALLO (Presidente). Tiene la palabra el Diputado señor Cerda.
El señor CERDA. Solicito a los miembros de la Mesa que estudien y reconsideren esta materia. No quiero entrar en un debate sobre el aspecto constitucional; pero no hay duda de que sólo corresponde al Ejecutivo la iniciativa de rebajar los impuestos existentes. Sin embargo el Congreso no está limitado para otorgar franquicias cuando se establecen nuevos tributos. Nosotros no podemos reducir los actuales ingresos fiscales; pero sí tenemos facultad, cuando se proponen nuevos ingresos, para otorgar distintas franquicias respecto de ello.
El señor VIERA-GALLO (Presidente). Si se planteara esa discusión, la que resolvería, en definitiva, sería la Sala.

Por lo tanto, este asunto se tratará mañana. Reitero que, al final, deberá pronunciarse la Sala.

En todo caso, los señores parlamentarios pueden ir estudiando el punto para el debate de mañana.
El señor CERDA. Eso es lo que le pedí a la Mesa.
El señor VIERA-GALLO (Presidente). Tiene la palabra el Diputado señor Pablo Longueira.
El señor LONGUEIRA. Señor Presidente; Honorable Cámara:

La Unión Demócrata Independiente votará en contra del proyecto de alza de impuestos, enviado por el Gobierno. Nos interesa, igual que a todos, mejorar los niveles de vida de los sectores de bajos ingresos, y queremos que Chile dé ese gran salto social que anhelamos. Precisamente, por eso, nos oponemos a este proyecto. Nos oponemos, porque la experiencia histórica y las realidades de Chile y del mundo revelan que el camino del aumento de impuestos es una receta fracasada en el combate a la pobreza.

Es un hecho que el crecimiento económico constituye el medio más eficaz para la solución de la pobreza, ya que es el único que garantiza un aumento sostenido del empleo y de las remuneraciones y, por lo tanto, de los ingresos de las familias.

Subir los impuestos significa disminuir la tasa de crecimiento de un país. Un reciente estudio del Banco Mundial en varios países revela que los que más crecen son los que tienen una menor carga tributaria. Es precisamente esta correlación inversa entre la carga tributaria y el crecimiento económico en el mediano plazo lo que explica por qué la gran mayoría de las naciones estan hoy reduciendo los impuestos.

En el pasado reciente, hubo muchos debates sobre el problema de la pobreza en Chile… Se trata, sin duda, de uno de nuestros problemas más importantes.

Hay dos enfoques respecto de este tema: Uno mide la pobreza con indicadores de calidad de vida y de capital humano. El otro mide el ingreso de acuerdo con el ingreso de las familias.

Todos los estudios serios muestran que la pobreza, medida sobre la base de indicadores de calidad de vida y capital humano, como vivienda y nutrición, por ejemplo, ha disminuido. Pero también los estudios coinciden en que el problema de hoy es la insuficiencia de ingresos. Este es exactamente el punto principal. Para mejorar el ingreso de las familias chilenas, se necesita que la economía genere cada vez más empleos y mejor remunerados. Por esa razón, el crecimiento económico constituye la base insustituible de cualquier política social.

Si el objetivo por todos perseguido es mejorar el estándar de vida, especialmente el de los sectores de más bajos ingresos, existen dos grandes caminos: El primero consiste en procurar que el mayor número de chilenos se integre a los beneficios del desarrollo. Esto significa aumentar el número de empleos y mejorar los sueldos del mundo mediante el crecimiento y fortalecimiento de la empresa privada. Ese es el camino y la dirección de la política económica seguida en estos años. Los resultados están a la vista: 10 por ciento de crecimiento en 1989 y una tasa de desempleo de sólo el 5 por ciento.

El segundo camino se aplicó muchos veces en Chile en décadas pasadas. Consiste en condenar a los más pobres a vivir de los subsidios del Estado, pero a costa de "expropiarles" la posibilidad de ingresar e integrarse al desarrollo económico, y en la engañosa ilusión de efectuar transitorias mejorías parciales; pero que, al repercutir en menor actividad y en menor empleo, terminan por perjudicar justamente a quienes se intenta favorecer.

La realidad de este camino equivocado lleva, generalmente, establecer nuevos impuestos, al comprobar que no se logran los objetivos, dando, así, paso al círculo perverso y vicioso del subdesarrollo: más impuestos, menos crecimiento, menos empleo, más pobreza, círculo que conocimos tantas veces en el pasado y del que Chile estuvo y aún está a punto de salir definitivamente.

