Plan nacional de salud mental
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- 1.5.2 Maltrato infantil
- 1.5.3 Violencia contra la mujer
- 1.5.5 Violencia política, desplazamientos y secuelas psicosociales 24
- 1.5.6 Violencia social
- II PROBLEMAS IDENTIFICADOS
- III OBJETIVOS Y RESULTADOS
- 3.3 Objetivos Específicos
1.5.1 Violencia familiarSegún reportes epidemiológicos del MINSA (2000)17 sobre violencia familiar, se encontró que el 84.7% de las víctimas fueron mujeres, frente al 15.2% de varones. Respecto a la edad, el 61% eran menores de 15 años; es decir, las más afectadas fueron las niñas y adolescentes. La información sistematizada por los Centros de Emergencia Mujer –CEM- muestra que un 16% de casos atendidos son niños, niñas y adolescentes hasta 17 años.18 De este total, el 73.1% refiere violencia psicológica, 43.9% violencia física y 23.9% violencia sexual. 1.5.2 Maltrato infantilDe acuerdo al estudio de Anicama (1999) uno de cada tres limeños maltrata psicológicamente a sus hijos (36.2%) y dos de cada cuatro o cinco lo hace físicamente (43.2%). En un estudio anterior (Ponce, 1995) se resalta que poco más de la mitad de los hijos son maltratados físicamente (52.3%), de los cuales un 20.4% son golpeados con objetos flagelantes. La flagelación es el método más practicado sin distinción de edad, sexo o nivel sociocultural de los niños/as y sus familias. Cabe resaltar el último estudio realizado por la Alianza Save the Children (2003)19 en trece regiones del país, encuestando tanto a niños y niñas como a sus padres, docentes y otros líderes de la comunidad. El 48% de niñas y niños dijeron recibir castigo físico “ocasionalmente” en su hogar. En la escuela, los varones son más castigados físicamente que las mujeres (24% contra 13%). Asimismo, más del 50% de adultos encuestados refirieron haber sido objeto de castigo físico en sus hogares cuando eran niños o adolescentes. En la sistematización de los CEM, ya mencionada, se observa que los niños y niñas de 6 a 11 años reciben casi el doble de violencia psicológica que aquellos de 0 a 5 años, casi sin distinción de sexo; mientras que en la edad de 12 a 17 años, la violencia psicológica hacia varones desciende y hacia las mujeres se incrementa al doble que en la edad anterior. En relación a la violencia física, encontramos que también se duplica para la edad de 6 a 11 años con relación al grupo de edad de 0-5, sin distinción de sexo. En el grupo de 12 a 17 años, desciende la violencia física hacia los varones y nuevamente, se incrementa al doble en las mujeres. 1.5.3 Violencia contra la mujerEn la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2000), el 41% de las mujeres “alguna vez unidas” ha sido empujada, golpeada o agredida físicamente; el 83% a veces y el 16% con frecuencia. En relación al maltrato psicológico, se han identificado situaciones de control (34%) como “la ignora o es indiferente”; situaciones de agresión verbal (48%) como “la grita cuando le habla” y amenazas (25%) como “me tienes cansado, me voy de la casa”. Según ENDES (2004), la forma más común de violencia reciente son los “empujones”, “sacudidas” o “le tiraron con algo”, informada por el 11% de las mujeres alguna vez unidas; y las bofetadas o retorcidas de brazo (8%), situaciones que se observan especialmente entre las mujeres que residen en la Sierra, las que tienen educación secundaria y las de menor edad (15 -24 años). Con relación a si hubo episodios de violencia alguna vez durante la relación con la pareja, se puede apreciar que más de la tercera parte de las mujeres (35%), informaron haber sufrido en algún momento “empujones”, “sacudidas” o les “tiraron con algo” por parte de la pareja; y el 8% han sido alguna vez abofeteadas o les retorcieron el brazo. El 10% informaron haber sido forzadas a tener relaciones sexuales en algún momento, con considerables diferencias para los grupos estudiados: el 17% entre las mujeres sin educación, las residentes en la Sierra (12%) y aquellas mujeres con edades de 40 y más años (13%). Si bien el 24% de mujeres reportaron