Stanford University

Respecto de la relación entre pobreza y educación la misma fuente observa: “Desde mediados de los ochenta, hubo una evolución favorable de las cifras de indigencia y pobreza, al tiempo que la distribución del ingreso, que es altamente concentrada, se mantuvo inalterada. Estos resultados han llevado a expresar dudas sobre las implicancias distributivas de las políticas económicas y sociales en aplicación, más cuando estudios de opinión pública y sobre las percepciones/valoraciones que expresa la población en torno a la relación entre el quehacer estatal y su situación personal muestran la presencia de un sentimiento de “malestar” (disconformidad, desamparo, desprotección, inseguridad). La población no se sentiría incorporada ni protegida por el Estado y sus políticas y programas”.

“Resulta fundamental hacer un análisis acerca del modelo de sociedad que se está construyendo en Chile. ¿Se está construyendo efectivamente un modelo de bienestar social que apunta a la equidad e integración social? o más bien el predominio de reglas del mercado anula los efectos de la política social y/o la transforma en apéndice de la operatoria del mercado?”.

“En esta perspectiva, cabe también la pregunta si la apuesta del país sobre la educación como factor determinante de la equidad es correcta. Más concretamente, ¿bajo qué condiciones, en qué circunstancias, en qué plazo esta apuesta puede lograr los resultados esperados? ¿Cuáles son sus cuellos de botella? ¿Cómo podrían aminorarse?” ³⁶.
Estas dudas que se plantean en el ámbito de la legislación y de las políticas sociolaborales invitan a un análisis más amplio del sistema socioeconómico chileno, que incluya una visión más propia de la economía política.
En un modelo económico muy abierto, bastante desregulado y fuertemente privatizado como el actual, los objetivos estratégicos de las cámaras empresariales, defensoras de los intereses del sector privado, son dos: en sus negociaciones ante el Estado, promover políticas económicas que aseguren la máxima competitividad internacional de los productos chilenos. En sus negociaciones ante los trabajadores, mantener el decisivo poder de contratación heredado del período militar. En ambos casos el argumento empresarial típico es el siguiente. Chile es una economía particularmente abierta al mercado mundial, por lo tanto su exigencia de competitividad internacional es muy alta, esto induce y legitima un permanente esfuerzo de reducción de costos, entre otros, los de naturaleza fiscal y los de naturaleza laboral. El párrafo anterior una línea argumental típica del discurso empresarial chileno.
Frente a los costos de naturaleza fiscal, hay componentes originados en las aportaciones vinculadas a las leyes laborales y de seguridad social. Este es un costo sociolaboral compuesto tanto las contribuciones de los empleadores, que son un costo equiparable al de un impuesto, como por las aportaciones del Estado, que pueden ser vistos como un costo empresarial indirecto si es que se financia con impuestos que graven el ingreso de las empresas.
Para lograr estos objetivos (reducción de costos para aumentar competitividad), los grupos empresariales (nacionales y transnacionales) mayores se apoyan en el poder político de los partidos de derecha en las cámaras legislativas (abultado por el sistema de senadores designados), y el poder económico propio de los grandes empresarios expresado en el control mayoritario del capital productivo. Este último poder, de naturaleza económica, se expresa, muy sencillamente, en la opción de invertir, o no hacerlo, en actividades productivas internas.
En particular, el actual gobierno socialdemócrata de Lagos, respecto de la inversión privada transnacional, presenta una mayor probabilidad que la Democracia Cristiana de generar una imagen internacional riesgosa(riesgo país) que desaliente el ingreso de capitales. La creciente interdependencia de los grupos económicos nacionales e internacionales, hace de los empresarios nacionales los principales “vigilantes” de los intereses empresariales globales.
Bajo las condiciones institucionales actuales, el trato gubernamental a los intereses empresariales, bajo el actual modelo económico, debe ser muy cuidadoso. A medida que la inversión pública ha decrecido, la gran masa de la inversión productiva nacional y, por lo tanto, de la creación de empleos “buenos” depende de las grandes empresas.
Bajo las condiciones descritas en el párrafo anterior, la estrategia empresarial es de un “desarrollismo sui generis", según la cual, si el Estado no genera políticas macroeconómicas que sean consideradas “correctas” por las cámaras empresariales , (baja presión tributaria directa, baja presión contributiva a la seguridad social, presupuesto equilibrado sobre la base de un estricto control del gasto público social, etc.) la inversión, controlada por estos jugadores empresariales se retacea y reduce. Entonces, obviamente, el país no crece y el desempleo aumenta, con lo que el gobierno aparece como el culpable de esa situación. Si el gobierno busca paliativos de empleo mínimo temporal para reducir el desempleo, entonces los grandes empresarios nacionales y transnacionales, acusan al gobierno de aumentar su gasto social, de una manera cortoplacista y dudosamente productiva, generando presiones inflacionarias y demostrando poca continencia fiscal.
Ahora bien, queda perfectamente claro que el poder de invertir o no invertir productivamente radica en la clase empresarial, y ese poder no está regulado por ningún tipo de mecanismo. Las empresas nacionales y transnacionales se reservan el derecho de invertir o no hacerlo, de invertir en un país o en otro, de invertir en actividades financieras de corto plazo y naturaleza especulativa, de acrecentar los ingresos de sus ejecutivos, etc.
Hasta aquí hemos hablado de las responsabilidades de inversión de las grandes empresas, cuya productividad laboral y escala operativa son, generalmente, lo suficientemente altas como para permitirse la generación de empleos formales de buena calidad. Pero, cabe hacer ahora una reflexión a las empresas medianas, pequeñas, y micro. Las dos primeras categorías (pymes) presentan una productividad más baja, que limita objetivamente sus posibilidades de ofrecer buenos empleos y requieren de asistencia técnica y crediticia para sobrevivir, y/o expandir sus operaciones. La banca internacional y local privadas, cada vez más integradas recíprocamente, racionan sus créditos a las empresas medianas, pequeñas y micro, porque sus costos de transacción crecen cuando se atiende a los jugadores más pequeños que son muchos y mueven poco dinero. Si se suma esta restricción crediticia del sistema bancario a la total ausencia de todo apoyo para las microempresas, no es de extrañar que la “herramienta del desempleo” esté totalmente controlada por las grandes empresas (incluyendo desde luego a los grupos económicos) en Chile.
Debe reconocerse que bajo las condiciones institucionales del presente modelo de desarrollo, la gran empresa, ni en Chile ni en ningún otro país de América Latina, tiene responsabilidad legal exigible en materia de creación de empleos. No requiere rendir cuentas (ni siquiera a guisa informativa) sobre la elasticidad empleo de sus inversiones, y tampoco parece experimentar una mayor sensibilidad moral frente a sus responsabilidades en esta materia. Además lo que prima en materia de inversiones son las ventajas competitivas globales que, en el caso de las grandes empresas transnacionales que operan en escala mundial, pueden aconsejar utilizar las ganancias de un determinado país para efectuar inversiones en otro país. En resumen estamos en presencia de una globalización del excedente invertible que se torna crecientemente incompatible con una expansión de los empleos productivos capaz de combatir el desempleo.
He aquí, entonces el nexo entre los procesos mundiales de globalización económica, y sus repercusiones económicas y sociales, sobre las perspectivas de desarrollo, no sólo de Chile sino de toda América Latina en el siglo que recién se inicia.

