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Inés y Valentina
Alejandra Nuño agregó que las sentencias están completamente sin avances, sin embargo en el caso de Inés y Valentina hay una agravante toda vez que está en espera la resolución de la CIDH sobre la solicitud de interpretación emitida por México el 29 de diciembre de 2010.

“Esperamos que la Corte Interamericana la pueda revisar este próximo periodo de sesiones ­en mayo­, ya que nos preocupa que con esta posición el Estado se excuse de cumplir aunque el reglamento de la Corte es muy claro en decir que una interpretación no suspende el cumplimiento de las sentencias, pero en los hechos lo estamos viendo”.

Explicó que una interpretación sirve para que el Estado solicite una aclaración de la sentencia, por ejemplo en los que la CIDH no habló de montos, plazos o no dijo cómo se tenía que cumplir alguna medida específica.

“México lo que hizo fue cuestionar lo que la Corte Interamericana ha dicho en la parte de fondo, es decir, reconocer que Inés y Valentina habían sido víctimas de violencia sexual y que había una falta de acceso de justicia”.

En los hechos lo que está haciendo México es apelar la sentencia a pesar de que ésta es “definitiva e inapelable”. Le está diciendo a la CIDH es que no quiere cumplir, que no está de acuerdo. Es lamentable que México haya usado este recurso de la peor manera y en perjuicio de las dos víctimas y sus familias, criticó Nuño.

Este año Cejil cumple 20 años de litigar junto con organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares, numerosos casos que reflejan, en la práctica, la gran brecha de desigualdad que existe en el continente más excluyente del mundo.

Cejil ha litigado casos ante la Corte Interamericana que reflejan prácticas discriminatorias, tal es el caso de Inés y Valentina, indígenas violadas sexualmente por militares mexicanos.

Al respecto, Alejandra Nuño señaló que se encuentran celebrando estas dos décadas de trabajo y en un proceso de reflexión sobre lo trabajado hasta hoy.

“Hoy en día el balance es que ya llevamos los casos y representamos a víctimas, ahora la discusión es ver cómo se cumplen las sentencias; es algo que nos preocupa y ocupa en muchos de nuestros países”, expuso.


Víctimas de violación en Atenco y
Texcoco se resisten a quedar en el olvido
* Sin reflectores, 11 mujeres aguardan la justicia internacional
Anayeli García Martínez

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“Ya nadie se acuerda de Atenco”, lamenta Claudia, una de las 47 mujeres que fueron violadas y abusadas sexualmente por elementos de la Policía Federal Preventiva y agentes del estado de México en mayo de 2006, en San Salvador Atenco y Texcoco.

Así como ella, Bárbara Italia, Georgina Edith y otras ocho mujeres continúan –a cinco años de distancia y sin las grandes movilizaciones ni la atención mediática de ese entonces– con su exigencia de que se castigue a los responsables de las agresiones de las que fueron víctimas.

Son las que se quedaron en el camino… resistiendo, en espera de justicia. Saben que en México no la van a tener y por eso insisten en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dé entrada a su demanda presentada el 29 de abril de 2008.

Tras cinco años hay cierto cansancio, dice Bárbara Italia. “Recuerdo mucho la convicción con que dijimos 'esto va a ser un camino muy doloroso, muy duro y muy largo'. Finalmente sabemos que el Estado le apuesta al desgaste y estamos preparadas para eso”, advierte con firmeza.

Recuerda: “El primer año realizábamos una actividad cada mes y teníamos no sé si más ganas, pero sí la necesidad de hacer algo”.
Ir y venir
El operativo policiaco implementado en el estado de México en 2006 para desarticular al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en su lucha contra la construcción de un aeropuerto en Texcoco, dejó un saldo de dos jóvenes asesinados y 207 detenidos, de los cuales 47 eran mujeres.

De las 47 mujeres agredidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) constató la violación sexual en 26 casos.

Para acreditar la violación y tortura sexual, las mujeres fueron sometidas a peritajes del Protocolo de Estambul de la CNDH, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (entonces Fevim), del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad y de investigadores particulares. Todos confirmaron los abusos.

Desde 2006 el caso de las mujeres agredidas sexualmente se ha turnado en dos instancias: la Fevim (ahora Fevimtra), la cual inició una averiguación previa por violación que no prosperó y que declinó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en julio de 2009, donde permanece estancada.

Los hechos violentos desataron una ola de protestas sociales para exigir castigo a los agresores y por la libertad de los 12 presos políticos del FPDT condenados a purgar penas de hasta 112 años de prisión.