golpes con puño u objeto alguna vez, existen también algunas diferencias en este caso. El tipo de violencia es mayor en mujeres con edades entre 35 a 39 años, que residen en la Selva y las que tienen educación primaria. Del mismo modo, en el estudio del Congreso de la República20 el 82.2% de encuestadas afirma conocer a otra mujer que en el último año ha sido maltratada. Generalmente, es la violencia física la que impulsa a iniciar la denuncia, sin embargo, dos tercios de encuestadas refieren que la violencia psicológica afecta más a las mujeres, pero no necesariamente denuncian por ello. Como consecuencia de este problema, se presume que las mujeres casadas y convivientes presentan trastornos clínicos como episodio depresivo o depresión mayor –una de cada nueve mujeres unidas sufre depresión y una de cada diez, ansiedad generalizada-.21 El Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental (INSM, 2002) encontró que el 65.8% de las entrevistadas refirió haber sido objeto de algún tipo de abuso en su vida, siendo el más frecuente la violencia psicológica. La prevalencia de vida de algún tipo de abuso por parte de la pareja actual fue del 47%. En general, la mujer maltratada en Lima tiene alrededor de dos veces el riesgo de padecer de algún trastorno psiquiátrico, incluyendo indicadores suicidas en comparación con la que no son maltratadas. Mientras que el 15.4% de las mujeres unidas limeñas ha sufrió de algún episodio depresivo en los últimos 6 meses antes de la entrevista, esta cifra se elevó a 27.4% en el caso de las mujeres sistemáticamente maltratadas (una o 2 veces al mes). El Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Sierra Peruana (INSM, 2003) nos muestra también una alta prevalencia de vida del abuso contra las mujeres 67.6%, tales como: intento o actos sexuales inapropiados, agresiones físicas, agresiones verbales o situaciones de abandono. El 61.3% de mujeres unidas, en el período de enamoramiento presentaban tratos inadecuados como: celos, control, mentiras, descuido, engaños, relaciones sexuales forzadas y maltrato físico. La prevalencia más alta de abuso sistemático en la sierra, se encuentra en Ayacucho 13.6%; casi el doble si se comparan con Cajamarca 6.9% y Huaraz 5.5%. Al correlacionar las variables de violencia contra la mujer –especialmente la violencia sistemática- y trastornos clínicos, se encontró una relación importante: la prevalencia de seis meses del trastorno de ansiedad generalizada en mujeres agredidas sistemáticamente es más del doble que las mujeres que no son objeto de maltrato sistemático: 10.7% contra 4.6%; la prevalencia de estrés post traumático es de: 2.9% contra 1.7%; la prevalencia –a seis meses- del episodio depresivo mayor es de: 15.3% contra 7.2%. El Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Selva Peruana (INSM, 2004), identificó que la prevalencia de vida de algún tipo de abuso contra la mujer unida o alguna vez unida fue de 82%. En el caso de abuso por parte de la pareja actual, el 59.8% había experimentado alguna vez algún tipo de abuso, correspondiendo en orden de frecuencia a insultos 52.3%, abuso físico 42.6%, chantajes humillaciones 24.2%, abandono 15.8% y abuso sexual 11.5%. Considerando los diferentes estudios epidemiológicos de salud mental del INSM de los últimos años se puede afirmar que las ciudades con las cifras más altas de prevalencia de vida de algún tipo de abuso por parte de la pareja actual se presentan en Ayacucho 63.8%; Iquitos 60.4%; Tarapoto 59.1%; Pucallpa 59.1% y Lima 47%. Sin embargo, con respecto a la violencia sistemática, en el último año, las cifras más altas fueron las siguientes: Lima 21.2%; Puerto Maldonado 14.2%; Tumbes 13.6%; Ayacucho 13.6% e Iquitos 13.2%. La más baja ha correspondido a la ciudad de Huaraz con 5.2%. GRÁFICO Nº 5 PREVALENCIA DE VIDA DE ABUSOS O MALTRATOS POR PARTE DE LA PAREJA ACTUAL LIMA (2002), SIERRA (2003), SELVA (2004) Y FRONTERAS (2005) F Mental- Sierra Peruana (INSM 2003); Estudio Epidemiológico de Salud Mental-Selva Peruana (INSM 2004); Estudio Epidemiológico de