Borrador incompleto de la sesión plenaria celebrada el martes díA 12 de mayo de 2015

Señorías, dentro del plan de desarrollo de la red de transporte de electricidad se han tenido en cuenta las infraestructuras asociadas al suministro eléctrico de los ejes ferroviarios. ¿De cuáles? De todos aquellos que están incluidos en los documentos de planificación y de los que dispuso en su momento el Ministerio de Fomento.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Vaya terminando, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Voy terminando. Gracias, señora presidenta.

No le quepa la menor duda de que ahí, en esos documentos, es donde está la plasmación de la garantía de que este Gobierno sí va a llevar a cabo las obras del AVE a Extremadura, a pesar de que a usted le gustaría, parece ser, que no se realizara para ponernos en pie de igualdad con lo que no hicieron otros en las dos anteriores legislaturas, y que las va a llevar a cabo, insisto, porque se incluyen en la planificación de 2015−2020, por la que usted hoy me ha preguntado y respecto a la cual le he respondido.

Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señor ministro.
3.3. INTERPELACIÓN SOBRE LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL GOBIERNO Y, ESPECÍFICAMENTE, SOBRE LA FORMA EN LA QUE AFECTA A LOS SECTORES DEL CARBÓN Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES.

(Núm. exp. 670/000183)

AUTOR: JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)
La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al punto 3.3.
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señor ministro, buenas tardes, señorías. En la comparecencia que el señor ministro realizó ante la Comisión de Industria del pasado 9 de abril ya tuve la oportunidad de preguntarle sobre las materias que configuran esta interpelación y a día de hoy constato que las circunstancias no han variado para mejor —en algunos casos sí lo han hecho para peor— desde ese momento de la comparecencia en comisión.

El Gobierno del señor Rajoy ha hecho, desde el primer momento de su acción de gobierno, un planteamiento sobre el sector energético en nuestro país que hace abstracción del hecho incuestionable de que la liberalización del sector energético ha dado lugar a una situación de oligopolio y de que, lógicamente, eso tiene que influir de forma inevitable en el precio de la energía eléctrica y en lo que fue en su día la generación del déficit tarifario, sin tener en cuenta que los elementos que ha buscado como justificación de ese déficit tarifario pueden haber contribuido al mismo de manera más o menos importante porque el eje del problema sigue estando tanto en la situación del sector, desde la perspectiva de la estructura empresarial, como en los mecanismos de fijación de precio. De alguna manera, aunque de forma indirecta, en relación con esta segunda cuestión, el Gobierno sí entendió que ello había contribuido al déficit energético y tomó la decisión de modificar el régimen de fijación de precio de la energía eléctrica, el régimen de subasta tradicional. Desde el primer momento ha preferido culpabilizar al carbón y a las energías renovables y actuar, en consecuencia, de una manera implacable en relación con el carbón. A pesar de que siempre se ha sostenido formalmente un discurso en el que se planteaba que la nueva reconversión del sector que se impulsaba se hacía con la finalidad de depurar el mismo y de encontrar aquellas empresas que por su rentabilidad pudieran mantener su actividad más allá de 2018, la decisión que se ha tomado o la política que se ha aplicado respondía más bien a la idea de que en 2018 ya no hubiera sector y que, por lo tanto, no hubiera que afrontar un problema de cierre si la Comisión europea no modificaba su criterio de que aquellas empresas que hubieran recibido ayudas no podrían en ningún caso, por rentables que fueran, mantener su actividad a partir de 2018.

Se firmó un Plan de la minería del carbón 2013−2018, plan que se convirtió en papel mojado desde el primer momento. Hasta el 31 de diciembre de 2014 mantuvo su vigencia el régimen de ayudas directas al consumo de carbón nacional, régimen que, por una parte, las empresas eléctricas titulares de térmicas incumplieron desde el primer momento, mientras que, por otra, el Gobierno dejó hacer y no desarrolló ningún mecanismo de presión sobre estas empresas eléctricas para que se llevaran a buen fin y a buen término las previsiones de los decretos de ayudas. El resultado fue que el hueco térmico fijado en el 7,5% se convirtió en algo absolutamente ilusorio. Si en el año 2013 el objetivo de extracción de carbón no se cumplió ni tan siquiera en un 50%, en el año 2014 se fue a peor y no se cumplió ni tan siquiera en un 38%. Y no lo cumplió ni la empresa pública integrada en la SEPI, cuya gestión corresponde de forma directa al Gobierno de España, que aunque es verdad que se movió por encima de estos porcentajes, no llegó siquiera al 75% en el objetivo de extracción y se quedó en el 72%. Tampoco se cumplieron aquellos contenidos del plan que también son responsabilidad directa del Gobierno y en torno a los cuales se habían anunciado decisiones, como el pago en doceavas partes de las ayudas a las empresas. Sin embargo, por la información de la que dispongo, en el mes de noviembre ya no se pagó. En seguridad minera, a pesar de que el plan contemplaba la elaboración, a su vez, de un programa de seguridad minera 2013−2018, éste continúa sin elaborarse. En materia de formación, no se ha realizado ninguna consignación presupuestaria para afrontar las necesidades formativas.