Las mujeres torturadas sexualmente acompañaron todas y cada una de las marchas, mítines y plantones apoyando las demandas y haciéndose visibles.

Lucha silenciosa
El 30 de junio de 2010, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la inmediata liberación de los 12 presos políticos, el movimiento social en torno a Atenco bajó de perfil.

Atrás quedaron las grandes marchas, mítines y plantones y la exigencia de juicio político para uno de los orquestadores de los operativos, el gobernador mexiquense y ahora aspirante a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

Hoy, a las mujeres agredidas, golpeadas y torturadas sexualmente sólo se les recuerda en cada aniversario de los violentos operativos con plantones que apenas congregan a una veintena de personas, ya sea en la PGR o en las instalaciones de la Fevimtra.

La “investigación” lleva cinco años y aún no hay culpables, pero no es por falta de pruebas o evidencias sino por falta de voluntad política, asegura Jaqueline Sáenz, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional litiga el caso de 11 mujeres ante la CIDH.

Las autoridades “tienen la lista de quienes custodiaban a los detenidos. Nos parece muy claro que deberían conocer quiénes fueron, sin que ellas (las víctimas) los tengan que reconocer”, advierte Sáenz al tiempo que critica que aunque se acreditó la tortura sexual, las instancias continúan hablando de actos libidinosos y abuso de autoridad.
Ni perdón ni olvido
En entrevistas por separado con Cimacnoticias, Bárbara Italia, Georgina Edith y Claudia reconocen que ya no hay campañas mediáticas en torno a su demanda de justicia, pero, afirman, cuentan con el apoyo del FPDT, La Otra Campaña, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y Amnistía Internacional, entre otras organizaciones humanitarias.

Éstas, las otras mujeres de Atenco, las que no son madres, esposas o hermanas de los presos políticos, las que vivieron los excesos de las fuerzas del orden, son las que ahora mantienen viva la consigna “Ni perdón, ni olvido”.

Bárbara Italia se sincera y apunta que conforme pasa el tiempo los hechos de mayo de 2006 se ven de forma distinta. Considera que la represión fue de tal magnitud que consiguió romper la estructura de un movimiento que logró echar atrás el decreto presidencial que pretendía despojar a los campesinos de Atenco de sus tierras.

Con todo, Claudia –quien aún enfrenta un proceso en libertad acusada de ataques a las vías de comunicación– no quiere dejarse vencer por el pesimismo y destaca que cuentan con la solidaridad de varios compañeros y organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, la cual mantiene una campaña mundial en apoyo a las mujeres de Atenco.

Claudia manifiesta que ante la cerrazón de las autoridades estatales y federales es hora de buscar nuevas trincheras de lucha: “En México no vamos a obtener justicia. Queremos que quede claro que hubo violaciones a derechos humanos y que se reconozca que fuimos torturadas, violadas y encarceladas injustamente”.

A su vez, Georgina Edith, trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien pasó un año y 10 meses en la cárcel luego de acudir con una brigada de salud al lugar de los disturbios, reprocha que la PGJEM no hiciera algo por esclarecer las violaciones de las que fueron víctimas.

“No han consignado a los responsables pese a que tienen el expediente desde julio de 2009. Y no lo van a hacer porque ellos fueron los represores. El gobierno es represor en todo momento, no sólo en Atenco, en una infinidad de movimientos donde han matado, violado y torturado”, recalca.
“En México no hay justicia”
Estas mujeres aseguran que en México su voz no se escucha, por ello, se han acercado también al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el cual en agosto de 2006 exigió al gobierno mexicano procesar y castigar a los culpables de los hechos en Atenco.

También llevaron su caso al Comité Contra la Tortura, que en noviembre del mismo año reconoció que durante los operativos existió tortura, por lo cual afirmó que el Estado mexicano tenía la “obligación” de reparar el daño a las víctimas y a sus familias.

Bárbara Italia, Claudia y Georgina Edith insisten en que su demanda de justicia ante la CIDH no cesará hasta no obtener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, quien ha hecho todo lo posible por impedir que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana, porque, reiteran, al menos para ellas la lucha de Atenco aún no termina.