Si el objetivo es aumentar el gasto social, la mejor manera, la más permanente, de obtener recursos para el Fisco, es a través del crecimiento económico.

La tendencia mundial es hacia la baja de los impuestos.

Aquí se ha dicho que Chile es un país de tributos bajos. Es importante considerar que Chile todavía es un país pobre, y para generar riqueza es necesario tener impuestos bajos.

La comparación con otras Naciones de mucho mayor riqueza que la nuestra esconde una falacia, ya que aquéllas, que hoy tienen altas tasas de crecimiento se desarrollaron con impuestos bajos. En todo caso, la carga tributaria que soportan los chilenos, de más del 20 por ciento del producto geográfico bruto, sigue siendo alta.

Asimismo, la participación del Estado en el producto geográfico bruto, pese a que ha disminuido, bordea el 50 por ciento considerando el gasto corriente y la inversión del Gobierno central, las empresas públicas y las Municipalidades.

Para combatir la pobreza, Chile tiene que crecer, y para ello, debe ahorrar. Ese es el problema de fondo. La reforma tributaria, tal como está concebida, atenta fundamentalmente contra el ahorro. Economistas de las más diversas tendencias reconocen que el gran "cuello de botella" de nuestra economía es la capacidad de ahorro. Habría que haber perseverado en este camino lamentablemente, el proyecto enviado por el Ejecutivo modifica los incentivos justo en el sentido contrario.

Nos oponemos al aumento del 10 al15 por ciento del impuesto de primera categoría: pero, especialmente, al cambio de la base. Gravar las utilidades devengadas en lugar de las retiradas constituye un grave retroceso, ya que, prácticamente, toda la mayor recaudación que se obtenga provendrá de un menor ahorro del sector privado: Gravar únicamente los retiros incentivaba la reinversión y permitía fortalecer al sector privado. Si el sistema tributario castiga por igual tanto a los empresarios que reinvierten, corno a aquellos que retiran las utilidades, es evidente que los incentivos cambian. Si da lo mismo retirar que reinvertir, la reinversión disminuirá, lo que se traducirá en menor actividad y menor empleo.

Diversos estudios coinciden en que el cambio de base de retiros a utilidad devengada y el aumento de la tasa propuesto para el impuesto de primera categoría, restarían a la inversión privada alrededor de 350 millones de dólares anuales. Esta modificación constituye, entonces, un verdadero impuesto a la creación de empleo, una sanción a las empresas más pujantes, a las que más reinvierten.

Se habla mucho del "chorreo". La verdad es que éste es al revés. Lo primero que hace una empresa que invierte es contratar personas; lo primero que hace al dejar de invertir es dejar de contratarlas. Esa es la realidad. El cambio en el impuesto de primera categoría significa, en la práctica, que en el período de cuatro años del Presidente Aylwin se dejarán de abrir 1.400 nuevas empresas, con un promedio de un millón de dólares de inversión cada una.

El cambio en este impuesto significa cesantía. La modificación constituye, también, un golpe al flujo de caja de las empresas, originando para éstas un mayor endeudamiento.

Esto también es negativo en un país de bruscas fluctuaciones en los términos del intercambio, en el que los incentivos tributarios deberían tender al financiamiento de proyectos con capital propio, y no con deuda. Esto es más grave todavía en una coyuntura como la actual, de altas tasas de interés, problema al que me referiré más adelante.

Nos oponemos al alza del impuesto al valor agregado, porque es el tributo que, en mayor medida, golpea a los más pobres. Resulta, entonces, un absoluto contrasentido pretender mejorar la situación de los sectores de más bajos ingresos, si, al mismo tiempo, se les castiga por la vía de mayores precios; se pretende darles por un bolsillo, lo que se les va a quitar por el otro. Como señaló alguien: ¿de qué programa social estamos hablando, si se pretende que lo financien los mismo sectores a los que se quiere ayudar?

El alza del IVA del 16 al 18 por ciento se traducirá en un aumento de los precios del orden del 2 por ciento. El argumento de que son las personas de mayores ingresos quienes más consumen y que, por lo tanto, el IVA las afecte más a ellas que a los pobres, es una falacia. Todos los que analicen con objetividad el problema, saben muy bien que son los pobres los más perjudicados, ya que ellos gastan todo su ingreso en productos afectos al IVA. Por lo tanto, el impuesto incide en el ciento por ciento de su gasto. Las personas de más altos ingresos, en cambio, destinan parte al ahorro, por lo que el IV A sólo las afecta en un porcentaje de sus entradas totales. Resulta absurdo hablar, entonces, de un "IVA compensado" o emplear otros eufemismos con que se pretende esconder a la opinión pública el impacto negativo del impuesto en los sectores más pobres. La realidad es muy clara: subir el IV A equivale a bajar los sueldos.