Si miramos al que durante mucho tiempo fue uno de los objetivos que se planteaban como absolutamente imprescindibles para garantizar el futuro de la minería del carbón, la investigación y aplicación de nuevas tecnologías en la captación de CO_2, los tres proyectos que arrancaron se encuentran en este momento en vía muerta. El que trabajaba sobre la precombustión, la planta de Puertollano, tiene previsto cerrar en el mes de agosto. El que se dirigía a la oxicombustión, desarrollado en Ponferrada, suspendió la actividad investigadora en materia de CO₂ y no se presentó siquiera a las convocatorias de financiación europea; y el proyecto de construcción de una planta de captura a escala comercial en la central de Compostilla ha sido ya abandonado por la empresa que pretendía promoverlo. El proyecto dirigido a la postcombustión languidece en La Pereda y también se da por descartado el proyecto previsto con Endesa.

¿Cuáles son los resultados al día de hoy de todos estos incumplimientos? Pues que desde ayer la hullera vasco−leonesa está aplicando un expediente de suspensión de contratos con una duración de 6 meses para el conjunto de su plantilla: 335 trabajadores, y que la Unión Minera del Norte, Uminsa, anuncia que pretende aplicar, a partir de primeros del mes de junio, otro expediente de suspensión de contratos con una duración de 9 meses para toda su plantilla: 800 trabajadores. Entre las dos empresas, estamos hablando prácticamente del 70% del empleo en la minería privada en nuestro país.

A pesar de los requerimientos de las organizaciones sindicales, no se ha producido una convocatoria de la mesa del sector para analizar esta realidad. A pesar de que el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León dijo, el pasado viernes por la mañana, que en pocas horas esa misma tarde iba a producirse una noticia que despejaría la oscura situación inmediata del sector del carbón, tal noticia no se ha producido. La alternativa que se baraja desde el Gobierno, que ya fue presentada en aquella comparecencia ante la Comisión de Industria por el señor Soria, se concreta en un borrador de orden ministerial, que está examinando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para financiar con 400 millones de euros la inversión para la mejora medioambiental y de certificación de aquellas térmicas que utilicen carbón autóctono como combustible principal. Los datos que se barajan es que ello iría acompañado de un compromiso de estas empresas de adquirir el 55% de la producción contemplada dentro del famoso Plan de la Minería del Carbón 2013−2018 porque este 55% significaría en torno a unos 3,8 millones de toneladas de carbón.

Si miramos hacia los fondos mineros, estos días acaba de producirse un requerimiento del juez que conoció del primer procedimiento contencioso−administrativo que a mí, si fuera administración, me preocuparía. Que a una administración la concedan 10 días para identificar a los responsables de la ejecución de la sentencia anuncia que el juez está entendiendo que hay un incumplimiento deliberado de la misma y que se plantea un escenario de exigencia de responsabilidades en vía penal por tal incumplimiento. También le pide al Gobierno, al ministerio, que en 20 días justifique la argüida nulidad de 63 proyectos ya ejecutados que inicialmente contaban con una previsión de financiación con cargo a los fondos mineros.

Si hablamos de la segunda materia a la que fundamentalmente se refiere esta interpelación, de las renovables, lo cierto es que, más allá de esas noticias en torno a las concesiones de eólicos que se han dado en Castilla y León en los últimos tiempos, vivimos una situación de parálisis que no parece ser que se vaya a romper de forma suficiente con ese otro borrador remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre subasta de plantas para la producción de 500 megavatios con energía eólica y otros 200 megavatios con biomasa. Como muy bien sabe el señor ministro, el problema siguen siendo los cambios que se han introducido en los sistemas retributivos, porque, a pesar de que el señor ministro afirmaba en aquella comparecencia del mes de abril que la remuneración, que podía llegar 7,5%, es suficientemente compensatoria, también sabe que más de un tercio de los inversores, de los productores están obteniendo pérdidas con esta remuneración. Me temo que el Gobierno solo acabará reaccionando ante esta situación cuando la misma se convierta en un problema para las entidades financieras que han concedido créditos para estas inversiones y comiencen a ver cómo los mismos no les son devueltos.

