Comisión constitucional

Y acabo comentando una última cuestión en relación con las competencias. Tanto en la Ley del régimen local como en el informe que usted nos ha presentado, se hace hincapié −para justificar las medidas que se toman− en la idea de: a una competencia, una administración. Le voy a leer –y después diré mi opinión- lo que dice Joan Subirats, que es catedrático en Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Dice lo siguiente: “¿A quién se le puede ocurrir, en plena lógica de Gobierno multinivel, con competencias cruzadas de un sinfín de administraciones en cada espacio territorial, postular esa simplista idea de “una competencia, una administración”? Es evidente que la frase vende. Y conecta bien con ese imaginario que gusta racionalizar simplificando y delimitando. Pero cualquiera que conozca un poco el funcionamiento real de las políticas públicas hoy, sabe que eso es pura demagogia, apta solo para ciudadanos cándidos, y de esos cada vez quedan menos.” Es decir, en estos momentos la competencia medioambiental es de Europa, de España, de Cataluña y de Barcelona o de Manresa o de Viladecans. Intentar decir “una competencia, una administración” pertenece al pasado. Esto solo sirve para una cosa: para que ustedes se queden con la competencia, para que recentralicen la competencia. Lo que le estoy pidiendo es que volvamos otra vez a lo que ya plantea la Constitución: competencias compartidas. En el tema de la educación, la Constitución y el Estatuto plantean competencias compartidas y la propuesta del señor Wert consiste en que la competencia compartida pase a ser competencia del Estado. Por lo tanto, les pido que abandonen esa idea antigua de que a una competencia, una administración, porque hoy −yo diría, por suerte− la mayoría de competencias afectan al conjunto de las administraciones, y de lo que se trata, en definitiva, es de trabajar coordinadamente. Sé que desde ese punto de vista se celebró la Conferencia de Presidentes, pero ya llevamos más de 30 años de Estado de las Autonomías, que ha sido positivo, muy positivo, aunque le falta una cosa, que funciona en todos los países complejos: la coordinación horizontal. Eso no existe, y usted el 28 de febrero de 2012 dijo que era uno de los temas a impulsar. El Senado es un magnífico espacio de coordinación y de colaboración de las diversas comunidades a nivel horizontal. Esta es mi impresión.

A pesar de que tengo poco tiempo, quería resaltar que, a mi entender, su exposición ha sido excesivamente técnica, falta de fundamentos políticos. Y cuando no se define el modelo de Estado, los objetivos de la reforma administrativa pueden ser unos u otros.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, la senadora Rieradevall, a quien aprovechamos para darle la bienvenida como miembro de esta comisión desde hace unos días.

Tiene la palabra su señoría.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señora vicepresidenta.

Suscribo lo manifestado por los portavoces que me han precedido, celebrando su presencia hoy en esta comisión, aunque esperamos que sea posible también su presencia en el Pleno del Senado en las próximas sesiones de control al Gobierno.

Nos encontramos aquí para valorar el informe sobre la reforma de las administraciones públicas, presentado en la reunión del Consejo de Ministros del 21 de junio de 2013. Nuestro grupo valora muchas de las medidas de carácter general, como el anteproyecto, hoy ya Proyecto de Ley, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable, que fue votado favorablemente por mi grupo en el Congreso. Dicho proyecto de ley implica una reforma estructural a los efectos de erradicar la morosidad de las administraciones públicas mediante el establecimiento de un sistema único de facturación electrónico estandarizado y diversos registros de entrada. Por una parte, entendemos que favorecerá y agilizará los pagos a los proveedores y, a su vez, se erigirá como un buen indicador de la morosidad de las mismas y de la deuda comercial existente. Entendemos que la implantación de este sistema en todo el Estado es la mejor forma de controlar el gasto público y el déficit y supone a su vez −precisamente ahora que estamos en plena tramitación de la ley de transparencia− acceso a la información pública y buen gobierno de una medida de transparencia que redundará en una mayor confianza en los datos que constituyen las cuentas públicas. También valoramos medidas como la simplificación normativa, la reforma de la ley de subvenciones y otras.