¿Cuántos han silenciado su crítica a esta alza impositiva escudados en el engañoso argumento de un presunto IV A compensado? Reconocen que, de los 200 millones de dólares que se recaudarían, 50 millones serían aportados por el 60 por ciento de la gente más pobre, pero sostienen que el Fisco les reembolsará esos mismos 50 millones por la vía del subsidio. ¡Cuán equivocados están! La burocracia fiscal nunca devuelve todo lo que recibe. La verdad es que el dinero del IV A de los más pobres, de igual forma que el que proviene de los sectores de más altos ingresos, irá a un fondo común que terminará financiando, entre otras cosas, puertos, caminos, embajadas, aumentos de plantas y otros gastos diferentes del social. En términos económicos, se dice que el dinero es fungible.

Argumentar, por otra parte, que el alza del IV A es justa, porque el 75 por ciento de su recaudación proviene del 40 por ciento de las personas de mayores ingresos, no es consistente, ya que esta línea de razonamiento llevaría a considerar justas, permanentes y continuas alzas de este impuesto.

Es un hecho también que el alza del IV A repercutirá en la unidad de fomento, perjudicando a las miles de personas endeudadas en esta medida de pago. Perjudicará, especialmente, a la clase media endeudada, la que no recibirá ningún subsidio en este paquete de medidas.

La inflación de marzo fue de un 2,4 por ciento. En abril se espera una variación del índice de precios al consumidor del orden de un 1,7 por ciento. Si a esto le agregamos el impacto adicional del 2 por ciento en los precios que acarreará el alza del IV A, tendremos que la UF. subirá cerca del 6 por ciento .en menos de 60 días.

Este hecho debe llevar a la meditación a las autoridades económicas, las que durante la campaña electoral prometieron reiteradamente aliviar el problema del endeudamiento en UF. La realidad es que, en lugar de aliviarlo, lo están agravando.

Durante la larga discusión de este proyecto, muchas voces se han sumado a la nuestra para rechazar este aumento impositivo, provenientes, entre otros sectores, de dirigentes sindicales, de jubilados, incluso de políticos afines a la Concertación. En la discusión de la Comisión de Hacienda, la propia Concertación propuso que el alza del IV A sea transitoria. Tenemos la razón. Nuestra postura es la correcta.

Hemos analizado hasta ahora el alza del IV A Y el cambio en el impuesto de la primera categoría. Es evidente que la opinión pública percibe con mayor claridad que el aumento del IV A perjudica a los más pobres. Esto se debe exclusivamente a que el alza tiene efectos inmediatos sobre los precios, constatándose instantáneamente su regresividad y perjuicio en los hogares de menores recursos.

En el caso del cambio en el impuesto de primera categoría, la opinión pública percibe sus efectos negativos con menor claridad. Pero nosotros sabernos muy bien que, en el mediano y largo plazo, su impacto sobre los más pobres es aún peor, ya que los priva de su única fuente de sustento: el empleo y los salarios. La UDI rechaza también el aumento del impuesto global complementario. Se ha tratado de justificarlo puntualizando que se gravará sólo a los sueldos altos.

Rechazarnos dicha alza, porque castigará especialmente a los profesionales jóvenes y a la clase media emergente; es decir, afectará principalmente a quienes están surgiendo, a los que, gracias a su esfuerzo, han conseguido el acceso a mejores niveles de vida. Es de lamentar que el alza del global complementario golpee más fuertemente a los sectores más dinámicos de la sociedad, a los más creativos, a los que tienen la mayor capacidad de emprender. De paso, se trata de un nuevo desincentivo al ahorro. El camino equivocado del alza de los impuestos de primera categoría, del IVA Y del global complementario, termina así por castigar, de una o de otra forma, a toda la gama social.

El alza del impuesto de primera categoría afecta las empresas, y, por lo tanto, a la creación de empleos y a los trabajadores. El alza del global complementario repito perjudica a la clase media que surge y a los profesionales jóvenes, y el aumento del IVA recae de lleno en los más pobres. ¡Lamentable medida, que golpea a toda la escala social, justamente en momento en que los chilenos comenzábamos a recoger los frutos de muchos años de esfuerzo, y en momento en que todos los países, incluso los socialistas, bajan los impuestos, reconociendo, implícitamente, el fracaso de esa receta en el combate de la pobreza!

El proyecto de alza de impuestos es inconveniente, también, por dos razones adicionales.