Por otro lado, se empiezan a acumular los recursos y reclamaciones como consecuencia de estas decisiones. En este momento hay acumulados en el Tribunal Supremo miles de recursos. El Tribunal Supremo ha elegido cinco como representativos para dar una resolución que tenga validez para todos ellos. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, se ha planteado que el Tribunal Supremo no resuelva hasta que no haya un pronunciamiento de la Unión Europea en torno a la validez de estas reformas introducidas. Pero es que hay también reclamaciones en el ámbito internacional. Hay doce reclamaciones de arbitraje ante el Centro Internacional sobre arreglos de diferencias relativas a inversiones; la última, si mi información no es equivocada, entró el 8 de mayo y era del grupo alemán de energías renovables BayWa. Todo esto puede dejar una herencia más allá del déficit y podemos acabar encontrándonos con que las políticas energéticas de este Gobierno, cuando se resuelvan todas estas reclamaciones en el ámbito internacional y los recursos ante el Tribunal Supremo, generen un agujero que, desde luego, no estoy en condiciones de cuantificar en ningún caso. Imagino que el Gobierno tiene muchos más datos que yo al respecto.

La Agencia Internacional de la Energía, en el informe Perspectiva de las tecnologías energéticas 2015, sigue diciendo que las energías renovables son imprescindibles; lo son, dice el informe, porque cada dólar invertido en renovables permitirá un ahorro de casi tres en energías fósiles. Al respecto, recomienda políticas estables para facilitar el acceso a la financiación, reduciendo el riesgo para los inversores, lo que no casa muy bien con la estrategia desarrollada por el Gobierno, que ha dado lugar a todo este cúmulo de reclamaciones. A día de hoy me temo que no está garantizado el cumplimiento del objetivo de consumo de energías renovables sobre energía final bruta del 20% en el año 2020 establecido por la Directiva 2009/28/CE.

Y todo esto, ¿para qué? El señor ministro insistía desde la primera Decisión en que era la única forma de salir al paso del déficit tarifario y que ello además implicaría una contención del precio de la energía eléctrica. También en esa comparecencia el señor Soria nos dijo que el precio de la energía eléctrica no estaba subiendo. Según el Ministerio, en 2014 el precio de la energía eléctrica cayó un 5%. Como sabe el señor ministro, según el Instituto Nacional de Estadística, subió un 4,4%, aunque los parámetros de cálculo sean diferentes.

Lo cierto es que desde que entró en funcionamiento el nuevo mecanismo de fijación de precios, el 1 de abril del año pasado, tenemos ya un año completo para visualizar los resultados de ese nuevo sistema. En este sentido, el precio medio de mercado mayorista, el pool, pasó de 26,44 euros megavatio/hora en abril de 2014 a casi 45,34 en abril de 2015. Endesa, Iberdrola y Gas Natural creen que este precio medio subirá en 2015 un 15%. El mercado de futuros —y acabo ya— es más conservador en su planteamiento y augura una subida solo del 5%. Creo que todo ello debe llevar a reflexionar al Gobierno sobre el acierto de la política energética que está desarrollando.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.

Para contestar a la interpelación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.

El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Muchas gracias, señora presidenta.

Gracias, señoría, por la oportunidad que nuevamente, gracias a esta interpelación, se me plantea para poder explicar, una vez más en esta Cámara, cuáles son las líneas generales de la política energética del Gobierno, cuáles han sido las líneas de la reforma del sector de la energía en general y particularmente aquello que toca a dos de las cuestiones por las que su señoría se han interesado hoy, el carbón y las energías renovables.

Usted decía en su intervención que el déficit en el sistema eléctrico, eso que muchas veces mal llamamos déficit de tarifa, era cuestión de la historia porque se refería usted al déficit del sistema eléctrico que hubo en su día. Bien, es un buen punto de partida; y lo es porque uno de los problemas más graves, si no el más grave, del sistema energético en España hasta finales del año 2012, porque todavía en 2013 tuvimos déficit del sistema eléctrico, era, además del déficit eléctrico que se había acumulado desde el año 2001, el déficit estructural que año a año se iba generando y que en el año 2013 tenía una previsión, aproximadamente, de unos 10 500 millones de euros.