Salud Mental-Fronteras (INSM 2005). Un hallazgo importante es notar que en muchos casos estas características de trato inadecuado o violencia se habían iniciado desde el periodo de enamoramiento con sus parejas; estos hallazgos son consistentes en todas las regiones. Cualquier tipo de trato inadecuado o violencia durante el periodo de enamoramiento fue del 69.6% en Lima, 61.3% en la sierra; 60.5% en la selva y 59.7% en fronteras. En mujeres maltratadas en forma sistemática, la presencia de algún tipo de maltrato durante el periodo de enamoramiento ascendió en estas mujeres a 85.3% en Lima; 80.5% en la sierra, 80.4% en la selva y 81.9% en fronteras. 1.5.4 Violencia sexual e incesto Según reportes del Instituto de Medicina Legal (2001), de todos los casos de delito contra la libertad sexual, 73% de las víctimas son mujeres de todas las edades; el 94% de hombres abusados son menores de 17 años. Del total de víctimas, el 9.7% tiene entre 0 y 5 años; el 27.5% entre 6 y 12 años; el 51.1% entre 13 y 17 años. Según estos datos, la infancia y adolescencia son los grupos más vulnerables a la violencia sexual, especialmente las niñas y las adolescentes. En el estudio global multicéntrico (2005)22 se reporta que el 69% de las mujeres de las zonas rurales del Cusco y el 51% de las mujeres de Lima sufrieron alguna vez sufrieron violencia ya sea física o psicológica. De hecho, las mujeres rurales del Cusco son las que reportan la mayor prevalencia de vida del violencia física severa entre todos los sitios estudiados (Etiopía, Japón, Brasil, Tanzania, Bangladesh, Samoa, Tailandia, Namibia y Serbia –Montenegro), y las mujeres de Lima ocupan el tercer lugar. Este estudio de varios países muestra que la violencia contra la mujer en nuestro país constituye un problema de salud pública que requiere atención prioritaria. Se ha demostrado que las mujeres adultas con depresión y antecedente de abuso sexual en la infancia presenta un menor volumen en el hipocampo. Este fenómeno no se observa en mujeres son depresión sin el antecedente de trauma sexual temprano23. El incesto es un tipo de violencia sexual altamente frecuente que requiere de políticas preventivas y de atención particulares Contrariamente a lo que se piensa, gran parte de los casos de violencia sexual son perpetrados por familiares cercanos, especialmente padre, hermano, tío, padrastro. Reportes como el de DESCO (2000) muestran que el 21.9% de los casos de violencia sexual ocurren dentro de las propias familias y el 15.5% en casas de amigos y familiares. El 60% de agresiones sexuales son cometidas por adolescentes de sexo masculino menores de 18 años. En la sistematización de los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), se observa que la violencia sexual hacia niñas y adolescentes mujeres es más grave aún que la violencia física o psicológica. En el grupo de edad de 0 a 5 años los casos de abuso de niñas son el doble que en niños. Entre los 6 a 11 años, se cuadriplica el número de casos de niñas en relación a niños. Entre los 12 a 17 años se incrementa casi en 25 veces la diferencia entre niñas y niños. Esta particular distribución epidemiológica del abuso sexual muestra claramente la situación de desamparo y falta de poder de niños y niñas pequeños y de adolescentes mujeres. En el mediano y largo plazo, son graves los efectos sobre el desarrollo emocional: se bloquea la capacidad de acercamiento y vínculo con otros, aumenta el riesgo de embarazo no deseado, se genera disfunción sexual y se causan efectos neurobiológicos que resultan en cambios funcionales y estructurales de sistema nervioso central. 