La primera razón es muy clara: Si el Gobierno requiere fondos para efectuar mejorías sociales, no tiene necesariamente que recurrir a los impuestos para obtenerlos. No nos oponemos a las mejorías sociales; por el contrario, las apoyarnos. Exigirnos también que el Gobierno mantenga los equilibrios macroeconómicos. Pero existen hoy en día alternativas para obtener recursos. No es efectivo lo afirmado por el señor Ministro de Hacienda respecto de que el presupuesto de este año esta desfinanciado. El ex Director de Presupuestos ha replicado que, por el contrario, hay una disponibilidad en caja superior a 300 millones de dólares. Esperarnos que el Gobierno dé la oportunidad a quien tenía el cargo de Ministro de Hacienda hasta el 11 de marzo de este año, de aclarar ante la opinión pública, por una cadena nacional y voluntaria de radio y televisión, las expresiones del Ministro Foxley.

Hay vías alternativas para obtener recursos. El crecimiento económico le significará al Fisco mayores ingresos tributarios por 150 millones de dólares. Puede utilizarse parte de la caja del Fisco; pueden disminuirse los pagos anticipados y voluntarios del Fisco al Banco Central, que contempla la actual Ley de Presupuestos, que ascienden a más de 400 millones de dólares. Hoy el Fisco dispone de 7 centavos más por cada libra de cobre que exporta, de acuerdo con los precios del mercado internacional.

Asimismo, el ideologismo pasado de moda de algunos sectores de la Concertación está privando al Fisco de obtener otros fondos que podrían destinarse a lo social. Lo dijo en su visita a Chile el Presidente de México. Señaló que, en su país, se privatizaron empresas y que lo recibido se destinó al gasto social. ¿Por qué eso no se puede hacer en Chile, en circunstancias de que todos los países del mundo, de las más diversas ideologías, hoy en día están privatizando empresas? Sólo el dogmatismo de sectores que han quedado abajo del tren de la historia puede explicar esta absurda situación. ,

Numerosas empresas podrían privatizarse, total o parcialmente. Es el caso, por ejemplo, de COLBUN, de EMOS, de ESVAL, de Ferrocarriles del Estado, de EMPREMAR, de EMPORCHI y de otras...

Un señor Diputado. ¡Y del Congreso!
El señor LONGUEIRA. El argumento de que no deben privatizarse empresas para financiar el gasto social, porque constituyen ingresos por una sola vez, para financiar gastos permanentes, es nuevamente equivocado. Y lo es, porque la venta de activos fiscales permitiría financiar el programa social en sus primeros años, dando así tiempo para que el mayor crecimiento económico provea los recursos tributarios para continuar financiando las mejorías sociales en forma sostenida.

¡Qué absurdo, por ejemplo, que, por una parte; se diga que un porcentaje de la mayor recaudación tributaria proveniente de esta reforma, se destinará a construir puertos reconociéndose así, de paso, que no todo se destinará a lo social, en circunstancias de que si la Empresa Portuaria de Chile se privatizara y habría muchos inversionistas privados dispuestos a financiar con sus propios dineros las mejorías portuarias que el país requiera.

Está claro que no todos los fondos que el Gobierno recaude del alza de impuestos se destinarán a lo social. Parte de ellos aumentará la burocracia. En menos de dos meses de Gobierno se han presentado 8 proyectos para aumentar la planta de diferentes servicios públicos, creando cerca de mil nuevos cargos. Asimismo, constituye un despilfarre el destinar fondos públicos a inversión en infraestructura que podría realizar el sector privado.

El país debe tener bien claras las posiciones. Existe la posibilidad de obtener recursos mediante la privatización de empresas. Eso es lo que están haciendo todos los países del mundo. Eso va en el sentido de hacer crecer al sector privado, verdadero motor del desarrollo. La Concertación, en cambio, ha preferido obtener los recursos por la vía de subir los impuestos, castigando al sector privado y haciendo crecer al Estado.

Es esa diferencia profunda en la concepción de lo que debe ser nuestro sistema económico, lo que separa a la UDI de la Concertación; y es ella la que nos lleva a rechazar el aumento de los impuestos.

El proyecto en debate tiene también una connotación especialmente negativa, dada la actual coyuntura económica. Mientras el Banco Central está empeñado en una política de ajuste que ha elevado considerablemente las tasas de interés, pretendiendo controlar así la expansión del gasto total de la economía, el aumento del gasto público que se plantea, a cuenta de la reforma tributaria, contribuirá. a desajustar más la economía, obligando al sector privado, por la vía de altas tasas de interés, a contribuir al ajuste en una medida superior a la que habría correspondido.