Cuando se ha referido usted al sector del carbón, hablaba del horizonte temporal más allá del año 2018. Sin embargo, sabe usted bien que el horizonte del año 2018 no lo ha fijado este Gobierno, ni siquiera el anterior, ni siquiera ningún Gobierno de ningún país de la Unión Europea; esta fecha trae causa de la Decisión de la Unión Europea del año 2010 donde se dice que las explotaciones de la minería del carbón pueden seguir percibiendo ayudas para la explotación; ahora bien, podrán hacerlo con fecha tope el 31 de diciembre del año 2018 y, en todo caso —dice aquella Decisión, no el Gobierno de España—, aquellas explotaciones que hayan recibido ese tipo de ayudas tendrán que cerrar a partir del 1 de enero del año 2019. Esto es lo que dice la decisión. Después, a partir de ahí, uno puede opinar si las decisiones de la Unión Europea hay que cumplirlas o no hay que cumplirlas y, si no se cumplen, uno puede ver cuáles son las alternativas y, también, las consecuencias.

¿Cuál ha sido, desde principios de esta legislatura, la posición del Gobierno en relación con esa Decisión? Esta cuestión se la he planteado al anterior comisario de la Competencia y de aquí a unos días voy a tener ocasión de reunirme con la nueva comisaria de Competencia y también se lo voy a plantear. El planteamiento del Gobierno ha sido un planteamiento de sentido común: si hay una disposición que permite dar ayudas a explotaciones mineras para que ganen en competitividad y, una vez que han ganado competitividad y pueden sobrevivir siendo competitivas y sin necesidad de más ayudas, ¿cómo les exige usted que cierre? En eso estaremos de acuerdo usted y yo. Ese es el planteamiento del Gobierno que le voy a hacer nuevamente a la comisaria de Competencia cuando nos visite de aquí a pocos días. Ahora bien, lo que ahora mismo hay en esa Decisión es lo que todos conocemos.

Habla usted de que se firmó un plan para los años de 2013 a 2018 que era, decía usted literalmente, papel mojado desde el principio, un plan que se apoyaba en el hecho de que a partir del 1 de enero del año 2015, al haber perdido vigencia el Real Decreto que regula las restricciones del sector de la minería del carbón, las eléctricas no recibirían ningún incentivo para la quema de carbón nacional, lo que, por tanto, esto repercutiría negativamente en las empresas mineras. Y es verdad, pero ese Real Decreto nació ya con esa fecha tope, pero no por un capricho del anterior Gobierno, también lo tengo que decir, sino porque esas eran las exigencias de la Unión Europea.

Entonces, ¿qué se plantea a partir de ahora? ¿Qué es lo que hemos planteado en una reunión que hace pocas semanas hemos celebrado con el sector, con las empresas y con los sindicatos? Que mediante un sistema de ayudas a la inversión en desnitrificación de las centrales pueda haber una mayor propensión a que las empresas eléctricas consuman carbón nacional.

La primera cuestión es, ¿por qué una empresa deja de consumir producto nacional y consume un producto importado? Pues por una razón de eficiencia y una razón económica. Ese es el fundamento de que haya ese tipo de ayuda. Lo que hicimos con el sector fue presentarles cuál era el proyecto de orden ministerial para esas ayudas a la inversión. Ese proyecto está en la CNMC, tendrá que ser informado también por la Unión Europea, y esperamos que esta le dé luz verde. Pero lo que no se puede establecer es un mecanismo de ayuda similar o igual al que había con anterioridad porque eso es considerado como ayuda de Estado por parte de la Unión Europea.

Dice usted que el Gobierno no hizo nada para obligar a las compañías. Si usted tiene alguna sugerencia, siempre que esté dentro del marco legal y que podamos tenerla en cuenta y siempre que la Unión Europea no nos vaya a denunciar por ayuda de Estado, el Gobierno y desde luego quien le habla estaría encantado de estudiar ese tipo de propuesta.

Dice usted que tampoco se ha cumplido el plan en materia de pagos a empresas, seguridad minera, etcétera. Le voy a hacer alguna observación al respecto. El hueco térmico, tanto para el gas como para el carbón en la producción de energía eléctrica, se ha ido reduciendo; entre otras cosas, ¿sabe usted por qué? Justamente por lo que ha planteado en la otra parte de la interpelación, por el incremento en la generación eléctrica que afortunadamente viene de las energías renovables. Eso también explica una parte, no digo que todo, pero sí una parte, de que haya menos posibilidades de quemar carbón y, a su vez, de que el carbón nacional tenga que competir con el carbón importado. Existe, como antes les decía, un desequilibrio competitivo entre el carbón nacional y el carbón importado que ha obligado a la industria del carbón a aplicar importantes medidas de reestructuración y de reducción de la actividad a lo largo de los últimos años. Pero recordemos que esto no es una cuestión de hace dos años, ni de tres o cuatro. Como usted recordará muy bien, el primer plan de reestructuración de la minería del carbón es, ni más ni menos, que del año 1992. Entonces en España se producían 19,6 millones de toneladas y había 45 000 personas trabajando en el sector; repito que son datos del año 1992. Estamos en el año 2015 y después de veintitrés años y de los 22 000 millones de euros inyectados en esos planes de reestructuración de la minería del carbón tanto para ayudas a empresas, obras de infraestructuras y prejubilaciones como para otro tipo de cuestiones, el balance es una producción de algo menos de 6 millones de toneladas y menos de 4000 personas trabajando en el sector, de las cuales un 50%, como usted ha dicho antes, están en el sector público, aproximadamente la mitad.