Las mujeres trabajadoras son mayoría
Sara Lovera López

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Una decisión de Estado, para modificar la ley que regula las relaciones obrero-patronales en México desde 1931, podría afectar gravemente el futuro de al menos 40.5 millones de mujeres que participan en alguna actividad económica. Entre otros puntos, la iniciativa no reconoce la labor doméstica; se propone el trabajo por horas, a sabiendas de que a ellas se les daría salario de 50 centavos de dólar la hora y que realizan trabajos precarios; están en la economía informal, en los subcontratos y sin derechos sociales. El abogado Manuel Fuentes, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló a SEMlac que las mujeres son las más dañadas, no sólo porque representan el mayor número de personas que producen la riqueza mexicana, sino porque la iniciativa crea un mecanismo que las margina más. "Y encima, por razones de género, laboran cuatro horas diarias más que los hombres, por ser las únicas responsables del trabajo doméstico", remarcó el jurista.

"La iniciativa laboral representa un grave retroceso en los derechos de los trabajadores", dice Fuentes y agrega que "es una confabulación de esa fuerza política y de los dirigentes de las centrales sindicales oficialistas, añejas e identificadas como subordinadas al poder presidencial, independientemente del partido político de que se trate".

En entrevista con SEMlac, en medio de la celebración global del primero de mayo, Valeria Scorza, del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC, afirmó que la propuesta afecta, expresamente, a las mujeres, pues plantea cambios en la contratación que las perjudican a ellas, siempre dispuestas para que "sus hijos no sufran".

Pretende adoptar períodos de prueba, durante los cuales, para obtener un empleo, las mujeres suelen ser hostigadas sistemáticamente o abusadas sexualmente. Igualmente propone legalizar la contratación de personal sin aprobación sindical, que en México se llama subcontratación, modalidad por la cual laboran miles de mujeres, sobre todo en empresas de limpieza y de los llamados call centers (centros de atención telefónica trasnacional). En su opinión, la nueva iniciativa trata a las mujeres únicamente como madres, sin evaluar sus diferencias histórico/culturales, lo que reafirma su papel tradicional, subordinado y dependiente.

Sostiene que la mayor presencia de las mujeres en el trabajo global –remunerado y no remunerado– es resultado de un proceso en que ha ido ganando terreno el trabajo paupérrimo, además del llamado “familiar no remunerado”.

Las mujeres representan el 53.7 por ciento de la fuerza productiva del país superando, por primera vez, a los hombres en las estadísticas de la ocupación y el trabajo.

La Encuesta Nacional de Empleo y el Instituto Nacional de las Mujeres sostienen que las madres trabajadoras en México suman 8.5 millones, lo cual representa más de la quinta parte de la población económicamente activa (PEA) y 63 por ciento de la población económicamente activa femenina. Un texto firmado por más de 300 organizaciones sostiene que la propuesta menoscaba derechos fundamentales, como el de estabilidad en el empleo, salario remunerador, condiciones de trabajo dignas, seguridad social y el de libertad sindical, a cambio de que no sean trastocados los intereses de dirigentes sindicales tradicionales, que éstos sigan manteniendo el control de las clases trabajadoras y continúen usufructuando a los sindicatos como negocio. La propuesta, que es impulsada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en complicidad con el gobernante Partido Acción Nacional (PAN), será debatida en audiencias públicas y podría aprobarse en las próximas semanas. El proyecto ya se discutió en comisiones y fue parado por amplios sectores que, desde hace cuatro semanas, han tomado las calles y quieren evitar que se anulen los derechos laborales y se derribe la intervención de la actividad sindical independiente y democrática. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos encabeza las protestas.

El ingreso masivo de mujeres al trabajo llamado productivo creció en forma exponencial en la década del 70 del siglo pasado, cuando se crearon las empresas maquiladoras de exportación. Actualmente, las trabajadoras están en puestos vinculados a las nuevas tecnologías de la comunicación. Al mismo tiempo, siguen siendo un porcentaje muy alto en el trabajo del hogar, en los negocios de economía subterránea y en el cuidado de otras y otros, calificado este último por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) como las labores que sostienen al capitalismo de nuestra época.

El 42.5 por ciento de las mujeres mayores de 14 años que realizan alguna actividad económica reciben un ingreso menor que los varones, o por hora trabajada, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, referida al período de 2005 a 2009.

La misma fuente indica que 94.8 por ciento de las mujeres que forman parte de la PEA, lo hace en la producción de bienes y servicios, marginadas de la industria.

Mientras –añade el sondeo– dos terceras partes (64.8%) de las mexicanas que laboran son subordinadas asalariadas, una cuarta parte (25.8%) son trabajadoras independientes o empleadoras y 9.4% realiza alguna actividad sin recibir pago.