1 Douglass North, Instituciones Cambio Institucional y desempeño económico, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, página 13.

2 En la América Española la expresión cabildo expresaba, durante la fase colonial, la institución del gobierno local, y también designaba la sede concreta y la forma de organización específica de esa institución. De allí proviene la expresión “cabildeo” que equivale contemporáneamente a la expresión lobby.

3 Véase por ejemplo, Paul Krugman y Maurice Obstfeld, Economía Internacional, Mc. Graw Hill, 1994, capítulo 6.

4 Así los rendimientos crecientes son un fenómeno económico (expresable a través del sistema de precios) y no sólo técnico. Por eso es que North a veces parece hablar, indistintamente de rendimientos, resultados, utilidades, ganancias, etc. Todas estas expresiones tienen en común, por el lado de la oferta, la existencia de costos unitarios medios decrecientes, y no pueden ser captadas a través de un razonamiento basado estrictamente en un modelo neoclásico de competencia perfecta donde existen rendimientos constantes a escala y no se toman en cuenta los efectos de coordinación de aprendizaje o de adaptividad. Tampoco el concepto de costos de transacción (o costos de negociación) es compatible con el modelo neoclásico de competencia perfecta.

5 Sergio Villalobos, Chile y su historia, Editorial Universitaria, Colección Imagen de Chile, Santiago 1992, páginas 81-82.

6 Relación de lo que el Licenciado Fernando de Santillán, oidor de la Audiencia de Lima proveyó para el buen gobierno, pacificación y defensa de Chile. 4 de junio de 1559. Documento incluido en Alvaro Jara, Trabajo y Salario Indígena, Siglo XVI, Editorial Universitaria, Colección Imagen de Chile, Santiago 1987, páginas 191 y siguientes.

7 Villalobos R, Silva G, Silva V, y Estellé M, Historia de Chile, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, febrero de 2000.