Por tanto, el marco legislativo relativo a las ayudas de Estado a la producción del carbón nacional no es algo que venga determinado ni por este Gobierno ni por los anteriores. Es algo que, en primer lugar, viene determinado directamente por el Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. En segundo lugar, por el Reglamento del Consejo sobre ayudas estatales a la industria del carbón. Y, en tercer lugar, por la Decisión del Consejo 787, de 10 de diciembre de 2010, a la que con anterioridad me he referido.

También quiero hacer alusión a lo que plantea sobre energía renovable. Dice usted que hay una parálisis. ¿Sabe cuáles son los sectores por los que más se interesan hoy en España los inversores extranjeros? Exactamente por el sector de la energía y dentro de éste, por el de las energías renovables. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia de lo que había con anterioridad, hoy, después de la reforma, hay un marco regulatorio estable. Desde que se aprobó la nueva Ley del sector eléctrico, y por tanto, desde que se aprobaron los nuevos incentivos a la generación con energías renovables, con cogeneración, con residuos, la inversión está por encima de los 5000 millones de euros en este sector en España. Usted dice que el problema son los cambios que han introducido esa rentabilidad razonable del 7,5%, y que eso, he creído entenderle, era insuficiente. Pues le diré, en primer lugar, que el 7,5% es para todo el periodo de la inversión año a año; en segundo lugar, cuando se fijó ese nivel del 7,5% se hizo teniendo en cuenta que en el momento de la fijación, en junio del año 2013, el coste de la emisión del bono del Tesoro a 10 años estaba en el 4,5%; se le añadieron tres puntos básicos y se puso en el 7,5%. Pero es que hoy el coste de la emisión del bono del Tesoro a 10 años está en el 1,3%; no digamos nada del bono a seis meses, porque ya están pagando por tener bonos españoles. ¿Y qué quiero decirle? Que ese 7,5% de rentabilidad razonable está hoy muy por encima de aquello que estaría justificado con lo que comporta hoy el bono del Tesoro a 10 años.

Por tanto, desde el punto de vista de la rentabilidad razonable quiero decirle que, además, se sigue la doctrina del Tribunal Supremo. Haciendo referencia también a lo que usted planteaba de los distintos recursos, absolutamente todos son legítimos, ahora bien, fue el propio Tribunal Supremo quien, resolviendo un recurso que se había planteado al real decreto de 2010, donde el Gobierno anterior ya disminuía los incentivos, sobre todo a las fotovoltaicas, porque veían que el déficit del sistema eléctrico se iba de las manos, dio la razón al Gobierno anterior argumentando que la rentabilidad debe considerarse a lo largo de todo el periodo de la inversión, y que, en todo caso, la inversión en renovables, al igual que ocurre en cualquier otro sector, puede estar al margen de la evolución del ciclo económico en cada momento.

Finalmente ha hablado usted de la evolución del precio. Afortunadamente después de 15 años no hay déficit del sistema eléctrico por primera vez en el año 2014, y de acuerdo con los datos que tenemos, ahora mismo muy probablemente haya incluso un pequeño superávit. Pero efectivamente los precios en el sistema eléctrico han disminuido en el año 2013 y en el 2014. Y quisiera decirle, cuando usted habla de esa diferencia de criterio entre el Instituto Nacional de Estadística y el ministerio, que el instituto dice directamente que el cálculo del IPC de la electricidad se realiza a partir de la estructura de consumo de todos los consumidores, ya sea en su vivienda principal o secundaria y para todos los tramos de potencia contratada y consumo, mientras que el cálculo realizado por el Ministerio de Industria parte de la información a partir de un consumidor medio. Y añade: Si el IPC se hiciera solo con este consumidor medio, no habría diferencias entre una metodología y otra. Esto está perfectamente aclarado por parte del INE.