Ciertamente, del estudio del informe se desprende que se van dando avances respecto a la consecución de sus objetivos −una mayor celeridad, mayor transparencia, más accesibilidad−, pero no estamos de acuerdo en cómo posteriormente se formulan y materializan las reformas legislativas del informe, dado que casi todas se enmarcan en un profundo proceso recentralizador y de expoliación de competencias de las administraciones descentralizadas. Las mismas implican más centralismo, más invasiones competenciales de las administraciones, de las comunidades autónomas y de los entes locales. Y todo esto nos preocupa sumamente. Por ejemplo, asistimos a una nueva invasión de competencias y, por consiguiente, a un nuevo ataque al autogobierno de Cataluña mediante el Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, presentado por el Estado. Con fecha de 26 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el ya anunciado proyecto de ley, un proyecto claramente recentralizador, que, en caso de aplicarse en Cataluña, supondría una clara invasión de competencias. De acuerdo con los artículos 151 y 160 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, corresponden a la Generalitat las competencias exclusivas en la organización territorial y en el régimen local. Teniendo en cuenta que el Estatuto tiene un rango legal superior al proyecto de ley aprobado por el Gobierno español, este debería prevalecer por encima del texto estatal y no debería ser de aplicación en Cataluña.

Este grupo parlamentario muestra su rechazo al proyecto de ley presentado porque no confía en las palabras del Ejecutivo sobre que no será de aplicación en Cataluña.

Según el Consellell Assessor de Polìtiques Socials i Familiars del Govern de Catalunya, el proyecto no respeta tampoco las competencias exclusivas de la Generalitat en materia de régimen local y de servicios sociales y propone un modelo anacrónico, centralista y uniformador que rompe el modelo catalán −descentralizado, asimétrico y de proximidad− desarrollado en la etapa democrática.

Es necesario tener claro que si el objetivo que perseguimos es eficiencia, la clave no es cuántos municipios hay, ni centralizar las competencias a entes supramunicipales alejados del territorio, sino la optimización de los servicios que ofrece cada uno de ellos, y en este sentido, Cataluña, por ejemplo, es ejemplar en la mancomunización y la consecución de economías de escala a través de un modelo territorial singularizado por los consells comarcals desde hace treinta años.

Según el Consell Assessor de Polìtiques Socials i Familiars del Govern catalá, el proyecto de ley pretende atribuir al mundo local dinámicas de derroche, mala organización y duplicidades, cuando la Administración Local tiene el porcentaje de deudas sobre el PIB más bajo, especialmente en relación con la Administración central.

La distribución de la deuda de diferentes administraciones es desigual, correspondiendo al Estado español el 53% −más de la mitad del total−, a las comunidades autónomas el 33% y a las administraciones locales el 14%, teniendo en cuenta que la deuda del Ayuntamiento de Madrid es un 25% superior a la suma de los 947 municipios de Cataluña. Se tiene que tener en cuenta que los municipios son clave en la reducción de desigualdades y en la mejora de la cohesión social.

El consell assessor en su informe afirma que, a pesar de haber mostrado una gran eficiencia en la reducción de las desigualdades y en la mejora de la cohesión social, el proyecto de ley estatal quiere reducir las competencias propias de los municipios a la mínima expresión, y en determinados casos se prevé una centralización en administraciones más lejanas como las diputaciones, que no son directamente escogidas por los ciudadanos. Se trata de una reestructuración que, bajo la excusa de racionalizar el Estatuto Jurídico de la Administración Local y garantizar la sostenibilidad del mismo, en la práctica dejará sin competencias clave a los consistorios y cargará a las comunidades autónomas y diputaciones con un volumen de trabajo insostenible. Este modelo pondría en peligro el sistema de servicios sociales de proximidad, conllevando una burocratización ineficaz y pesada de los procesos de atención a la ciudadanía, poniendo en peligro un modelo exitoso de convivencia, de bienestar, de cohesión social, participación democrática y calidad de vida.

Tanto el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en el Senado como el Govern estamos muy preocupados por el contenido de este proyecto de ley, debiendo advertir de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de pretender el Gobierno del Estado aplicar la misma en Cataluña. El Govern ha presentado una ley propia de gobiernos locales, concretamente aprobó en el Consell Executiu de fecha de 30 de julio el Proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Catalunya. La reforma del régimen local en Cataluña era una cuestión pendiente que ha acabado siendo absolutamente necesaria después de la aprobación del Estatut y la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de régimen local, para evitar la imposición de cualquier modelo no propio.

Por lo que a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas se refiere −CORA−, se echa en falta una colaboración e implicación más directa de las comunidades autónomas en la misma. Si bien la última Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas acordó la creación de un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, que elaborará un programa de racionalización administrativa a fin de eliminar trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades, si bien en el Programa para la aplicación del Fondo de Liquidez para las Comunidades Autónomas se ha previsto la creación en el seno del Consejo Política Fiscal y Financiera de un grupo de trabajo para acordar un código de buenas prácticas, para racionalizar el gasto e incrementar el ahorro, consideramos que la composición de la comisión no refleja la realidad de la afectación y la implicación ni de las comunidades autónomas ni de los entes locales.