1.5.5 Violencia política, desplazamientos y secuelas psicosociales 24De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia política es de 69,280 personas, en un intervalo de confianza al 95 por ciento cuyos límites inferior y superior son 61,007 y 77,552 víctimas, respectivamente. El 85% de estas víctimas estarían ubicadas en un 85% en los departamentos considerados los más pobres del país: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, siendo Ayacucho el departamento que concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 % vivía en zonas rurales y el 56 % se ocupaba en actividades agropecuarias, lo cual es un indicador de la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. El 75% de las víctimas fatales de la violencia política tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. La amplitud e intensidad del conflicto vivido acentuaron los graves desequilibrios nacionales, debilitaron el orden democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales, y propiciaron una cultura de temor y desconfianza. En algunas zonas, la violencia destruyó y desorganizó la vida social local, especialmente por el asesinato de dirigentes y autoridades tradicionales y estatales. Es necesario, sin embargo, resaltar que, pese a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la paz y del derecho. En el contexto de la violencia política, el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas, lo cual produjo una urbanización desordenada y acelerada, así como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino; afectando las posibilidades de un desarrollo humano sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales, debiendo adaptarse con distintos grados de éxito y con gran sufrimiento, a las nuevas circunstancias. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al retornar, tuvieron que enfrentar graves problemas de tierras y ausencia de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias. La CVR resalta de manera especial, que esta población ha sido afectada económica, social y emocionalmente, contribuyendo a fragmentar y atomizar las redes e instituciones sociales, causando a la vez resentimiento y tiñendo de violencia la vida familiar y social, así como las relaciones interpersonales. En el Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Sierra Peruana (INSM, 2003)25 se encontró que cerca de un tercio de la población de Ayacucho, Cajamarca y Huaraz pasó por, al menos, una situación de pérdida personal en los años de violencia. La prevalencia de vida de algún tipo de trastorno psiquiátrico en este último grupo, es de 50%, muy por encima de lo reportado en otras poblaciones; el trastorno de mayor prevalencia es la ansiedad. 1.5.6 Violencia socialSegún información del Ministerio Público (2001) sobre muertes violentas en el área urbana, el 42.44% de estas muertes son producto de accidentes de tránsito y el 15.08% son causadas por homicidios. Los varones tienen tres veces más probabilidad de sufrir muerte violenta que las mujeres y seis veces más probabilidad de morir por homicidio. Entre otros actos de violencia social destacan con 15.2% el robo a las personas y con 16.3% el robo a las viviendas, además de los intentos de robo frustrado, todo lo cual genera una sensación de inseguridad ciudadana.
En Lima, del total de la población que reconoce haber padecido problemas de salud mental, el 24,5% accedió a los servicios de salud. Los aspectos que se encontraron relacionados a acceso fueron: la edad, el estado civil, la comunicación familiar, compromiso religioso y la pertenencia a un sistema de seguro. Los motivos que adujeron los informantes para no buscar atención fueron en orden de frecuencia: “lo debía superar solo” 59,4%, “no tenía dinero” 43,4%, “falta de confianza”36,9%, “duda del manejo del problema por los médicos” 30,8% entre otros; se remarca la influencia de los factores culturales y en cierta medida económicos. El factor pobreza no es todavía un determinante del acceso a la atención de salud mental en Lima Metropolitana, pues priman los aspectos culturales. En el caso de la sierra y la selva peruana, el nivel de acceso a servicios por problemas de salud mental es significativamente menor al encontrado en Lima. Del total de la población que reconoce haber padecido un problema de salud mental, sólo el 13,9% y 14,3% de la sierra y la selva respectivamente accedió a servicios de salud. Al igual que en Lima la mayoría alude como motivo de no acceso el que “lo debería superar solo” (50,2%).
El Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental (INSM, 2002), encontró una importante asociación entre indicadores de pobreza y los trastornos ansiosos y depresivos, tanto en la percepción de la capacidad de cobertura de las necesidades básicas como con la medición a través de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBIs). Esto ha remarcado la importancia y la necesidad de considerar aspectos socioeconómicos en el estudio de la salud mental. Estos resultados encontraron, por ejemplo, que la prevalencia a 6 meses de trastornos depresivos (episodio depresivo o distimia) se encontraba en 6,6% entre las personas que podían satisfacer sus necesidades básicas y otras necesidades, mientras que dicha prevalencia se encontraba en 19,5% entre las personas que no podían satisfacer sus necesidades básicas nutricionales (pobres extremos). En el caso de la Sierra esta asociación no ha sido tan clara, por lo menos para la percepción de la capacidad de cobertura de las necesidades básicas con los ingresos familiares. En el caso de la selva la relación entre la pobreza y la salud mental se presentó en forma similar a la de Lima, la prevalencia anual de cualquier trastorno psiquiátrico se encontraba en 41,8% entre los más pobres frente a 15,8% entre los menos pobres. 1.8 Otros problemas asociados a la salud mental Existen problemas sociales que tienen claros componentes de salud mental que abordar. Es el caso de la violencia juvenil, cuyas causas poco se han estudiado, haciéndose mención de algunas como: problemas familiares, falta de oportunidades y canales de participación y recreación; así como búsqueda de algún referente frente a la anomia y exclusión social. Otro problema es el embarazo adolescente; de acuerdo al INEI el 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años está embarazada o ya es madre26. El embarazo adolescente, además de los riesgos de salud física, ocasiona también repercusiones emocionales y psicosociales todavía poco abordadas. Otros problemas sociales de la infancia son los niños, niñas y adolescentes que trabajan en desmedro de su desarrollo integral -sobre todo los que están expuestos a situaciones de alto riesgo- y los niños/as y adolescentes en la calle. Estas situaciones están asociadas a la pobreza y también al abandono familiar. Dos poblaciones merecen además especial mención: las personas con discapacidad y la población de personas adultas mayores. Las personas con discapacidad, suelen ser discriminadas y excluidas, generándose dificultades en su desarrollo personal e integración social. De la población adulta mayor (que representa más del 7% de la población del país) sólo un bajo porcentaje trabaja o es jubilado; estando la mayoría fuera del sistema de la seguridad social. Su situación se asocia también al maltrato familiar, a la falta de canales para desarrollarse productiva y creativamente, a las limitaciones para la movilización que dan lugar a aislamiento y depresión, a las pérdidas cognitivas benignas, las demencias, las enfermedades crónicas, los trastornos ansiosos y la depresión. Al respecto, el Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental (INSM, 2003), encontró que, en el último mes mientras que la prevalencia de deseos de morir del adulto mayor fue del 6,2%, ninguno de la muestra intentó suicidarse, similar hallazgo se encontró en la Selva. En la sierra la prevalencia de deseos de morir en el último mes fue de 11,1%. En Lima, la prevalencia del episodio depresivo en el último mes en la población adulta mayor fue del 9,8%. Por otro lado, los estudios de Lima, la Sierra y la Selva revelaron que algún grado de deterioro cognoscitivo se encuentra en alrededor de 10,5% (punto de corte de ≤21), 7,7(punto de corte de ≤22) y 16,1% (punto de corte de ≤22) respectivamente, de la población adulta mayor de 60 años o más, considerando por lo menos 8 años de instrucción. En el caso la Sierra la prevalencia trastornos son menores, salvo el nivel de discapacidad o inhabilidad percibido que llega a 44,9% con al menos algún grado de la misma. El problema del SIDA merece atención prioritaria porque sigue creciendo significativamente: más de 6000 jóvenes entre 15-24 años se infectan diariamente en el mundo (Informe ONU/SIDA, 2004); no obstante, los trastornos de salud mental que se generan alrededor del VIH y SIDA no cuentan con la misma atención que los aspectos físicos, siendo de conocimiento de los profesionales de la salud pública, que los estados depresivos bajan las defensas y que la principal vía de propagación es la conducta sexual humana. Por esta razón, es fundamental incorporar a los enfermos con SIDA en los planes de salud mental. 