8 Eduardo Cavieres, Comercio Chileno y Comerciantes Ingleses, 1820-1880, Editorial Universitaria, colección imagen de Chile, Santiago de Chile 1999. Página 29.

9 Collier y Sater, Historia de Chile (1808-1994), Cambridge University Press, Madrid 1999, páginas 24-25.

10 Sergio Villalobos, Breve Historia de Chile, Editorial Universitaria, Colección Imagen de Chile, Santiago 1998, páginas 147-149.

11 (Anibal Pinto, Tres Ensayos sobre Chile y la América Latina, Ediciones Solar, Buenos Aires, 1971, página 74).

12 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en chile en los siglos xix y xx, Editorial Universitaria, Santiago de Chile 1986.

13 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en chile en los siglos xix y xx, Editorial Universitaria, Santiago de Chile 1986, páginas 75-80

14 Sergio Villalobos, Breve historia de Chile, Editorial Universitaria, Colección Imagen de Chile, Santiago 1998, páginas 118-121.

15 Villalobos, Breve historia de Chile, Ob. Cit. Páginas 145-146

16 Villalobos R, Silva G., Silva V., y Estellé M, Historia de Chile, Editorial Universitaria, Colección Imagen de Chile, Santiago 2000 páginas 681-682.

17 Aquí los autores citados se refieren a la Alianza Liberal. En párrafos anteriores habían dicho: “Ningún sector recogió mejor que el liberal la idea del progreso como inspiradora de sus postulados. No es un simple capricho lingüístico el que se hable de partidos progresistas para referirse a los que formaban la Alianza Liberal. La mentalidad ilustrada que empalma con la de los políticos y gobernantes de los decenios, y deriva de la tardía recepción en Chile de preocupaciones características del siglo XVIII europeo, se percibe vigorosa en personalidades públicas, en profesionales y en empresarios de la segunda mitad del siglo XIX”. (página 698)

18 Villalobos y otros, páginas 712-717.

19 Villalobos y otros, páginas 718-720.

20 Villalobos y otros, Ob. Cit. Página 692

21 Villalobos y otros. Ob. Cit. Páginas 693-696.

22 Villalobos y otros. Ob. Cit. Página 696.

23 Sergio Villalobos, Breve historia de Chiel. Ob. Cit, páginas 172-175.

24 Mizala y Romaguera, La legislación laboral y el mercado de trabajo: 1975-2000, incluido en la compilación Reformas, Crecimiento y Políticas Sociales en Chile desde 1973, editado por Lom/CEPAL, Santiago 2001, página 204 y siguiente.

25 Luis Arturo Fuentes E. Grandes Grupos Económicos en Chile. Ediciones Dolmen, Santiago, 1997, página 31 y siguientes.

26 Luis Arturo Fuentes, Obra citada, página 37 y siguiente.

27 Mizala y Romaguera, Obra citada, páginas 205 y siguientes.

28 Mizala y Romaguera, Obra citada, página 211.

29 Andras Uthoff, La reforma del sistema de pensiones y su impacto en el mercado de capitales, incluido, incluido en la compilación de Ffrench Davis y Stallings, Reformas, Crecimiento y Políticas sociales en Chile desde 1973, diferentes páginas.

30 Daniel Titelman, Las Reformas al Sistema de Salud: Desafíos pendientes, incluido en Ffrench Davis y Stallings, obra citada, página 263 y siguientes.

31 Drake y Jaksic (compiladores), El Modelo Chileno, Democracia y Desarrollo en los Noventa, introducción que posee el mismo título del libro, redactada por sus compiladores, ediciones LOM, Santiago, octubre de 2000, página 16 y siguientes.

32 Drake y Jaksic, Obra citada, páginas 21 y 22.

33 Riquelme Helia, Las Relaciones Laborales en Chile: ¿Un sistema colectivo o un amplio espacio para la dispersión?, incluido en Drake y Jaksic (compiladores): El Modelo Chileno. Democracia y Desarrollo en los Noventa, Lom Ediciones, Colección Sin Norte, Santiago, 1999 Obra citada, páginas 96 y 97.

34 Stein Kuhnle, La Reconstrucción Política de los Estados del Bienestar Europeos, incluido en Luis Moreno (compilador), Unión Europea y Estado de Bienestar, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Estudios Sociales Avanzados, Madrid, 1997, páginas 35 y 36.

35 Dagmar Raczynski, Políticas Sociales en los años noventa en Chile. Balance y Desafíos, en El Modelo Chileno, Democracia y Desarrollo en los noventa. Páginas 127/128.

36 Dagmar Raczynski, Obra citada, página 145.