Esta falta de participación de las comunidades autónomas y de los entes locales, este no tener en cuenta ni a unos ni a otros, se refleja también en la composición de subcomisiones como la de Duplicidades Administrativas, la de Simplificación Administrativa o la Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes y de Administración Institucional. Y es que el informe de la Comisión para la Reforma de las Administración Públicas plantea un total de 217 propuestas de medidas, de las que 139 afectan al Estado y a las comunidades autónomas y 78 exclusivamente a la Administración General del Estado. De estas 217 medidas, 11 tienen carácter general y horizontal para todos los ámbitos de la Administración Pública, 118 tienden a eliminar duplicidades con las comunidades autónomas y dentro del Estado; 43 eliminan trabas, simplifican los procedimientos y facilitan el acceso de los ciudadanos a la Administración; 38 mejoran la gestión de servicios y medios comunes, y 8 racionalizan la Administración institucional, tanto en el plano normativo como mediante la supresión e integración de 57 entidades estatales.

Teniendo en cuenta, pues, el impacto que sobre las comunidades autónomas va a tener esta reforma, es sorprendente que se haya contado tan poco con las mismas, y, por consiguiente, es lógico un cierto temor ante el peligro de una inminente invasión competencial. No deja de sorprender, por ejemplo, cómo en el apartado de racionalización del sector público, supresión de órganos y entidades duplicadas e ineficientes o no sostenibles, se opta por la eliminación del órgano y entidad de la comunidad autónoma y no del Estado, aunque esto suponga una vulneración competencial e implique que la Administración central no haga sus deberes. Para muestra un botón: la reducción de empleados públicos o la supresión de entidades u organismos, y, sin ir más lejos, el paradigma de la diferente vara de medir para exigir a las administraciones territoriales respecto con lo que se autoexige a la Administración central: el reparto del déficit. El Estado se auto otorga un déficit, que es el triple del que exige a las comunidades autónomas, dando muestras bien de una gran deslealtad institucional, bien de una intención de acabar con la autonomía de las comunidades autónomas, bien de ambas cosas, lo cual es aún peor si cabe.

Y es que aunque estemos de acuerdo en que las medidas propuestas parten de una premisa correcta −como es poder seguir prestando el mismo servicio con igual o mejor calidad a menor coste−, de esto no se deduce que sea correcto ni ajustado a derecho que la invasión competencial sea un medio en sí mismo para justificar el fin. Convergència i Unió apuesta por un modelo de austeridad, adelgazamiento, agilidad y evaluación basado en la transparencia y proximidad, por la simplificación de los trámites administrativos y por un modelo de colaboración entre administraciones para reducir gastos y aprovechar las inversiones realizadas.

Reclamamos la transferencia de la titularidad de equipamientos en los supuestos de competencias exclusivas de Cataluña, la eliminación de los entes periféricos del Estado en Cataluña que desarrollen competencias ejecutivas coincidentes con las que ostenta la Generalitat, la reducción de un 20% del personal eventual de la Administración General del Estado y una reducción de un 25% de los gastos de publicidad de la misma Administración.

Consideramos necesario racionalizar, flexibilizar y hacer menos costosa la planificación y gestión de recursos humanos de la Administración General del Estado y también consideramos necesario desarrollar el contenido de la Ley de Régimen Especial del Municipio de Barcelona para hacer efectivas todas sus previsiones y compromisos.

Para terminar, quiero hacer dos ruegos, señora vicepresidenta. Seguramente las administraciones públicas en España necesitan una reforma, pero, por favor, que esta sea respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y de los entes locales, y que, al racionalizar las administraciones públicas y al eliminar duplicidades, se tenga en cuenta que el Estado no solo debe mirar a las comunidades autónomas y los entes locales, sino que debería mirarse también a sí mismo.

Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

A continuación, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Antich Oliver.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer a la vicepresidenta que hoy haya comparecido aquí y toda la información que nos ha facilitado. Es una comparecencia que nos permite hacer unas valoraciones políticas del trabajo del Gobierno en aspectos muy relevantes, al ser este el ministerio político y horizontal que da dirección y el máximo responsable del impulso reformador del Ejecutivo, valedor de la Carta Magna y responsable de las relaciones con las Cortes.