La encuesta destaca que el número de mujeres que desempeña un trabajo calificado supera al 68 por ciento de la población ocupada; es decir, ocho puntos porcentuales más que el de los hombres, cuyo indicador es de 60,4 por ciento, y agrega que, en años recientes, las mujeres lograron mayor acceso al sistema educativo, ya que en la actualidad 40 de cada 100 cuentan con algún grado de educación media básica.

En su entrevista con SEMlac, Scorza consideró que, pese a esto, el número de mexicanas con formación media o superior sigue siendo menor a los hombres, al representar 28.8 por ciento contra 34.4 por ciento de los varones.

Conforme a la encuesta, uno de cada cuatro hogares son dirigidos por una mujer, de estos 8.4 por ciento tiene menos de 30 años; 37.3 de 30 a 49 años; 20.9 de 50 a 59 años y una tercera parte son adultas mayores.

La iniciativa de Ley Federal del Trabajo pretende reafirmar violaciones que se realizan por empleadores desde hace dos décadas. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las mujeres sufren discriminación laboral por recibir salarios menores y por la constante segregación a labores mal pagadas o no reconocidas.
Pretensiones de la reforma laboral
La propuesta de Ley Federal del Trabajo, presentada el jueves 10 de marzo por el Grupo Parlamentario del PRI, integrado por 238 diputados, se suma a 329 iniciativas existentes en la Cámara de Diputados que piden modificar, adicionar o derogar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. La iniciativa más vieja acumulada se presentó en 1997 y, según información de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, ninguna fue discutida o debatida por el pleno. Sólo una, propuesta por la diputada Marcela Lagarde, en 2005, propone una visión no discriminatoria para las mujeres. Actualmente está archivada otra, presentada por la Unión Nacional de Trabajadores, que da mayor equilibrio, pero que no se ha discutido.

Con una trayectoria laboralista de más de 30 años, Fuentes agrega que la intentona afecta, sobre todo, la estabilidad en el empleo, ya que, de aprobarse el contrato de trabajo, dependerá exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la existencia de la materia de trabajo. Se terminaría la tradición mexicana de que el Estado es quien tutela los derechos de los trabajadores, según dice la Constitución, que protege el derecho al empleo, a un salario remunerador y al desarrollo de las clases trabajadoras.

Crea "Normas nuevas" dirigidas a los jornaleros agrícolas y referidas a un "Registro especial de trabajadores eventuales o de temporada" para justificar el despido libre y sin costo, en un país de agroindustria limitada, pero de amplio empleo.

Por otra parte, legaliza la contratación de terceristas –hoy ilegal–, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose "fraudes legales", lo que afecta principalmente a mujeres en zonas urbanas y en grandes consorcios, precisó el abogado.

Más grave aún es la desaparición del salario mínimo, con la creación del "salario infinitesimal", para que el sueldo se pueda pagar, de manera proporcional, por el tiempo laborado, sobre la base del salario mínimo; si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, $7.47 por hora (60 centavos de dólar). Así, a quien labore cuatro horas diarias, se le pagarían apenas $29.90 diarios (2.70 centavos de dólar), la mitad del salario mínimo.

De aprobarse la propuesta, legalizaría la subcontratación u outsorcing, reduciendo el costo de la fuerza de trabajo y permitiendo que, en una misma empresa, haya trabajadores con iguales funciones, con diferente salario y prestaciones. También afecta las condiciones de trabajo, con tareas, cambios de días de descanso y más horas en la jornada de trabajo, según las necesidades de producción.

A juicio del abogado Fuentes, esta reforma afecta a jóvenes y mujeres: los primeros representan cerca de 30 por ciento de la población del país, y ellas son ahora la mayoría laboral.

La crisis y el creciente desempleo, explica, permitirán mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, salarios más bajos e incremento negativo de los accidentes laborales, ya que, al no tomarse medidas legales para evitarlos, no se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajo, en caso de incumplimiento de normas de seguridad, sino que se establecen ridículas sanciones, no superiores a los 300 dólares por incumplimiento. Además, la iniciativa carece de perspectiva de género, permitiendo se mantenga la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres, coinciden las fuentes consultadas.