1.9 La situación de los servicios de salud mental La atención psiquiátrica y de salud mental continúa principalmente centralizados en los hospitales psiquiátricos. El 75% de las camas se encuentran en estos centros de Lima (Hospital Víctor Larco Herrera, Hospital Hermilio Valdizán e INSM “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi”, concentrando además la mayor parte del presupuesto para salud mental. Existen también centros de hospitalización en Piura (CREMPT - Centro de Reposo del Enfermo Mental de Piura y Tumbes) y en Iquitos (CREMI – Centro de Rehabilitación del Enfermo Mental). En todo el país hay además 23 servicios de psiquiatría en hospitales generales del MINSA (7 en Lima y 16 en otras 10 regiones del país). En 5 regiones afectadas por la violencia política se cuenta con personal para atención comunitaria, mientras que en 8 regiones aún no hay ningún tipo de servicio especializado. Los hospitales generales del MINSA de Lima y Callao prestan atención ambulatoria pero no cuentan con camas de hospitalización, en tanto en 5 regiones del país (La Libertad, Arequipa, Ica, Junín y Tacna) si se cuenta con servicios de hospitalización. Los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales en la capital cuentan con servicios de psiquiatría que incluyen camas de hospitalización, al igual que los hospitales de EsSalud. La mayor parte de los recursos humanos especializados del MINSA incluyendo los psiquiatras (120) laboran en Lima. Si bien existen establecimientos psiquiátricos en algunas regiones y servicios de psiquiatría en algunos hospitales generales o regionales, tanto del MINSA como de EsSALUD y las FFAA y PNP, es evidente que la concentración de psiquiatras en Lima hace difícil el establecimiento de sistemas de referencia y contrarreferencia. El número de profesionales de salud mental aún es escaso y la mayoría se encuentra formado bajo modelos de atención asistencialista que descuidan enfoques de atención integral y comunitaria. Por otro lado la investigación en salud mental ha venido siendo abordada en forma insuficiente desatendiendo los aspectos psicosociales. En los últimos años, sin embargo, el Instituto Nacional en Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” ha desarrollado importantes estudios que han permitido contar con información epidemiológica actualizada en salud mental. No se han desarrollado sistemas de rehabilitación integral para las personas con discapacidad por enfermedad mental que permitan su reinserción social lo que contribuye a su permanente exclusión de la comunidad. Otro aspecto crítico es el de los medicamentos ya que los medicamentos esenciales disponibles no son los suficientes ni todos los necesarios para el tratamiento. Los medicamentos innovadores, como los antipsicóticos atípicos o los antidepresivos de última generación, no están en los petitorios nacionales y sus altos precios los hacen inaccesibles a la población. Así mismo, el Seguro Integral de Salud (SIS) aún no cuenta con el financiamiento suficiente para incluir su atención en los planes de cobertura. II PROBLEMAS IDENTIFICADOS2.1 En relación con los problemas y trastornos de salud mental
2.2 En relación con la respuesta del Estado
2.3 En relación con la coordinación intersectorial
2.4 En relación con la comunidad
III OBJETIVOS Y RESULTADOS3.1 Objetivos Estratégicos
3.2 Objetivos Generales
Cada objetivo general está compuesto a su vez por objetivos específicos y éstos por resultados esperados. Los resultados esperados se obtendrán mediante acciones prioritarias y serán medidos por indicadores. Se han diseñado 12 objetivos específicos y 31 resultados esperados para ser alcanzados en un período de 5 años. 3.3 Objetivos EspecíficosPara el Objetivo General 1: Posicionar la salud mental como un derecho fundamental de la persona, componente indispensable de la salud integral y del desarrollo humano en nuestro país. 1.1 Colocar en la agenda pública las políticas, prioridades, enfoques y normativa en salud mental como resultado de un proceso intenso de abogacía sectorial e intersectorial, en el ámbito nacional, regional y local. 1.2 Crear un Sistema de Información e Investigación intersectorial en salud mental que centralice información, investigue causas y factores de riesgo, prevalencia, incidencia y magnitud de problemas de salud mental, identifique experiencias exitosas y difunda toda esta información a los sectores público y privado.
2.1 Elaborar y conducir las políticas y planes de salud mental, recogiendo opinión de los sectores público y privado. 2.2 Concertar acciones de salud mental con otros sectores y la sociedad civil. 2.3 Implementar un Sistema de Planificación, Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Sistematización en Salud Mental, de carácter intra e intersectorial. Para el Objetivo General 3: Asegurar el acceso universal a la atención integral en salud mental, en base a la reestructuración de servicios que priorice la atención en la comunidad.
Para el Objetivo General 4: Promover la equidad en la atención de salud mental en términos de estrato social, género, ciclo de vida y diversidad cultural; dando atención diferenciada a las poblaciones vulnerables, especialmente a las afectadas por la violencia política.
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