La primera valoración que hacemos es que, a pesar de las reformas y los recortes, los datos macroeconómicos nos dicen que tenemos más déficit, más deuda y más paro. Son unas reformas que están afectando de forma muy seria a los dos grandes temas que garantiza la Constitución: el Estado social y de derecho y el Estado de las Autonomías, los dos muy debilitados. De ello dan muestra los recursos de inconstitucionalidad presentados por mi grupo y los distintos recursos presentados por algunas comunidades autónomas.

Por ser esta Cámara la Cámara de representación territorial intentaré ceñir mi intervención a algunos aspectos que, a nuestro entender, producen estas reformas con respecto al Estado de las Autonomías, sin entrar en contenidos más sectoriales que ya se debaten en las distintas comisiones, todo ello sin perjuicio de que valoremos −y lo hemos dicho en esta Cámara en distintas ocasiones− que las reformas significan un paso atrás muy relevante respecto de los derechos sociales y de los servicios básicos.

Desde el ámbito territorial, la valoración que hacemos es que, aprovechando la crisis, se está reduciendo drásticamente la capacidad política de las comunidades autónomas, se está produciendo una avalancha de normativas que chocan claramente con la distribución competencial vigente, afectando a los principios de autoorganización, de suficiencia y de capacidad financiera y a distintas competencias de las comunidades autónomas, un cambio en el sistema de distribución de competencias, en el tipo de autonomía de las comunidades autónomas o en los elementos estructurales del Estado de las Autonomías, una recentralización hecha por la puerta de atrás. Una gran parte de la marcha atrás se corresponde precisamente con la singular aplicación del principio de estabilidad presupuestaria, que, sin duda, está dejando en entredicho los principios de suficiencia y de capacidad financiera de las comunidades a través de mecanismos que las hacen absolutamente dependientes del Gobierno del Estado, como son el Fondo de Liquidez Autonómico o el Plan de Pago a Proveedores, en vez de buscar otros como, por ejemplo, los hispanobonos, que les permiten mayor independencia y capacidad. El Gobierno de España pide unas cosas en Europa y, después, las niega a las comunidades autónomas, medidas que están asfixiando a las comunidades como lo son que, de las posibilidades de déficit que da Europa, el Estado de forma desmesurada se queda con la mayor parte, dejando una ínfima participación a las comunidades, a pesar de que éstas gestionan materias tan relevantes como la educación, la sanidad o los servicios sociales, dando como resultado unos objetivos muy difíciles de cumplir por parte de éstas, obligándolas a recortes muy relevantes de los servicios básicos; asfixia que también se produce por la bajada, año tras año, de las transferencias de los presupuestos consolidados, por el no adelanto del Fondo de Competitividad, por los conflictos creados en cuanto a la capacidad impositiva de las comunidades, como ha acaecido con el impuesto sobre entidades financieras; asfixia también por el incumplimiento en materia de inversiones de los estatutos de autonomía de Andalucía, Cataluña, Baleares, Extremadura y Aragón, hecho este último que muestra un manifiesto desprecio por los estatutos de autonomía de los territorios aprobados en las Cámaras autonómicas y en las Cortes Generales y algunos de ellos incluso por referéndum, una falta de respeto que ha hecho que ni tan siquiera se diera la más mínima negociación sobre la posibilidad de prorrogar los plazos de inversiones que figuran en los estatutos ejecutándose una eliminación absolutamente unilateral y tratando a las comunidades como si fueran simples delegaciones del Gobierno central, olvidándose de que dichas inversiones eran para compensar deficiencias inversoras anteriores, reformas que olvidan que las situaciones de partida de financiación, etcétera, no son las mismas y que, por ello, no pueden hacerse valoraciones uniformadas de las situaciones de las distintas comunidades autónomas. En definitiva, una verdadera tutela financiera sobre las comunidades que hace que el Estado se reserve medidas preventivas, correctivas y coercitivas, entre otras, en cuanto a operaciones de endeudamiento, flexibilización del déficit, suscripción de convenios o subvenciones, planes económico−financieros, objetivos de estabilidad y de deuda y en la fijación de la prioridad absoluta en el pago de los intereses y el capital de la deuda pública. Todo ello unido a un mensaje de culpabilidad y de desprestigio de las comunidades que, bajo la idea de que la descentralización ha llegado demasiado lejos o de derroche, reduce la autonomía política a una autonomía tutelada de gestión o administrativa. Una valoración que, sin complejos, figura incluso en algunas normativas como el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud o en el Programa de Estabilidad del Reino de España 2012−2015, enviado a la Unión Europea, en el que se atribuye a las comunidades más de dos tercios de la desviación presupuestaria y falta de transparencia en sus cuentas. Situación que definió muy bien usted, señora vicepresidenta, en la rueda de prensa, después del Consejo de Ministros del día 26 de octubre de 2012, cuando afirmó: las autonomías ya están prácticamente intervenidas, sobre todo las que han recurrido al fondo de rescate. No es que vayamos a ir por las consejerías para saber qué tiene cada una, es que las consejerías ya están todos los días en el Ministerio de Hacienda evaluando sus planes de ajuste.