Con rezago de 30 años, derechos laborales
* El artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, rebasados por la realidad
Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

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En 1979 la participación de las mujeres en el mercado del trabajo era de 21 por ciento de las personas económicamente activas; 12 años después alcanzó el 31 por ciento, y para 2010 la proporción de mexicanas en el mundo laboral llegó a 42 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

La creciente inserción de las mujeres va a la par del deterioro de las condiciones de trabajo, que se caracterizan por el escaso o nulo acceso a derechos como seguridad social, prestaciones, contratación permanente y un salario remunerador, señaló Beatriz Luján, del Frente Auténtico del Trabajo (FAT).

Las últimas reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y al artículo 123 constitucional, respecto a derechos laborales de las mujeres, datan de principios de los años 70 y se centraron en la protección de la maternidad de las trabajadoras, la prohibición del despido por embarazo y la no realización de labores de riesgo para su salud o la del producto.

También se estipularon periodos de descanso antes y después del parto, así como los descansos dedicados a la lactancia.

Sin embargo, estos derechos –a 40 años de distancia– han sido rebasados por la realidad, pues en muchos casos las trabajadoras no tienen contratos escritos para probar una relación laboral y exigir el cumplimiento de la ley.

De 2000 a 2010 aumentó 34.4 por ciento el número de trabajadoras sin seguridad social, sumando hasta el año pasado 10.8 millones de mujeres sin la cobertura de este derecho, criticó Beatriz Luján a partir de un estudio realizado por el FAT con datos oficiales.

La pérdida “exponencial” de derechos está ligada a que una proporción importante de mujeres está en el sector informal o en empleos eventuales, refirió Rosario Ortiz, exdiputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS).

De acuerdo con el INEGI, más de 70 por ciento de la participación laboral de las 16.9 millones de trabajadoras se concentra en actividades terciarias: el 32 por ciento de las trabajadoras es comerciante, el 27 se ocupa en servicios personales y 14 por ciento son oficinistas.

Al número de mujeres con un empleo formal deben sumarse las trabajadoras que viven de las actividades informales, quienes representan cerca de 40 por ciento de las 12.8 millones de personas que se ocupan en este sector, explicó Ortiz.

La situación de desventaja laboral se agudiza cuando se trata de las mujeres, ya que por su condición de género ligada a la maternidad son víctimas de discriminación en el trabajo.

En el país, la brecha salarial entre los sexos es de 30 por ciento, aun cuando las mujeres tienen mayor preparación. Las mujeres que tienen instrucción media superior y superior ganan 5.4 pesos menos por hora que los hombres con la misma instrucción, indica el INEGI.

Óscar Alzaga, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, señaló que en este escenario laboral de “ilegalidad” la LFT y el artículo 123 constitucional “son letra muerta”. En los hechos, dijo, a las mujeres se les exige una prueba de no gravidez para ser contratadas y las despiden cuando están embarazadas.

Y quienes están en la informalidad, mientras trabajan “cuidan a sus hijas e hijos en ‘guacales’ y no en guarderías”, pues la seguridad social no está a su alcance.

Alzaga advirtió que es necesario que la reforma laboral, que se revisa en la Cámara de Diputados, proteja el salario, la estabilidad en el empleo, garantice la seguridad social y servicios de cuidado para las mexicanas, en vez de pretender “legalizar lo ilegal a través de tipos de contratación como de capacitación inicial o la subcontratación, los cuales arrasan con los derechos laborales”.

La falta de acceso a derechos, como los de cuidado infantil, aumenta la carga de tareas de las mujeres, ya que en México 97 por ciento de las más de 16 millones de trabajadoras, además de cumplir con su labor asalariada, realiza tareas domésticas y de cuidado familiar, apuntó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados.

Por ello, urgió a crear una legislación que obligue al Estado a brindar servicios de cuidado infantil y de personas adultas mayores y con discapacidad, para aligerar la sobrecarga laboral de las mexicanas.

Actualmente, 16.2 millones de mujeres económicamente activas se hacen cargo de las labores domésticas y del cuidado de personas; a estas tareas las mujeres dedican cerca de 60 horas semanales, mientras que los hombres sólo invierten 10 horas.

“Atender a la familia no sólo es un cuidado afectivo, implica tareas domésticas, cargadas de un valor simbólico”, sin remuneración y sin apoyos sociales, a pesar de ser “la condición de posibilidad de existencia del sistema social”, aseveró la antropóloga feminista Marta Lamas.

Durante un foro en San Lázaro, la también investigadora aseguró: “Sólo una legislación laboral que atienda la conciliación del ámbito familiar y del trabajo podrá abordar lo social y lo justo de forma adecuada”.

Nueva doctrina en seguridad social