Una avalancha de normativas que, además, afectan a competencias propias de las comunidades autónomas en materia de salud, en educación, etcétera, como, por ejemplo, el proyecto de ley en materia educativa, la Lomce, que invade competencias en materia de currículo, de lengua, etcétera. Unas soluciones que, en vez de apostar por mayor capacidad y corresponsabilidad, dotando de medios a las autonomías, las limitan desde todos los ámbitos. Y hay que decir que lo mismo pasa, y por eso hemos estado totalmente en contra, con la reforma de la Administración local, que supone un vaciado de competencias y una eliminación de muchísimas políticas sociales. Pero la afectación en cuanto a lo territorial también se ve en la relación del Gobierno con las Cortes Generales. Su ministerio, señora vicepresidenta, es el encargado de la relación del Gobierno con las Cortes Generales y, por tal motivo, quiero hacerle patente nuestra preocupación sobre el abuso que está haciendo el Gobierno de los decretos leyes. En su programa electoral el Partido Popular se comprometía a revitalizar el Parlamento y a recuperar el sentido constitucional del decreto ley. Cuando ustedes decían eso es lógico pensar que ustedes creían que el Gobierno de turno, el anterior, se extralimitaba con los decretos leyes. Pues bien, lejos de recuperar el sentido constitucional vamos camino de desvirtuarlo de forma absoluta ya que ustedes han aumentado su uso de manera muy relevante: en lo que llevamos de legislatura, señora vicepresidenta, han utilizado esta figura en 42 ocasiones; de las 42 ocasiones, la última aún no ha sido tomada en consideración en el Congreso y, por lo tanto, quedan 41 decretos leyes convalidados; de estos 41 decretos leyes, 29 no se han tramitado como proyecto de ley y 12 sí, lo cual significa que el 70,73% de los decretos leyes no pasan por el Senado, con lo cual se está impidiendo que una gran parte de la legislación que impulsa este Gobierno ni siquiera pase por la Cámara territorial. De las normas con rango de ley, ya aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado a fecha de hoy, el 40% de ellas no han pasado por el Senado. Pero es que hay más, de estas normativas que no pasan hay materias de gran incidencia autonómica como, por ejemplo, decretos leyes que introducen medidas tributarias o administrativas para combatir el déficit público, o cuando racionalizan el gasto público en el ámbito educativo, o cuando se toman medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y sostenibilidad de sus prestaciones. Además, respecto de las normativas con incidencia autonómica, que sí se ven en el Senado, hasta ahora solo la Lomce, y a petición de la oposición, ha sido informada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el artículo 56, letra b) del Reglamento del Senado, una comisión -actualmente, la única cara territorial del Senado- que, en lo que llevamos de legislatura, se ha reunido una sola vez, dejándose de informar territorialmente muchas otras normativas de incidencia autonómica como lo es, por ejemplo, fijar exenciones al impuesto de transmisiones cedido a las comunidades autónomas sin acuerdo alguno de compensación. Con relación a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, he de recordar que existe acordada una comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre las líneas generales de la actuación del Gobierno respecto al desarrollo del modelo territorial español y, a pesar del tiempo que hace que está acordada, no se ha celebrado, así como tampoco las comparecencias solicitadas a distintos ministros -muchos ministros-, al ministro de Hacienda en distintas ocasiones, a la ministra de Fomento, a la ministra de Sanidad, al ministro de Justicia, etcétera, lo que impide, como puede entender, a la Cámara ejercer su específica función territorial establecida en la Constitución.

Todo ello no revitaliza el Parlamento y, además, es incongruente con el trabajo que está haciendo la ponencia para reforzar las funciones del Senado como Cámara territorial, igual que lo es que estemos estudiando la necesidad de ampliar los plazos de tramitación previstos tanto ordinarios como por urgencia y, de hecho, el día a día demuestre que la tramitación ordinaria se ha convertido, en realidad, en excepcional. Hasta hoy mismo, el Senado ha recibido 52 proyectos de ley, de los cuales 28, más de la mitad, han sido por urgencia, es decir, 20 días, más o menos.